Balance de un año muy duro.

Estos últimos días del año deben ser de recapitulaciones y balances, pero de balances con números porque como dicen los viejos lo que se puede contar, medir o pesar no admite discusión.

El balance de este año, muy duro en recortes, reformas y sufrimientos para la mayoría de los españoles, no puede hacerse en base a las simpatías políticas o ideológicas de cada uno, sino fundamentándolo en datos reales y objetivos para saber los efectos que han tenido las decisiones del Gobierno en el bienestar de la gente normal y corriente.

Para hablar de balances nada mejor que la contabilidad nacional, que en el tercer trimestre del año registraba una perdida de 1.3 millones de personas empleadas y un millón más de parados que cuando Rajoy tomó posesión como presidente del Gobierno.

El sueldo medio de los españoles descendió un 2,5% según las estadísticas de la Agencia Tributaria. Uno de cada tres trabajadores cobró en 2013 el salario mínimo interprofesional (645,30 euros/mes) congelado desde 2012, y dos de cada tres autónomos pueden ir olvidándose ya de cobrar alguna vez el paro según los datos conocidos.

La renta nacional disponible -de la que disponemos los españoles para consumir o ahorrar- ha caído unos 11.000 millones en los seis primeros meses de 2013 en relación al 2011. Esa caída en la renta ha perjudicado principalmente a los asalariados, cuyas remuneraciones en los nueve primeros meses de 2013 fue 35.000 millones menos que la correspondiente al mismo periodo de 2011. Una caída que se debe tanto al menor empleo como a la bajada de salarios.

La deuda pública española aumentó unos 217.500 millones de euros desde que nos gobierna Rajoy, y la carga de los intereses que pagamos han aumentado un 15%, pese a los ajustes, recortes y austeridad de los presupuestos presentados por el Gobierno este año y el pasado.

En contra de lo que dice el Gobierno, el deterioro de la economía y las rentas se ha repartido muy desigualmente, pues ese deterioro lo están sufriendo en mayor medida las personas más desfavorecidas. Y el papel fundamental de la desigualdad en la catástrofe económica que estamos viviendo ha sido de carácter político.

La tasa de riesgo de pobreza ha aumentado hasta el 28,2 % de la población total y la diferencia entre los ingresos del 20% más rico y el 20% más pobre de los españoles subió hasta el 8,1%. Y siguen aumentando cada día más los porcentajes de las familias que retrasan pagos o llegan con dificultades a final de mes.

Los indicadores sociales de las cuentas nacionales cada día son peores, pero el número de millonarios (personas con un patrimonio valorado en más de un millón de dólares) experimentó entre mediados de 2012 y la primera mitad de 2013 un crecimiento del 13,2%.

Este aumento de hasta 402.000 personas millonarias en nuestro país, según refleja un estudio elaborado por la Banca Suiza, se produce en el momento que España alcanza la cifra de casi seis millones de parados.

Los impuestos han subido con Rajoy más de 30 veces y cuatro veces este año el recibo de la luz. La destrucción de empresas bajo su mandato es espectacular: 53.047 menos en 2012, y a mediados del 2013 el número de las que se habían declarado insolventes fue un 27% más elevado que en 2012.

Estos son datos y números, no lo que me parece que ocurre. Y ahora juzguen ustedes si estos datos y números son como para acabar con la recesión y sacarnos de la crisis como dicen Rajoy y sus ministros. Estos datos y números no hacen sino confirmar un año más el retroceso de nuestro país y las permanentes mentiras del Gobierno del Partido Popular. ¿Podemos hacer algo? Yo creo que sí. 

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Qué largo se nos está haciendo el franquismo.

Esta frase que aparece reiteradamente en las redes sociales expresa un fuerte sentimiento de rechazo a esa herencia recibida que ya debería haber desaparecido de nuestras vidas.

Muchas personas, que vivimos la Transición y el cambio de un régimen dictatorial a un sistema democrático con partidos políticos, pensábamos que hasta la derecha franquista podría articularse como un partido conservador a la altura de esos tiempos de cambio. Pero entonces igual que ahora, el Partido Popular corre el riesgo de perder la mejor oportunidad que ha tenido la derecha española de articularse como un partido conservador y democrático a nivel europeo.

Después del logro de convivencia que fue el pacto constitucional y el periodo de la Transición, la Alianza Popular de Fraga volvió a la intemperancia y al desdén e impidió la formación de un partido que pudiera representar con toda dignidad y sin sectarismo a un importante segmento del pensamiento conservador español contemporáneo. Posteriormente a Fraga y Alianza Popular, otra oportunidad perdida fue la de José María Aznar, cuyo retrato histórico -al contrario de lo que el mismo parece suponer- será previsiblemente insignificante y negativo, pese a los muchos intentos que está haciendo con la publicación de sus recuerdos o memorias.

En lugar de aprovechar su oportunidad José María Aznar interfirió esa tarea incrustando en el Partido Popular la intolerancia de grupos religiosos, sociales y políticos herederos del franquismo y cercanos a su obtusa personalidad. También propició en el partido sus actitudes intransigentes y sectarias. Ahora en la oportunidad que se le presenta a Rajoy, el partido y él parecen haber aceptado esa parte de su legado sin beneficio alguno de inventario. Porque esa fue su práctica política el tiempo estuvo en la oposición.

Ahora en el Gobierno parece que Rajoy quiere proseguir con aquel temple agresivo y excluyente de Aznar, con esa impronta autoritaria que no duda en relegar a cualquiera en aras de los intereses del partido. Ese autoritarismo anticuado que definió tantas veces a nuestra vieja derecha y vuelve a estar de actualidad con esas leyes y reformas que nos están devolviendo al pasado. Aquí y allá, sigue advirtiéndose en las filas del Partido Popular el fanatismo que habita en determinados círculos intolerantes del franquismo y en mentes políticas integristas. Cada día más estamos volviendo al pasado. Dios mío, que largo se nos está haciendo el franquismo.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

La semana negra del PP.

Aunque el PP diga que no pasa nada, si está pasando. Porque se ha convertido en el principal problema de los españoles después del paro ¿o por delante del paro?

Este fin de semana se han cumplido dos años de la toma de posesión de Mariano Rajoy como presidente y de su Gobierno (el 21 Rajoy y el 22 los ministros). Sin embargo, una semana que tenía que haber sido de festejos para sus simpatizantes y militantes se ha convertido en una semana negra y de escándalo permanente. Ya que han quedado muy tocados el presidente de honor, José María Aznar (con los correos Blesa-Aznar), el presidente de Madrid, Ignacio González (con el ático de Estepona), y el corazón del PP, la sede de Génova 13, con un  registro de la policía durante 14 horas en busca de los documentos de la manipulada contabilidad del partido.

Además de estos escándalos de corrupción o maniobras políticas en las cajas A y B, la semana ha concluido con el Gobierno dividido y muy alterado por su “guerra” contra las eléctricas, que  ya se sabe cómo acabará: subida de tarifas para la gente y ganancias para las eléctricas. Y nuevas leyes como la del aborto y la ley mordaza que abren una batalla larguísima que puede acabar con la imagen pública de los ministros Gallardón y Fernández Díaz. Según las últimas encuestas estos ministros han pasado de ser valores políticos del PP a ser muy mal valorados por los españoles. Todo esto ocurre porque el PP no gobierna para los españoles, sino para sus convicciones. Y lo que es peor, con la moral de la Iglesia católica en un Estado aconfesional.

Algo tendría que hacer el PP, pero parece que no les preocupa lo que ocurre, pues sus dirigentes recuerdan que ya se han acostumbrado a que todo esté patas arriba y nunca pase nada. Comentan que “Rajoy dice que es cuestión de esperar y tiene razón. Una noticia borra a la otra, y al cabo de pocos días todo se olvida. ¿Alguien habla ya de los SMS con Bárcenas que tanto lio armaron en Julio? Nadie. A Rajoy le basta con esperar y eso lo hace mejor que nadie. No va a pasar nada”.  Pero aunque digan que no pasa nada, las encuestas del CIS del mes pasado señalan que el PP se ha convertido en el principal problema de los españoles después del paro. Y va a peor. Nunca se sabe si Rajoy, como buen gallego, sube o baja, pero si tengo seguro que siempre está mintiendo o engañando a los españoles. 

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Los servicios municipales ¿públicos o privados?

Esta semana el Tribunal de Cuentas ha publicado el Informe de Fiscalización del sector público local del ejercicio 2011. El informe incluye un análisis específico sobre la prestación de los servicios públicos municipales en los ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes, que son la mayoría de los municipios del país, el 95% del total. Un estudio particularizado de cinco de los servicios de prestación obligatoria por parte de todos los municipios -abastecimiento domiciliario de agua potable, alumbrado público, limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y cementerio- en concreto sobre la forma de gestación de la prestación, su coste y los indicadores de gestión.

El contenido del informe podrá ser consultado a partir de los próximos días en la página web del Tribunal (www.tcu.es). Pero según un avance del propio Tribunal “sale más caro un servicio público cuando lo ofrece una empresa privada que cuando lo ofrece el ayuntamiento”. Y da ejemplos concretos como que recoger la basura de una ciudad o un pueblo del tamaño indicado (inferior a 20.000 habitantes), si lo hace el ayuntamiento sale por 42,55 euros por habitante y si lo hace una empresa privada sale por 53,90. Además advierte el Tribunal que ese encarecimiento no implica en absoluto un mejor servicio. Otro ejemplo concreto, cuando el Ayuntamiento gestiona directamente la limpieza hay 36 papeleras y cuando lo hace una concesionaria hay solo seis.

Sin embargo, llevamos años escuchando que hay que privatizar la gestión de servicios básicos para ahorrar en el gasto de la Administraciones Públicas. Un mantra repetido hasta la saciedad sin que nadie en el PP o en las entidades que gobiernan, ya sean locales, provinciales o autonómicas, acompañen con cifras para afirmarlo. Con este argumento hemos visto conceder a empresas privadas la limpieza de nuestras calles, la recogida de basura y últimamente hasta hospitales públicos. Pues bien, el único ahorro que parece tener este afán privatizador es en puestos de trabajo. Aunque si podemos hablar de las posibilidades de negocio derivadas de los servicios municipales. Y es normal desde una óptica empresarial y de mercado, ya que el mercado está orientado únicamente hacia la obtención del lucro o la ganancia vía personal o precio.

Esta misma semana la Comisión europea recomendaba a España abordar la reforma de las administraciones. Pero reforma y privatización no son sinónimos por más que aquí se empeñen algunos. La Administración tiene que ser eficaz y eficiente, y probablemente la mejor vía para conseguirlo sea respetar y confiar en los profesionales y en una gestión de personal que promocione el trabajo bien hecho, lo que necesita del concurso de unos sindicatos de la función pública modernos y razonables. Pero sobre todo, y por encima de cualquier otra cosa, se necesita que estos servicios no sean gestionados como si fuera un cortijo propiedad del PP.

Hay que apostar decididamente por una gestión cien por cien pública de todos los servicios que garantizan necesidades y derechos humanos básicos, sobre todo, en una sociedad tan  injusta y desigual como la actual. Y el acceso a esos servicios debe ser universal, incondicional y gratuito, porque la universalidad es condición esencial de todo servicio público. Para ello, cada uno debe contribuir en la medida que le sea posible al rearme ideológico de la ciudadanía, cada vez más movilizada en defensa de aquellos servicios públicos que tanta lucha, esfuerzo y sufrimientos supusieron a las generaciones que nos precedieron. Que su lucha no haya sido en vano está en nuestras manos.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Vivir sin miedo.

En un video colgado en YouTube el año pasado decía Izquierda Unida que la crisis acabará cuando el miedo cambie de bando.

Esto me recuerda lo que decía Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos de América y uno de los Padres Fundadores de la Nación americana: “Cuando el gobierno teme al pueblo se vive en libertad, pero cuando el pueblo teme al gobierno se vive en la tiranía”. El miedo es la clave: los que sufren lo tienen, los culpables no temen nada, y eso tiene que cambiar.

Los insultos y las amenazas de los poderosos para crear miedos son siempre rechazables, pero entre nuestros diputados del Congreso mucho más. Y cuando se producen de un ministro a un diputado merecen la descalificación más contundente. Fue el caso del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, replicando en el Congreso de los Diputados de manera alterada y con insultos del estilo “Usted dice tonterías y es ridículo” o “Pero quien se ha creído que es Usted” a las críticas del diputado socialista Eduardo Madina sobre el controvertido anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que ha merecido desde su presentación en el Consejo de Ministros las descalificaciones más contundentes.  

Las formas del ministro recordaban a las de otros tiempos, sintetizadas en el “Usted no sabe quién soy yo”. Y verdaderamente daban un poco miedo, sobre todo por el talante poco democrático, irracional y regresivo de quién tiene la obligación de velar por la seguridad de todos los españoles. Actuaba al contrario de lo que es su obligación, la cortesía parlamentaria y el respeto debido por el lugar donde se celebraba el debate, pues todos pudimos contemplar como intentaba meterle miedo al portavoz del principal partido de la oposición. No sé si era un aviso para él o para el común de los ciudadanos.

Y es que la Ley de Seguridad Ciudadana, inspirada en la Ley de Vagos y Maleantes del régimen franquista, da miedo. Esta ley supone la definitiva vuelta del franquismo más descarado. Y por si no teníamos ya bastantes indicios, ahí va una muestra. Penalizará y limitará las protestas, el derecho de manifestación y cuanto moleste a los gobernantes y a la policía mandada por ellos. Las multas serán demenciales y se castigará cualquier insumisión o desacuerdo o lo que las propias fuerzas del orden consideren “amenazas, insultos, coacciones, injurias o vejaciones” contra los agentes. Es decir, éstos podrán moler a palos a los manifestantes, y ellos no podrán responder de ningún modo, ni siquiera legal.

Esta ley con multas inicialmente de hasta 600.000 euros, aunque con la posibilidad de revisarlas posteriormente, echa a los ciudadanos a los pies de los caballos y blinda a los policías y a los políticos que se sirvan de ella. Sin duda, lo propio de un Estado policial, porque las denuncias de los policías tendrán presunción de veracidad y, por tanto, será el denunciado quién deberá demostrar que lo dicho por los agentes es falso. Esto es la justicia al revés, la negación de esta. La vuelta a la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte, esa ley por la que se establece que no hacen falta leyes, ni normas protectoras, ni regulaciones de ningún tipo.

Así que a los desprotegidos ciudadanos no nos hace falta esta ley policial sino la revisión de la ley electoral y unas elecciones anticipadas. Y no tenerle miedo al miedo o confundir el miedo con sus causas, que son a las que hay que temer y combatir. Pero sobre todo lo que hay que hacer es luchar para que el miedo cambie de bando.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez 

El déficit tarifario.

El artículo 47 de la Constitución Española dice “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho [...]”.

Me figuro que cuando la Constitución dice digna y adecuada, se refiere a los servicios básicos como el agua, el gas y la luz. Así que hoy es un buen momento para hablar de uno de esos servicios básicos, la luz. Sobre todo por sus continuas subidas de precio o por algo más extraño y de lo que habla permanente el Gobierno, el déficit tarifario. Unos días el ministro de Industria, señor Soria, nos dice a los ciudadanos que la luz no subirá y otros nos avisa de lo contrario, que subirá, pero que todo depende del déficit tarifario.

Pero, ¿qué es el déficit tarifario? Para aclararnos hay que decir que este es un concepto inventado por Rodrigo Rato para ayudar a las eléctricas cuando tenía cartera de vicepresidente en el Gobierno de Aznar. Y hasta hoy. La definición es sencilla: el déficit tarifario es la diferencia entre lo que cuesta generar electricidad y el precio que pagamos los españoles en la factura. Nos dicen que este déficit tarifario está “perfectamente” cuantificado en 26.000 millones de euros acumulados.

Ahora bien, la mayoría de los españoles nos preguntamos cómo se ha calculado esa cifra. Quién la ha proporcionado. Y basándose en qué informes. Por supuesto, la cifra ha sido calculada y cuantificada por las empresas eléctricas y, por increíble que parezca, ha sido asumida por el Gobierno tal cual. Sin dudarla. Sin comprobarla. Sin auditarla. Sin embargo, cosa extraña ¿o no?, la Comisión Nacional de la Energía si audita las productoras eléctricas de energía renovables. ¿Por qué?

Así que una vez más tenemos una deuda generada en un sector privado que, por arte de birlibirloque, pasa a ser pública. Pero no tan pública, porque en julio el ministro Soria promulgó la siguiente fórmula como solución para reducir en 4.500 millones el déficit tarifario durante el 2013: 2.700 millones los pondrían las compañías productoras y 1.800 los ciudadanos. De esta última cifra, 900 millones los pagaremos como consumidores (la tarifa subió con este argumento el 1 de agosto más de un 3%); de hecho, la mayor parte del importe de nuestra factura de luz se va para este concepto. y los otros 900 millones, como contribuyentes con impuestos indirectos.

Nos quedamos tranquilos, pero llegó el otoño... y en octubre la luz subió de nuevo, por cuarta vez, este año. Pero aún hay más. Hace unos días el ministro de Industria anunció que la cosa empeora y anuncia otra subida a partir del 1 de enero de 2014. ¿Por qué? Está claro, por el enigmático y misterioso déficit tarifario. Así que ahora el ministro donde dijo Digo, ahora dice Diego. Ya hace siete años que los españoles llevamos sufriendo subidas en el coste de la luz de hasta un 67%. Subidas que cada vez tienen menos que ver con la crisis y más con la estafa.

Las empresas eléctricas de nuestro país (Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa) no son empresas con pérdidas por ese déficit tarifario, déficit nunca auditado, sino que por el contrario para el 2013 duplicaran beneficios en relación a sus homólogas europeas según datos de las propias empresas. Ya en 2012 aparecían en el ranking  de las diez eléctricas europeas con más ganancias. Además tienen entre sus máximos accionistas a bancos patrios, Gobiernos extranjeros y fondos de inversión de “alto nivel”. Me figuro que por algo será.

En fin, según el Gobierno hay que resignarse a que la luz cueste lo que digan las eléctricas para que generen beneficios, ya sea vía consumo o déficit tarifario. Así que los pequeños consumidores poco pueden hacer en defensa de su bolsillo mientras que a este Gobierno le preocupen más los beneficios de las empresas eléctricas y su cotización en bolsa, que los intereses de la gente llana como sería lo normal. Aunque con nuestro voto podemos cambiar estas actuaciones. ¿Lo haremos?

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

¿Volverá el diálogo y el consenso a la política?

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica unos resultados en intención de votos que permitirían a IU y UPyD duplicar sus actuales 11 y 5 escaños. Sin embargo, el PP y el PSOE solo conseguirían alrededor de 140 diputados según Metroscopia.

Si se confirman esos resultados condicionarían el poder de los dos grandes partidos. Aprovechando la crisis del bipartidismo, la sed de regeneración democrática reflejada en todas las encuestas y la indignación de la gente, IU y UPyD están trabajando para convertirse en fuerzas decisivas. Además, Rosa Díez y Cayo Lara se confirman como los lideres mejor valorados por los ciudadanos, aunque con notas por debajo del 5 como todos los políticos.

Ahora tratan de no perder la perspectiva y ahondar en sus respectivos proyectos con vistas al primer examen que serán las elecciones europeas de mayo próximo. Una cita que al igual que las autonómicas, las municipales y las generales de 2015 afrontarán con mejores perspectivas. La proyección de escaños según las encuestas muestran que Izquierda Unida alcanzaría su  hasta ahora cifra record (25 escaños) y UPyD pasaría de 5 a 11 diputados. Por su parte CIU  dejaría de ser la formación bisagra en el tablero nacional, pues bajaría de 16 a 10 ó 11 diputados.

Con los datos y estimaciones de los sondeos y encuestas indicados, no resulta fácil conjeturar las alianzas que pudieran permitir a PP a PSOE tomar las riendas de un nuevo gobierno y menos por mayoría. Porque el resultado global, que parece más probable, sería una ajustada victoria -no muy alejada del empate- del PP sobre el PSOE: 146 escaños frente a 131. Hay quien habla como alternativa de una gran coalición PP-PSOE, que trabajara al unísono por un tiempo, al menos hasta dejar atrás la actual crisis, para llevar a cabo las reformas estructurales y constitucionales necesarias para el país, solo posibles con su esfuerzo conjunto.

Evidentemente esto es una ensoñación porque España no es Alemania, aunque la ciudadanía añore el retorno de la política según expresa sondeo tras sondeo. Es decir, la ciudadanía quiere volver a la negociación y al pacto como modo permanente y buscado de resolución de problemas y desacuerdos, y al predominio del dialogo y el respeto mutuo como estilo propio de la vida pública. Lo que resulta inexplicable con tantos sondeos de opinión como hay ahora es que los partidos escuchen únicamente a sus cuadros y militantes y apenas se esfuercen en oír la voz de la calle o al menos de quienes les votan.

El aleteo de la derecha más reaccionaria, no precisamente sintonizado con el sentir del votante medio, puede pasarle factura al PP. Y en el PSOE, sus votantes no son proclives a aventurismos soberanistas de carácter excluyente que, en cambio, agradan a parte de los dirigentes de su partido hermano el PSC. La gente está cansada de tanta fatiga y no ve respuestas. Estamos desaprovechando la oportunidad de actuar antes de que vuelva un nuevo estallido económico o social. Porque los problemas se resolverán o no, pero lo que no se puede hacer es dejar que se pudran. 

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

¿Guerra contra los pobres o contra la pobreza?

En esta crisis se está librando una guerra cruel contra los pobres, pero no contra la pobreza, porque entienden muchos gobiernos de derecha que la ayuda a los perdedores o excluidos está perjudicando la recuperación y el crecimiento económico.

En un ensayo reciente del sociólogo Daniel Little, Rector de la Universidad de Michigan,  hablando de la ideología del mercado insinuaba que para los neoliberales o la derecha en general, el mercado siempre tiene razón y la gente que acaba en la pobreza es porque merece ser pobre. O sea, que si eres pobre de alguna manera eres un incompetente y la culpa es tuya, pero no del sistema, cuando es el sistema el que no les permite sacar la cabeza de la pobreza y el ostracismo, si has tenido la fatalidad de nacer pobre. 

Compruebo todos los días que en nuestra sociedad se está librando una guerra contra los pobres y excluidos, pero no contra la pobreza culpable de muchos de nuestros males sociales y morales, y que además esta guerra coincide con el padecimiento y la desigualdad de mucha gente por una economía en crisis como la actual. Ahora esta guerra se ha convertido en el asunto central y definitorio de la política de muchos gobiernos de derecha, que atribuyen la debilidad actual de la economía a una excesiva intervención del Estado o al llamado Estado del bienestar.

Por eso, la gran preocupación de los gobiernos -sobre todo de derechas- es su ansiedad por los déficits presupuestarios, y no ayudar a tantos “perdedores” a pagar sus hipotecas. O a tantos “excluidos” por el sistema a recibir ayudas sociales. Así que en sus propuestas presupuestarias incluyen recortes y ajustes, sobre todo en los programas de protección social. Nada de dependencia, nada de prestaciones por desempleo o cualquier otra asistencia social hasta que se alcance la recuperación. Pero entonces esos Gobiernos, ¿a quién sirven? Porque es deber de los Gobiernos y de los Estados dar protección a sus ciudadanos desprotegidos por la crisis hasta que se salga de ella. Y así debería hacerse, pero no se hace.

Muchos Gobiernos más que servir al pueblo sirven a los ídolos del poder o del dinero, olvidándose por completo de las personas. Se han olvidado y siguen olvidando que por encima de los mercados o de los negocios está el ser humano y su dignidad como hombre o mujer. Así que no puedo entender a nuestro Gobierno o a cualquier otro Gobierno que no ofrezca a sus ciudadanos la posibilidad de vivir con dignidad y de participar activamente en el bien común. Porque si no es así, ese Gobierno no me sirve y hay que cambiarlo. Así de simple y sencillo.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

La Constitución: un texto subversivo.

En estos tiempos donde la economía lo marca todo, la Constitución Española puede ser un texto subversivo por lo imperativo de sus derechos sociales.

El periodista Iñaki Gabilondo hablaba en estos términos en un debate con el expresidente del Tribunal Constitucional Pascual Salas, organizado por la Asociación Valenciana de Juristas Democráticos y en conmemoración de la ratificación de la Constitución Española por el pueblo español, un 6 de Diciembre de hace 35 años. Desde entonces, cada año se conmemora oficialmente ese día aunque sin otorgarle el rango de fiesta nacional, tal y como debería ser.

La enumeración de los derechos recogidos en la Constitución por parte de Pascual Salas provocó un agudo comentario de Gabilondo que despertó la hilaridad del auditorio. “La Constitución ha sonado siempre a texto subversivo. Tanto, que he pensado que, de un momento a otro, iba a aparecer alguien y se iba a llevar detenido a Salas”. Tras las risas, el periodista recalcó que la Constitución parece fatigada de tanta sangre como se le ha extraído y ante el auditorio, que abarrotó la sala del céntrico hotel donde se desarrolló el debate, instó a salir del acto con alguna reflexión. “En el Estado de derecho hemos de creer todos” y “hay que practicar la autocritica”. Remachando su intervención con estas palabras: “Necesitamos ser gobernados y en este momento el Gobierno solo está llevando la contabilidad”. Y es que gobernar es escuchar la realidad o la verdad efectiva de las cosas y después anticiparse. Pero en el reino del PP nunca pasa nada.

Estos días debemos recordar y debatir sobre la influencia de la Constitución actual en nuestra vida social y política, incomparable con cualquier otra anterior, si exceptuamos la de Cádiz de 1812 o la Republicana de 1931, que apenas tuvieron vigencia. Las otras constituciones anteriores parecían leyes más que constituciones, ya que podían ser modificadas por simples decisiones parlamentarias sin ni siquiera requerir mayorías cualificadas. La Constitución actual en cambio es una norma emanada del poder constituyente, que reside en el pueblo español y no de un poder constituido (art.1.2 CE), su rango jerárquico es superior al resto de normas del ordenamiento (art.9.1 CE) pudiendo el Tribunal Constitucional declarar nula cualquier norma con rango de ley contraria a la Constitución (art.159-165 CE). Por tanto se trata de una norma jurídica suprema que está por encima de todas las leyes, tanto por su consenso y legitimidad  como por su eficacia jurídica.

En la actualidad hay motivos razonables para pensar que ciertos aspectos de la Constitución deberían ser modificados. De hecho, algunas instituciones políticas y la ciudadanía demandan desde hace años cambios constitucionales debido a notorios defectos que exigen su rectificación. Por ejemplo ciertos aspectos de las autonomías, o el sistema electoral en relación con unos partidos opacos y poco democráticos que tienden a monopolizar todos los poderes o el disfuncional modo de gobierno de los jueces. Según el profesor de Derecho Constitucional Francesc de Carreras y otros constitucionalistas hay necesidad de hacer reformas. Sin obviar que el valor político de nuestra Constitución radica en que fue aprobada por una gran mayoría mediante consenso y que lo constitucional, como siempre se ha dicho, es lo no votable o modificable por un Parlamento.

Una vez dicho esto, podemos plantearnos si la reforma que se pretende es conveniente, es decir, si es necesaria jurídicamente y oportuna políticamente. Y es que si se pudieran obtener los mismos efectos por cambios legales sería preferible, al menos hasta que haya una mayoría equiparable a la que aprobó por consenso el texto constitucional de 1978. En definitiva, solo hacer los cambios imprescindibles, y cuantos menos mejor, si no hay consenso. Está claro que las demandas de reformas existen y muchas de ellas tienen sólidos fundamentos, pero el debate en serio todavía no ha comenzado y el antagonismo entre los principales partidos no permite ver perspectivas que favorezcan el consenso necesario. Así que, en esta situación, aún estamos lejos de un horizonte de reformas constitucionales. Pero, no importa, seguimos teniendo una gran Constitución, aunque a algunos les suene subversiva.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Alemania, ¿problema o solución para Europa?

Alemania con su inmovilismo económico está contribuyendo en buena medida al sufrimiento español y al de sus vecinos del sur europeo.

El miércoles 27 de noviembre, más de dos meses después de la victoria electoral de Ángela Merkel, se ha alcanzado un acuerdo entre el bloque conservador y los socialdemócratas alemanes para gobernar los próximos cuatro años en una gran coalición. Aunque todavía queda un escollo por superar: la consulta a la militancia socialdemócrata. Y es que el principal partido de la oposición se comprometió a consultar a sus más de 470.000 afiliados sobre un posible pacto de coalición. Así debería ser en cualquier partido democrático, consultar a las bases cuando se va a gobernar en coalición y se han modificado en las negociaciones los programas electorales.

La consulta entre los socialdemócratas se realizará el 14 de diciembre, y si el acuerdo pasa esa prueba habrá un nuevo Gobierno alemán presidido por Ángela Merkel justo antes de navidad. El acuerdo de gobierno, del que se han ido filtrando a la prensa sucesivos borradores, consta de más de 170 páginas donde se intenta dar respuesta a las principales reivindicaciones de los tres partidos alemanes firmantes asumiendo compromisos por valor de miles de millones de euros sin ninguna subida de impuestos. Habrá que verlo. El pacto incluye mejoras en pensiones, y dos de los puntos claves para los socialdemócratas, un salario mínimo interprofesional de 8,5 euros por hora (en España es de 2,7 euros) fijado por ley a partir del 2015 y un compromiso para permitir la doble nacionalidad.

Pero resueltos los problemas nacionales, la cuestión es a dónde quiere llegar Alemania con Europa, pues su enorme superávit por cuenta corriente -indicador general de la balanza comercial- es nocivo e introduce “un sesgo deflacionario en la eurozona” según el nobel Paul Krugman. La negativa alemana a realizar ajustes en su política económica ha multiplicado los costes de austeridad en España y en el sur de Europa. Es una simple cuestión de aritmética, puesto que el sur de Europa ha sido obligado a poner fin a sus déficits, Alemania tendría que haberse obligado  a reducir su superávit. Sin embargo, los responsables alemanes responden a todo esto que su política es impecable. Lo cual no es cierto. ¿Por qué?

Porque cinco años después del inicio de la crisis, la economía europea sigue en depresión afectada por la persistente escasez de demanda. En nuestro entorno, un país con superávit comercial como Alemania hace que el gasto de sus vecinos en bienes y servicios se desvíe a los suyos, y de esta manera les arrebata el trabajo. Es indiferente si lo hace maliciosamente o con las mejores intenciones. Lo está haciendo de todas maneras. Y ese inmovilismo alemán contribuye en buena medida al sufrimiento español y a nuestra tasa de paro de casi el 27%, y del 57% entre los jóvenes.

Alemania debía haber gastado más para evitar la depresión europea, y no lo ha hecho, mientras sus vecinos del sur estaban obligados a gastar menos. Espero que este gobierno de coalición en el que participan los socialdemócratas se dé cuenta de su error y rectifique. Porque si los europeos del sur siguen estancados en la recesión, ¿qué sentido tiene para el “corazón de Europa” hablar de una “Alemania fuerte”?. Será líder de Europa y la cuarta economía mundial, pero solo nos ofrece austeridad, un crecimiento raquítico y el despego de la política europea de la escena internacional. A Alemania ese ensimismamiento le ha hecho perder la brújula europea, y eso le acabará pasando factura, aunque también al resto de Europa. Y ya está bien.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Sin diálogo no hay futuro.

Sin dialogo y tolerancia no hay futuro para la convivencia entre dos vecinos que viven separados solo por una Verja. Y lo que nunca se debe hacer, aunque se esté haciendo, es utilizarla como mercancía o espacio de enfrentamiento entre dos comunidades obligadas a entenderse.

Ayer unos reventadores enemigos de la libertad y la democracia impidieron que el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, diera en la Politécnica de Algeciras una conferencia sobre el contencioso de Gibraltar. Mal uso se hizo del derecho de manifestación y protesta con tanta violencia e insultos, y además se atentó contra el derecho a la libre expresión. Porque esa actitud intolerante, que fue la que impidió a Picardo expresar libremente su opinión y suspender su conferencia, siempre termina en un fracaso para todos. Nunca antes se había suspendido un acto académico en la Universidad de Cádiz. La situación es grave porque una minoría, que había perdido la razón, pudo hacer que mediante insultos y protestas se consiguieran abortar los derechos democráticos de una mayoría, que si quería escuchar a Picardo hablar sobre Gibraltar, sus relaciones con la zona del Campo de Gibraltar y las oportunidades de cara al futuro. 

El dirigente gibraltareño tuvo que salir del recinto académico escoltado por agentes de la Policía Nacional y acompañado por los gritos e insultos de los manifestantes poniéndolo de “fascista” y “asesino”. ¿Por qué? El Ayuntamiento de Algeciras, colaborador en estos cursos, también ha entrado en la polémica emitiendo un comunicado donde expresa su rechazo a que el ministro principal de Gibraltar pronunciase una conferencia en un acto académico organizado por la Universidad de Cádiz en la Politécnica de Algeciras, y señalando que no veía “conveniente” la presencia de Picardo en la ciudad “en estos momentos”. Pero, cuál es el momento para hablar o dialogar, si siendo vecinos por necesidades mutuas estás obligado a entenderte. Y por qué un interlocutor válido para ese dialogo como el ayuntamiento se niega a ello, sabiendo además que con su actitud está interfiriendo en la convivencia, pero también en la independencia académica y universitaria.

La ponencia de Picardo estaba incluida dentro de las actividades docentes y de extensión académica de la sede de la facultad de Derecho en Algeciras. Además se enmarcaba en un ciclo de intervenciones sobre Gibraltar desarrolladas en los Cursos Internacionales de Otoño de la Universidad de Cádiz, donde también se contó con la presencia de representantes de la Administración española como el delegado especial del Ministerio de Asuntos Exteriores para el Campo de Gibraltar, Julio Montesinos. Ponente que cerró su intervención el miércoles diciendo que en el asunto de Gibraltar todo depende de la voluntad política de las partes en litigio, y que sin diálogo nada es posible.

Montesinos también informó sobre la aprobación al final del periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas de este año de una resolución en la que “se hablará de soluciones definitivas, que respaldan el proceso de Bruselas (1980) con un mensaje de diálogo y cooperación”. Y que “en el foro de diálogo deben estar el Campo de Gibraltar y Gibraltar pero al no haber un mecanismo que regule la situación, las Naciones Unidas exhortan al diálogo informal ad hoc, es decir, sin esquemas ni composición prefijada”. Además, sin introducir cuestiones de soberanía, que es lo que bloqueó el primer foro tripartito entre Gibraltar, el Reino Unido y España.

En el mismo sentido se manifestaba la alcaldesa de la Línea, Gema Araujo, ponente de la mesa redonda del miércoles -a la que no asistió ni el ayuntamiento de Algeciras, ni el PP pese haber sido invitados-, sobre la convivencia transfronteriza Gibraltar-Campo de Gibraltar, y con la que se puso fin al seminario. La alcaldesa linense consideró que La Línea “había sido la eterna perjudicada de las decisiones que desde las políticas de Estado se han llevado a cabo con Gibraltar”, entre ellas el cierre de la Verja. Lamentando que no se hubiera diseñado a largo plazo ningún plan estratégico para su población “gobierne quien gobierne”. En su opinión “si hay algún municipio legitimado para alzar la voz, era La Línea” y rechazó las voces de quienes dicen “que tenemos que sacrificarnos por el interés general”. Al final, abogó por el diálogo y la buena vecindad, lo que en el fondo buscaba el Foro tripartito, que ya hubiera resuelto el tema de los controles de la Verja, los problemas de la pesca y de los bloques de cemento lanzados al mar.

De todo este asunto me parece un gran error la estrategia que sigue el Gobierno actual  dinamitando el puente de diálogo que existía con el Foro tripartito, sin tener alternativa, y utilizando la presión para que Gibraltar se avenga a dialogar sobre la soberanía. No han aprendido nada de la historia reciente, las presiones solo sirven para hacer más fuertes a los gibraltareños. Porque están acostumbrados a sobrevivir sin nosotros y eso lo sabe cualquier vecino de esta comarca, tienen una economía que les permite encontrar soluciones a sus problemas de aislamiento. Aunque lo más grave, y que muchos sospechamos, es la utilización  del conflicto de Gibraltar como cortina de humo para obviar las corrupciones del Partido Popular y que se hable menos de los graves problemas económicos de nuestro país.   

María José y Ángel Luis Jiménez 

Desentenderse de la política.

Muchas personas piensan que si se desentienden de la política, la política se desentenderá de ellos. Aunque no sé cuándo se van a enterar que la indiferencia no es reciproca.

La frase “yo paso de la política” está cada día más en boca de la gente. Esto me preocupa mucho porque creo que es producto de la ignorancia. La gente cree que pasando de la política la política pasará de ellos. Y no se dan cuenta que la indiferencia no es reciproca, pues aunque a uno le resbale la política, sus tentáculos están presente en todas las cuestiones de nuestra vida: la cobertura sanitaria, la educación de los hijos, los derechos laborales, el acceso a la vivienda, la presión fiscal, la tolerancia con la corrupción, la sostenibilidad de las pensiones, la seguridad alimentaria, el derecho a discrepar, etcétera.

Me pregunto qué ventajas encuentran en este desentendimiento propio de ignorantes. Puede ser que la crisis los haya vuelto más prudente o mejor decir más temerosos. O también puede tratarse de otra forma de decir que se han rendido al poder político y que pueden hacer con ellos lo que quieran. Porque es entonces, y solo entonces, cuando el poder político no tendrá que ejercer la violencia para reprimir las libertades y derruir las conquistas sociales conseguidas tras muchos años de lucha. Escoger el desentendimiento como plan de vida o actitud vital es un error que pagaremos muy caro. O es que no se dan cuenta que este Gobierno con mayoría absoluta, y ante esa pasividad o sumisión, no duda en imponer su voluntad a todos los españoles entrando a saco en nuestras vidas mediante sus decretos y leyes reformistas.

Parece como si un extraño virus hubiera anulado la capacidad de rebeldía de la gente hasta convertirlos en zombis. En su columna del domingo en El País escribía Manuel Vicent que este país está a punto de parecer un reino de muertos vivientes. Y que los hay pobres y ricos. Los pobres caminan como autómatas con la cabeza gacha, aunque a veces miran al cielo esperando que se produzcan la lluvia de sardinas que se les ha prometido si son sumisos y pasan de la política. En cambio los zombis ricos entran y salen de los buenos restaurantes, joyerías y tiendas exclusivas de la milla de oro, aparentemente felices, aunque al ser observados de cerca se descubren sus rostros crispados por el terror a que su fiesta sea asaltada mañana por una turba de pobres y mendigos. Espero que algún día se produzca un prodigio o algo parecido que haga que la gente sienta el impulso de rebelarse y a comprender que el mundo, si ellos quieren, puede ser diferente.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Una lacra social.

Para luchar contra esa lacra social que es la violencia de género necesitamos una educación transversal basada en la igualdad y el respeto de los derechos humanos.

Hoy 25 de noviembre hay que recordar lo dicho por Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993 en la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: “la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por la que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto al hombre”. Por eso vincular discriminación y violencia es clave para entender la causa última de la violencia que sufren las mujeres y sus hijos e hijas.

En este país la violencia de género está desapareciendo de la esfera pública, desvaneciéndose en las últimas reformas legales y relegándose en las prioridades políticas. Y también en el debate social y en la propia agenda de los medios de comunicación, que tienden a concentrar las noticias en torno a un solo día concreto el 25 de noviembre. Y esta no es lucha de un solo día, pues los asesinatos machistas se suceden con peligrosa frecuencia contabilizando 703 vidas desde el año 2003, cuando se inicia el recuento por el Ministerio de Sanidad.

Estamos corriendo el riesgo de despolitizar la violencia de género. Despolitizar es tanto como ocultar que estamos ante un problema estructural grave, un problema de orden público. Por eso, todos los días hay que poner de relieve que la violencia de género está en las entrañas del sistema, donde la mujer sigue ocupando una posición de subordinación y que la violencia, junto con otros factores, mantiene esa trama de discriminación y desigualdad.

La lucha contra la violencia de género es una batalla política, que sin duda estamos tardando demasiado tiempo en librar. Así que hoy tenemos que hacer un nuevo llamamiento a favor del coraje y el compromiso en esta lucha política que debe ser de todos y todas, y no solo de las mujeres.

María José y Ángel Luis Jiménez

El PP y la jueza Alaya.

El PP sin líder ni candidato en Andalucía se ha enganchado a los ERE de la jueza Alaya para mantener una presencia pública y tratar de resolver sus problemas. Y una vez más se está equivocando.

Parece evidente que la derecha pretende utilizar el caso de los ERE de Andalucía como contrapeso a la investigación del caso Gürtel y de la financiación ilegal del Partido Popular. Sin embargo, son dos casos distintos y distantes, y comparar el tamaño de ambos es todo un despropósito, por más que muchos se empeñen en hacerlo.

No digo que el empeño de la jueza Alaya por descubrir el uso fraudulento del dinero público destinado a los ERE no sea encomiable, pues si todo robo es vergonzoso, aún es más repugnante cuando el que se distrae es el de todos. Y el de los ERE lo es por la condición de los implicados y porque la parte malversada- según la Cámara de Cuentas de Andalucía unos 153 millones-  estaba destinada también a quienes han sufrido la gran desgracia del desempleo. Sin embargo, alguien debería actuar cuando en tantas  ocasiones esta juez se involucra en la vida política en beneficio flagrante de un partido concreto y provocando un daño considerable a personas concretas, a la sociedad en su conjunto y a la Administración de la Junta de Andalucía, abriendo sin pruebas una causa general contra ella.

Resulta evidente que a la jueza instructora, Mercedes Alaya, le gusta su papel y se siente protagonista. Pero los excesos, tarde o temprano, se pagan. Y se engaña a sí misma si utiliza la fantasía para justificar sus resoluciones, como está ocurriendo otra vez con la falta de concreción y de pruebas en el segundo auto emitido la pasada semana contra Magdalena Álvarez, motivo por el que la Audiencia de Sevilla ya tumbó la primera de las imputaciones contra la exconsejera.  Sobre todo teniendo en cuenta que el primer informe del interventor sobre el tema se emite en 2005 y Magdalena Álvarez dejó sus responsabilidades como consejera en febrero de 2004. Esa falta de conocimiento de lo que ocurría con los pagos de las ayudas irregulares recibidas por empresas con ERE es el argumento del nuevo recurso presentado el lunes ante la Audiencia de Sevilla por los abogados de la exconsejera.

Hasta la Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a apremiar a la jueza instructora de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, para que avance en la investigación de los cobros de comisiones de los sindicatos y en las ayudas irregulares recibidas por empresas, pues no cree que la investigación judicial esté “ni mucho menos cercana”. Para los fiscales conviene “ir delimitando los hechos y sus participes” dada la complejidad del sumario y el peligro de prescripción.

No me puedo creer, como dice los que piensan mal, que la instrucción se esté alargando con el peligro de prescripción porque el PP de Andalucía base toda su oposición para desgastar al PSOE en los autos de la jueza Alaya. Aunque si tengo claro que el PP andaluz es un partido sin rumbo y sin discurso tras la salida de Andalucía de su líder Javier Arenas, y necesita de forma constante los autos de la jueza. Al PP le resulta muy difícil lanzar otros mensajes que no sean los de los ERE porque todas las preguntas que les plantean van en la misma dirección: ¿quién va a ser su próximo líder y candidato en Andalucía? Y eso no creo que se lo pueda resolver la jueza Alaya.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Ilegales en nuestro país.

En el Consejo de Ministros de hoy no se tramitará finalmente el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana ya que según Fernández Díaz, Ministro del Interior, aún faltan algunos detalles para ultimar el borrador de esta iniciativa del Gobierno. Ayer jueves el presidente  Rajoy había avanzado que lo más probable es que este texto fuera aprobado por el Consejo de Ministros la semana que viene, aunque dejaba la puerta abierta a que se adelantara a este viernes.

La futura ley Fernández consta de 55 artículos frente a los 39 de la anterior de Corcuera, y en muchos de esos artículos subyace la pretensión de ejercer un mayor control sobre las protestas callejeras. Por ejemplo, se faculta a la policía para establecer “zonas de seguridad”, es decir, vetar un determinado perímetro urbano para impedir en ese espacio reuniones de personas. Con esta medida se evitarían los escraches en torno a la vivienda de políticos, si bien la ley no hace referencia a ninguna persona o profesión concreta.

La ley regulará también las diligencias de cacheo e identificación abriendo la posibilidad de que los agentes puedan llevarse el DNI de la persona a la que quieran identificar para comprobar si el documento es falso. Hasta ahora con mostrarlo era suficiente. Esta es una ley hecha por el PP a la altura de sus miedos, y que según toda la oposición parlamentaria será recurrida una vez aprobada ante el Tribunal Constitucional, igual que la ley Wert.

Pero lo que más llama la atención de esta ley es que según la información del propio Ministerio del Interior el anteproyecto o borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido encargado a profesionales de la policía que han desarrollado su labor en las Unidades de Intervención Policial -antidisturbios-, convirtiendo así a los policías en legisladores. Algo de lo que no podemos culpar a los policías sino a los políticos del PP.

Así no me extraña que en el borrador presentado se haga especial hincapié en la protección de los antidisturbios. De forma directa cuando sanciona como infracción muy grave “insultar, coaccionar y vejar” a los agentes o distribuir imágenes en las que aparezcan los policías. Y de un modo general al tipificar todas las conductas que pasan a estar prohibidas en una manifestación y que inciden en la labor que desarrollan los miembros de los antidisturbios de la UIP.

El Ministro del Interior, Fernández Díaz, ya ha anunciado públicamente que el nuevo Código Penal incluiría como delito la resistencia pasiva a los agentes o convocar manifestaciones que luego desemboquen en altercados. Lo que después ha sido desmentido por el titular de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. La resistencia pasiva nunca estuvo dentro del proyecto de reforma del Código Penal Procesal, pero Fernández Díaz se ha salido con la suya en la convocatoria de manifestaciones. Porque no serán delito, pero su Ley de Seguridad Ciudadana prevé recogerla como infracción muy grave castigada con hasta 600.000 euros de multa.

Mariano Rajoy al nombrar a su buen amigo Fernández Díaz como Ministro del Interior, le encomendó mantener el orden público en una legislatura que sabia conflictiva por la crisis y sus recortes. Y el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, lo primero que hizo fue asumir la reforma pendiente de la Seguridad Ciudadana, el instrumento con el que el Gobierno pretende hacer frente al malestar ciudadano, debido a los duros autos de los jueces contra la actuación policial en los casos de los escraches a la vicepresidenta del Gobierno y al  intento de Interior de llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso.

Este anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana se convertirá en un grave problema para nuestro país y los derechos y libertades de la gente, pues nuestros derechos civiles van a ser pisoteados debido a que su redacción represiva nos retrotrae a tiempos preconstitucionales y hace ilegales a la mayoría de los ciudadanos. Así que tendrá que ser el Tribunal Constitucional el que ponga las cosas en su sitio, porque aún siendo triste la única oposición efectiva, que le queda a la ciudadanía en defensa de sus libertades y derechos constitucionales, está en la calle y por eso quieren amordazarla. Y es que las urnas dependen de la conciencia social de la clase trabajadora, pero en las últimas elecciones se equivocó dándole la mayoría a Rajoy, sin creerlo y sin ponderar las cosas que podía hacer. Y claro, así nos va.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

El fracaso no se improvisa.

El fracaso no se improvisa, se prepara con premisas falsas que llevan inevitablemente a decisiones erróneas. Eso es lo que está haciendo el Gobierno español con sus inversiones sobre los corredores mediterráneos y central, el primero ha recibido 3.663 millones de euros y el segundo solo 65 millones.  Hasta Bruselas se ha escandalizado porque ve un abandono evidente de tan necesario ramal central ferroviario para conectar el puerto de Algeciras con Madrid. Y, sobre todo, una falta de criterio de racionalidad y rentabilidad en sus inversiones en infraestructuras en una situación tan delicada y de recursos escasos como la actual.

Manuel Morón, Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, lo decía el domingo en una entrevista en El País “se están perdiendo oportunidades de negocio por culpa de la obsoleta línea de ferrocarril que tenemos” y con ello el incremento del trabajo portuario y del empleo del que estamos tan necesitados en la Comarca y Andalucía. Y esto ocurre cuando las tres grandes navieras dedicadas al tráfico de contenedores han elegido Algeciras para la ruta de los grandes buques, algo que incrementará los tráficos de forma importante. De hecho, el pasado día 5 llegó un buque triple-E, un coloso del mar, que de momento solo tocará un puerto español: Algeciras. Pero, ¿hasta cuándo?

Los Presupuestos nos demuestran que la voluntad política del Gobierno es favorecer al levante español y no a Andalucía. ¿Por qué?  Afirma Morón que parte de culpa la tiene nuestra indolencia, porque no somos capaces de reivindicar unas conexiones imprescindibles para nuestro desarrollo y crecimiento, mientras que empresarios y autoridades portuarias de Valencia y Barcelona se han unido para luchar por las suyas con el respaldo del PP. Parece que en otros territorios se organizan mejor que en Andalucía y tienen los intereses más claros. Sin ir más lejos, en la última reunión de los presidentes de los puertos de Andalucía celebrado en Antequera se presentó un manifiesto, reclamando inversiones para las conexiones ferroviarias, que suscribieron todos los presidentes, y sin embargo después se tachó a las autoridades portuarias andaluzas de  hacerle el juego a la Junta y estar contra el Gobierno español.

Los andaluces debemos apoyarnos en la Junta para la defensa de nuestros intereses y la búsqueda de las mejores posibilidades de crecimiento y empleo, algo que parece de lo más normal. Porque si no lo hacemos así, quién lo hará, el PP se ve que no. No se puede planificar e invertir como hace el PP solo pensando en las elecciones y en las regiones en las que tienen mayoría. No son conscientes, ni se dan cuenta -¿o sí?- que con sus políticas nos conducen de forma irreversible a una Andalucía terciarizada y a perder una gran oportunidad. Y no sólo para Andalucía, sino también para España. ¿Ocurrirá así? De nosotros depende.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Dos años.

Ya han pasado dos años desde las elecciones generales de noviembre del 2011, la victoria electoral del PP, el inicio del incumplimiento de su programa electoral y las promesas vacías de Rajoy.

El próximo miércoles se cumplen dos años de la vitoria electoral del Partido Popular. Victoria otorgada por la mayoría de los españoles en la confianza de su capacidad para mejorar las cosas, que empezaban a ir bastante mal en el país. Los ciudadanos les dieron su voto sin necesidad de creerlos, sin ponderar las cosas que decían que iban a hacer. Eso indica que la derecha política tuvo una credibilidad mayor que la izquierda a la hora de convencer a los votantes de que ellos podrían atender a los asuntos relacionados con la crisis económica mucho mejor que los socialistas.

Sin embargo, en este tiempo han perdido esa credibilidad porque incumplieron el programa electoral con el que consiguieron su triunfo. Son incontables, y sufridos por todos, sus recortes en sanidad, educación y servicios sociales. Los enfermos “copagan” (es decir, pagan dos veces) sus medicamentos, los “dependientes” se han quedado sin asistencia, se jubila por la fuerza a médicos y profesores cuyas plazas no se cubren, la electricidad ha subido varias veces, mientras los sueldos bajan o permanecen congelados y los pensionistas han visto mermado su escaso poder adquisitivo (un aumento del 0,25% anual es una merma salvaje). Y todos los impuestos nos han sido elevados, en contra de lo prometido en campaña por el candidato Rajoy.

Ahora dos años después de las elecciones, solo dos años, nos parece que Rajoy, Montoro, Mato, Wert y demás “compis” de ministerios llevan toda la vida burlándose de nosotros. Percibimos su incompetencia, su falta de criterio y sus mentiras y engaños, su incapacidad para mejorar la situación y, sobre todo, el desempleo, el más poderoso indicador de que todo va mal. La única solución a la crisis es crear empleo. No hay otra. Todo lo demás son paños calientes. Es decir, que queda mucho trabajo por hacer. Todo esto indica que al PP le va a costar mantenerse en el poder, ya que ha perdido mucha de esa credibilidad que le dio la victoria electoral, sin embargo, y de momento, el PSOE no ha mejorado la suya.

Así que el PSOE para recuperar la credibilidad perdida necesita un discurso político honesto, concentrado y vigoroso, en el que se admita la responsabilidad de lo ocurrido como se ha hecho en la Conferencia Política. Pero que también muestre que se siente liberado de ese pasado y comprometido a una lucha, permanente y decidida, para alterar las condiciones que permitieron la situación actual. También necesita un portavoz legitimado, que ofrezca  liderazgo, no un apaño orgánico, y transmita a los ciudadanos la seguridad de que es capaz de cumplir lo que dice. Un discurso que tenga en cuenta que, como decía el poeta Jorge Guillén, la injusticia se traga o no se traga. Y que ellos no la tragan. 

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Curso urgente de política para gente decente.

En estos días se está presentando el libro “Curso urgente de política para gente decente” del profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Monedero.

En este libro se dice que son mayoría los ámbitos en lo que todo se organiza en función del dinero, algo que difumina y borra los esfuerzos. El dinero nos desconecta, nos impide recordar que detrás de él hay un trabajo, un empeño. Hoy lo colectivo, la solidaridad, la ayuda, la cooperación, son sustituidos por dinero. "Y así, perdemos de vista el proceso entero, olvidamos el esfuerzo que supone hacer algo. Qué importante sería recuperar las cosas que hay detrás del dinero" afirma Monedero.  Pero también que importante sería recuperarnos como personas, con dignidad, independientemente del dinero que poseamos.

El politólogo Monedero pretende conectar aquello que está desconectado. Dice que si el neoliberalismo se ha convertido en algo de sentido común, este pensamiento es complicado y difícil, por lo que debemos salir de nosotros mismos para vernos como sujetos que forman parte de un colectivo. Si encima desde el Gobierno, desde la universidad, desde los medios de comunicación, se construye un espejo como el de la madrastra de Cenicienta, que nos dice que somos los más guapos, no vamos a tener herramientas para entender todos estos agujeros de la débil democracia que tenemos. Les corresponde a los científico sociales decentes ser críticos ahora.

En nuestro país además de haber interiorizado la mercantilización de todos los ámbitos de nuestra existencia, de asumir la precarización laboral, somos también herederos del franquismo. Es decir, somos aún más individualistas y clientelares, somos un país con mucho miedo, aún están enterrados en simas y fosas comunes 120.000 republicanos asesinados. Además somos un país resignado por el peso de la religión católica, un país irreverente con el poder pero profundamente obediente con el poder, de manera que todos los problemas afines a Europa en esta crisis se nos agravan.

Decía Marx que los filósofos saben interpretar el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo, ahora Monedero está convencido que se trata de interpretarlo. Es muy complicado hacer política real si no sabemos a dónde vamos. El grueso del esfuerzo, que está haciendo Monedero con su curso urgente de política para gente decente, es para intentar clarificar qué nos pasa y cuáles pueden ser los caminos a los que podemos dirigirnos. Por eso este curso es urgente. Y cree que lo más honesto es entregarlo al gran público y que éste establezca si el análisis de la realidad es correcto y si las soluciones para nuestro país son válidas y viables.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

El PSOE ha vuelto, dice Rubalcaba.

Hay cosas que no tienen discusión para mi, por ejemplo que en estos momentos Rubalcaba es una de las mejores cabezas políticas del país, aunque sufra una crisis clara de liderazgo confirmada por todas las encuestas.

Este fin de semana en la clausura de la Conferencia Política del PSOE, el discurso de Alfredo Pérez Rubalcaba fue un perfecto resumen de la conferencia, lo que ha dado lugar a muchos titulares y espero que a mejores resultados. Sus palabras y su compromiso se sintetizan en esta frase “El PSOE ha vuelto”. Es decir, durante un tiempo se marchó, no estaba, había perdido la conexión con la sociedad. Pero ha regresado acercándose a las clases más desfavorecidas, que siempre han sido el sector base de su electorado, reconociendo que se equivocaron y prometiendo que no volverá a ocurrir.

Rubalcaba afirmó que “en estos momentos nos estamos jugando el rostro que queremos que tenga nuestra sociedad”, porque el Gobierno del PP está desmontando todo lo que los socialistas crearon, impulsaron y promovieron durante sus años en el poder para que la sociedad fuera más justa y equilibrada. Por eso entendía que era muy importante poner cuanto antes al partido otra vez en forma y en disposición de gobernar para asegurar y recuperar las líneas maestras del Estado del Bienestar perdido.

Aludió a algo que tienen muy claro la mayoría de los españoles, que “hay que echar al Gobierno del PP por su compulsiva adicción a la mentira”. Rubalcaba sostiene que en las elecciones de 2004, Mariano Rajoy perdió por culpa de las mentiras del Ejecutivo presidido por José María Aznar. Y aventura que ahora podría pasar lo mismo por los incumplimientos del  programa electoral del PP y por sus continuas mentiras y engaños a la sociedad española.

Mantuvo en su discurso que aún existen ideologías y que la diferencia ideológica entre la izquierda y la derecha está en la igualdad y solidaridad con los más débiles y necesitados. Lo que podría reescribirse con la frase “No somos iguales”. Porque cuando gobierna el PP genera diferencias y desigualdades, y además ni les importa, ni las esconden, como está ocurriendo con sus políticas de ajustes, recortes y austeridad que aplica sin piedad.

El secretario general del PSOE también entendía que se habían roto muchos puentes en muchos aspectos, pero sobre todo en el modelo autonómico y en el clima de convivencia del país. Por eso afirmó que era necesario construir y reconstruir nuestro sistema de vida común con todos y, por supuesto, con Cataluña. Rubalcaba dijo que la dirección actual del PSOE, la mayoría de los barones regionales consultados y el plenario completo de la Conferencia no estaban  de acuerdo con  una marca propia en Cataluña ajena al PSC. Es más, Pere Navarro, el líder del PSC, vivió en el pleno momentos de gran emoción ante la aclamación que cosechó cuando Rubalcaba dejó grabado a fuego en el auditorio que no se imagina una España sin Cataluña ni un PSOE sin el PSC.

El plenario ovacionó en pie a Rubalcaba cuando dijo “hay que estar en las protestas porque no somos iguales que la derecha”. El PSOE debe conectar con la calle, con las mareas, con las protestas de los que sufren los recortes en Sanidad, Educación y Servicios Sociales del Gobierno del PP. El PSOE debe ser valiente y denunciar las injusticias. Y debe hacer la reforma fiscal para que paguen más los que más tienen y no paguen nada los desfavorecidos.

El PSOE, dijo Rubalcaba, “menciona 204 veces la palabra federal en sus estatutos” y ha propuesto una alternativa al silencio emanado de La Moncloa al problema de Cataluña.  No quiere quedarse parado hasta que estalle el conflicto catalán. Y la posible solución esbozada pasa por revisar la Constitución para fomentar un Estado federal que en vez de dar las mismas competencias para todas las autonomías permita alguna singularidad especial para algunas. El encaje estaría aún por cuadrar, porque han tenido que pasar 30 años para que el PSOE haya podido pronunciar la palabra federal, aunque resulte estar 204 veces en sus estatutos.

Rubalcaba finalizó su discurso diciendo que el PSOE se considera el partido de las mujeres. Bajo ese lema desarrolló la idea de que las mujeres han avanzado en sus derechos durante esta democracia, sobre todo en los mandatos del PSOE, y especialmente en los de Zapatero, y que ahora cuando el proyecto de reforma de la ley del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón parece querer poner en cuestión alguno de esos logros, es más necesario que nunca un partido que haga bandera de esos derechos. Metió también en ese paquete el riesgo ante el cambio climático y la necesidad de denunciar y acabar con los privilegios de la Iglesia católica.

Solo me queda decir que el PSOE después de esta conferencia parece haber salido de su melancolía y ha vuelto a creer en sí mismo, aunque los socialistas sigan despertando la desconfianza de la ciudadanía como confirman las encuestas. Así que si quieren ser alternativa de gobierno tienen que educar de nuevo con el ejemplo, contactar con la gente y volver a sus orígenes socialistas, porque de ahí les vendrán los votos y su fuerza política. Y, por supuesto, liderar cambios constitucionales profundos como los que exige la ciudadanía, desde una ley electoral más justa que no prime el bipartidismo o el nacionalismo periférico hasta la reconquista y consagración de avances sociales que no sean arrollados a las primeras de cambio por otra crisis económica.

Porque los votantes perdidos del socialismo saben perfectamente lo que no quieren. Sin embargo, no tienen demasiado claro que es lo que quieren. Aunque creo como mi amigo Téllez, que al PSOE de los últimos tres años no. En cualquier caso, a favor de los socialistas juega aquella vieja letra del maestro Serrat “Bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante sólo cabe ir mejorando”.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Se busca voz para esta Comarca.

Esta semana se habló mucho de la llegada del portacontenedores más grande del mundo al puerto de Algeciras y de las cifras oficiales del ente público “Puertos del Estado” del pasado miércoles con los datos acumulados de los puertos españoles al 30 de septiembre. Según estas cifras, el puerto de Algeciras ha conseguido ponerse en primer lugar en las actividades portuarias de los puertos españoles en TEUS, toneladas y pasajeros. Pero lo más significativo es que logra los mejores márgenes de rentabilidad de todos los puertos del Estado sin ser el que más factura (Barcelona), ni estar a la cabeza en endeudamiento e inversiones (Valencia). Hasta ahora el Puerto de Valencia, gracias a esas inversiones del Estado, había sido líder en el transporte de contenedores, cuando a principios del 2000 era el tercero.

Las cifras mensuales y anuales de Puertos del Estado muestran la batalla sin tregua en la que están inmersos desde hace más de una década los tres grandes puertos españoles: Barcelona, Valencia y Algeciras. Están obsesionados con captar la atención de las macronavieras y los grandes operadores portuarios para hacerse un hueco en el tráfico que llega a Europa de la gran fábrica del mundo, Asía. Y esa lucha se centra sobre todo entre Valencia y Algeciras, las plazas más cercanas a las principales rutas interoceánicas y que persiguen el tráfico del transbordo. Aunque según todos los expertos, ese tipo de tráfico es muy volátil. Cualquier movimiento inadecuado puede desviar la carga a otro operador. Barcelona lo sabe bien, porque alejada de las grandes rutas y con mayor competencia, perdió esa batalla hace años. Ahora la competencia entre Valencia y Algeciras depende fundamentalmente de una buena conexión ferroviaria para digerir la carga con mayor agilidad.

Sin embargo, a priori, esa batalla la ha perdido Algeciras, a pesar de ser el puerto más barato de España, porque estamos estrangulados por la falta de inversiones en el tramo de red ferroviaria de Algeciras-Bobadilla. De hecho, las pobres inversiones que viene realizando el gobierno español en ese tramo ferroviario han sido motivo de una pregunta parlamentaria del eurodiputado de Izquierda Unidad, Willy Meyer, con solicitud de respuesta oral para su debate en el seno de la Comisión Europea. Y es que en los Presupuestos Generales del Estado la cantidad prevista es de solo 50 millones de euros y eso que somos el punto de partida del Corredor Mediterráneo. Sin embargo, el ministro García-Margallo al que se considera la voz de los valencianos en el ejecutivo recordó ayer en el acto de presentación del libro “Casa del Mediterráneo y el ferrocarril Alicante-Murcia. Un recorrido histórico” que el 22% del total de las inversiones ferroviarias del país para 2014 - unos 1004 millones de euros-, se invertirán en el tramo valenciano del Corredor Mediterráneo. Por cierto, ¿tenemos los andaluces alguna voz en el Ejecutivo?

Queda claro que el puerto de Algeciras sin una mayor penetración territorial y una perfecta conexión por ferrocarril con Madrid, lo tiene difícil para competir con otros puertos del Estado y de Europa. Y este Gobierno está claro que no apuesta a caballo ganador, sino que trata de frenar el puerto de Algeciras -no sé por qué-, ninguneándolo a favor de otros y con unas decisiones clientelares del Ministerio de Fomento en sus políticas inversoras contraria a los intereses generales de los ciudadanos, y por ende, del país. Y, por supuesto, de esta comarca del Campo de Gibraltar y de Andalucía. Así que necesitamos una voz que represente y defienda los intereses de este Puerto y esta Comarca si queremos tener futuro. Y desgraciadamente esa voz no es, porque hasta hora no lo ha sido, la de nuestro diputado y alcalde José Ignacio Landaluce. Habrá que seguir buscando.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Acabar con la impunidad.

Anoche en la Facultad de Derecho de Algeciras la abogada del equipo jurídico que lleva en Argentina la querella contra los crímenes del franquismo, Ana Messuti, invitada por el Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar, dio una conferencia en la que repasó el procedimiento y explicó la situación de la causa en estos momentos.

Ana Messuti es Licenciada en derecho por la Universidad de Buenos Aires, donde inició su carrera docente en filosofía del derecho. Obtuvo el título de Doctora en derecho por la Universidad de Salamanca. Fue funcionaria de las Naciones Unidas en Viena y Ginebra. Y se ha especializado en  filosofía del derecho penal en la Universidad “La Sapienza” de Roma, abordando principalmente los temas relacionados con el tiempo y la pena. Continuó su actividad académica en el Instituto Vasco de Criminología de San Sebastián, en la Escuela de la Magistratura de la Ciudad de San Pablo en Brasil, en la Universidad de Ginebra, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Rosario (Argentina).

La abogada Messuti contaba que la querella en la Argentina fue posible al cerrarse todas las puertas de la justicia española a los familiares de las víctimas del franquismo, tras la suspensión del juez Baltasar Garzón y el auto del Supremo que eliminaba cualquier vía para la investigación penal de los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura. Los familiares ya no estaban dispuestos a conformarse y, deshaciendo el  camino que anteriormente habían hecho las víctimas de la dictadura de Jorge Rafael Videla a Madrid, llamaron a la puerta de Messuti y su colega Carlos Slepoy  para abrir las puertas de la justicia argentina. El primer querellante fue el hijo de un alcalde gallego, regidor de su pueblo durante la República, al que asesinaron tras el golpe militar del 36. Este hombre tiene 91 años en la actualidad, y embarcó solo rumbo a la Argentina con 9 años tras la muerte de su padre.

La querella se presentó en Buenos Aires el 14 de Abril de 2010, día de la República, en un acto que contó con la presencia del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. En principio fue desestimada porque en España “había procesos judiciales en curso” sobre los crímenes denunciados y se archivó la causa. Pero el 3 de septiembre de ese año, la sala segunda de la Cámara Criminal Federal de Argentina obligó a reabrir la causa. En Octubre de 2010, la juez libró un exhorto diplomático al Gobierno para que le informara de si se estaba investigando en España un plan sistemático de exterminio de los “partidarios de la forma representativa de gobierno” entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.

Ana Messuti revisó todas las dificultades que los abogados han ido sorteando hasta la fecha, pues después de las muchas actuaciones de la justicia argentina, el Gobierno español respondió que las personas a las que se les imputaba “la autoría intelectual” del plan de exterminio franquista habían fallecido y que en cualquier caso, España tenía “competencia preferente” para juzgarlos. La jueza argentina decidió entonces tomar declaración a las víctimas -ya son 235 querellantes- y solicitó autorización para desplazarse a España en septiembre de 2012. Le dieron permiso, pero pocos medios y menos días, por lo que desistió. En mayo de 2013 decidió tomar los testimonios por videoconferencia en consulados argentinos, pero el procedimiento se suspendió por “el malestar” que causaba al Gobierno español lo que se estaba haciendo según el embajador argentino.

Todo esto obligó a la jueza argentina a emplear nada menos que 204 folios, decía Messuti, para justificar la petición de detención de cuatro policías torturadores en un auto del pasado 18 de septiembre. Además se anuncian más peticiones. Los nietos de las víctimas celebran como un triunfo lo que está ocurriendo, dicen que “era impensable que llegará el día que hubiera una orden de detención internacional contra cargos franquistas”. Ana Messuti tiene claro que el muro de impunidad del franquismo se está resquebrajando, igual que ocurrió en Argentina, y está convencida de que en España habrá jueces que, pese a lo que ocurrió con Garzón, se atreverán a investigar los crímenes del franquismo. Todo esto es producto del tesón de las víctimas, que ya no se conforman y están muy acostumbradas a esperar. Por ellos por fin podremos conseguir para todos: Verdad, Justicia y Reparación.

María José Y Ángel Luis Jiménez