Balance de un año muy duro.

Estos últimos días del año deben ser de recapitulaciones y balances, pero de balances con números porque como dicen los viejos lo que se puede contar, medir o pesar no admite discusión.

El balance de este año, muy duro en recortes, reformas y sufrimientos para la mayoría de los españoles, no puede hacerse en base a las simpatías políticas o ideológicas de cada uno, sino fundamentándolo en datos reales y objetivos para saber los efectos que han tenido las decisiones del Gobierno en el bienestar de la gente normal y corriente.

Para hablar de balances nada mejor que la contabilidad nacional, que en el tercer trimestre del año registraba una perdida de 1.3 millones de personas empleadas y un millón más de parados que cuando Rajoy tomó posesión como presidente del Gobierno.

El sueldo medio de los españoles descendió un 2,5% según las estadísticas de la Agencia Tributaria. Uno de cada tres trabajadores cobró en 2013 el salario mínimo interprofesional (645,30 euros/mes) congelado desde 2012, y dos de cada tres autónomos pueden ir olvidándose ya de cobrar alguna vez el paro según los datos conocidos.

La renta nacional disponible -de la que disponemos los españoles para consumir o ahorrar- ha caído unos 11.000 millones en los seis primeros meses de 2013 en relación al 2011. Esa caída en la renta ha perjudicado principalmente a los asalariados, cuyas remuneraciones en los nueve primeros meses de 2013 fue 35.000 millones menos que la correspondiente al mismo periodo de 2011. Una caída que se debe tanto al menor empleo como a la bajada de salarios.

La deuda pública española aumentó unos 217.500 millones de euros desde que nos gobierna Rajoy, y la carga de los intereses que pagamos han aumentado un 15%, pese a los ajustes, recortes y austeridad de los presupuestos presentados por el Gobierno este año y el pasado.

En contra de lo que dice el Gobierno, el deterioro de la economía y las rentas se ha repartido muy desigualmente, pues ese deterioro lo están sufriendo en mayor medida las personas más desfavorecidas. Y el papel fundamental de la desigualdad en la catástrofe económica que estamos viviendo ha sido de carácter político.

La tasa de riesgo de pobreza ha aumentado hasta el 28,2 % de la población total y la diferencia entre los ingresos del 20% más rico y el 20% más pobre de los españoles subió hasta el 8,1%. Y siguen aumentando cada día más los porcentajes de las familias que retrasan pagos o llegan con dificultades a final de mes.

Los indicadores sociales de las cuentas nacionales cada día son peores, pero el número de millonarios (personas con un patrimonio valorado en más de un millón de dólares) experimentó entre mediados de 2012 y la primera mitad de 2013 un crecimiento del 13,2%.

Este aumento de hasta 402.000 personas millonarias en nuestro país, según refleja un estudio elaborado por la Banca Suiza, se produce en el momento que España alcanza la cifra de casi seis millones de parados.

Los impuestos han subido con Rajoy más de 30 veces y cuatro veces este año el recibo de la luz. La destrucción de empresas bajo su mandato es espectacular: 53.047 menos en 2012, y a mediados del 2013 el número de las que se habían declarado insolventes fue un 27% más elevado que en 2012.

Estos son datos y números, no lo que me parece que ocurre. Y ahora juzguen ustedes si estos datos y números son como para acabar con la recesión y sacarnos de la crisis como dicen Rajoy y sus ministros. Estos datos y números no hacen sino confirmar un año más el retroceso de nuestro país y las permanentes mentiras del Gobierno del Partido Popular. ¿Podemos hacer algo? Yo creo que sí. 

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Qué largo se nos está haciendo el franquismo.

Esta frase que aparece reiteradamente en las redes sociales expresa un fuerte sentimiento de rechazo a esa herencia recibida que ya debería haber desaparecido de nuestras vidas.

Muchas personas, que vivimos la Transición y el cambio de un régimen dictatorial a un sistema democrático con partidos políticos, pensábamos que hasta la derecha franquista podría articularse como un partido conservador a la altura de esos tiempos de cambio. Pero entonces igual que ahora, el Partido Popular corre el riesgo de perder la mejor oportunidad que ha tenido la derecha española de articularse como un partido conservador y democrático a nivel europeo.

Después del logro de convivencia que fue el pacto constitucional y el periodo de la Transición, la Alianza Popular de Fraga volvió a la intemperancia y al desdén e impidió la formación de un partido que pudiera representar con toda dignidad y sin sectarismo a un importante segmento del pensamiento conservador español contemporáneo. Posteriormente a Fraga y Alianza Popular, otra oportunidad perdida fue la de José María Aznar, cuyo retrato histórico -al contrario de lo que el mismo parece suponer- será previsiblemente insignificante y negativo, pese a los muchos intentos que está haciendo con la publicación de sus recuerdos o memorias.

En lugar de aprovechar su oportunidad José María Aznar interfirió esa tarea incrustando en el Partido Popular la intolerancia de grupos religiosos, sociales y políticos herederos del franquismo y cercanos a su obtusa personalidad. También propició en el partido sus actitudes intransigentes y sectarias. Ahora en la oportunidad que se le presenta a Rajoy, el partido y él parecen haber aceptado esa parte de su legado sin beneficio alguno de inventario. Porque esa fue su práctica política el tiempo estuvo en la oposición.

Ahora en el Gobierno parece que Rajoy quiere proseguir con aquel temple agresivo y excluyente de Aznar, con esa impronta autoritaria que no duda en relegar a cualquiera en aras de los intereses del partido. Ese autoritarismo anticuado que definió tantas veces a nuestra vieja derecha y vuelve a estar de actualidad con esas leyes y reformas que nos están devolviendo al pasado. Aquí y allá, sigue advirtiéndose en las filas del Partido Popular el fanatismo que habita en determinados círculos intolerantes del franquismo y en mentes políticas integristas. Cada día más estamos volviendo al pasado. Dios mío, que largo se nos está haciendo el franquismo.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

La semana negra del PP.

Aunque el PP diga que no pasa nada, si está pasando. Porque se ha convertido en el principal problema de los españoles después del paro ¿o por delante del paro?

Este fin de semana se han cumplido dos años de la toma de posesión de Mariano Rajoy como presidente y de su Gobierno (el 21 Rajoy y el 22 los ministros). Sin embargo, una semana que tenía que haber sido de festejos para sus simpatizantes y militantes se ha convertido en una semana negra y de escándalo permanente. Ya que han quedado muy tocados el presidente de honor, José María Aznar (con los correos Blesa-Aznar), el presidente de Madrid, Ignacio González (con el ático de Estepona), y el corazón del PP, la sede de Génova 13, con un  registro de la policía durante 14 horas en busca de los documentos de la manipulada contabilidad del partido.

Además de estos escándalos de corrupción o maniobras políticas en las cajas A y B, la semana ha concluido con el Gobierno dividido y muy alterado por su “guerra” contra las eléctricas, que  ya se sabe cómo acabará: subida de tarifas para la gente y ganancias para las eléctricas. Y nuevas leyes como la del aborto y la ley mordaza que abren una batalla larguísima que puede acabar con la imagen pública de los ministros Gallardón y Fernández Díaz. Según las últimas encuestas estos ministros han pasado de ser valores políticos del PP a ser muy mal valorados por los españoles. Todo esto ocurre porque el PP no gobierna para los españoles, sino para sus convicciones. Y lo que es peor, con la moral de la Iglesia católica en un Estado aconfesional.

Algo tendría que hacer el PP, pero parece que no les preocupa lo que ocurre, pues sus dirigentes recuerdan que ya se han acostumbrado a que todo esté patas arriba y nunca pase nada. Comentan que “Rajoy dice que es cuestión de esperar y tiene razón. Una noticia borra a la otra, y al cabo de pocos días todo se olvida. ¿Alguien habla ya de los SMS con Bárcenas que tanto lio armaron en Julio? Nadie. A Rajoy le basta con esperar y eso lo hace mejor que nadie. No va a pasar nada”.  Pero aunque digan que no pasa nada, las encuestas del CIS del mes pasado señalan que el PP se ha convertido en el principal problema de los españoles después del paro. Y va a peor. Nunca se sabe si Rajoy, como buen gallego, sube o baja, pero si tengo seguro que siempre está mintiendo o engañando a los españoles. 

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Los servicios municipales ¿públicos o privados?

Esta semana el Tribunal de Cuentas ha publicado el Informe de Fiscalización del sector público local del ejercicio 2011. El informe incluye un análisis específico sobre la prestación de los servicios públicos municipales en los ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes, que son la mayoría de los municipios del país, el 95% del total. Un estudio particularizado de cinco de los servicios de prestación obligatoria por parte de todos los municipios -abastecimiento domiciliario de agua potable, alumbrado público, limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y cementerio- en concreto sobre la forma de gestación de la prestación, su coste y los indicadores de gestión.

El contenido del informe podrá ser consultado a partir de los próximos días en la página web del Tribunal (www.tcu.es). Pero según un avance del propio Tribunal “sale más caro un servicio público cuando lo ofrece una empresa privada que cuando lo ofrece el ayuntamiento”. Y da ejemplos concretos como que recoger la basura de una ciudad o un pueblo del tamaño indicado (inferior a 20.000 habitantes), si lo hace el ayuntamiento sale por 42,55 euros por habitante y si lo hace una empresa privada sale por 53,90. Además advierte el Tribunal que ese encarecimiento no implica en absoluto un mejor servicio. Otro ejemplo concreto, cuando el Ayuntamiento gestiona directamente la limpieza hay 36 papeleras y cuando lo hace una concesionaria hay solo seis.

Sin embargo, llevamos años escuchando que hay que privatizar la gestión de servicios básicos para ahorrar en el gasto de la Administraciones Públicas. Un mantra repetido hasta la saciedad sin que nadie en el PP o en las entidades que gobiernan, ya sean locales, provinciales o autonómicas, acompañen con cifras para afirmarlo. Con este argumento hemos visto conceder a empresas privadas la limpieza de nuestras calles, la recogida de basura y últimamente hasta hospitales públicos. Pues bien, el único ahorro que parece tener este afán privatizador es en puestos de trabajo. Aunque si podemos hablar de las posibilidades de negocio derivadas de los servicios municipales. Y es normal desde una óptica empresarial y de mercado, ya que el mercado está orientado únicamente hacia la obtención del lucro o la ganancia vía personal o precio.

Esta misma semana la Comisión europea recomendaba a España abordar la reforma de las administraciones. Pero reforma y privatización no son sinónimos por más que aquí se empeñen algunos. La Administración tiene que ser eficaz y eficiente, y probablemente la mejor vía para conseguirlo sea respetar y confiar en los profesionales y en una gestión de personal que promocione el trabajo bien hecho, lo que necesita del concurso de unos sindicatos de la función pública modernos y razonables. Pero sobre todo, y por encima de cualquier otra cosa, se necesita que estos servicios no sean gestionados como si fuera un cortijo propiedad del PP.

Hay que apostar decididamente por una gestión cien por cien pública de todos los servicios que garantizan necesidades y derechos humanos básicos, sobre todo, en una sociedad tan  injusta y desigual como la actual. Y el acceso a esos servicios debe ser universal, incondicional y gratuito, porque la universalidad es condición esencial de todo servicio público. Para ello, cada uno debe contribuir en la medida que le sea posible al rearme ideológico de la ciudadanía, cada vez más movilizada en defensa de aquellos servicios públicos que tanta lucha, esfuerzo y sufrimientos supusieron a las generaciones que nos precedieron. Que su lucha no haya sido en vano está en nuestras manos.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Vivir sin miedo.

En un video colgado en YouTube el año pasado decía Izquierda Unida que la crisis acabará cuando el miedo cambie de bando.

Esto me recuerda lo que decía Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos de América y uno de los Padres Fundadores de la Nación americana: “Cuando el gobierno teme al pueblo se vive en libertad, pero cuando el pueblo teme al gobierno se vive en la tiranía”. El miedo es la clave: los que sufren lo tienen, los culpables no temen nada, y eso tiene que cambiar.

Los insultos y las amenazas de los poderosos para crear miedos son siempre rechazables, pero entre nuestros diputados del Congreso mucho más. Y cuando se producen de un ministro a un diputado merecen la descalificación más contundente. Fue el caso del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, replicando en el Congreso de los Diputados de manera alterada y con insultos del estilo “Usted dice tonterías y es ridículo” o “Pero quien se ha creído que es Usted” a las críticas del diputado socialista Eduardo Madina sobre el controvertido anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que ha merecido desde su presentación en el Consejo de Ministros las descalificaciones más contundentes.  

Las formas del ministro recordaban a las de otros tiempos, sintetizadas en el “Usted no sabe quién soy yo”. Y verdaderamente daban un poco miedo, sobre todo por el talante poco democrático, irracional y regresivo de quién tiene la obligación de velar por la seguridad de todos los españoles. Actuaba al contrario de lo que es su obligación, la cortesía parlamentaria y el respeto debido por el lugar donde se celebraba el debate, pues todos pudimos contemplar como intentaba meterle miedo al portavoz del principal partido de la oposición. No sé si era un aviso para él o para el común de los ciudadanos.

Y es que la Ley de Seguridad Ciudadana, inspirada en la Ley de Vagos y Maleantes del régimen franquista, da miedo. Esta ley supone la definitiva vuelta del franquismo más descarado. Y por si no teníamos ya bastantes indicios, ahí va una muestra. Penalizará y limitará las protestas, el derecho de manifestación y cuanto moleste a los gobernantes y a la policía mandada por ellos. Las multas serán demenciales y se castigará cualquier insumisión o desacuerdo o lo que las propias fuerzas del orden consideren “amenazas, insultos, coacciones, injurias o vejaciones” contra los agentes. Es decir, éstos podrán moler a palos a los manifestantes, y ellos no podrán responder de ningún modo, ni siquiera legal.

Esta ley con multas inicialmente de hasta 600.000 euros, aunque con la posibilidad de revisarlas posteriormente, echa a los ciudadanos a los pies de los caballos y blinda a los policías y a los políticos que se sirvan de ella. Sin duda, lo propio de un Estado policial, porque las denuncias de los policías tendrán presunción de veracidad y, por tanto, será el denunciado quién deberá demostrar que lo dicho por los agentes es falso. Esto es la justicia al revés, la negación de esta. La vuelta a la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte, esa ley por la que se establece que no hacen falta leyes, ni normas protectoras, ni regulaciones de ningún tipo.

Así que a los desprotegidos ciudadanos no nos hace falta esta ley policial sino la revisión de la ley electoral y unas elecciones anticipadas. Y no tenerle miedo al miedo o confundir el miedo con sus causas, que son a las que hay que temer y combatir. Pero sobre todo lo que hay que hacer es luchar para que el miedo cambie de bando.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez 

El déficit tarifario.

El artículo 47 de la Constitución Española dice “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho [...]”.

Me figuro que cuando la Constitución dice digna y adecuada, se refiere a los servicios básicos como el agua, el gas y la luz. Así que hoy es un buen momento para hablar de uno de esos servicios básicos, la luz. Sobre todo por sus continuas subidas de precio o por algo más extraño y de lo que habla permanente el Gobierno, el déficit tarifario. Unos días el ministro de Industria, señor Soria, nos dice a los ciudadanos que la luz no subirá y otros nos avisa de lo contrario, que subirá, pero que todo depende del déficit tarifario.

Pero, ¿qué es el déficit tarifario? Para aclararnos hay que decir que este es un concepto inventado por Rodrigo Rato para ayudar a las eléctricas cuando tenía cartera de vicepresidente en el Gobierno de Aznar. Y hasta hoy. La definición es sencilla: el déficit tarifario es la diferencia entre lo que cuesta generar electricidad y el precio que pagamos los españoles en la factura. Nos dicen que este déficit tarifario está “perfectamente” cuantificado en 26.000 millones de euros acumulados.

Ahora bien, la mayoría de los españoles nos preguntamos cómo se ha calculado esa cifra. Quién la ha proporcionado. Y basándose en qué informes. Por supuesto, la cifra ha sido calculada y cuantificada por las empresas eléctricas y, por increíble que parezca, ha sido asumida por el Gobierno tal cual. Sin dudarla. Sin comprobarla. Sin auditarla. Sin embargo, cosa extraña ¿o no?, la Comisión Nacional de la Energía si audita las productoras eléctricas de energía renovables. ¿Por qué?

Así que una vez más tenemos una deuda generada en un sector privado que, por arte de birlibirloque, pasa a ser pública. Pero no tan pública, porque en julio el ministro Soria promulgó la siguiente fórmula como solución para reducir en 4.500 millones el déficit tarifario durante el 2013: 2.700 millones los pondrían las compañías productoras y 1.800 los ciudadanos. De esta última cifra, 900 millones los pagaremos como consumidores (la tarifa subió con este argumento el 1 de agosto más de un 3%); de hecho, la mayor parte del importe de nuestra factura de luz se va para este concepto. y los otros 900 millones, como contribuyentes con impuestos indirectos.

Nos quedamos tranquilos, pero llegó el otoño... y en octubre la luz subió de nuevo, por cuarta vez, este año. Pero aún hay más. Hace unos días el ministro de Industria anunció que la cosa empeora y anuncia otra subida a partir del 1 de enero de 2014. ¿Por qué? Está claro, por el enigmático y misterioso déficit tarifario. Así que ahora el ministro donde dijo Digo, ahora dice Diego. Ya hace siete años que los españoles llevamos sufriendo subidas en el coste de la luz de hasta un 67%. Subidas que cada vez tienen menos que ver con la crisis y más con la estafa.

Las empresas eléctricas de nuestro país (Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa) no son empresas con pérdidas por ese déficit tarifario, déficit nunca auditado, sino que por el contrario para el 2013 duplicaran beneficios en relación a sus homólogas europeas según datos de las propias empresas. Ya en 2012 aparecían en el ranking  de las diez eléctricas europeas con más ganancias. Además tienen entre sus máximos accionistas a bancos patrios, Gobiernos extranjeros y fondos de inversión de “alto nivel”. Me figuro que por algo será.

En fin, según el Gobierno hay que resignarse a que la luz cueste lo que digan las eléctricas para que generen beneficios, ya sea vía consumo o déficit tarifario. Así que los pequeños consumidores poco pueden hacer en defensa de su bolsillo mientras que a este Gobierno le preocupen más los beneficios de las empresas eléctricas y su cotización en bolsa, que los intereses de la gente llana como sería lo normal. Aunque con nuestro voto podemos cambiar estas actuaciones. ¿Lo haremos?

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

¿Volverá el diálogo y el consenso a la política?

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica unos resultados en intención de votos que permitirían a IU y UPyD duplicar sus actuales 11 y 5 escaños. Sin embargo, el PP y el PSOE solo conseguirían alrededor de 140 diputados según Metroscopia.

Si se confirman esos resultados condicionarían el poder de los dos grandes partidos. Aprovechando la crisis del bipartidismo, la sed de regeneración democrática reflejada en todas las encuestas y la indignación de la gente, IU y UPyD están trabajando para convertirse en fuerzas decisivas. Además, Rosa Díez y Cayo Lara se confirman como los lideres mejor valorados por los ciudadanos, aunque con notas por debajo del 5 como todos los políticos.

Ahora tratan de no perder la perspectiva y ahondar en sus respectivos proyectos con vistas al primer examen que serán las elecciones europeas de mayo próximo. Una cita que al igual que las autonómicas, las municipales y las generales de 2015 afrontarán con mejores perspectivas. La proyección de escaños según las encuestas muestran que Izquierda Unida alcanzaría su  hasta ahora cifra record (25 escaños) y UPyD pasaría de 5 a 11 diputados. Por su parte CIU  dejaría de ser la formación bisagra en el tablero nacional, pues bajaría de 16 a 10 ó 11 diputados.

Con los datos y estimaciones de los sondeos y encuestas indicados, no resulta fácil conjeturar las alianzas que pudieran permitir a PP a PSOE tomar las riendas de un nuevo gobierno y menos por mayoría. Porque el resultado global, que parece más probable, sería una ajustada victoria -no muy alejada del empate- del PP sobre el PSOE: 146 escaños frente a 131. Hay quien habla como alternativa de una gran coalición PP-PSOE, que trabajara al unísono por un tiempo, al menos hasta dejar atrás la actual crisis, para llevar a cabo las reformas estructurales y constitucionales necesarias para el país, solo posibles con su esfuerzo conjunto.

Evidentemente esto es una ensoñación porque España no es Alemania, aunque la ciudadanía añore el retorno de la política según expresa sondeo tras sondeo. Es decir, la ciudadanía quiere volver a la negociación y al pacto como modo permanente y buscado de resolución de problemas y desacuerdos, y al predominio del dialogo y el respeto mutuo como estilo propio de la vida pública. Lo que resulta inexplicable con tantos sondeos de opinión como hay ahora es que los partidos escuchen únicamente a sus cuadros y militantes y apenas se esfuercen en oír la voz de la calle o al menos de quienes les votan.

El aleteo de la derecha más reaccionaria, no precisamente sintonizado con el sentir del votante medio, puede pasarle factura al PP. Y en el PSOE, sus votantes no son proclives a aventurismos soberanistas de carácter excluyente que, en cambio, agradan a parte de los dirigentes de su partido hermano el PSC. La gente está cansada de tanta fatiga y no ve respuestas. Estamos desaprovechando la oportunidad de actuar antes de que vuelva un nuevo estallido económico o social. Porque los problemas se resolverán o no, pero lo que no se puede hacer es dejar que se pudran. 

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

¿Guerra contra los pobres o contra la pobreza?

En esta crisis se está librando una guerra cruel contra los pobres, pero no contra la pobreza, porque entienden muchos gobiernos de derecha que la ayuda a los perdedores o excluidos está perjudicando la recuperación y el crecimiento económico.

En un ensayo reciente del sociólogo Daniel Little, Rector de la Universidad de Michigan,  hablando de la ideología del mercado insinuaba que para los neoliberales o la derecha en general, el mercado siempre tiene razón y la gente que acaba en la pobreza es porque merece ser pobre. O sea, que si eres pobre de alguna manera eres un incompetente y la culpa es tuya, pero no del sistema, cuando es el sistema el que no les permite sacar la cabeza de la pobreza y el ostracismo, si has tenido la fatalidad de nacer pobre. 

Compruebo todos los días que en nuestra sociedad se está librando una guerra contra los pobres y excluidos, pero no contra la pobreza culpable de muchos de nuestros males sociales y morales, y que además esta guerra coincide con el padecimiento y la desigualdad de mucha gente por una economía en crisis como la actual. Ahora esta guerra se ha convertido en el asunto central y definitorio de la política de muchos gobiernos de derecha, que atribuyen la debilidad actual de la economía a una excesiva intervención del Estado o al llamado Estado del bienestar.

Por eso, la gran preocupación de los gobiernos -sobre todo de derechas- es su ansiedad por los déficits presupuestarios, y no ayudar a tantos “perdedores” a pagar sus hipotecas. O a tantos “excluidos” por el sistema a recibir ayudas sociales. Así que en sus propuestas presupuestarias incluyen recortes y ajustes, sobre todo en los programas de protección social. Nada de dependencia, nada de prestaciones por desempleo o cualquier otra asistencia social hasta que se alcance la recuperación. Pero entonces esos Gobiernos, ¿a quién sirven? Porque es deber de los Gobiernos y de los Estados dar protección a sus ciudadanos desprotegidos por la crisis hasta que se salga de ella. Y así debería hacerse, pero no se hace.

Muchos Gobiernos más que servir al pueblo sirven a los ídolos del poder o del dinero, olvidándose por completo de las personas. Se han olvidado y siguen olvidando que por encima de los mercados o de los negocios está el ser humano y su dignidad como hombre o mujer. Así que no puedo entender a nuestro Gobierno o a cualquier otro Gobierno que no ofrezca a sus ciudadanos la posibilidad de vivir con dignidad y de participar activamente en el bien común. Porque si no es así, ese Gobierno no me sirve y hay que cambiarlo. Así de simple y sencillo.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

La Constitución: un texto subversivo.

En estos tiempos donde la economía lo marca todo, la Constitución Española puede ser un texto subversivo por lo imperativo de sus derechos sociales.

El periodista Iñaki Gabilondo hablaba en estos términos en un debate con el expresidente del Tribunal Constitucional Pascual Salas, organizado por la Asociación Valenciana de Juristas Democráticos y en conmemoración de la ratificación de la Constitución Española por el pueblo español, un 6 de Diciembre de hace 35 años. Desde entonces, cada año se conmemora oficialmente ese día aunque sin otorgarle el rango de fiesta nacional, tal y como debería ser.

La enumeración de los derechos recogidos en la Constitución por parte de Pascual Salas provocó un agudo comentario de Gabilondo que despertó la hilaridad del auditorio. “La Constitución ha sonado siempre a texto subversivo. Tanto, que he pensado que, de un momento a otro, iba a aparecer alguien y se iba a llevar detenido a Salas”. Tras las risas, el periodista recalcó que la Constitución parece fatigada de tanta sangre como se le ha extraído y ante el auditorio, que abarrotó la sala del céntrico hotel donde se desarrolló el debate, instó a salir del acto con alguna reflexión. “En el Estado de derecho hemos de creer todos” y “hay que practicar la autocritica”. Remachando su intervención con estas palabras: “Necesitamos ser gobernados y en este momento el Gobierno solo está llevando la contabilidad”. Y es que gobernar es escuchar la realidad o la verdad efectiva de las cosas y después anticiparse. Pero en el reino del PP nunca pasa nada.

Estos días debemos recordar y debatir sobre la influencia de la Constitución actual en nuestra vida social y política, incomparable con cualquier otra anterior, si exceptuamos la de Cádiz de 1812 o la Republicana de 1931, que apenas tuvieron vigencia. Las otras constituciones anteriores parecían leyes más que constituciones, ya que podían ser modificadas por simples decisiones parlamentarias sin ni siquiera requerir mayorías cualificadas. La Constitución actual en cambio es una norma emanada del poder constituyente, que reside en el pueblo español y no de un poder constituido (art.1.2 CE), su rango jerárquico es superior al resto de normas del ordenamiento (art.9.1 CE) pudiendo el Tribunal Constitucional declarar nula cualquier norma con rango de ley contraria a la Constitución (art.159-165 CE). Por tanto se trata de una norma jurídica suprema que está por encima de todas las leyes, tanto por su consenso y legitimidad  como por su eficacia jurídica.

En la actualidad hay motivos razonables para pensar que ciertos aspectos de la Constitución deberían ser modificados. De hecho, algunas instituciones políticas y la ciudadanía demandan desde hace años cambios constitucionales debido a notorios defectos que exigen su rectificación. Por ejemplo ciertos aspectos de las autonomías, o el sistema electoral en relación con unos partidos opacos y poco democráticos que tienden a monopolizar todos los poderes o el disfuncional modo de gobierno de los jueces. Según el profesor de Derecho Constitucional Francesc de Carreras y otros constitucionalistas hay necesidad de hacer reformas. Sin obviar que el valor político de nuestra Constitución radica en que fue aprobada por una gran mayoría mediante consenso y que lo constitucional, como siempre se ha dicho, es lo no votable o modificable por un Parlamento.

Una vez dicho esto, podemos plantearnos si la reforma que se pretende es conveniente, es decir, si es necesaria jurídicamente y oportuna políticamente. Y es que si se pudieran obtener los mismos efectos por cambios legales sería preferible, al menos hasta que haya una mayoría equiparable a la que aprobó por consenso el texto constitucional de 1978. En definitiva, solo hacer los cambios imprescindibles, y cuantos menos mejor, si no hay consenso. Está claro que las demandas de reformas existen y muchas de ellas tienen sólidos fundamentos, pero el debate en serio todavía no ha comenzado y el antagonismo entre los principales partidos no permite ver perspectivas que favorezcan el consenso necesario. Así que, en esta situación, aún estamos lejos de un horizonte de reformas constitucionales. Pero, no importa, seguimos teniendo una gran Constitución, aunque a algunos les suene subversiva.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Alemania, ¿problema o solución para Europa?

Alemania con su inmovilismo económico está contribuyendo en buena medida al sufrimiento español y al de sus vecinos del sur europeo.

El miércoles 27 de noviembre, más de dos meses después de la victoria electoral de Ángela Merkel, se ha alcanzado un acuerdo entre el bloque conservador y los socialdemócratas alemanes para gobernar los próximos cuatro años en una gran coalición. Aunque todavía queda un escollo por superar: la consulta a la militancia socialdemócrata. Y es que el principal partido de la oposición se comprometió a consultar a sus más de 470.000 afiliados sobre un posible pacto de coalición. Así debería ser en cualquier partido democrático, consultar a las bases cuando se va a gobernar en coalición y se han modificado en las negociaciones los programas electorales.

La consulta entre los socialdemócratas se realizará el 14 de diciembre, y si el acuerdo pasa esa prueba habrá un nuevo Gobierno alemán presidido por Ángela Merkel justo antes de navidad. El acuerdo de gobierno, del que se han ido filtrando a la prensa sucesivos borradores, consta de más de 170 páginas donde se intenta dar respuesta a las principales reivindicaciones de los tres partidos alemanes firmantes asumiendo compromisos por valor de miles de millones de euros sin ninguna subida de impuestos. Habrá que verlo. El pacto incluye mejoras en pensiones, y dos de los puntos claves para los socialdemócratas, un salario mínimo interprofesional de 8,5 euros por hora (en España es de 2,7 euros) fijado por ley a partir del 2015 y un compromiso para permitir la doble nacionalidad.

Pero resueltos los problemas nacionales, la cuestión es a dónde quiere llegar Alemania con Europa, pues su enorme superávit por cuenta corriente -indicador general de la balanza comercial- es nocivo e introduce “un sesgo deflacionario en la eurozona” según el nobel Paul Krugman. La negativa alemana a realizar ajustes en su política económica ha multiplicado los costes de austeridad en España y en el sur de Europa. Es una simple cuestión de aritmética, puesto que el sur de Europa ha sido obligado a poner fin a sus déficits, Alemania tendría que haberse obligado  a reducir su superávit. Sin embargo, los responsables alemanes responden a todo esto que su política es impecable. Lo cual no es cierto. ¿Por qué?

Porque cinco años después del inicio de la crisis, la economía europea sigue en depresión afectada por la persistente escasez de demanda. En nuestro entorno, un país con superávit comercial como Alemania hace que el gasto de sus vecinos en bienes y servicios se desvíe a los suyos, y de esta manera les arrebata el trabajo. Es indiferente si lo hace maliciosamente o con las mejores intenciones. Lo está haciendo de todas maneras. Y ese inmovilismo alemán contribuye en buena medida al sufrimiento español y a nuestra tasa de paro de casi el 27%, y del 57% entre los jóvenes.

Alemania debía haber gastado más para evitar la depresión europea, y no lo ha hecho, mientras sus vecinos del sur estaban obligados a gastar menos. Espero que este gobierno de coalición en el que participan los socialdemócratas se dé cuenta de su error y rectifique. Porque si los europeos del sur siguen estancados en la recesión, ¿qué sentido tiene para el “corazón de Europa” hablar de una “Alemania fuerte”?. Será líder de Europa y la cuarta economía mundial, pero solo nos ofrece austeridad, un crecimiento raquítico y el despego de la política europea de la escena internacional. A Alemania ese ensimismamiento le ha hecho perder la brújula europea, y eso le acabará pasando factura, aunque también al resto de Europa. Y ya está bien.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez