viernes, 29 de abril de 2011

El PP es la extrema derecha.

Este lunes, el Secretario de Organización del PSOE ha advertido sobre la derechización y radicalización del PP, refiriéndose a los discursos tan radicales y extremos que hacen sobre la lucha antiterrorista y otros temas, sus líderes y portavoces, Aznar, Mayor Oreja y Cospedal. Marcelino Iglesias explicaba que el PP intenta desmoralizar al electorado progresista y alimentar a la derecha más extrema, y además, así evitar hablar de los casos de corrupción en los que están implicados algunos de sus dirigentes. Al reflexionar, recuerdo a Churchill y su respuesta sobre qué pensaba de los franceses: “no les conozco a todos, por lo que no puedo opinar con conocimiento de causa”. Pues bien, parodiando a Churchill, entre la gente del PP, sin conocerlos a todos, advierto que hay mucha gente ultra o de extrema derecha. Y si miro a su alrededor, veo gente rica proclamando sus egoístas planteamientos de impuestos bajos para las rentas altas y recortes drásticos de las políticas sociales, como única solución posible a la crisis. Este mensaje produce la pasividad de los ciudadanos y empobrece la democracia. Sin olvidar, ese permanente discurso de rechazo a los valores democráticos de tolerancia, igualdad y cohesión social. Y ya se sabe, que si hablan como si fueran de extrema derecha, escriben como lo hacen los ultras y se comportan como los fachas, lo más probable es que sean de extrema derecha. Por eso cuando leo en la prensa canalla que a la izquierda le gustaría que hubiera un partido de extrema derecha, pero que no lo hay, no estoy de acuerdo. La extrema derecha se encuentra muy bien representada en el PP, incluso apoyada en sus proyectos por una serie de medios de comunicación al servicio del capital financiero y conocidos por lo vociferante y venenoso de sus discursos. Así que, hagamos visibles a los electores la verdadera cara de los del PP y que conozcan sus proclamas reaccionarias en boca de sus líderes, Aznar, Mayor Oreja y Cospedal, que no han sido negadas, en ningún momento, por el partido, ni por su teórico número uno, Rajoy.
María José Jiménez Izquierdo

miércoles, 27 de abril de 2011

La generalización del desahucio en España.

En España, debido a la crisis económica, aumenta cada año de forma alarmante el número de personas desahuciadas, es decir, desalojadas de sus viviendas y puestas de patitas en la calle por impago de su hipoteca. En lo que va del año 2011, se han producido en España más de 120.000 desahucios -proceso judicial para ejecución de inmuebles con garantía hipotecaria-, muchos de ellos con enfrentamiento, como ha ocurrido en Murcia, con agentes de la Policía Nacional que acompañaban a los funcionarios judiciales en el desalojo. Estos datos sobre desahucios han sido proporcionados a la prensa por la Agencia Negociadora de Productos Bancarios. Pero no acaba aquí la cosa, además, en la mayoría de los casos el desahuciado tiene que seguir pagando el resto de hipoteca pendiente después de haber perdido la vivienda a favor del banco ejecutante. Una posible solución a este problema sería que la entrega de la vivienda saldara toda la deuda con la banca de los hogares hipotecados, como ocurre en Estados Unidos. Esto no acarrea un grave perjuicio para la banca, pues no sólo adquiere de nuevo la vivienda garante de la deuda, sino que mantiene en su haber, por supuesto injustamente, los pagos hechos con anterioridad, desde el momento que se constituyó la hipoteca. Ante esta situación se ha iniciado en Cataluña por sindicatos, asociaciones de vecinos, organizaciones ciudadanas y de consumidores, y con amplio apoyo popular, una campaña para promover una iniciativa Legislativa Popular que contemple la regulación de la dación en pago de la vivienda hipotecada. Y a la que debemos apoyar, porque los ciudadanos no podemos tener duda entre ceder a los beneficios de la banca o defender los derechos de los ciudadanos. En esa tarea también se han incorporado, por fin, los partidos políticos pidiendo el Grupo Mixto, Esquerra Republicana y el Partido Popular, -mira que oportuno, proponiendo reformas en contra de los intereses del capital, ¿será verdad? - la creación de una subcomisión en el Congreso para que en el plazo razonable de seis meses se pueda elevar un informe al Pleno para reformar la Ley Hipotecaria. Asimismo, para los jueces de Justicia Democrática, esta reforma debería tener carácter retroactivo, para conseguir compensar a los ciudadanos que ya se encuentran en situaciones desesperadas. Hasta la CE propone armonizar la Normativa europea sobre Hipotecas para evitar los excesos. Ahora el Gobierno tiene la palabra y su mejor oportunidad para defender los intereses de los más débiles, apoyando esta reforma en el Congreso -que también secundan sus diputados del PSC- y proclamando de forma práctica su compromiso social. Y, por favor, que no nos hablen más del peligro que representa para el sistema financiero esta justa reforma. Hasta cuándo piensan que nos van a estar acongojando con la crisis provocada por ellos mismos, hasta cuándo vamos a aguantar su codicia. Ya es hora de recuperar la autonomía del Gobierno, que se está perdiendo, frente a los poderes económicos y esa nueva clase financiera tan egoísta y desalmada.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

lunes, 25 de abril de 2011

Contra la corrupción, transparencia e información.

La principal herramienta en la lucha contra la corrupción es la transparencia y la información. En ello trabaja Transparencia Internacional (TI), única organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción, y que congrega a la sociedad civil, sector privado y los gobiernos de más de 180 países en una vasta coalición global. A través de sus informes mundiales y de su Secretaria Internacional, TI aborda las diferentes facetas de la corrupción, tanto en el interior de los países como en las relaciones internacionales. El propósito de TI es comprender y enfrentar los dos rostros de la corrupción: quien corrompe y quien se corrompe. En su último informe de Diciembre de 2010, seis de cada diez personas en todo el mundo (60%) afirman que la corrupción ha aumentado en los últimos tres años, y una de cada cuatro (25%) reconoce haber pagado algún soborno en los últimos doce meses. Además, según el Barómetro Global de la Corrupción de 2010, en Europa y América del Norte, que tradicionalmente ocupan las primeras posiciones entre los países con menor corrupción, los ciudadanos encuestados opinan mayoritariamente (73% Europa y 67% América) que la corrupción ha aumentado en los últimos tres años. En este Barómetro que incluye a 180 países de todo el mundo, España se sitúa en el puesto número 30º, entre Israel y Portugal, con una valoración de 6,1 -siendo el uno lo más corrupto y el diez lo menos-. Pero lleva nueve años cayendo, desde la valoración de 7,0 alcanzada en 2003. No hace falta acudir a estos informes para percibir que la corrupción ha penetrado con fuerza en España en la última década. Al leer los periódicos, un día sí y el otro también, aparecen casos de corrupción, sobre todo, en las Administraciones locales y autonómicas. Y esos sólo son los que salen a la luz. Pero lo más grave de todo es la tolerancia de los partidos con sus dirigentes y afiliados implicados en los casos de corrupción o ese mirar para otro lado a la hora de elaborar las listas electorales. Según una investigación de El País, más de un centenar de candidatos a las elecciones autonómicas y locales están implicados o imputados en escándalos de corrupción. De esta cifra más del 50% pertenecen al PP (con casos muy señalados como la candidatura autonómica de  Valencia encabezada por Francisco Camps); el 35%, al PSOE y el resto, a CIU, IU y CC.
La corrupción es un fenómeno que genera injusticias y desigualdades entre los ciudadanos. Debería levantar océanos de protestas y, por supuesto, el rechazo a los partidos, que no erradican esas prácticas torticeras de nuestra sociedad con todas sus fuerzas. Entonces, por qué no cambian los partidos esa disparatada política de tolerancia. Probablemente porque han comprobado que en las elecciones anteriores, los electores toleraron y votaron sin recato a infinidad de candidatos sospechosos, a los que no les daba miedo ser corruptos y cuya única preocupación era que no se les descubriera. Por eso, no extraña que en la encuesta del TI se  sitúe a los políticos entre el grupo menos de fiar. Así que, si queremos frenar los terribles efectos negativos de la corrupción debemos practicar con la corrupción tolerancia cero. Ya que no sólo es un problema ético sino también económico, al afectar negativamente, como media, al 1% del crecimiento de un país. Debemos fomentar la transparencia, la información y el compromiso con aquellos políticos y partidos que estén dispuestos a combatir los efectos de la corrupción y a promover la adopción de las reformas políticas necesarias para erradicarla.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

sábado, 23 de abril de 2011

Un Estado aconfesional y una Iglesia sin privilegios.

En Sentencia del 14 de abril, el Tribunal Constitucional (TC) ha otorgado amparo a una profesora de Religión de Almería, Resurrección Galera Navarro, que había sido despedida de su puesto de trabajo por el Ministerio de Educación a propuesta del Obispo de Almería. El motivo del despido procedente, según Sentencia de 13 de diciembre de 2001 del Juzgado de lo Social nº 3 de Almería y ratificada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, era casarse por lo civil con un divorciado. Sin embargo, el TC anula los fallos de ambos tribunales e impone “retrotraer” las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictarse la primera sentencia para que el Juzgado de Almería dicte otra nueva que pondere los derechos fundamentales en conflicto. Igualmente, este Tribunal reconoce los derechos de la profesora a “no sufrir discriminación por razón de sus circunstancias personales, a la libertad ideológica en conexión al derecho a contraer matrimonio en la forma legalmente establecida y a la intimidad personal y familiar”, según se indica en el fallo. El TC continúa exponiendo que según la doctrina constitucional no puede compartirse la afirmación del Obispado de que los nombramientos de profesores de religión católica en cada curso escolar no estarán sometidos a control alguno por parte del Estado Español, ni serán susceptibles de revisión por Jueces y Tribunales, teniendo absoluta libertad para proponer a la persona que consideren conveniente para esa tarea. Planteamientos inadmisibles y disparatados para este mundo moderno y secularizado en el que vivimos. El TC dictamina, por el contrario, en lo relativo a las afirmaciones del Obispado que nada de lo establecido por el Concordato de 1979 entre la Santa Sede y el Estado Español en cuanto a la designación de profesores de religión conlleva exclusión alguna de la potestad jurisdiccional de los Jueces y Tribunales españoles, en consonancia con la aconfesionalidad del Estado. No pueden ser más claros.
Lo primero que pienso después de leer la Sentencia del TC es que nada de esto hubiera ocurrido si el Ministerio de Educación, en su día, no hubiera hecho dejación de sus funciones y responsabilidades. Pero todavía estamos a tiempo -¡ojalá!- para que este Gobierno derogue, de una vez, los acuerdos con la Santa Sede que, entre otras cosas, son en parte anticonstitucionales y suprima, por supuesto, la enseñanza reglada de religión. Porque como decía Gregorio Peces Barba, el domingo pasado en El País, “a la Iglesia católica cuanto más se le consiente y se les soporta, peor responden. Sólo entienden del palo y de la separación de los campos. Un Estado libre y una Iglesia libre, cada uno en su ámbito y sin que puedan tener ningún ámbito exento y ningún privilegio. Pactar con ello de buena fe es estar seguro de que se aprovecharan todo lo que puedan”. De hecho, observo que en estos días, en los prolegómenos de las próximas elecciones de Mayo, están pidiendo que no se vote a partidos que apoyan el divorcio, el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

viernes, 22 de abril de 2011

La mentira institucional y el vacio perfecto.

El PP en este periodo preelectoral trabaja todos los días contra los hechos y para subvertir la realidad. Si sigue por ese camino llegará a la mentira institucional y al vacio perfecto, inaugurando hospitales sin médicos, ni pacientes; escuelas sin maestros, ni alumnos; bibliotecas sin libros, ni lectores; y aeropuertos sin aviones, ni pasajeros. Ya lo que les falta -cuanto les gustaría- son elecciones sin votantes. Aunque eso no es posible en un Estado de Derecho, no importa, no pasa nada, aquí lo prioritario es volver al poder. Y es que la realidad no interesa si se puede manipular. Ante tanta confusión y mentira, vamos a seguir resignados, al menos, ¡Indígnate!

jueves, 21 de abril de 2011

La moderación salarial de los ejecutivos.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES), que ha entrado en vigor este mes de abril, dispone que las empresas que cotizan en Bolsa están obligadas a informar al Banco de España de las remuneraciones de sus consejeros y altos ejecutivos. Además, estas remuneraciones deben ser sometidas previamente a votación, como punto separado, en su junta de accionistas. Hasta ahora, estos ejecutivos escamoteaban esta información incluso a los accionistas de sus empresas, camuflando sus remuneraciones en otras partidas globales de manera que no se sabía con exactitud el montante de sus sueldos. Pero si se conocía, a través de los datos comparados de sus informes anuales de resultados, que las remuneraciones de sus directivos se habían disparado en el año 2010, pese a las ayudas estatales y a los estragos que la crisis sigue causando en el desempleo. No podemos olvidar que este ha sido el año de los recortes de pensiones y salarios públicos y que el desfase retributivo entre cúpulas directivas y empleados ha ido a más en los últimos años. En el año 2007, cuando no había crisis, el salario de un ejecutivo multiplicaba por 12 el de un empleado, en el año 2010 la brecha se abre hasta 20. Y si lo comparamos con el sueldo medio del país -21.883 euros bruto al año según el último dato del INE de 2008-, un ejecutivo gana 36 veces más. Las mayores diferencias salariales se dan entre las dos empresas con mayores beneficios del país, Telefónica y Santander. Veamos los datos, en Telefónica, el salario del directivo es de 2.440.167 €,  y el del empleado 31.254 €, por lo que un directivo gana 78 veces más que un empleado. En el Santander, el salario del directivo es de 3.187.619 €, y el del empleado 53.956 €, la diferencia es de 59 veces más. A nadie le extraña que en las empresas los directivos ganen más que los empleados, es normal. Lo que resulta anormal, así como indignante, es que la diferencia entre los salarios medios de unos y de otros no sólo sea disparatada sino que siga creciendo pese a la crisis. Y no tiene justificación alguna que empresas como Telefónica y otras del Ibex 35 digan que van a recortar plantilla y al mismo tiempo los ejecutivos sigan incrementando sus sueldos. No se trata únicamente de una cuestión ética o estética. La gigantesca desproporción entre los sueldos medios es injusta en sí misma, pero el concepto en que se basa es además erróneo, porque responde a la misma filosofía que originó la crisis financiera y que en buena parte obedece al sistema de incentivos ligados al logro de beneficios a corto plazo. Y esa es la salsa donde se cuece la economía especulativa. Ahora, la Ley de Economía Sostenible introduce algún control y supervisión en las remuneraciones de los ejecutivos, pero no son suficientes, hace falta más austeridad y regulación y, sobre todo, saber si el Banco de España pedirá a los directivos del Ibex 35 parecida moderación salarial y con el mismo ahínco que a los trabajadores. Otra solución para este problema sería establecer para toda España un criterio parecido al que indica la reformada Ley de Cajas Andaluza, reducir la retribución de sus directivos a lo que percibe el presidente de la Comunidad como sueldo. 
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

martes, 19 de abril de 2011

España, capital París.

En esta España nuestra, cada capital de provincia aspira a tener un servicio de AVE, un aeropuerto y una universidad, salvo la provincia de Cádiz que pretende tener tres de cada, para la capital, Jerez y  Algeciras en la comarca del Campo de Gibraltar, espero que en otras provincias no ocurra lo mismo. España es el país de la Unión Europea que mayor número de capitales de provincia tiene unidas a la capital del Estado por una línea de alta velocidad. Y la cosa continuará hasta que todas las provincias estén unidas a Madrid. ¿Nos lo podemos permitir? ¿Supera nuestras posibilidades? Si el problema de España es la competitividad, entonces estas inversiones en el AVE radial de pasajeros son una aberración económica, porque el diseño de la alta velocidad española es incompatible con el tráfico de mercancías. La prioridad en las inversiones del AVE radial está postergando las líneas ferroviarias de mercancías con origen en los puertos españoles y destino en los mercados europeos. En estos días, se ha informado que el corredor ferroviario del Mediterráneo desde Algeciras a Portbou, no estará operativo hasta el 2020 por falta de inversiones. La inversión en el AVE de pasajeros es un gran agujero sobre los presupuestos públicos. La razón está en que los ingresos por venta de billetes no llegan a cubrir un tercio del coste del servicio, siendo los otros dos tercios a cargo de los presupuestos del Estado. Y así será siempre porque el elevado coste operativo y de inversión, unido a la baja densidad del tráfico de viajeros, impedirá que los ingresos cubran costes. Según estudios de la Comisión Europea, la alta velocidad no es rentable por debajo de nueve millones de viajeros al año y la línea de mayor tráfico del AVE es Madrid-Barcelona con un transporte de poco más de cinco millones de pasajeros el año pasado. La equivalente de Paris-Lyon, fue de 25 millones. Este mayor tráfico, unido a billetes más caros, hace sostenible la red francesa, pero demuestra que sin subsidios es insostenible la española. Pero, lo mismo ocurre con las inversiones en tantas universidades ilógicas, cuyas estructuras habría que adaptar a los nuevos tiempos, y en esos aeropuertos de gestión centralizada de los que ya hablaremos otro día. O de la red radial de autopistas, con garantía financiera del Estado, y que finalizan también en Madrid. Estas singularidades españolas las explica muy bien un ensayo que acaba de aparecer en las librerías. Su autor, Germá Bel, es un joven profesor de la Universidad de Barcelona. El libro se titula: España, capital Paris, de editorial Destino. Y el autor utiliza de forma amena y brillante, tres ideas para explicar el porqué de estas singularidades españolas. La primera es que las políticas radiales en infraestructuras de transporte obedecen a objetivos políticos y administrativos, no a razones económicos-comerciales. La segunda es que esta conducta responde a un patrón histórico, que se habría iniciado con el acceso a la Corona española de la dinastía borbónica y su aspiración política de hacer de España un país como Francia, con una capital como Paris, sin tener en cuenta las diferentes condiciones económicas y geográficas. La tercera idea es que ese patrón histórico permite entender por qué las políticas de infraestructuras en la España actual son tan singulares y diferentes de las de los países de nuestro entorno. Así que, con urgencia necesitamos cambiar prioridades y esas singularidades políticas, centralistas e históricas, que nos permitan darles respuestas a los problemas que realmente nos preocupan en estos momentos: la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo. Además, estos gastos ya  no son posibles porque no lo permite nuestro compromiso europeo de control del déficit. Por eso, en España, cuando anunciamos nuevos recortes del gasto público, deberíamos pensar en lo que en la depresión de los años treinta se denominaba “selección de sacrificios”. Porque no es lo mismo aplazar la construcción de una autopista, que dejar sin formación ni empleo a decenas de miles de jóvenes a los que será casi imposible recuperar una vez que se sitúen fuera del circuito de integración. Lo que debe quedar muy claro para cualquier persona sensata es que, con o sin singularidades, hemos de reconocer que en nuestro país hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

domingo, 17 de abril de 2011

Ignorantes o malvados.

El año pasado por estas fechas desaparecieron de los presupuesto del Ayuntamiento de Madrid los programas dedicados a personas en exclusión social, y con ellos los locales y su personal, educadores, psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, etc. El problema de la mendicidad o de las personas sin hogar, sin saber cómo, se había extinguido. Ahora se han percatado, con las elecciones en puerta, ¡qué casualidad!, que el problema persiste y que en los presupuestos no hay recursos para atender a estas personas. Evidente. La justificación encontrada a esta situación es que quienes están en la calle, lo están porque quieren, son vocacionales de las aceras. ¡Qué brutalidad! Así que, ante esta realidad lo mejor que se le ocurre al Alcalde, tras larga reflexión, es hacerlos invisibles: escondiéndolos, desplazándolos o expulsándolos por la fuerza. ¿A dónde?
El Alcalde, concejales y demás “señores” del PP no debería saber o darse cuenta que aunque se les esconda o se les expulse, la realidad es la que es. Lo que hace falta en Madrid y en muchas ciudades españolas, sobre todo en esta época de crisis, son planes integrales con ayudas especiales para la reinserción e integración social de estos excluidos sociales, además de una asistencia especializada para tratar de restañar las profundas heridas psicológicas, emotivas y físicas que han destruido su autoestima y capacidad. Por eso, quiénes piensen que estas personas sin hogar prefieren los cartones y la calle a una casa y un trabajo, son como mínimo unos ignorantes o unos malvados y están faltos de toda sensibilidad social. Pero de qué nos vamos a extrañar.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

sábado, 16 de abril de 2011

Una nueva batalla en la lucha de clases.

El multimillonario americano Warren Buffet, uno de los propietarios de la agencia de calificación Moody´s, ha dicho con desprecio sobre las confrontaciones económicas americanas: “Esto es la lucha de clases y los míos -los ricos-, la están ganando”. Sabiendo que la lucha de clases es el plan establecido por el sistema para debilitar al mundo del trabajo -incluido clases medias- y optimizar los intereses del capital, me pregunto, si lo dicho es una extravagancia o tiene algo de cierto. Porque la realidad es que  los republicanos más fanáticos están atacando los derechos de los trabajadores, aprobando leyes en los estados de Wisconsin y Ohio que prohíben formar sindicatos, tener seguros médicos y percibir el  desempleo. Ahora, el gobernador de Maine, también republicano, ha ordenado retirar del Departamento de Trabajo un mural de la historia obrera porque choca con su discurso empresarial y a favor de los negocios. Además, en un intento de borrar la historia, ha rebautizado todos los salones del edificio quitando los nombres de líderes históricos del movimiento obrero, como el de la ex-secretaria de Trabajo Perkins, enterrada en Maine. Frances Perkins fue la primera mujer que llegó al Gobierno federal en la historia de Estados Unidos. Ella y su jefe demócrata, Franklin D. Roosevelt, llegaron al poder en plena depresión y juntos crearon la Seguridad Social, el seguro de desempleo, el derecho a sindicarse, el salario mínimo y la semana laboral de 40 horas. Los grandes empresarios y Wall Street no se lo perdonaron nunca. Roosevelt no se arrugó. En un discurso pronunciado en octubre de 1936, condenó el monopolio empresarial y financiero, la especulación y la banca despiadada. “Nunca antes en nuestra historia -dijo Roosevelt- esas fuerzas han estado tan unidas contra un candidato demócrata como lo están hoy. Ellos mantienen unanimidad en su odio hacia mí, y yo doy la bienvenida a su odio”. Me resulta muy familiar ese odio. Ahora, el partido republicano, con mayoría en el Congreso, le ha echado un pulso a los demócratas y a la Casa Blanca con el presupuesto estatal, pretendiendo recortar los gastos del actual presupuesto en 100.000 millones de dólares y así controlar la agenda política del Gobierno de Obama. El presidente ha evitado in extremis el “cierre” de la Administración Federal a costa de ceder ante los republicanos que, a su vez, están secuestrados por el extremismo del Tea Party, que no trata de reducir el déficit sino de acortar el pacto social básico de EE.UU. Obama admitió, al anunciar el acuerdo, que programas de los que depende el bienestar de mucha gente serán recortados y que proyectos de infraestructuras necesarios serán retrasados. Esta batalla sólo ha sido un ensayo de las confrontaciones económicas que se avecinan y por el momento no han tenido un vencedor claro. Lo mismo está ocurriendo en casi todo el mundo. No será por eso, que lo primero en esta lucha o pulso por el poder es cargarse a los sindicatos por ser la estructura de la sociedad civil mejor preparada para responder a los problemas y a las provocaciones de ese poder económico. Ante este panorama necesitamos nuevas fuerzas, nuevos recursos que traigan un soplo de aire fresco a esta colisión de intereses. Y este vendrá de los que más están sufriendo esta crisis: los jóvenes, hombres y mujeres, sin casa, sin trabajo y sin futuro que convocados desde internet están saliendo ya a la calle, sin miedo, afirmando que, “ya que nos habéis quitado demasiado, ahora lo queremos todo”. Ellos son el germen de una nueva expectativa, de una nueva esperanza, porque de su indignación nacerá la voluntad de un nuevo compromiso con la historia.
María José Jiménez Izquierdo

viernes, 15 de abril de 2011

El envilecimiento de la política.

El último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señala que la clase política ha pasado en un mes de ser la quinta preocupación de los españoles a la tercera, detrás del paro y de los problemas de índole económica, y que seguirá escalando posiciones en esta lista negra. Esta ola antipolítica es obra de empresas mediáticas de derechas y de muchos ciudadanos, inclusive intelectuales, que ante las últimas explosiones de corrupción se alejan equivocadamente de la política, sin darse cuenta que con ello les ceden el paso a los Berlusconi o Jesús Gil de turno. El remedio contra la mala política no es menos política, sino democracias más sanas. No hablo de democracias perfectas, como la democracia orgánica de Franco, sino sólo sanas. Creemos que somos demócratas porque llevamos 30 años viviendo en democracia, pero las democracias y los demócratas tardan generaciones en hacerse y mucho más en arraigar. La prueba tangible es nuestra intolerancia. Sin tolerancia no hay democracia, pues la democracia es sólo la manifestación política de la tolerancia. El pensador Karl Popper decía que había que desconfiar de ese peligroso sentimiento o convencimiento intuitivo de ser quien tiene siempre la razón, sentimiento tanto más peligroso cuanto más poderoso es, porque nos puede convertir en unos fanáticos intolerantes. Así que, tolerancia es lo primero que tendríamos que aprehender los españoles. Sin olvidarnos del diálogo, el sentido de la justicia y la libertad, pero una libertad bien entendida, es decir, compatible con la libertad de los demás. Sin todo ello, la política parece imposible. Tampoco podemos olvidar que la política es uno de los espacios de transformación de la vida social, y esa transformación genera cambios en nuestras propias vidas, por lo que debemos tener un compromiso activo en la vida política, no contemplado como derecho, sino como deber cívico. En consecuencia, el mejor remedio contra la mala política no es menos política, sino más política y una democracia más sana.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

martes, 12 de abril de 2011

El candidato de la nada.

Esta semana, Zapatero ha dicho que ahora el PP tiene que hacer su programa y presentarlo a los españoles, porque ya no tiene coartada para no hacerlo. El debate sucesorio sobre el presidente del Gobierno está resuelto desde el pasado sábado, dos de abril. No basta con pedir elecciones anticipadas, sino que debe facilitar a los españoles información sobre las medidas que piensan aplicar para salir de la crisis. Sin embargo, parece ser que la consigna del estado mayor del PP es ocultarlas. A pesar de ello, Aznar le ha puesto deberes a Rajoy: “Propuestas claras, marcadas en vivos colores, que sean las inconfundibles del PP”, pero cuáles, el copago o la privatización para la sanidad y la educación, más recortes para los empleos públicos, menos políticas sociales y más ajustes fiscales, la energía nuclear frente a las energías renovables.  Las respuestas a estas preguntas preocupan a los españoles, y quieren conocerlas porque están hartos de hipótesis y conclusiones extraídas de las píldoras soltadas por Rajoy en entrevistas e intervenciones públicas. En la última, el pasado sábado, afirmaba que es un “mandao”,  y que no se había ocupado de las candidaturas que el PP presentará el 22-M. Un intento de desvincularse de ellas, ya que van cargadas de imputados e implicados en casos de corrupción. Qué cabe esperar de un político que oculta sus propuestas y que se desentiende de las listas electorales, sabiendo que los que van en ellas serán sus representantes en las instituciones. La respuesta es obvia: nada. Si como vemos, no propone nada, no se encarga de nada y no se entera de nada, para qué lo queremos.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

lunes, 11 de abril de 2011

El futuro de la Iglesia.

La líder del mayor sindicato de Italia (CGIL), Susanna Camusso, decía en una entrevista en El País, que “la desigualdad se subsana legislando. En España han aprobado normas específicas  que han repercutido mucho en las costumbres y en las libertades personales. España es tan católica como Italia, la jerarquía eclesial promueve ideas parecidas sobre la familia, el aborto, las relaciones sexuales y la mujer, pero al mismo tiempo guarda un silencio absoluto sobre lo que sucede con la mercantilización de su cuerpo. La política allí ha hecho su trabajo y el país ha cambiado. España nos ha enseñado que si la política hace su tarea, la Iglesia puede gritar lo que quiera, que no consigue nada”, sentenció. Reflexionando sobre estas palabras y la relación mujer-Iglesia, veo que está surgiendo para las mujeres una nueva forma de pensar y de reformular las creencias y las prácticas religiosas, y esto ha sido posible gracias a su compromiso político. Si analizamos la historia, a principios del siglo XX, la Iglesia perdió a la clase obrera porque se situó al lado de los patrones, condenando las ideas y revoluciones que luchaban por una sociedad más justa; a finales del siglo XX, perdieron a los jóvenes y a los intelectuales por posiciones filosóficas y culturales integristas y antimodernas. Y si continúan por la senda patriarcal, manteniendo la sumisión de la mujer al varón, en este siglo XXI perderán a las mujeres. Y entonces, qué futuro le quedará a la Iglesia. Y sobre todo, qué podrá aportar al futuro, si es que aún puede aportar algo.
María José Jiménez Izquierdo

domingo, 10 de abril de 2011

El debate sobre la Sanidad.

El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud a través de medidas preventivas y de la prestación de los servicios necesarios, pero no indica que ésta tenga que ser totalmente gratuita. Ahora, nos sorprende el PP con unas declaraciones del presidente de la Comunidad de Murcia diciendo que si ellos ganaran las elecciones generales se cobraría a los usuarios por los servicios públicos de Sanidad. En una entrevista en TVE, Leire Pajín, la ministra socialista de Sanidad, les ha contestado apostando por el ahorro frente al copago para seguir garantizando a los españoles un sistema universal, igualitario y gratuito. “Es necesario más racionalidad en el uso del sistema nacional de salud para que en el futuro éste sea sostenible”, dijo. “Estamos dispuesto a hablar de cómo garantizar el sistema de salud, que es el mejor valorado por los ciudadanos, pero nunca de que los ciudadanos tengan que pagar”, afirmó Leire Pajín. También señaló que el Ministerio ha tomado las medidas necesarias para lograr una mejor eficiencia y un mayor ahorro, medidas como la digitalización del sistema, las tarjetas sanitarias y el uso de las monodosis en las farmacias. En Cataluña, el colectivo médico ha avisado -ante los recortes temerarios de la Generalitat-  sobre la dificultad de recuperar la red sanitaria pública que tienen si se desmonta o se privatiza esta en parte. Y en Madrid, la Consejería de Sanidad ha elaborado un documento de trabajo en el que proponen excluir, limitar o aplicar el copago en 23 prestaciones y servicios sanitarios. Lo que en realidad se pretende con estas medidas es desmantelar parte del sistema para aumentar las oportunidades del sector privado. Todo esto necesitamos conocerlo y debatirlo para decidir con nuestro voto en las próximas elecciones autonómicas del 22-M. El PP apuesta por el copago, primero, y por la privatización de la sanidad, después. Y el PSOE tiene que explorar nuevas formas de hacer el sistema más eficiente y mirar otros aspectos positivos para la salud de su entorno europeo, si pretende hacer sostenible por mucho tiempo este derecho ciudadano. Tenemos que hacer nuestra la consigna que gritaban ayer los trabajadores de la sanidad en Barcelona: A esta sanidad la vamos salvar.  
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

viernes, 8 de abril de 2011

El hombre que irritaba a la derecha.

El presidente Zapatero ha sido un buen presidente de Gobierno, pues ha mantenido su coherencia hasta el final, pese a la derecha y a sus peones negros que han sembrado de odio la vida política desde algunas empresas mediáticas. Los intolerantes y maliciosos nunca se lo reconocerán, pero si los españoles de bien y los europeos. Durante su mandato se han aprobado numerosas leyes que han situado a España en la vanguardia de derechos e igualdades ciudadanas.
Hoy, los españoles son más libres para decidir sobre sus opciones personales, principal legado del periodo de gobierno socialista de Zapatero, gracias a las reformas emprendidas y a las leyes aprobadas que tanto han repercutido en las costumbres y en las libertades personales. Un legado que está en consonancia con la evolución durante estos años de la sociedad española, y que espero no se atreva a desmontar el PP, aunque ha anunciado Rajoy que volverá a la antigua ley del aborto. Los tres frentes esenciales de este buen gobierno de Zapatero son primero, la paz, retirando las tropas de Iraq -no me hablen de Libia, por favor, que eso es otra cosa-; segundo, las políticas sociales, con las leyes de igualdad, matrimonios homosexuales y dependencia; y tercero, la cooperación internacional, donde España ha sido durante mucho tiempo pionera.
El anuncio de Zapatero de no volver a ser candidato en las generales, lo aligera de responsabilidades. Esto le permitirá seguir trabajando al servicio del interés general del país como primera de sus prioridades, asociada a la pretensión de “dejarse la piel” para emprender el rumbo correcto en la gestión de la crisis. Además, favorecerá al partido, dividido y desmovilizando, en estos momentos en que la derecha está más agresiva y antidemocrática que nunca. Y, por último, aliviará su situación personal y familiar, que más que quemada estará achicharrada por los continuos ataques a él y a su familia.
El anuncio de su renuncia, según explicó en el Comité Federal, no tiene nada que ver con todo esto -no me lo creo-, sino con una convicción personal madurada y ratificada por su experiencia de siete años en el cargo y su teoría del “liderazgo democrático”: ocho años de mandato “es lo más conveniente no sólo para el partido sino para España”. “Lo que era una convicción, se convirtió en una determinación personal y en una decisión firme” dijo. “Hemos podido cometer errores pero nos estamos dejando la piel contra la crisis”, concluyó. Después del discurso de Zapatero, está claro que, ningún candidato podrá culparle del resultado de las elecciones del 22-M.
Ahora, es el partido el que tiene que asumir sus responsabilidades, fijar el momento de las primarias para elegir el candidato de las próximas elecciones generales, respetar los procedimientos estatutarios y el pluralismo interno, y poner la organización al servicio de la transparencia y el juego limpio. Esta no es sólo una exigencia derivada de los principios y de los estatutos, sino también de la propia experiencia del partido para no repetir errores del pasado. Si el PSOE resuelve de forma acertada este proceso de elecciones  primarias, habrá hecho de la necesidad virtud.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

miércoles, 6 de abril de 2011

El absurdo caso Faisán.

En el proceso o caso Faisán se está haciendo una utilización inadmisible de la Justicia. La verdad no interesa, los hechos no importan, su calificación jurídica se inventa. Así que, para no caer en ese juego de intencionalidades políticas y saber la verdad, debemos analizar los hechos objeto de investigación judicial y su calificación jurídica.
 Esos hechos, sobre los que no hay discrepancias entre las partes, consisten en la filtración por parte del personal perteneciente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la existencia de un operativo policial para detener a Cau Aldanur -la detención se realizó unos días después- con la finalidad de no fastidiar el proceso negociador que se estaba celebrando en esos días. O, en palabras del filtrador, para que no se montara un “zipizape”. Estos son los hechos, no hay más. De los mimos se hace responsable al director general de la Policía.
Las discrepancias están en la calificación jurídica de este hecho y en su intento de manipulación para atacar al Gobierno y ajusticiar políticamente a su vicepresidente Rubalcaba, posible candidato en las próximas elecciones generales. En esta causa penal deberíamos evaluar un presunto delito de revelación de secretos, con pena de privación de libertad inferior a tres años, sin competencia para la Audiencia Nacional. Sin embargo, a la acusación le interesa considerarlo como un delito de colaboración con banda armada u organización terrorista. Pero tiene un pequeño inconveniente, les falta un elemento subjetivo del delito de colaboración y es la acreditación previa de la adhesión ideológica a ETA del imputado Victoriano García Hidalgo, exdirector general de la Policía. Esto es imposible, como cualquiera puede comprobar, consultando la trayectoria profesional en la lucha antiterrorista de García Hidalgo.
La fiscalía de la Audiencia apoya esta postura de la defensa. Así que, poca vida, jurídicamente hablando, le queda a este Faisán en la Audiencia Nacional. Si la derecha política y mediática quiere buscar otras culpas tendrá que hacerlo en otros ámbitos. Y si, a partir de ahora, exigen transparencia, luz y taquígrafos en cualquier negociación -parece estar en marcha un nuevo proceso- nadie estará dispuesto a participar. Dudo del avance del diálogo en un proceso de negociación sin confidencialidad y a la luz de todos. Sin hablar de las responsabilidades políticas y penales derivadas – anteriormente, nunca se han pedido-, que en este contexto tan complejo harían imposible el diálogo para alcanzar la paz en el País Vasco. Pero claro, seguramente, de eso se trata.
María José Jiménez Izquierdo y Ángel Luis Jiménez Rodriguez

lunes, 4 de abril de 2011

Indignarse y comprometerse.

Muchas veces, nos cuestionamos sobre si vale la pena movilizarnos contra las injusticias, y dudamos sobre si ese esfuerzo será recompensado con el éxito. Esta semana en Madrid, Stéphane Hessel, autor del opúsculo ¡Indignaos! del que lleva vendido casi dos millones de ejemplares, decía que es más importante el compromiso que la victoria. “El camino satisface tanto o más que la meta”, señaló. Me recuerdan sus palabras a los versos de Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. En el mundo en que vivimos, no podemos aceptar esa lógica funesta de coste-beneficio, porque implica no movilizarse por nada, salvo que tengamos la certeza de que el esfuerzo, por pequeño que sea, será recompensado. Esa dinámica nos conduce a la melancolía y a la indolencia. Y además, beneficia a esa oligarquía financiera, culpable de la crisis, que no deja que le pongamos barreras y regulación a los elementos que la provocaron. Hay que comprometerse, afirma Hessel. Debemos volver a creer que el interés general siempre prevalece sobre los intereses particulares, que una persona vale más que todos los mercados juntos o que el progreso de unos pueblos no puede edificarse sobre la miseria de otros. Porque los valores democráticos o los principios éticos, por los que tanto hemos luchado, no se pueden sustituir nunca por los valores del mercado o los intereses del capitalismo. La experiencia y la historia demuestran que esta lucha es posible. Si hasta el mundo árabe ha sido capaz de despertar de su letargo y romper las cadenas, ¿no seremos nosotros capaces de hacerlo?
Ángel Luis Jiménez Rodriguez