El 15 de enero se presentó en el Congreso de los Diputados
una Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Básica, que fue aprobada para trámite
el 14 de marzo, aunque no se sabe cuando se debatirá.
Esta petición de una renta básica no es caprichosa, pues
tiene detrás una situación caótica y desastrosa avalada por los datos de la Encuesta
de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística del año 2013. Solo
tres datos escalofriantes: Uno, el número de parados no baja de los seis
millones; Dos, los parados de larga duración son tres millones, de los cuales
dos millones llevan más de dos años seguidos sin poder trabajar; Tres, los hogares
con todos sus miembros activos en paro y que no reciben ningún ingreso son casi
dos millones. Cuando uno se pregunta cómo el Gobierno del PP esta capeando esta
situación sin despeinarse, llega a una conclusión muy simple, hay engaño sistemático
y manipulación de datos y, por supuesto, una población adormecida y entregada,
que lo acepta todo sin rechistar.
Otra razón para pedir la renta básica es que el sistema no
es capaz de generar ya los empleos que se necesitan ni en este país ni en
ningún otro, pues desde el comienzo de la crisis en 2008 se están perdiendo
empleos en todos los sectores, aunque haya aumentado la producción. Se produce
mucho más, pero cada día con menos trabajadores. La relación entre el sistema
de producción y el empleo está a punto de cambiar drásticamente debido a la
revolución producida en energía (sobre todo en gas), robótica, nuevos materiales
y el uso de la tecnología de la información aplicada a la industria. Estamos
entrando en la segunda revolución industrial gracias a la automatización y la
robotización de las fábricas. Naturalmente esto tiene graves repercusiones para
la creación de empleo, porque cada día se crearan menos empleos buenos de forma
masiva y solo habrá mucho empleo pero de baja calidad en servicios.
El panorama inmediato es de pobreza, paro, precariedad y
marginación, lo que limita la libertad real de millones de personas que son
expulsadas hacia la exclusión social según demuestran los datos conocidos de la EPA. Mientas todo
esto ocurre el Estado no hace nada, sino reflotar y ayudar a la banca,
inyectándole cantidades astronómicas de dinero público, sin importarle que el
número de personas que no disponen de ningún tipo de prestaciones sociales se acreciente
a medida que se desarrolla el periodo de
crisis. Y en nuestra realidad cotidiana vuelva a asomar el fantasma de la
pobreza infantil, así como los comedores sociales y unos bancos de alimentos totalmente
desbordados por las necesidades de la gente.
En esta situación las ayudas no contributivas y las
correspondientes a rentas mínimas establecidas por las instituciones públicas,
muy dispares entre los distintos territorios que conforman el Estado español,
muestran descarnadamente su radical inadecuación a la realidad, se revelan
insuficientes para la condición de habitabilidad digna de las personas y se
terminan convirtiendo en una miserable carrera de obstáculos debido a su
excesiva burocratización y a su condicionamiento a situaciones de emergencia
límite que no cubren la situación de emergencia social generalizada.
Sin embargo, a los que mandan se les llena la boca de
palabras como “pleno empleo”, “estado del bienestar” o “protección social”. Y
las leyes fundamentales, la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía,
establecen con solemnidad unos derechos sociales elementales, que no tienen
eficacia directa por su supeditación a la supremacía económica. Pero ha llegado
la hora de exigir que se cumplan las leyes y que sus hechos se compadezcan de
sus bonitos discursos, especialmente ahora con las elecciones europeas. Porque
no hay dinero suficiente para saciar la codicia de los delincuentes de cuello
blanco, aunque si debe haber por ser obligación del Estado recursos suficientes
para garantizar una vida austera pero digna de todas las personas.
Sobre la Iniciativa Legislativa Popular de la Renta Básica hay
un único artículo a debatir en el Congreso de los Diputados, más una
disposición transitoria y dos adicionales:
“Artículo 1. Derecho a la Renta Básica. Se establece el
derecho de todo persona, por el hecho de haber nacido, a recibir una cantidad
periódica que cubra sus necesidades básicas. La Renta Básica se constituye como
derecho individual, universal e incondicional.
Disposición transitoria. La cuantía de la Renta Básica será
la equivalente al Umbral de la pobreza fijado en “el 60% de la mediana de la
distribución de los ingresos por unidad de consumo adjudicados a las personas”,
será de 645,33 euros mensuales correspondiendo al último dato expuesto por
EUROSTAT (año 2011), tendiendo a equipararse en los años sucesivos al
equivalente del mismo concepto.
Disposición
Adicional Primera. Aplicación gradual. Se establecen dos fases de
implementación de la Renta Básica. Una primera fase que entrará en vigor de
forma inmediata tras la aprobación de la presente Ley. Afectará a todas las
personas domiciliadas en el Estado Español e inscritas en el Servicio Público
de Empleo correspondiente a cada territorio, que no tengan cobertura por
desempleo ni dispongan de otros ingresos. De la misma manera afectará a
aquellas personas cuyas rentas, ya provengan de salarios, subsidios o pensiones
públicas, sean inferiores a la cuantía de Renta Básica prevista en este texto,
complementando los mismos hasta alcanzar la cuantía establecida para la Renta
Básica. En la segunda fase, se regulará la extensión de la Renta Básica como
derecho universal, integrando pues al resto de personas.
Disposición
Adicional Segunda. Los poderes públicos promoverán la implantación de la
Renta Básica en el ámbito del Estado Español y de la Unión Europea”.
La propuesta se establece en el umbral de la pobreza, por lo
que la mayoría de la ciudadanía optará por seguir desempeñando un trabajo
dignamente remunerado. Con la renta básica no se dejará de trabajar, pero permitirá
que no aceptemos trabajos en condiciones inadmisibles o injustas. La renta
básica simplemente garantizará el derecho a decidir, es decir, la independencia
personal, requisito indispensable de la dignidad y la ciudadanía.
Además, esta renta básica posibilitará la remuneración de
una parte sustancial de trabajos que hoy hacemos y que son imprescindibles para la
reproducción de la fuerza de trabajo y la productividad en las empresas. Me
refiero a los cuidados en el entorno familiar, la atención a las personas
dependientes, los trabajos voluntarios de solidaridad e impulso político y
cultural, las artes, el trabajo en red, etc. Trabajos condenados a la
invisibilidad y la marginación por su carácter no remunerado. Sin embargo, la
renta básica no impedirá poder mejorar las remuneraciones de estos trabajos, sólo garantizará
que, por ejemplo en el caso de los cuidados, las mujeres sean libres y no
dependen económicamente de nadie. Por tanto, esta renta básica sólo establecerá
un mínimo indispensable para generalizar la dignidad y propiciará un cambio
social y cultural.
María José y Ángel Luis Jiménez