jueves, 29 de agosto de 2013

Los pies de barro de la economía del Peñón.

La economía de Gibraltar tiene los pies de barro porque su riqueza depende en gran medida de la legislación del Reino Unido o de las directivas de la Unión Europea (UE).
La economía del Peñón tiene tres puntales fundamentales la baja fiscalidad, el juego “online” y las finanzas. Sin embargo, las tres resultan muy sensibles porque dependen en gran medida de la legislación del Reino Unido y de las directivas de la U.E. A pesar de ello, se ha pasado en este último ejercicio del noveno al cuarto puesto de los territorios con mayor renta per cápita del mundo (47.847 euros), impulsado por una economía que crece al 7,8% anual.
Pero cuánto tiempo durará esta situación dorada. Las amenazas ya aparecen en el horizonte de Gibraltar por los cambios legislativos en el Reino Unido y en la U.E. Así que nadie piense que las amenazas a las que tendrá que enfrentarse próximamente el Gobierno de Gibraltar vienen del Gobierno de España (las bravatas diplomáticas de Rajoy o las tasas por pasar por la frontera), sino que vienen directamente del Gobierno del Reino Unido que está tramitando un proyecto de ley para modificar la legislación sobre la tributación del juego online, no solo en la isla sino en todos los territorios bajo bandera británica, incluido Gibraltar. Un cambio que supondrá un duro golpe para las finanzas del Peñón.
Desde hace más de una década su principal industria está conformada precisamente por las multinacionales del juego por Internet radicadas en Gibraltar al amparo de su baja tributación. Pero esto ya se acaba porque la modificación de la fiscalidad de esa actividad establecerá un impuesto del 15% sobre el ingreso neto de las empresas en lugar del 1% que pagan ahora en el Peñón. Esta ley entraría  en vigor el año próximo. En Gibraltar temen que si pierden las ventajas fiscales actuales habrá una fuga masiva de empresas de apuestas. La medida traería consecuencias graves para el empleo (12% de la fuerza de trabajo de la colonia) y para los ingresos del Gobierno (un 15%).
Otro golpe para su economía sería dejar de ser un “paraíso fiscal cooperante”. La OCDE   excluyó a Gibraltar de su lista de paraísos fiscales tras haber firmado 26 acuerdos de intercambio de información con la Unión Europea a raíz de la reunión del G-20 que tuvo lugar en Londres el año 2009. Este convenio de colaboración con la U.E. está firmado con 18 países, pero no con España, que solo rubricó un protocolo de colaboración con el Reino Unido sin efectos prácticos hasta ahora. Ayer publicaba el País que el Ministerio de Hacienda ha pedido por primera vez a Gibraltar datos fiscales de una treintena de contribuyentes amparándose en una directiva de la Unión Europea relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. Si Gibraltar negará esa información se la podría calificar como un paraíso fiscal no cooperante y tendría que ser incluido en la “lista negra” de la OCDE con consecuencias muy negativas para su sector financiero (el 20% de su riqueza, con 16 filiales de bancos internacionales y 55 aseguradoras).
Las consecuencias negativas derivadas de la no cooperación de Gibraltar con las autoridades españolas sobre información de contribuyentes serían varias. Una sería interna y ya está previstas en la Ley del Impuesto de Sociedades, donde se precisa que si se hacen negocios con este tipo de territorios no cooperantes se puede modificar la lista española de paraísos fiscales mediante una simple resolución de la Agencia Tributaria, ya que así lo contempla la Ley antifraude aprobada por el Gobierno de Rajoy en el último trimestre de 2012. Otra, más grave, sería  la evaluación que pueda hacer el Comité de Fiscalidad de la OCDE sobre el cumplimiento de los acuerdos firmados con los paraísos fiscales, pues si observan que no los cumplen podría tener consecuencias financieras muy negativas para el Peñón, sobre todo en cuanto a la radicación y el movimiento de capitales, porque una de las aspiraciones de Gibraltar es que parte de los grandes fondos de pensiones sigan eligiendo su enclave para radicarse por su  favorable fiscalidad. Y esa aspiración se podría estar acabando.
Para otro día dejo el controvertido tema, e incierto futuro, del bunkering (repostaje de gasóleos en buques) que supone el trasiego de cinco millones de toneladas de combustible al año en el Peñón. Sobre este tema ha hablado en el Congreso el ministro Arias Cañete, vinculado a esta actividad con empresas familiares dedicadas a la venta y almacenaje de combustible para buques en el Estrecho. Actividad que ponen en alto riesgo de vertidos y derrames la Bahía de Algeciras al hacerse estos suministros o repostaje desde barcos cisternas fondeados todo el tiempo en el mar por falta de terrenos en Gibraltar. Así que esperaremos conocer las explicaciones del ministro para seguir hablando. Creo que por hoy ya está bien.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez 

viernes, 23 de agosto de 2013

Mendaces y malévolos.

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, critica que se pida ayuda al ayuntamiento para comer cuando se tiene cuenta en una red social. Sus palabras exactas fueron “Piden ayuda para comer y resulta que tienen twitter, que cuesta dinero”.
No entiendo las palabras de la señora Martínez, ni la controversia que con ellas ha generado en las redes sociales. Porque numerosos usuarios han recordado que la propia alcaldesa anunció, utilizando un tweet, la puesta en marcha de puntos de wifi gratuitos en la ciudad. Y además existe una empresa municipal que gestiona el wifi gratuito con un presupuesto anual de más de 800.000 euros para este cometido.
No sé qué le pasa al Partido Popular y a sus dirigentes porque con estas declaraciones y una actitud  peor van más allá de la situación económica, más allá del egoísmo y más allá de los intereses creados. No sé por qué se regodean y tiene que infligir más sufrimiento del necesario a aquellos que ya están destrozados.
Tampoco comprendo esas citas hipócritas del Nuevo Testamento “Aquel que no esté dispuesto a trabajar no comerá”. Pero, ¿dónde está el trabajo? No existe empleo y el poco que existe es precario y mal pagado. Y hoy nos enteramos por la prensa que este Gobierno se va gastar dinero en premiar a las agencias de empleo privadas que delaten a parados.
El Partido Popular está infectado de una mezquindad casi patológica y de desprecio por aquellos que llaman “perdedores”. Aquí si uno pasa por una mala racha o está en el paro, parece que este Gobierno y las personas que lo sostienen no quieren ayudarle, sino que quieren darle otra patada y hundirlo más. No acabo de entenderlo, pero es terrible contemplarlo.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

martes, 20 de agosto de 2013

El nepotismo municipal.

Nepotismo, dice la RAE, es la preferencia desmedida que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos.
Hace unos días, hablando con amigos de mi época de concejal, comentaba la poca importancia que se le está dando a las contrataciones de parientes -hijos, hermanos, cuñados y cónyuges- o militantes del Partido Popular en el actual Ayuntamiento. Y ahora menos con la distracción que supone el “espantajo” veraniego de Gibraltar. En mi época también había enchufaos pero esta corrupción provocaba amplios debates y muchos enfrentamientos entre las fuerzas políticas presentes en aquella primera Corporación democrática.
No favorecer a parientes y amigos, si se ejerce un cargo público, se maneja el dinero de los contribuyentes o se goza de una posición de poder, es una buena conducta. Antes y ahora, sopesadas con la razón -y no con la mera costumbre- son conductas necesarias, recomendables e incluso obligadas.
Mi actitud ante el nepotismo, el amiguismo o estas corruptas pautas de comportamiento ha sido siempre de repulsa y rechazo total. Nunca me pareció que esa actitud fuera digna de elogio o de mérito alguno, sino algo de cajón y totalmente obligado para quién ejerce un cargo público. Por eso me cuesta comprender que en este país la norma sea el nepotismo.
A mí me da lo mismo que mi pariente o amigo sea un profesional competentísimo e idóneo para el puesto que depende de mí o de mi partido, porque por ser mi pariente o amigo no puede ocuparlo. Y cuando me dicen que salimos perjudicados los que estamos en cargos públicos, les digo que así deberían ser las reglas: a veces debe salir uno perjudicado para que no quepan dudas de no haber sido favorecido.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

domingo, 18 de agosto de 2013

Un discurso político, el informe Lugano.

En un Máster en Derecho de la Universidad de Valencia en el que participó Susan George, estadounidense de nacionalidad francesa, activista, pensadora y presidenta de honor de la Asociación por una Tasa sobre las transacciones especulativas de ayuda a la ciudadanía (Attac), denunciaba el “austericidio” al que se está sometiendo a España y a otros países del sur de Europa.
Susan George no es sólo una activista y pensadora, ya que eso sería empequeñecer la figura de esta combativa estadounidense de 78 años afincada en París y también empequeñecer su ensayo “El Informe Lugano”. Esta obra constituye una biblia para los movimientos sociales, y en ella imagina un terrorífico escenario ecológico, económico, laboral y social hacia el que se dirige el capitalismo del siglo XXI. La activista advierte de que “la democracia está en peligro ante el ataque de la clase de Davos: una clase transnacional desvinculada de la suerte del resto de la sociedad y compuesta por las altas finanzas, las empresas transnacionales y algunos gobiernos que consideran que la democracia es demasiado lenta para sus intereses”.
Susan denuncia que la actual política de austeridad es inaceptable, en particular en Grecia y España. Y que también resulta inaceptable el desempleo de la mitad de jóvenes españoles. Por eso se pregunta “¿Para quién se gobierna?”, porque esa es la gran cuestión en democracia. Las constituciones de Estados Unidos, Francia -y se imagina que también la de España- subrayan que el pueblo es soberano, sin embargo con ese principio de austeridad aprobado por Europa, ¿se gobierna para la gente o para los mercados financieros? Sin duda, para los mercados financieros, porque el pueblo español está deviniendo cada vez en menos soberano.
También dice que con el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la UE se está robando no solo el poder a los ciudadanos, sino también a los representantes de los ciudadanos. Por tanto, ni tenemos ya una auténtica democracia directa, ni una democracia representativa en España, y frente a eso tenemos que reaccionar. Reaccionar sin miedo, aun comprendiendo el miedo de los trabajadores a perder el empleo. Porque el miedo es la disciplina de una sociedad capitalista, usado de forma individual para disciplinar y calmar a la población con el objetivo de que acepte lo que le digan. De hecho, cree que los griegos y los españoles están siendo observados como en un laboratorio para ver qué nivel de castigo y sufrimiento están dispuestos a aceptar sin rebelarse.
Susan no entiende por qué con la crisis la población española ha redoblado sus críticas contra los sueldos y privilegios de los políticos, si a quién deberíamos criticar es a los banqueros. La actual crisis es continuación de lo que ocurrió en 2007 y 2008 por culpa de los banqueros y, en España, por la burbuja inmobiliaria, que al final también era culpa de los bancos por alimentarla con préstamos imprudentes. Sin embargo, cuando estalló la burbuja, el Estado  asumió la deuda privada. La deuda pública de España era muy moderada, pero el Estado cargó con la deuda de los bancos y ha gastado muchísimo dinero en capitalizar y salvar a los mismos bancos que habían causado el problema. Por eso la deuda pública aumentó rápidamente. El coche oficial de los políticos no es lo importante, sino que el Estado gobierna para los mercados financieros y no para el pueblo. Se ha castigado a los inocentes y los culpables han sido recompensados.
Ante esta situación lo único que pueden hacer los ciudadanos españoles es unirse. Ese es el gran poder del pueblo. Tienen que unirse los estudiantes, los parados, los jubilados, los trabajadores, los sindicalistas, los agricultores… Todo el mundo ha de unirse contra esta realidad. Porque la clase de Davos, que es la que gobierna, está muy unida. De eso trata su otro libro recién publicado por Deusto, “El Informe Lugano 2. Cómo ganar la guerra de clases”. El subtítulo procede de una frase de Warren Buffet, la tercera fortuna del mundo, que escribió  “Hay una guerra de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra, y la estamos ganando”. Y además es cierto. Por eso, Susan George finaliza su discurso diciendo  “Hay que unirse y no dejarse perder. Porque está en juego la democracia y todo lo que hemos hecho desde el siglo XVIII. Todo aquello que los europeos hemos hecho desde el fin de la II Guerra Mundial. Todo lo que los españoles han hecho desde el final del franquismo”.
Ángel Luis Jiménez Rodríguez

sábado, 17 de agosto de 2013

¿Inmigrantes ilegales o islamistas radicales?

No sé cómo no han expulsado a Ignacio Landaluce por bocazas de la comisión de Exteriores del Congreso de la que es vicepresidente debido a las nefastas acciones y declaraciones que hace continuamente sobre el contencioso de Gibraltar. En menudo lio nos está metiendo. Pero ayer se pasó tres pueblos, incluido el de Algeciras, con las declaraciones para Onda Cero donde criminalizaba a los inmigrantes de las pateras al vincularlos con islamistas radicales.
Cómo puede un señor diputado de la Nación española hacer este tipo de declaraciones tan arriesgadas. Se trata de un ejercicio gratuito de criminalización de personas sobre las que no  existen datos que confirmen lo dicho. No se da cuenta que esas declaraciones hacen un flaco favor a cualquier apuesta por la integración y normalización de personas que llegan a nuestro país buscando unas migajas de nuestro desmoronado Estado de bienestar.
Cómo se puede sembrar miedo y terror hacia personas indefensas, en su mayoría subsaharianas, que tardan cuatro o cinco años en finalizar ese periplo horroroso sufriendo todo tipo de abusos, expolios y violaciones de sus derechos a lo largo de su viaje para al final atravesar el Estrecho en balsas de juguete. No sabe nuestro diputado que en el fondo son muertos de hambre… y de paciencia, mujeres y niños lanzados en botes salvavidas desde el eterno naufragio africano.
¿Se puede ser tan incompetente y tan malvado? No merecen estas personas un mínimo de respeto en su dignidad de personas, sabiendo y conociendo que serán devueltos por las fuerzas de seguridad española a sus países de origen, después de pasar el calvario de los centros de internamiento de extranjeros sin haber sido acusados de delito alguno. Señores un poco de compasión, piedad y solidaridad que son seres humanos.
Ángel Luis Jiménez Rodríguez

jueves, 15 de agosto de 2013

Un poco de racionalidad.

Es difícil abstraerse del fortísimo simbolismo y la carga política y sentimental que conlleva Gibraltar a la hora de plantear con claridad los elementos esenciales de la cuestión gibraltareña. Sin embargo, creo que ha llegado la hora de poner un poco de racionalidad en este contencioso.
Continúan los controles sobre la Verja de Gibraltar, aunque Rajoy diga que son aleatorios. No creo que las medidas que se están tomando convenzan a nadie y menos que a nadie a los que la sufren a la entrada o salida de Gibraltar. Por tanto, ha llegado la hora de poner un poco de racionalidad en este contencioso, las partes en discordia, España y el Reino Unido, deben plantearse seriamente encontrar fórmulas para solucionar definitivamente este controvertido tema y sus incesantes problemas.
Desde hace tiempo, España y el Reino Unido están obligados -tanto por Naciones Unidas como bilateralmente- a negociar y llegar a una solución definitiva del problema de Gibraltar. España es la más interesada en realizar propuestas concretas de solución, respecto a las cuales debe mantener consenso nacional y continuidad en su estrategia, ya que el tiempo transcurre en contra de sus intereses, a favor del statu quo británico y del ascenso del protagonismo internacional de Gibraltar.
Un error de este Gobierno fue eliminar sin más el Foro de Diálogo, porque por su tipología servía a largo plazo a los intereses de España siempre y cuando nuestro país se planteara una convivencia normalizada con la población de Gibraltar en su estrategia de este contencioso, aunque parece por lo visto ahora que ese no es el planteamiento de Rajoy ni de su ministro Margallo.
En su día, España para recuperar la soberanía se planteó renunciar incluso a la plena españolidad del no cedido istmo y reconvertirlo en territorio co-soberano hispano-británico, por lo menos eso pretendía José María Aznar durante las negociaciones de 2001 y 2002. Este precedente demuestra que España, en su negociación con el Reino Unido, podría considerar imaginativamente otras fórmulas de recuperación final de la soberanía con modulaciones de formas, procedimientos y contenidos que de algún modo tengan en cuenta los tres intereses esenciales del Reino Unido, Gibraltar y España.
En este contencioso hay cosas incontrovertidas y sobre las que España tiene toda la razón de su parte. Por ejemplo, la plena españolidad del istmo, donde los derechos españoles son muy claros, aunque se renunciara en su día a su plena españolidad para recuperar soberanía sobre el resto de la Roca. Pero no se puede decir lo mismos según el derecho internacional sobre el territorio cedido por el tratado de Utrecht o las aguas territoriales.
Así que España debe medir muy bien su estrategia y los efectos de sus acciones. Ahora parece  querer aprovechar la presencia de turno de Argentina en el Consejo de Seguridad para lanzar una ofensiva diplomática conjunta sobre las Malvinas y Gibraltar. Mezclar estos dos contenciosos puede resultar muy peligroso, además de un error porque son temas parecidos pero no iguales y ni siquiera tienen los mismos concesos.
En estos momentos todas las partes -España, el Reino Unido y Gibraltar- están planteando llevar el eterno tema de la soberanía a los organismos internacionales. Pero el Gobierno de España no puede olvidar que cada vez que se ha hecho así, se ha invocado el riesgo que pueda haber sobre el estatus de Ceuta y Melilla, pese a ser situaciones muy diferentes en su origen y desarrollo histórico.
El peligro está en contraponer en los foros internacionales el criterio territorial (el marco físico del que forma parte) al poblacional (la opinión de sus habitantes) porque seguro que Marruecos replantaría la cuestión de Ceuta y Melilla con apoyos internacionales de los que hoy día carece totalmente. Que este Gobierno mida bien los efectos posibles de sus acciones de ahora, no vaya a llevarse una sorpresa después.
María José y Ángel Luis Jiménez

martes, 13 de agosto de 2013

Cambiar las reglas.

En la ciudadanía no caben dudas sobre la urgente necesidad de reformar el sistema de reglas de nuestra democracia, pues los políticos las utilizan a su antojo sin importarles el desdén ciudadano o el rechazo que les tienen a ellos y a su política.
Franz  Kafka escribió en 1918: “Irrumpen los leopardos en los templos y se beben los cálices, esto se repite y se repite hasta que se vuelve previsible y se transforma en parte de la ceremonia del templo”. Ahora, en 2013, lo que debería ser excepcional y raro como un leopardo en el templo parece haberse convertido en norma y formará parte de la ceremonia política en Andalucía, pues el presidente elegido por el Parlamento se va sin comparecer ante el Parlamento. Esta vía sigilosa, inaugurada por Manuel Chaves en la primavera de 2009, se repetirá con Juan Antonio Griñán a finales de Agosto.
Chaves impuso la norma no escrita de dejar la presidencia sin explicaciones parlamentarias, y tampoco Griñán hablará de su dimisión ante el Parlamento que lo eligió hace 15 meses. ¿No sería lo adecuado dimitir del cargo de la misma forma en que se asumió? Los partidos gobernantes han reducido los parlamentos a cámaras de asentimiento y adhesión, decorativas e insustanciales a la hora de las decisiones trascedentes. También eso está ocurriendo con el actual Gobierno nacional del PP, ejemplo de continuos desaires y mentiras al Congreso.
Los políticos profesionales se duelen del poco aprecio que les tienen los ciudadanos, pero olvidan el inmenso desdén que los gobernantes demuestran hacía las instituciones democráticas. El desdén ciudadano hacia la política sólo es un reflejo o una consecuencia del desdén de los políticos hacia los ciudadanos. La aversión hacia la política coincide con la indiferencia, que es una forma de desapego, fastidio y distanciamiento. Ya no creo que quepan dudas sobre la necesidad de reformar un sistema de reglas que evidencian tanta aversión y rechazo.
El estío es tiempo propicio para reflexionar sobre la forma de corregir la desafección ciudadana. Es muy preocupante el número de personas decididas a engrosar las filas de los abstencionistas que, junto a las intenciones de voto en blanco y a los indecisos, suman en torno a la mitad del electorado potencial, que según las encuestas sigue bajando. Todo ello en un contexto de desánimo y desconcierto colectivo ante la falta de explicaciones y las malas costumbres de los políticos. Porque incluso cuando presumen de dar explicaciones, no las dan. Y lo peor es que recriminan a los que las piden el estar poniendo en peligro la grandeza de la patria o la marca España.
Solo nos queda a la ciudadanía poder observar la realidad -la de verdad, la nuestra, no la política- con ironía, sentimiento critico y distanciamiento. Y prepararnos para salir todos a la calle a partir del próximo septiembre agitando las conciencias de los que tienen más y de los que tienen menos, incluso de los que no tienen nada, en defensa de una autentica democracia participativa y representativa y una economía diferente que garantice el derecho al trabajo y a una calidad de vida digna. Derechos constitucionales, recortados o desaparecidos, que hay que recuperar con nuevas reglas políticas, pues las que tenemos ya no nos sirven. En definitiva, un cambio de valores y una moral diferente para hacer de sus crisis nuestras soluciones, porque ya no necesitamos más pruebas para ver perfectamente que el sistema no funciona ni para ellos, ni para nosotros, ni para el país.

María José y Ángel Luis Jiménez

sábado, 10 de agosto de 2013

Después de la tragedia.

Luis Gómez-Pomar y Gonzalo Ferre, presidentes de Renfe y Adif respectivamente, comparecieron ayer en el Congreso de los Diputados para intentar esclarecer las causas por las que un tren Alvia descarriló el 24 de julio, matando a 79 personas. En solo 16 minutos despacharon el asunto y, por supuesto, no asumieron responsabilidad alguna.
La enorme lista de preguntas de la oposición sobre la tragedia ferroviaria de Santiago recibió ayer escuetas explicaciones de los presidentes de Renfe y Adif en la Comisión de Fomento que intenta aclarar las causas del accidente. Julio Gómez-Pomar (Renfe) y Gonzalo Ferre (Adif)  despacharon las dudas expuestas durante varias horas en dos intervenciones que duraron, sumadas, 16 minutos. “Yo no hice ninguna declaración ni en las primeras 24 ni 48 horas del accidente ni se me ha ocurrido inculpar a nadie. El trazado cumple con toda la normativa en vigor”, dijo Ferre. Algo parecido argumentó sobre las condiciones técnicas. “No ha habido ninguna modificación en la política de Adif sobre seguridad”. Y rechazó así el hecho de que los recortes presupuestarios hayan podido influir en el siniestro.
Por su parte, el titular de Renfe, Julio Gómez-Pomar aseguró que su principal preocupación son “las víctimas”. Respecto a la cascada de preguntas sobre la seguridad que le formularon los grupos quiso delimitar su propio papel como presidente, “los sistemas de seguridad no los decide quién tiene la responsabilidad en un momento de liderar la compañía, sino un equipo de ingenieros y técnicos que se toman muy en serio la seguridad. Esta es la base sobre la que se debe producir la discusión”. Volviendo sobre su primera intervención para asegurar que todos los protocolos se siguieron. “He dicho que es una curva por la que el tren circula a una elevadísima velocidad. He intentado ser enormemente descriptivo y no valorativo, no nos corresponde hacer un análisis de las causas solo un retrato de los hechos”. Terminó diciendo  que “toma nota” de las recomendaciones planteadas.
Estas declaraciones de los responsables de los servicios ferroviarios de este país, así como las de la ministra de Fomento, resultan inaceptables e inadmisibles. Espero que en el juicio que se está gestando aparezcan como imputados los responsables de Renfe, Adif y el Gobierno, así como todos los que por activa o por pasiva han decidido que circulen trenes a 200 kilómetros hora sin medidas de seguridad y con la posibilidad de un despiste, desmayo, desatención, llamada telefónica o lo que sea del maquinista. Aquí estamos ante una negligencia clara e intolerable de los verdaderos responsables de seguridad de Renfe. Son ellos los responsables de lo que ha ocurrido. Y resulta increíble que esto haya sido posible en un país que se jacta de ser un líder en ferrocarriles. La carga y la responsabilidad de esta tragedia debe ser asumida por todos los responsables sin más. Eso espero de la acción de la Justicia. Porque no se puede tolerar que un despiste de un maquinista por recortes presupuestarios, aunque digan que no, haya costado la vida a 79 personas y haya causado a otras tantas heridas físicas y psíquicas para toda la vida.
Ángel Luis Jiménez Rodríguez

viernes, 2 de agosto de 2013

No era su día.

Quizás el PP pensó equivocadamente que programar la intervención de Rajoy  un primero de Agosto, día de la operación salida, le libraría del escrutinio de millones de españoles que estarían viajando o de vacaciones. Por supuesto, se olvidaron de las redes sociales, que hoy están al rojo vivo para recordarles a Rajoy y al resto de nuestros representantes políticos que los ciudadanos de este país no estamos dispuestos a tolerar nuevas excusas y silencios frente a la plaga de corrupción que nos asola. Y mucho menos a reducir su papel en el caso Bárcenas a un problema de ingenuidad y de buena fe.
Al final esta operación de enmascaramiento puesta en marcha por el PP puede resultar la operación salida del propio Rajoy. El presidente del Gobierno ya está marcado, pillado y tocado. Y ni la intervención de hoy, hecha para tranquilizar a su gente, le salvará porque según las encuestas solo un 14% de los españoles creen en su inocencia. Ya solo le queda dimitir
El PP necesita un chivo expiatorio para salvar la situación, ya que están en juego los dineros de la trama Bárcenas y el futuro del partido. Y se mire por donde se mire, y para su desgracia, Rajoy siempre está en medio. Y al PP y sus dirigentes les importa más su futuro que la realidad española, su imagen exterior o la marca España, aunque caiga Rajoy.
Que no se diga más que la oposición es la responsable de la mala imagen de la marca España, porque la responsabilidad no es de quién denuncia una estafa sino de quien la comete. Somos por culpa del PP una vergüenza internacional. Y las medidas de regeneración y transparencia prometidas son nuevas mentiras y engaños para confundir al personal.
Así que no basta con decir “me equivoqué” y después no asumir responsabilidades ni dimitir. No basta con decir “ahora sé que Bárcenas no merecía mi confianza”, después de años de trabajo conjunto, decisiones inevitablemente compartidas e intentos de enmascaramiento.
Y si estorba a los que mueven los hilos, los aplausos fervorosos y constantes de los diputados del PP no salvaran a Rajoy. Sobre todo porque ese entusiasmo parlamentario solo encubre un patetismo insoportable al sugerirle a Rubalcaba la idea de que los dos partidos PP y PSOE deben salvarse juntos, cuando nunca el bipartidismo ha estado más roto que en esta legislatura. Otro golpe de efecto previsible e inútil de Rajoy, una versión camuflada del tú más que yo y vamos a salvarnos juntos. Aunque también le salió mal. No era su día.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez