Ramón Puyol y José Luis Cano.

Hace unos días se alertaba en la prensa local sobre el grave deterioro que sufría la casa natal de Ramón Puyol en la esquina de la calle José Román -callejón de Jesús- del barrio de San Isidro. Los vecinos advertían que en su estado actual constituye un peligro de caída inminente. Además se da la circunstancia que esta casa, donde nació Ramón Puyol -uno de los hijos ilustres del municipio-, está también protegida y catalogado como bien de especial protección al pertenecer al barroco popular andaluz.

Otro ilustre hijo de Algeciras, José Luis Cano, tuvo en principio más suerte con su casa natal en la calle Ancha -junto a la Palma Real-, pues Corporaciones anteriores a la actual la restauraron, aunque ahora se encuentra abandonada y en alquiler. En su día el Ayuntamiento de Algeciras, en reconocimiento a su labor como poeta, biógrafo y fundador de la revista literaria Ínsula, puso su nombre a su Fundación Municipal de Cultura.

Ramón Puyol (1907-1981) fue un pintor algecireño de vocación precoz. A los trece años ya estaba en Madrid en la Escuela de Bellas Artes relacionándose con los círculos más al día en su lugar natural de reunión, el café Pombo. Luego vinieron las estancias romanas y parisinas. El arranque de su trabajo como diseñador y cartelista se sitúa hacia los años 1927 o 1928. Pero es en 1929 o 1930 cuando realiza sus obras más significativas. La guerra civil la vive Ramón en la capital de España, ocupando puestos importantes y realizando una gran labor cartelística al servicio de la Republica. Por este motivo, terminada la guerra, y después de infinitas y dolorosas vicisitudes, es encarcelado y condenado a muerte. La pena fue conmutada y quedó convertida en treinta años de prisión. El feliz reencuentro con la bahía de Algeciras, con su luz y su cambiante vida, fue en 1973. Y aquí vivió hasta su fallecimiento en 1981.

A José Luis Cano (1911-1999) se le considera uno de los mejores conocedores de la poesía de la generación del 27 y de la generación del 36, de la que se erigió en valedor en una época difícil para la cultura como fue la posguerra y la dictadura. José Luis Cano, como Ramón Puyol, vivió en el Madrid de la Republica y  allí conoció a Cernuda, Aleixandre o Neruda. Tras el conflicto, Cano estudia la obra de Aleixandre y publica su diario “Los cuadernos de Velintonia”. Escribió las biografías de Federico García Lorca y Antonio Machado. José Luis Cano cofundó en 1947 la revista literaria Ínsula, uno de los referentes para todos los amantes de la literatura en español durante la segunda mitad del siglo XX, siendo su director de 1983 a 1987. [..Como poeta, este algecireño de pro también cuenta con una obra destacada entre la que podemos señalar “Sonetos de la bahía”, con la que se dio a conocer en 1942. Un libro unitario, todo él inspirado en la bahía algecireña de su adolescencia y juventud. Un libro también inspirado en los primeros años de la guerra civil cuando el poeta es retenido por sus ideas en la cárcel de Escopeteros y condenado a cavar trincheras en los alrededores de la Bahía. Sin embargo, en ningún momento el tema bélico se hace presente en sus sonetos.

Pero qué les pasa a los dirigentes del Partido Popular o a sus representantes en las instituciones con aquellas personas o familias que provienen de la época republicana y que asientan ahora, en democracia, su libertad de pensar y vivir como les da la gana. No paran de ensañarse con ellos. Zoido, alcalde de Sevilla, no ha parado hasta quitarle a la madre de Bardem la calle que tenía en Sevilla. Y Landaluce, alcalde de Algeciras, tampoco descansó hasta eliminar el 13 de junio de este año el nombre de José Luis Cano de la Fundación Municipal de Cultura. Estos alcaldes y otros que no voy a nombrar, hoy disponen del patrimonio del pueblo como si el arte que contiene fuera de quita y pon. En este país y especialmente en mi pueblo, Algeciras, que poco respeto se tiene por los nombres, por las personas y por la historia. Por eso hoy quiero recordar los nombres de Ramón Puyol y José Luis Cano. Y para no estar al mismo nivel que estos politiquillos, aquí lo dejo, con el debido respeto, a estos algecireños ilustres que nos dan tan buena fama y honra, aunque el alcalde no lo crea.  

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

El tancredismo del Gobierno.

Hace meses por recomendación del Consejo Asesor para la Transición de Cataluña, el presidente de la Generalitat, Arthur Mas, escribía a Rajoy pidiéndole fecha para acordar cómo y cuando se podía celebrar un referéndum o consulta sobre la autodeterminación del territorio catalán. No hubo respuesta. Y desde entonces el silencio del Gobierno sobre este asunto ha sido total. El silencio, el cerrar los ojos o meter la cabeza en el suelo que yo sepa no son soluciones para un problema tan grave como el catalán. Hacer como que no pasa nada mientras se silba tampoco lo es. Y enrocarse en que la ley es la ley tampoco sirve. Esto es serio. Hasta el más lerdo se da cuenta del cariz que están tomando las cosas. Ya en Cataluña se disimula muy poco el deseo de abandonar España.

El independentismo está a punto de ser claramente mayoritario entre los catalanes, como se ha demostrado en la Diada. También las encuestas ya son tan claras sobre este asunto como impresionante fue su cadena humana del miércoles. Y ante eso da muchísima tristeza y coraje comprobar la inacción del Gobierno, que no hace nada, ni contrarresta ninguna de las mentiras que se dicen sobre el expolio o el “robo” al que les ha sometido España. Ni siquiera se intentan romper algunos de esos falsos mitos sobre los que se sostiene su independentismo. La propaganda es unidireccional, y parece que en Cataluña solo hay independentistas. ¿Por qué esta falta de respuesta? ¿Por qué este pasotismo del Gobierno? Es muy difícil de entender ese silencio tanto ahora como en el pasado.

En un país libre, y en la Europa del siglo XXI, ni las leyes ni los tanques pueden sostener por si solos un Estado si sus partes no desean permanecer unidas. Ojalá los políticos, siempre por detrás de la calle, ante esta situación límite puedan encontrar una respuesta mediante un modelo político federal o confederal que supere a la España de las autonomías, que ya no sirve, y le dé solución a los problemas existentes. Una vía federal donde encajen la mayoría de los ciudadanos de este país. No hay en Europa un Estado más plurinacional y plurilingüístico que el español, y sin embargo no somos un Estado federal. Por eso creo que con la reforma constitucional correspondiente se podría encauzar el acuciante problema catalán.

La vía federalista es la única opción que hoy tiene el Gobierno español y los partidos nacionales para evitar la independencia de Cataluña. Opción que no hay que imponer, pero que si debe convencer a la mayoría, porque la inacción y el inmovilismo actual es la vía más rápida para llegar a la ruptura. Y la llave para la reforma constitucional y esa vía de cambio la tiene hoy la derecha política: El Partido Popular. No solo porque la izquierda política sea minoritaria en el Congreso, sino porque solo el PP puede hacer una reforma así sin que la torpedeen como sucedió con el intento  anterior de Zapatero.

Tampoco el PP lo tendría fácil y las dificultades serían mucha para reformar la estructura territorial de España, porque esa decisión provocaría una nueva brecha en los medios de comunicación reaccionarios de nuestro país, lo que sin duda rentabilizaría electoralmente UPyD. Pero en este momento histórico la decisión sin lugar a dudas está en manos del PP y de su presidente Mariano Rajoy. Y, por supuesto, en los apoyos necesarios de los partidos de la oposición. Hay que mover ficha, porque el inmovilismo a nada conduce. Cuando un jugador mueve posición en cuestiones relevantes al final todos acaban teniendo que mover fichas. Y  parece que así es, pues desde el Gobierno ya hay voces como la del ministro de Exteriores, García Margallo, y otros dirigentes populares que apuesta por escuchar a la calle y buscar una salida constitucional para este problema. La duda es si llegaremos a tiempo o ya será demasiado tarde.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

La enseñanza laica.

Hay quien confunde laicismo y enseñanza laica con una educación falta de toda  dimensión espiritual. Pero están en un error y dan pena, porque solo demuestran un enorme desconocimiento y una supina ignorancia.

Al igual que las escuelas francesas, las españolas iniciaran esta semana el curso escolar, pero con una diferencia. Las francesas mostrarán en lugares visibles junto al lema de la República -"Libertad, igualdad, fraternidad"- y a la Declaración de Derechos Humanos y del ciudadano, una Carta del Laicismo que se enseñará a los alumnos como la base de los valores del país. Qué envidia me dan. Mientras en España con la ley del ministro Wert iniciamos el retroceso hacia enseñanzas de la época franquista... y sin beca. Y con la Educación para la Ciudadanía a punto de desaparecer, tal y como la conocemos.

En la memoria que precede a la ley orgánica de la mejora de la calidad educativa (Lomce) del ministro Wert, se afirmaba que la enseñanza de los valores democráticos, éticos o cívicos han de considerarse como una cuestión transversal que debe impregnar todos los aspectos de la enseñanza. Mentira. Lo cierto es que en su concreción específica la enseñanza en valores ha quedado considerada como una asignatura opcional. No estando a la altura de la importancia que por imperativo constitucional esta materia ha de recibir en el proceso educativo español.

La Constitución Española en su artículo 27.2 cuando regula el derecho a la educación afirma sin ambages que esta “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a las libertades, derechos y deberes   fundamentales”. Así que la disyuntiva que plantea la ley de optar entre la enseñanza de los dogmas religiosos o la de los valores que sustentan nuestro sistema democrático es puro engaño. No se puede considerar la asignatura de religión como materia alternativa a la de Educación para la Ciudadanía en un Estado aconfesional o laico como el nuestro.

Además en cada una de las partes del proceso formativo español, los valores democráticos deben ser contenido obligatorio para todo el alumnado, mientras que los dogmas solo se darán a quienes profesan un credo religioso. La distinción no puede ser más clara porque el sentimiento religioso se perfila como facultativo -ya que no todos los individuos dotan a su existencia de una dimensión transcendente o religiosa-, sin embargo la vertiente cívica de la educación en valores democráticos no lo es, puesto que es consustancial a la condición misma de ciudadano.

En esta línea, qué lúcidas las reflexiones de la filósofa Victoria Camps (La transmisión de valores en el proceso educativo, Defensor del Pueblo, 2011) cuando afirma que estos valores son “un mínimo común ético de toda sociedad democrática y respetuosa de unos derechos fundamentales. Y se materializan necesariamente en un conjunto de deberes inevitables”. El problema, sigue razonando la filósofa, es que si quien procede a concretarlo es el partido mayoritario de turno, entonces puede ocurrir que no solo esté eludiendo el imperativo de aplicar mayores cotas de “esfuerzo y voluntad por actuar democráticamente y de acuerdo a los intereses generales”, sino que con sus actuaciones nos encontremos también ante signos evidentes de  la “pobreza de su cultura democrática”. Así que está claro que en este curso vamos a dar un paso atrás en el imprescindible fortalecimiento de nuestra frágil cultura y educación democrática. Y ya se sabe que sin cultura, educación y democracia no hay futuro para nuestro país.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

A la vuelta del verano.

En esta primera semana de septiembre ya están de vuelta los que se fueron de vacaciones y siguen aquí los que no las pudieron disfrutar. Unos y otros pudieron comprobar que durante el mes de agosto todo ha funcionado algo mejor sin las funestas decisiones del consejo de ministros de los viernes. No hemos tenido que aguantar sus declaraciones canallescas y/o estúpidas y tampoco hemos tenido que verles las caras a la mayoría de ellos, aunque el tema de Gibraltar ha dado mucho juego a los ministros de guardia para distraer al personal.

Lo que a partir de hoy nos volverá a deprimir será el reencuentro con los facinerosos que anunciaron limpieza y aparecen todos enfangados por el caso Bárcenas. A esos que mucha gente votó por un programa electoral y unas promesas que después incumplieron totalmente, que hablaron de transparencia pero cuyas actuaciones resultan más opacas cada día. Así que seguiremos en la misma incertidumbre, debilidad y vacio de antes del verano.

Ahora las preguntas son: ¿Qué preparan estos desalmados para el inicio de este curso político? ¿Qué nuevas medidas contra la gente habrán ideado? ¿Qué falta de piedad querrán aplicar ahora? ¿Qué nuevas mentiras habrán inventado? ¿Qué nueva ley insensata o  injusta tienen preparada? Según el ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, el Gobierno aprobará la nueva ley del aborto en el mes de octubre y ese mismo mes pondrán en marcha la reforma de las pensiones.

Javier Marías decía en su columna del domingo en El País a su vuelta de las vacaciones que algo muy  grave sucede cuando gran parte de la ciudadanía percibe a sus gobernantes como un peligro y una amenaza, gente de la que no cabe esperar salvación ni ayuda ni mejoras ni soluciones, sino condena, obstáculos y problemas. Por eso, al volver del verano, suenan las alarmas de la gente cuando lo que les acongoja y abruma no es reanudar el trabajo -el que lo tiene-, sino enfrentarse otra vez inermes a estos gobernantes nefastos.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

El fondo y la forma en política.

El fondo y la forma son muy importantes en la literatura y el arte, pero más en la política. Porque el fondo es lo que queremos decir o hacer, ya sean ideas, conceptos o sentimientos, y la forma es cómo lo decimos o hacemos ante los demás. Desde luego, sí queremos ser coherentes en política el fondo y la forma deben ir unidos.

Todo esto viene al hilo del  debate de investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta, que comenzará mañana miércoles en el Parlamento de Andalucía poniendo fin a un proceso de elección política donde la forma ha sido muy criticada. Esta será la cuarta vez en cinco años que la Cámara elija un nuevo jefe de Gobierno andaluz tras la de Manuel Chaves (2008), José Antonio Griñán (2009 y 2012) y ahora la de Susana Díaz (2013). Investidura en la que no habrá sorpresas, pues los 47 votos de los diputados del PSOE tendrán el apoyo de los 12 diputados de IU, sus socios en el Gobierno de Andalucía.

El nivel de crítica por la forma de hacer y actuar del PSOE ha sido muy fuerte dentro y fuera del partido. Las primarias exprés o el simulacro de primarias para la elección de candidatos no ha estado muy acertado sobre todo por su premura, no dando tiempo a los aspirantes que no tenían apoyo alguno del aparato. Y aunque se puedan compartir algunas de las críticas o reservas que se han planteado en la forma de elección de Susana Díaz, mejor no pasarse porque ya resulta llamativa la ferocidad con la que el PP se ha lanzado contra ella antes de que empiece su andadura como presidenta.

Según el PP la elección de Susana Díaz es un “dedazo o “susanazo”, una imposición de Griñán. Como si el PP fuera un ejemplo a seguir con sus “dedazos” en las Comunidades de Madrid o Valencia o como las vergonzantes palabras de Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla y presidente súbito del PP de Andalucía, sobre la candidatura a la Junta: “hay que estar a lo que decida Rajoy”. Además, las críticas a Susana Díaz por su juventud, falta de experiencia o sus orígenes modestos rezuman un clasismo de lo más negativo. No es el candidato más joven en alcanzar la presidencia de la Junta (Borbolla tenía 36 años), así que si molesta por algo debe ser por ser mujer y de origen humilde, “no es de nuestra clase” dicen los del PP.

Pero donde la crítica resulta delirante es por su condición de mujer. Susana no es decidida o valiente sino “ambiciosa”; no es inteligente sino “lista”; no aprende sino que es “una esponja”. Y aunque es universitaria es “indocumentada”, “barriobajera” y “de estética poco depurada”. El marco se completa con un repaso a su estilismo, al color de su pelo o de sus blusas. Si esto no es sexismo, me gustaría que me explicaran de qué se trata. Pero a mí todo esto me parecerá banal, vacio e irrisorio si la mujer que va a ser investida el jueves como presidenta se compromete con todos los andaluces en ser “implacable” contra la corrupción y el desempleo.

Porque al final lo importante con o sin Susana Díaz es que el próximo Gobierno de Andalucía tenga fuerza y ganas para sacarnos a los andaluces de este agujero de desesperanza en el que estamos inmersos. Que se tomen como propio y prioritario el reto del desempleo y la corrupción y sitúen a Andalucía en el debate nacional. Y, sobre todo, que tengan proyectos nuevos y una apertura real a la sociedad andaluza, sintiendo y haciendo como suyos los problemas de la ciudadanía. Así y solo así, me podre olvidar del abuso en la forma porque entonces sabré que el fondo está lleno de contenido.

María José y Ángel Luis Jiménez

Las mentiras de la ministra Báñez

El Gobierno ha recogido la propuesta de la CEOE y ha reducido de 41 a 5 los modelos de contrato según informó ayer en su comparecencia en el Congreso la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Los tipos de contrato serán contrato indefinido, contrato temporal, contrato de relevo, contrato de prácticas y contrato de formación y aprendizaje. Mejor sería recoger los que aparecen hoy en la viñeta de Ricardo en Europa Sur, “contratos milagrosos, contratos miserables, contratos inexistentes, contratos por enchufe y contratos pendientes de la próxima reforma”.

Y es que lo de la ministra es de juzgado de guardia cuando dice que la existencia de un elevado número de formularios de contratación supone una “barrera” a la hora de contratar. Y además, asegura que la medida facilitará e incentivara la contratación estable. Pero a quién quiere engañar. El presidente de la patronal, Juan Rosell, decía hace unos días que esos cuatro o cinco modelos de contratos son los que las empresas utilizan realmente. Vamos que todo va a seguir igual pero con una reducción o simplificación de impresos. La ministra ha pensado o dicho en su conocido estilo mentiroso: cambiemos algo para que todo siga igual.

Esta era una reivindicación de la patronal CEOE que no había sido acogida por el Gobierno en la reforma laboral. Y como al parecer no estaban totalmente satisfechos había que hacerles un nuevo regalo para contentarles. No hay que contrariar a la patronal, dice el Gobierno. Sin embargo, lo más curioso es que la contratación laboral estaba y está perfectamente regulada en nuestro país, lo único que hace falta es que el ministerio controle la utilización indebida, fraudulenta y con abuso de los contratos existentes. Habrá que recordarle una y cien veces a este Gobierno que se le olvida su misión más urgente e importante, la creación de empleo.

Pero de las muchas mentiras que dijo ayer la ministra, no sé si ministra de Empleo o de Paro, la más gorda fue decir que gracias a la reforma laboral y a la moderación salarial se había frenado el paro y reducido la segmentación existente entre contratos temporales y fijos, cuando la realidad es todo lo contrario, hay 600.000 desempleados más y 800.000 ocupados menos, se ha reducido el gasto en políticas activas de empleo en 3.600 millones y un 7% en los salarios debido al descuelgue de los convenios. Lo que dice la ministra y lo que viven los ciudadanos son realidades paralelas o diferentes, porque lo único que ha hecho la reforma laboral es precarizar el empleo, reducir salarios y aumentar el paro, que ya alcanza este año el 26’2% de la población activa frente al 22’11% del año 2011 cuando el PP llegó al Gobierno. Parece como si este Gobierno con Rajoy a la cabeza hubiera decidido que la mejor forma de de corregir el desempleo fuera intensificar más el sufrimiento de los desempleados.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Los pies de barro de la economía del Peñón.

La economía de Gibraltar tiene los pies de barro porque su riqueza depende en gran medida de la legislación del Reino Unido o de las directivas de la Unión Europea (UE).

La economía del Peñón tiene tres puntales fundamentales la baja fiscalidad, el juego “online” y las finanzas. Sin embargo, las tres resultan muy sensibles porque dependen en gran medida de la legislación del Reino Unido y de las directivas de la U.E. A pesar de ello, se ha pasado en este último ejercicio del noveno al cuarto puesto de los territorios con mayor renta per cápita del mundo (47.847 euros), impulsado por una economía que crece al 7,8% anual.

Pero cuánto tiempo durará esta situación dorada. Las amenazas ya aparecen en el horizonte de Gibraltar por los cambios legislativos en el Reino Unido y en la U.E. Así que nadie piense que las amenazas a las que tendrá que enfrentarse próximamente el Gobierno de Gibraltar vienen del Gobierno de España (las bravatas diplomáticas de Rajoy o las tasas por pasar por la frontera), sino que vienen directamente del Gobierno del Reino Unido que está tramitando un proyecto de ley para modificar la legislación sobre la tributación del juego online, no solo en la isla sino en todos los territorios bajo bandera británica, incluido Gibraltar. Un cambio que supondrá un duro golpe para las finanzas del Peñón.

Desde hace más de una década su principal industria está conformada precisamente por las multinacionales del juego por Internet radicadas en Gibraltar al amparo de su baja tributación. Pero esto ya se acaba porque la modificación de la fiscalidad de esa actividad establecerá un impuesto del 15% sobre el ingreso neto de las empresas en lugar del 1% que pagan ahora en el Peñón. Esta ley entraría  en vigor el año próximo. En Gibraltar temen que si pierden las ventajas fiscales actuales habrá una fuga masiva de empresas de apuestas. La medida traería consecuencias graves para el empleo (12% de la fuerza de trabajo de la colonia) y para los ingresos del Gobierno (un 15%).

Otro golpe para su economía sería dejar de ser un “paraíso fiscal cooperante”. La OCDE   excluyó a Gibraltar de su lista de paraísos fiscales tras haber firmado 26 acuerdos de intercambio de información con la Unión Europea a raíz de la reunión del G-20 que tuvo lugar en Londres el año 2009. Este convenio de colaboración con la U.E. está firmado con 18 países, pero no con España, que solo rubricó un protocolo de colaboración con el Reino Unido sin efectos prácticos hasta ahora. Ayer publicaba el País que el Ministerio de Hacienda ha pedido por primera vez a Gibraltar datos fiscales de una treintena de contribuyentes amparándose en una directiva de la Unión Europea relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. Si Gibraltar negará esa información se la podría calificar como un paraíso fiscal no cooperante y tendría que ser incluido en la “lista negra” de la OCDE con consecuencias muy negativas para su sector financiero (el 20% de su riqueza, con 16 filiales de bancos internacionales y 55 aseguradoras).

Las consecuencias negativas derivadas de la no cooperación de Gibraltar con las autoridades españolas sobre información de contribuyentes serían varias. Una sería interna y ya está previstas en la Ley del Impuesto de Sociedades, donde se precisa que si se hacen negocios con este tipo de territorios no cooperantes se puede modificar la lista española de paraísos fiscales mediante una simple resolución de la Agencia Tributaria, ya que así lo contempla la Ley antifraude aprobada por el Gobierno de Rajoy en el último trimestre de 2012. Otra, más grave, sería  la evaluación que pueda hacer el Comité de Fiscalidad de la OCDE sobre el cumplimiento de los acuerdos firmados con los paraísos fiscales, pues si observan que no los cumplen podría tener consecuencias financieras muy negativas para el Peñón, sobre todo en cuanto a la radicación y el movimiento de capitales, porque una de las aspiraciones de Gibraltar es que parte de los grandes fondos de pensiones sigan eligiendo su enclave para radicarse por su  favorable fiscalidad. Y esa aspiración se podría estar acabando.

Para otro día dejo el controvertido tema, e incierto futuro, del bunkering (repostaje de gasóleos en buques) que supone el trasiego de cinco millones de toneladas de combustible al año en el Peñón. Sobre este tema ha hablado en el Congreso el ministro Arias Cañete, vinculado a esta actividad con empresas familiares dedicadas a la venta y almacenaje de combustible para buques en el Estrecho. Actividad que ponen en alto riesgo de vertidos y derrames la Bahía de Algeciras al hacerse estos suministros o repostaje desde barcos cisternas fondeados todo el tiempo en el mar por falta de terrenos en Gibraltar. Así que esperaremos conocer las explicaciones del ministro para seguir hablando. Creo que por hoy ya está bien.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez 

Mendaces y malévolos.

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, critica que se pida ayuda al ayuntamiento para comer cuando se tiene cuenta en una red social. Sus palabras exactas fueron “Piden ayuda para comer y resulta que tienen twitter, que cuesta dinero”.

No entiendo las palabras de la señora Martínez, ni la controversia que con ellas ha generado en las redes sociales. Porque numerosos usuarios han recordado que la propia alcaldesa anunció, utilizando un tweet, la puesta en marcha de puntos de wifi gratuitos en la ciudad. Y además existe una empresa municipal que gestiona el wifi gratuito con un presupuesto anual de más de 800.000 euros para este cometido.

No sé qué le pasa al Partido Popular y a sus dirigentes porque con estas declaraciones y una actitud  peor van más allá de la situación económica, más allá del egoísmo y más allá de los intereses creados. No sé por qué se regodean y tiene que infligir más sufrimiento del necesario a aquellos que ya están destrozados.

Tampoco comprendo esas citas hipócritas del Nuevo Testamento “Aquel que no esté dispuesto a trabajar no comerá”. Pero, ¿dónde está el trabajo? No existe empleo y el poco que existe es precario y mal pagado. Y hoy nos enteramos por la prensa que este Gobierno se va gastar dinero en premiar a las agencias de empleo privadas que delaten a parados.

El Partido Popular está infectado de una mezquindad casi patológica y de desprecio por aquellos que llaman “perdedores”. Aquí si uno pasa por una mala racha o está en el paro, parece que este Gobierno y las personas que lo sostienen no quieren ayudarle, sino que quieren darle otra patada y hundirlo más. No acabo de entenderlo, pero es terrible contemplarlo.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

El nepotismo municipal.

Nepotismo, dice la RAE, es la preferencia desmedida que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos.

Hace unos días, hablando con amigos de mi época de concejal, comentaba la poca importancia que se le está dando a las contrataciones de parientes -hijos, hermanos, cuñados y cónyuges- o militantes del Partido Popular en el actual Ayuntamiento. Y ahora menos con la distracción que supone el “espantajo” veraniego de Gibraltar. En mi época también había enchufaos pero esta corrupción provocaba amplios debates y muchos enfrentamientos entre las fuerzas políticas presentes en aquella primera Corporación democrática.

No favorecer a parientes y amigos, si se ejerce un cargo público, se maneja el dinero de los contribuyentes o se goza de una posición de poder, es una buena conducta. Antes y ahora, sopesadas con la razón -y no con la mera costumbre- son conductas necesarias, recomendables e incluso obligadas.

Mi actitud ante el nepotismo, el amiguismo o estas corruptas pautas de comportamiento ha sido siempre de repulsa y rechazo total. Nunca me pareció que esa actitud fuera digna de elogio o de mérito alguno, sino algo de cajón y totalmente obligado para quién ejerce un cargo público. Por eso me cuesta comprender que en este país la norma sea el nepotismo.

A mí me da lo mismo que mi pariente o amigo sea un profesional competentísimo e idóneo para el puesto que depende de mí o de mi partido, porque por ser mi pariente o amigo no puede ocuparlo. Y cuando me dicen que salimos perjudicados los que estamos en cargos públicos, les digo que así deberían ser las reglas: a veces debe salir uno perjudicado para que no quepan dudas de no haber sido favorecido.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Un discurso político, el informe Lugano.

En un Máster en Derecho de la Universidad de Valencia en el que participó Susan George, estadounidense de nacionalidad francesa, activista, pensadora y presidenta de honor de la Asociación por una Tasa sobre las transacciones especulativas de ayuda a la ciudadanía (Attac), denunciaba el “austericidio” al que se está sometiendo a España y a otros países del sur de Europa.

Susan George no es sólo una activista y pensadora, ya que eso sería empequeñecer la figura de esta combativa estadounidense de 78 años afincada en París y también empequeñecer su ensayo “El Informe Lugano”. Esta obra constituye una biblia para los movimientos sociales, y en ella imagina un terrorífico escenario ecológico, económico, laboral y social hacia el que se dirige el capitalismo del siglo XXI. La activista advierte de que “la democracia está en peligro ante el ataque de la clase de Davos: una clase transnacional desvinculada de la suerte del resto de la sociedad y compuesta por las altas finanzas, las empresas transnacionales y algunos gobiernos que consideran que la democracia es demasiado lenta para sus intereses”.

Susan denuncia que la actual política de austeridad es inaceptable, en particular en Grecia y España. Y que también resulta inaceptable el desempleo de la mitad de jóvenes españoles. Por eso se pregunta “¿Para quién se gobierna?”, porque esa es la gran cuestión en democracia. Las constituciones de Estados Unidos, Francia -y se imagina que también la de España- subrayan que el pueblo es soberano, sin embargo con ese principio de austeridad aprobado por Europa, ¿se gobierna para la gente o para los mercados financieros? Sin duda, para los mercados financieros, porque el pueblo español está deviniendo cada vez en menos soberano.

También dice que con el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la UE se está robando no solo el poder a los ciudadanos, sino también a los representantes de los ciudadanos. Por tanto, ni tenemos ya una auténtica democracia directa, ni una democracia representativa en España, y frente a eso tenemos que reaccionar. Reaccionar sin miedo, aun comprendiendo el miedo de los trabajadores a perder el empleo. Porque el miedo es la disciplina de una sociedad capitalista, usado de forma individual para disciplinar y calmar a la población con el objetivo de que acepte lo que le digan. De hecho, cree que los griegos y los españoles están siendo observados como en un laboratorio para ver qué nivel de castigo y sufrimiento están dispuestos a aceptar sin rebelarse.

Susan no entiende por qué con la crisis la población española ha redoblado sus críticas contra los sueldos y privilegios de los políticos, si a quién deberíamos criticar es a los banqueros. La actual crisis es continuación de lo que ocurrió en 2007 y 2008 por culpa de los banqueros y, en España, por la burbuja inmobiliaria, que al final también era culpa de los bancos por alimentarla con préstamos imprudentes. Sin embargo, cuando estalló la burbuja, el Estado  asumió la deuda privada. La deuda pública de España era muy moderada, pero el Estado cargó con la deuda de los bancos y ha gastado muchísimo dinero en capitalizar y salvar a los mismos bancos que habían causado el problema. Por eso la deuda pública aumentó rápidamente. El coche oficial de los políticos no es lo importante, sino que el Estado gobierna para los mercados financieros y no para el pueblo. Se ha castigado a los inocentes y los culpables han sido recompensados.

Ante esta situación lo único que pueden hacer los ciudadanos españoles es unirse. Ese es el gran poder del pueblo. Tienen que unirse los estudiantes, los parados, los jubilados, los trabajadores, los sindicalistas, los agricultores… Todo el mundo ha de unirse contra esta realidad. Porque la clase de Davos, que es la que gobierna, está muy unida. De eso trata su otro libro recién publicado por Deusto, “El Informe Lugano 2. Cómo ganar la guerra de clases”. El subtítulo procede de una frase de Warren Buffet, la tercera fortuna del mundo, que escribió  “Hay una guerra de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra, y la estamos ganando”. Y además es cierto. Por eso, Susan George finaliza su discurso diciendo  “Hay que unirse y no dejarse perder. Porque está en juego la democracia y todo lo que hemos hecho desde el siglo XVIII. Todo aquello que los europeos hemos hecho desde el fin de la II Guerra Mundial. Todo lo que los españoles han hecho desde el final del franquismo”.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

¿Inmigrantes ilegales o islamistas radicales?

No sé cómo no han expulsado a Ignacio Landaluce por bocazas de la comisión de Exteriores del Congreso de la que es vicepresidente debido a las nefastas acciones y declaraciones que hace continuamente sobre el contencioso de Gibraltar. En menudo lio nos está metiendo. Pero ayer se pasó tres pueblos, incluido el de Algeciras, con las declaraciones para Onda Cero donde criminalizaba a los inmigrantes de las pateras al vincularlos con islamistas radicales.

Cómo puede un señor diputado de la Nación española hacer este tipo de declaraciones tan arriesgadas. Se trata de un ejercicio gratuito de criminalización de personas sobre las que no  existen datos que confirmen lo dicho. No se da cuenta que esas declaraciones hacen un flaco favor a cualquier apuesta por la integración y normalización de personas que llegan a nuestro país buscando unas migajas de nuestro desmoronado Estado de bienestar.

Cómo se puede sembrar miedo y terror hacia personas indefensas, en su mayoría subsaharianas, que tardan cuatro o cinco años en finalizar ese periplo horroroso sufriendo todo tipo de abusos, expolios y violaciones de sus derechos a lo largo de su viaje para al final atravesar el Estrecho en balsas de juguete. No sabe nuestro diputado que en el fondo son muertos de hambre… y de paciencia, mujeres y niños lanzados en botes salvavidas desde el eterno naufragio africano.

¿Se puede ser tan incompetente y tan malvado? No merecen estas personas un mínimo de respeto en su dignidad de personas, sabiendo y conociendo que serán devueltos por las fuerzas de seguridad española a sus países de origen, después de pasar el calvario de los centros de internamiento de extranjeros sin haber sido acusados de delito alguno. Señores un poco de compasión, piedad y solidaridad que son seres humanos.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Un poco de racionalidad.

Es difícil abstraerse del fortísimo simbolismo y la carga política y sentimental que conlleva Gibraltar a la hora de plantear con claridad los elementos esenciales de la cuestión gibraltareña. Sin embargo, creo que ha llegado la hora de poner un poco de racionalidad en este contencioso.

Continúan los controles sobre la Verja de Gibraltar, aunque Rajoy diga que son aleatorios. No creo que las medidas que se están tomando convenzan a nadie y menos que a nadie a los que la sufren a la entrada o salida de Gibraltar. Por tanto, ha llegado la hora de poner un poco de racionalidad en este contencioso, las partes en discordia, España y el Reino Unido, deben plantearse seriamente encontrar fórmulas para solucionar definitivamente este controvertido tema y sus incesantes problemas.

Desde hace tiempo, España y el Reino Unido están obligados -tanto por Naciones Unidas como bilateralmente- a negociar y llegar a una solución definitiva del problema de Gibraltar. España es la más interesada en realizar propuestas concretas de solución, respecto a las cuales debe mantener consenso nacional y continuidad en su estrategia, ya que el tiempo transcurre en contra de sus intereses, a favor del statu quo británico y del ascenso del protagonismo internacional de Gibraltar.

Un error de este Gobierno fue eliminar sin más el Foro de Diálogo, porque por su tipología servía a largo plazo a los intereses de España siempre y cuando nuestro país se planteara una convivencia normalizada con la población de Gibraltar en su estrategia de este contencioso, aunque parece por lo visto ahora que ese no es el planteamiento de Rajoy ni de su ministro Margallo.

En su día, España para recuperar la soberanía se planteó renunciar incluso a la plena españolidad del no cedido istmo y reconvertirlo en territorio co-soberano hispano-británico, por lo menos eso pretendía José María Aznar durante las negociaciones de 2001 y 2002. Este precedente demuestra que España, en su negociación con el Reino Unido, podría considerar imaginativamente otras fórmulas de recuperación final de la soberanía con modulaciones de formas, procedimientos y contenidos que de algún modo tengan en cuenta los tres intereses esenciales del Reino Unido, Gibraltar y España.

En este contencioso hay cosas incontrovertidas y sobre las que España tiene toda la razón de su parte. Por ejemplo, la plena españolidad del istmo, donde los derechos españoles son muy claros, aunque se renunciara en su día a su plena españolidad para recuperar soberanía sobre el resto de la Roca. Pero no se puede decir lo mismos según el derecho internacional sobre el territorio cedido por el tratado de Utrecht o las aguas territoriales.

Así que España debe medir muy bien su estrategia y los efectos de sus acciones. Ahora parece  querer aprovechar la presencia de turno de Argentina en el Consejo de Seguridad para lanzar una ofensiva diplomática conjunta sobre las Malvinas y Gibraltar. Mezclar estos dos contenciosos puede resultar muy peligroso, además de un error porque son temas parecidos pero no iguales y ni siquiera tienen los mismos concesos.

En estos momentos todas las partes -España, el Reino Unido y Gibraltar- están planteando llevar el eterno tema de la soberanía a los organismos internacionales. Pero el Gobierno de España no puede olvidar que cada vez que se ha hecho así, se ha invocado el riesgo que pueda haber sobre el estatus de Ceuta y Melilla, pese a ser situaciones muy diferentes en su origen y desarrollo histórico.

El peligro está en contraponer en los foros internacionales el criterio territorial (el marco físico del que forma parte) al poblacional (la opinión de sus habitantes) porque seguro que Marruecos replantaría la cuestión de Ceuta y Melilla con apoyos internacionales de los que hoy día carece totalmente. Que este Gobierno mida bien los efectos posibles de sus acciones de ahora, no vaya a llevarse una sorpresa después.

María José y Ángel Luis Jiménez

Cambiar las reglas.

En la ciudadanía no caben dudas sobre la urgente necesidad de reformar el sistema de reglas de nuestra democracia, pues los políticos las utilizan a su antojo sin importarles el desdén ciudadano o el rechazo que les tienen a ellos y a su política.

Franz  Kafka escribió en 1918: “Irrumpen los leopardos en los templos y se beben los cálices, esto se repite y se repite hasta que se vuelve previsible y se transforma en parte de la ceremonia del templo”. Ahora, en 2013, lo que debería ser excepcional y raro como un leopardo en el templo parece haberse convertido en norma y formará parte de la ceremonia política en Andalucía, pues el presidente elegido por el Parlamento se va sin comparecer ante el Parlamento. Esta vía sigilosa, inaugurada por Manuel Chaves en la primavera de 2009, se repetirá con Juan Antonio Griñán a finales de Agosto.

Chaves impuso la norma no escrita de dejar la presidencia sin explicaciones parlamentarias, y tampoco Griñán hablará de su dimisión ante el Parlamento que lo eligió hace 15 meses. ¿No sería lo adecuado dimitir del cargo de la misma forma en que se asumió? Los partidos gobernantes han reducido los parlamentos a cámaras de asentimiento y adhesión, decorativas e insustanciales a la hora de las decisiones trascedentes. También eso está ocurriendo con el actual Gobierno nacional del PP, ejemplo de continuos desaires y mentiras al Congreso.

Los políticos profesionales se duelen del poco aprecio que les tienen los ciudadanos, pero olvidan el inmenso desdén que los gobernantes demuestran hacía las instituciones democráticas. El desdén ciudadano hacia la política sólo es un reflejo o una consecuencia del desdén de los políticos hacia los ciudadanos. La aversión hacia la política coincide con la indiferencia, que es una forma de desapego, fastidio y distanciamiento. Ya no creo que quepan dudas sobre la necesidad de reformar un sistema de reglas que evidencian tanta aversión y rechazo.

El estío es tiempo propicio para reflexionar sobre la forma de corregir la desafección ciudadana. Es muy preocupante el número de personas decididas a engrosar las filas de los abstencionistas que, junto a las intenciones de voto en blanco y a los indecisos, suman en torno a la mitad del electorado potencial, que según las encuestas sigue bajando. Todo ello en un contexto de desánimo y desconcierto colectivo ante la falta de explicaciones y las malas costumbres de los políticos. Porque incluso cuando presumen de dar explicaciones, no las dan. Y lo peor es que recriminan a los que las piden el estar poniendo en peligro la grandeza de la patria o la marca España.

Solo nos queda a la ciudadanía poder observar la realidad -la de verdad, la nuestra, no la política- con ironía, sentimiento critico y distanciamiento. Y prepararnos para salir todos a la calle a partir del próximo septiembre agitando las conciencias de los que tienen más y de los que tienen menos, incluso de los que no tienen nada, en defensa de una autentica democracia participativa y representativa y una economía diferente que garantice el derecho al trabajo y a una calidad de vida digna. Derechos constitucionales, recortados o desaparecidos, que hay que recuperar con nuevas reglas políticas, pues las que tenemos ya no nos sirven. En definitiva, un cambio de valores y una moral diferente para hacer de sus crisis nuestras soluciones, porque ya no necesitamos más pruebas para ver perfectamente que el sistema no funciona ni para ellos, ni para nosotros, ni para el país.

María José y Ángel Luis Jiménez

Después de la tragedia.

Luis Gómez-Pomar y Gonzalo Ferre, presidentes de Renfe y Adif respectivamente, comparecieron ayer en el Congreso de los Diputados para intentar esclarecer las causas por las que un tren Alvia descarriló el 24 de julio, matando a 79 personas. En solo 16 minutos despacharon el asunto y, por supuesto, no asumieron responsabilidad alguna.

La enorme lista de preguntas de la oposición sobre la tragedia ferroviaria de Santiago recibió ayer escuetas explicaciones de los presidentes de Renfe y Adif en la Comisión de Fomento que intenta aclarar las causas del accidente. Julio Gómez-Pomar (Renfe) y Gonzalo Ferre (Adif)  despacharon las dudas expuestas durante varias horas en dos intervenciones que duraron, sumadas, 16 minutos. “Yo no hice ninguna declaración ni en las primeras 24 ni 48 horas del accidente ni se me ha ocurrido inculpar a nadie. El trazado cumple con toda la normativa en vigor”, dijo Ferre. Algo parecido argumentó sobre las condiciones técnicas. “No ha habido ninguna modificación en la política de Adif sobre seguridad”. Y rechazó así el hecho de que los recortes presupuestarios hayan podido influir en el siniestro.

Por su parte, el titular de Renfe, Julio Gómez-Pomar aseguró que su principal preocupación son “las víctimas”. Respecto a la cascada de preguntas sobre la seguridad que le formularon los grupos quiso delimitar su propio papel como presidente, “los sistemas de seguridad no los decide quién tiene la responsabilidad en un momento de liderar la compañía, sino un equipo de ingenieros y técnicos que se toman muy en serio la seguridad. Esta es la base sobre la que se debe producir la discusión”. Volviendo sobre su primera intervención para asegurar que todos los protocolos se siguieron. “He dicho que es una curva por la que el tren circula a una elevadísima velocidad. He intentado ser enormemente descriptivo y no valorativo, no nos corresponde hacer un análisis de las causas solo un retrato de los hechos”. Terminó diciendo  que “toma nota” de las recomendaciones planteadas.

Estas declaraciones de los responsables de los servicios ferroviarios de este país, así como las de la ministra de Fomento, resultan inaceptables e inadmisibles. Espero que en el juicio que se está gestando aparezcan como imputados los responsables de Renfe, Adif y el Gobierno, así como todos los que por activa o por pasiva han decidido que circulen trenes a 200 kilómetros hora sin medidas de seguridad y con la posibilidad de un despiste, desmayo, desatención, llamada telefónica o lo que sea del maquinista. Aquí estamos ante una negligencia clara e intolerable de los verdaderos responsables de seguridad de Renfe. Son ellos los responsables de lo que ha ocurrido. Y resulta increíble que esto haya sido posible en un país que se jacta de ser un líder en ferrocarriles. La carga y la responsabilidad de esta tragedia debe ser asumida por todos los responsables sin más. Eso espero de la acción de la Justicia. Porque no se puede tolerar que un despiste de un maquinista por recortes presupuestarios, aunque digan que no, haya costado la vida a 79 personas y haya causado a otras tantas heridas físicas y psíquicas para toda la vida.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

No era su día.

Quizás el PP pensó equivocadamente que programar la intervención de Rajoy  un primero de Agosto, día de la operación salida, le libraría del escrutinio de millones de españoles que estarían viajando o de vacaciones. Por supuesto, se olvidaron de las redes sociales, que hoy están al rojo vivo para recordarles a Rajoy y al resto de nuestros representantes políticos que los ciudadanos de este país no estamos dispuestos a tolerar nuevas excusas y silencios frente a la plaga de corrupción que nos asola. Y mucho menos a reducir su papel en el caso Bárcenas a un problema de ingenuidad y de buena fe.

Al final esta operación de enmascaramiento puesta en marcha por el PP puede resultar la operación salida del propio Rajoy. El presidente del Gobierno ya está marcado, pillado y tocado. Y ni la intervención de hoy, hecha para tranquilizar a su gente, le salvará porque según las encuestas solo un 14% de los españoles creen en su inocencia. Ya solo le queda dimitir

El PP necesita un chivo expiatorio para salvar la situación, ya que están en juego los dineros de la trama Bárcenas y el futuro del partido. Y se mire por donde se mire, y para su desgracia, Rajoy siempre está en medio. Y al PP y sus dirigentes les importa más su futuro que la realidad española, su imagen exterior o la marca España, aunque caiga Rajoy.

Que no se diga más que la oposición es la responsable de la mala imagen de la marca España, porque la responsabilidad no es de quién denuncia una estafa sino de quien la comete. Somos por culpa del PP una vergüenza internacional. Y las medidas de regeneración y transparencia prometidas son nuevas mentiras y engaños para confundir al personal.

Así que no basta con decir “me equivoqué” y después no asumir responsabilidades ni dimitir. No basta con decir “ahora sé que Bárcenas no merecía mi confianza”, después de años de trabajo conjunto, decisiones inevitablemente compartidas e intentos de enmascaramiento.

Y si estorba a los que mueven los hilos, los aplausos fervorosos y constantes de los diputados del PP no salvaran a Rajoy. Sobre todo porque ese entusiasmo parlamentario solo encubre un patetismo insoportable al sugerirle a Rubalcaba la idea de que los dos partidos PP y PSOE deben salvarse juntos, cuando nunca el bipartidismo ha estado más roto que en esta legislatura. Otro golpe de efecto previsible e inútil de Rajoy, una versión camuflada del tú más que yo y vamos a salvarnos juntos. Aunque también le salió mal. No era su día.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

El Peñón de la discordia.

Carlos Villanueva ponía ayer en su viñeta de humor del periódico comarcal “Europa Sur” un caracol diciendo “Colas en Tarifa… Colas en Gibraltar… ¡Es normal que la comarca esté a la cola de todo!”.

Sin ninguna duda, ese es el problema principal de la Comarca en estos días en relación a Gibraltar, estamos a la cola de muchas cosas por falta de acción política. Y tengo la absoluta certeza de que sin acción política y el pleno desarrollo de la zona, continuaran las tensiones a un lado y al otro de la Verja, seguirá la falta de diálogo y de colaboración entre dos vecinos que están condenados a entenderse y estaremos cerrando la posibilidad de la reversión de Gibraltar a España según el manoseado Tratado de Utrecht.

Haría falta superdesarrollar el Campo de Gibraltar para que fuera un espejo para los gibraltareños, ahora no lo es. Habría que montar en la zona una universidad bilingüe; mejorar la infraestructura sanitaria y hospitalaria, especialmente en La Línea; terminar la autovía a Cádiz por la antigua carretera nacional; invertir en las conexiones ferroviarias necesarias para mejorar el tráfico portuario y diversificar y desarrollar la finca de La Almoraima. En definitiva, mejorar las condiciones de vida y trabajo en el Campo de Gibraltar. Sin algunas de esas acciones políticas y económicas u otras parecidas no hay solución para el problema de Gibraltar.

El Gobierno español sabe tan bien como nosotros que mientras que el Reino Unido tenga intereses en la zona, ya sean estratégicos o económicos, cuyo balance sea positivo, no habrá solución posible para este problema de dignidad nacional. Porque ganar… seguramente ganaríamos poco. Y sobre todo es un tremendo error presionar en la frontera mediante retenciones o mayores controles policiales aprovechando que Gibraltar no está en el acuerdo de Schengen y, por lo tanto, no es una frontera interior, porque eso no soluciona nada, cabrea a la gente y afecta a los derechos humanos de los que tienen que cruzar la Verja.

Ojalá fueran verdad las palabras del diputado nacional por el Partido Popular y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, cuando dice que el Gobierno “sigue tendiendo la mano a la colaboración y a la búsqueda del desarrollo conjunto de las sociedades a ambos lados de la Verja”. Si esto fuera verdad no actuarían con medidas que, si no son ilegales, son contrarias al espíritu y los principios de la Unión Europea como afirmaba ayer la alcaldesa de la Línea, Gema Araujo.

Lo irónico de la situación es que con “este patriotismo rancio” se está perjudicando fundamentalmente a españoles, turistas y linenses que cruzan a diario la Verja para trabajar como decía la alcaldesa de La Línea. Gema Araujo afirmaba que “el conflicto con los pescadores, los problemas de los trabajadores españoles y cualquier otro que pudiera surgir entre vecinos debería tratarse desde el diálogo, el buen entendimiento y la predisposición necesaria para solucionarlos”. Y eso lo hacía el tan denostado “Foro de Diálogo” de Moratinos, que se cargó el PP cuando llegó al Gobierno. Y sin diálogo no hay solución para ningún problema. O es que Landaluce y sus compañeros de partido quieren un conflicto armado o sin armar al grito patriótico de Gibraltar español.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

No todo lo que es legal es ético.

El ex presidente, José María Aznar, decía cuando aprobó su famosa ley del suelo que “todo lo que no está prohibido está permitido”. Creo que Aznar estaba tan confundido entonces como ahora lo están sus compinches del PP, ya que no distinguía ni distinguen lo legal de lo ético. Lo legal y lo ético se mueven siempre en distintos planos: lo legal nos dice “lo que está permitido o regulado por las leyes” y lo ético “lo que se debe hacer o es correcto hacer”.

Creo que el presidente del Gobierno, el del Tribunal Constitucional o los responsables de otras instituciones del Estado pueden estar en un continuo conflicto ético por sus actuaciones, aunque sus compinches se apresuren a decirnos que esas actuaciones no son nada ilegales. Así es como se ha llegado  al descrédito de la política.

La prensa ha puesto sobre la mesa este tipo de comportamientos poco éticos y nada ejemplares de los partidos y los miembros más destacados de nuestras instituciones. Y posiblemente si los ciudadanos hubiéramos rechazado de una manera mucho más activa esas actitudes, habríamos conseguido que nuestros juzgados y tribunales estuvieran menos atascados por asuntos que básicamente tienen que ver con la decencia, la honradez y la salud democrática, pero no con la ley. Y para los que la única salida es la dimisión.

Hablar de prescripción en el caso de delitos de financiación ilegal o de la incompatibilidad como una cuestión no penal, son comportamientos inadmisibles que inhabilitan para presidir el Consejo de Ministros o el Tribunal Constitucional. Estos son problemas políticos y éticos de envergadura, que si no se reconocen cuando corresponde se agravan, sobre todo cuando la ciudadanía está pasando por una situación tan grave de crisis, depresión y paro.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

La comparecencia de Rajoy.

Por fin el presidente Rajoy piensa dar su versión sobre el caso Bárcenas, y también sobre la situación económica y política del país, pues así ha planteado su comparecencia ante el pleno del Congreso la próxima semana. Todo esto a petición propia y no por la amenaza de moción de censura, ni por la imagen de inestabilidad que transmite su Gobierno todos los días tanto a nivel nacional como internacional.

En su estilo habitual, Rajoy ha tratado de quitar relevancia a la cita Parlamentaria. Insiste en que la iniciativa de la oposición “no ha influido en absoluto para la comparecencia”, y que quiere aclarar “las dudas que legítimamente tiene mucha gente”, porque “creo que tengo que explicar lo que ha ocurrido y cuál es mi versión, que también es importante”.

Pero lo que esperan los ciudadanos es una respuesta para esta pregunta: ¿Por qué mantuvo el contacto con Luis Bárcenas, incluso dándole ánimos por SMS, después de saber que tenía 16 millones de euros en Suiza? De hecho, la pregunta fue pactada por la prensa para el pasado lunes, pero el presidente no quiso contestarla utilizando una impresentable maniobra con la ayuda del diario ABC.

Aunque existe un peligro en el debate anunciado sobre Bárcenas, la corrupción del PP y los sobres con dinero negro, que están enfangando la autoridad de Rajoy. Y es que nos quedemos en el “y tú más”. Ese “y tú más” que tiene tan cansado a los ciudadanos, que quieren partidos más cercanos, abiertos y transparentes que resuelvan los problemas de cada día, y una democracia basada en la verdad y no en la mentira.

Porque una democracia no se puede mantener sobre tanta mentira y falta de transparencia.  Ni se puede decir “aquí no ha pasado nada”, ante la alarma social existente, y volver la página. Las explicaciones deben ser amplias y las responsabilidades muchas para todos los que hayan delinquido. Para lo cual sería imprescindible ya la Ley de Transparencia, que debería ser desbloqueada el próximo miércoles en la Diputación Permanente del Congreso.

Espero que, en  ese pleno extraordinario del Congreso, haya tiempo para que el Gobierno haga un balance político y económico de la primera parte del año, antes de las vacaciones parlamentarias. Sobre todo de la agenda reformista, que continúa aplicando sin desmayo el presidente Rajoy, y de las heroicidades conseguidas como que las rentas empresariales hayan superado, por primera vez en la historia de este país, a las del trabajo.

Lo que queda claro de todo este jaleo es que el presidente ha cedido a la presión como esos niños pequeños que nunca saben perder. Porque irá al Parlamento para evitar el oprobio de llegar arrastrado por una moción de censura pese a su mayoría absoluta, aunque diga que lo ha hecho por nuestro bien, no nos vaya a dar una sobredosis de democracia y nos siente mal. Así que a callarse niños que por fin va a hablar el Presidente.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

Las primarias andaluzas.

Una elección primaria es una elección donde los votantes seleccionan al candidato que un partido presentará a un proceso electoral ya sea en el ámbito local, autonómico o nacional. La nominación de los candidatos por lo general corresponde a los aparatos de los partidos. Sin embargo, las primarias son un buen sistema para definir candidatos e ilusionar y comprometer al electorado, pero sobre todo, recuperar la confianza de los ciudadanos en la política.

Pues bien, en Andalucía durante estos días con los candidatos socialistas a las próximas elecciones autonómicas, esta oportunidad se han visto frustrada por el aparato del partido, que ya tenía seleccionada a su candidata para la presidencia de la Junta de Andalucía antes de empezar el proceso llamado de primarias.

Lo que se presentaba como un proceso histórico -era la primera vez que se convocaban primarias en Andalucía- sólo arroja frustración en la militancia y desazón en la ciudadanía. De hecho, en otros países-primarias a la francesa- estos procesos se abren no solo a la militancia sino a todos los ciudadanos, lo que ilusiona y compromete al electorado.

Sin embargo, no tiene ningún sentido convocar unas primarias y luego poner dificultades a cualquier candidato que no sea del aparato o de la dirección del partido. Para empezar, se ha  exigido casi siete mil avales para ser candidato, dando menos de un mes para conseguirlos y sin facilitar los censos de afiliados, una misión imposible. La dirección dice que es lo estatutario y legitimo y que el sistema lo avala, pero es contrario a unas elecciones internas de verdad y democráticas.  

Tampoco entiendo que no se admita la presentación de avales vía internet, cuando el reglamento no lo prohíbe expresamente. De hecho el alcalde de Jun (Granada), José Antonio Rodríguez, pudo usar esta vía para inscribirse en el proceso  de primarias. Este es un método utilizado comúnmente e incluso aconsejado por la propia Administración autonómica. No admitirlo revela la clara intención de la dirección de disuadir a los precandidatos. Espero que los órganos competentes del partido decidan algún día considerarlo.

A la vista del resultado de este proceso no creo que nadie lo pueda llamar elecciones primarias, aunque la dirección socialista insista en que una cosa no quita la otra.  Dicen que las primarias se han celebrado, porque consideran que comienzan con la recogida de avales y terminan, rápida o lentamente, en función de que haya uno o más aspirantes. ¿Se lo creen realmente o solo lo hicieron para guardar las formas en la designación de su candidata preestablecida Susana Díaz? 

María José y Ángel Luis Jiménez

Tres volcanes en erupción.

En el comité federal celebrado este fin de semana por el PSOE decía Rubalcaba que “España está viviendo una involución social” porque “a la crisis social y económica se le ha sumado una tremenda crisis política. Mariano Rajoy está sentado sobre tres volcanes en erupción: el paro, Cataluña y Bárcenas. Y en ninguno de los tres tiene la más mínima idea de qué hacer. Ganar tiempo esta vez no sirve. El tiempo que gana Rajoy es el mismo que pierde España”.                                                             

Sobre las soluciones del volcán del paro, hoy la OCDE (los 34 estados que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es decir, el club de los países más ricos del mundo) en su informe anual ha pedido al Gobierno español que refuerce las ayudas a los parados de larga duración, que son ya casi 3,5 millones. Cifra que según el informe es tremendamente alta y que continúa subiendo. Las previsiones de la OCDE para España no son nada optimistas después del 26,9 % de tasa de paro registrado en mayo de este año, pues se espera que siga subiendo hasta el 27,8 % a finales de 2014.

Según el informe, España seguirá siendo el país con la segunda tasa de paro más alta de los 34 países de la OCDE, solo por debajo de Grecia con un 28,2%. En el informe no solo se pide que se refuercen los subsidios, sino que también se reclama que las ayudas se complementen con programas de políticas activas que ayuden a estos desempleados a buscar trabajo para salir cuanto antes de esta situación. Además dan la voz de alerta sobre la desigualdad en el sur de Europa por la larga duración de la crisis y los altos índices de desempleo.

Tampoco el Gobierno sabe qué hacer con el volcán Catalán y menos con la exigencia de un referéndum sobre el llamado derecho a decidir. Y desde las elecciones celebradas en otoño de 2010, y en torno a ese referéndum se está configurando una mayoría parlamentaria que no deja de crecer por las torpezas del Gobierno. Esta mayoría parlamentaria está imponiendo su propia agenda política y acabará ganado la batalla de la opinión pública con consecuencias potencialmente irreversibles para la integridad territorial del Estado español.

La torpeza del Gobierno de la nación de no tomar en consideración la posibilidad de negociar la celebración de un referéndum dentro del marco constitucional va a conducir a que la vida política en Cataluña se convierta en una suerte de referéndum permanente en los dos próximos años. El domingo en El País, Javier Pérez Royo, Catedrático de Derecho Constitucional, decía que esperaba y deseaba que todavía se estuviera a tiempo de entablar la negociación entre el Gobierno y el Parlamento de la Generalitat, aunque tenía la impresión de que ya estábamos al límite de esta posibilidad.

En el caso Bárcenas más que un volcán el Grupo Popular tiene una olla a presión. Sus diputados reconocen que sería de gran alivio el anuncio cuanto antes de una comparecencia del presidente del Gobierno para dar explicaciones sobre el caso, lo que rebajaría la presión y la tensión política. Pero Rajoy ni caso, y dice que dejará la comparecencia para septiembre. Este hombre está fuera de la realidad. Todos dicen que Rajoy se está achicharrando en el crematorio Bárcenas, pero no hace nada. Me pregunto cuánto tiempo más podrá seguir ardiendo sin convertirse en un montón de cenizas.

 Ángel Luis Jiménez Rodríguez

La Almoraima.

En las redes sociales se ha iniciado una campaña para impedir la venta de la finca de la Almoraima por el Ministerio de Medio Ambiente. Su lema es NO A LA VENTA DE LA ALMORAIMA. Desde la página web “Change.org” se pide el apoyo y la firma de los que estén en contra de esta venta.

La Almoraima de Castellar de la Frontera es una finca pública de unas 14.500 hectáreas, la mayoría de ellas en el Parque Natural de Los Alcornocales del Campo de Gibraltar. Fue expropiada en 1983 a Ruiz Mateo y a lo largo de los años ha recibido importantes inversiones públicas de los diferentes gobiernos destinadas a la reforestación de alcornocales, los cultivos energéticos y otros proyectos viables que a medio o largo plazo la hubieran puesto en valor.

El alcalde de Castellar de la Frontera, cuyo término municipal está ocupado en un 85 por ciento por la finca pública, ha explicado que no ha sido informado del proyecto de privatización, pero que sospechaba de las intenciones del Ministerio desde que el pasado mes de marzo le presentaron el proyecto de Plan Especial de Usos para La Almoraima.

Este Plan Especial incluía un hotel de cinco estrellas, dos campos de golf y un aeródromo para aviones privados, para lo cual haría falta inversión privada. Lo que no tiene claro es si el proyecto privatizaría las 1.300 hectáreas que ocuparían esos espacios o las 14.500 de toda la finca, incluyendo el área forestal del parque natural.

En su plan de reducción del déficit, el gobierno ha puesto a la venta 15.000 inmuebles del Estado como parte de las 217 medidas contenidas en su reforma de la Administración pública. Entre esas ventas se incluyen una decena de edificios singulares, y  otros  emblemáticos como La Almoraima, la finca rural más grande de toda Europa con 14.500 hectáreas y situada en el Campo de Gibraltar.

Por eso alcaldes, sindicatos y partidos de la Comarca piden al Gobierno que reconsidere sus intenciones, que abandone esa idea especulativa y apueste por el mantenimiento de la Almoraima, que genera puestos de trabajos incluso en esta época de tanto paro. Así como que haga extensiva en ella industrias de transformación del corcho y de agricultura ecológica, con lo que se aprovecharía el gran potencial agropecuario de la finca, algo que sin duda dinamizaría la economía local y de la comarca del Campo de Gibraltar.

Esta finca forma parte del patrimonio de la Comarca y de todos los pueblos que la rodean,  y con una buena gestión de sus riquezas (ganadería, agricultura, turismo de naturaleza, etc.), podría aliviar, si no erradicar, el paro que sufren. Esta finca debe ponerse al servicio de los pueblos de la comarca. Sería un gran error que callera en manos de un magnate o un potentado para especular con ella. Lo público debería seguir siendo público. Ya está bien de tanta especulación y privatización para beneficiar a unos pocos.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

El Gran Hermano.

Edward J. Snowden es un joven analista de inteligencia que decidió arriesgarlo todo -está en riesgo de cadena perpetua y muerte- por denunciar los abusos del espionaje masivo que realizan los servicios secretos de los Estados Unidos.  Este ex-empleado de la CIA se asomó a las prácticas irregularidades de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y decidió, siguiendo su conciencia, que el mundo conociera todo lo que estaba ocurriendo.

Snowden con su denuncia ha desatado una tormenta mundial al exponer la fragilidad de la privacidad de nuestras comunicaciones en la era digital, dejando al descubierto a los gigantes de internet -Google, Facebook, Microsoft-, sacando los colores al presidente Obama, y poniendo en guardia a los más potentes servicios secretos del mundo. Todo hecho, con cuatro ordenadores portátiles y una llave USB, en beneficio del bien común.

Con sus revelaciones Edward Snowden ha dejado en evidencia que vivimos en un mundo donde es lícito tratar como sospechoso a todos los ciudadanos. Para ello no hay nada más que leer lo desvelado sobre los recovecos del sistema estadunidense “Prisma” capaz de captar, registrar y, sobre todo, tratar ingentes volúmenes de información privada para hurgar diariamente en nuestra más celosa intimidad.

La seguridad es un valor altamente deseado por los Gobiernos y a ella se subordinan los valores y la salud democrática. Sin embargo, olvidan que los sistemas de seguridad deben servir a la libertad, en lugar de servirse de ella. Los ciudadanos celosos de nuestra libertad e intimidad debemos estar muy agradecidos a este desconocido norteamericano por su filtración, porque aunque la tendencia hacia el Gran Hermano es imparable -ya lo contaba Orwell en su novela 1984-, al menos podemos imaginarnos momentáneamente que algo se ha retrasado su avance.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Uno de los nuestros.

Ayer se celebró el homenaje a José Chamizo en la Politécnica de Algeciras por su labor durante 17 años al frente de la institución del Defensor del Pueblo Andaluz. Fue también un homenaje a tantos hombres y mujeres de esta tierra de los que Chamizo ha sacado lo mejor para enfrentarse a los grandes problemas de esta comarca -sociales, de derechos humanos o medioambientales-, que son muchos.

Se dijeron muchas palabras llenas de verdad y afecto en este acto. Lo abrió Pepe Díaz, uno de los organizadores, diciendo “Los ricos y poderosos no le perdonan a Chamizo que haya tomado partido por los pobres”, y esa ha sido la causa de su destitución, que ha sido hecha de forma incorrecta y grosera tanto en el fondo como en la forma.

Chamizo molestaba porque representaba la dignidad y la defensa de unos valores que se están perdiendo. Y porque la casa del Defensor del Pueblo estaba siempre con las puertas abiertas para todos, pero especialmente para los que normalmente no son oídos o atendidos. Su titular pisaba todas las calles y plazas de Andalucía para conocer, sentir y sufrir con los más débiles,  gozando de la confianza de todos, por su humildad y verdad.

Todo esto no lo podía soportar una clase política insensible a la calle. Aunque políticos hay de muchos tipos y no se puede generalizar, porque puede resultar injusto e incluso demagógico. Pero en los cenáculos donde se maneja el poder y la política se decidió que ya resultaba peligrosa su forma de buscar la verdad, la justicia y la igualdad para todos los andaluces.

Este acto, como era normal, lo cerró Chamizo diciendo que estos son momentos de acción, pero también de reflexión para superar esta crisis del sistema democrático que es el resultado de gobernar de espaldas a lo que pide o quiere la gente. Y que hay que perder el miedo, porque una sociedad con miedo a hablar o a manifestarse no avanzará ni tiene futuro e irá perdiendo derechos, libertades e igualdad.

“Los desfavorecidos o excluidos cada día son más”, dijo. Así que hace falta un fuerte compromiso de todos para seguir luchando por una sociedad más solidaria y justa. Nada está escrito. Un mundo mejor y distinto lleno de esperanza y fraternidad es posible. Desde luego Pepe Chamizo está vivo y muy vivo y lo seguirá estando entre nosotros, porque es uno de los nuestros y un cómplice de lo mejor de nosotros. La lucha continúa.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Becas y limosnas.

Que carencia emocional la del ministro Wert y que grosera su expresión relacionando becas con limosnas. No solo se entiende lo que dice, sino más de lo que dice y, sobre todo, lo que piensa de los pobres.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha justificado “la nueva regulación de las becas”, que endurece los requisitos académicos necesarios para obtenerlas, con las presiones de los rectores, los Gobiernos autónomos y también de su propio partido. Nueva mentira y engaño del ministro, pues los debates y el rechazo de rectores, educadores y alumnos en las tribunas mediáticas y políticas es continuo. Aunque me parece más grave su permanente estrategia de tensión y confrontación con la reforma educativa, relacionando ahora becas con limosnas, en una demostración papable del nefasto clasismo ideológico del ministro.

En cualquier caso, en un foro organizado por el PP en Alcalá de Henares, Wert ha querido dejar claro que “esos recursos escasos” no se deben “distribuir en forma de limosnas sino como contribución de recursos que la sociedad hace y que deben tener su justa correspondencia”. Y además, que “no hay discurso más demagógico que aquel que intenta oponer la exigencia de rendimiento a la equidad”. Afirmando a continuación, con lo que se le rompe el discurso, que tiene que ser duro con los pobres porque “cuando se recibe dinero público, es lógico pedir un esfuerzo extraordinario”.

La ideología de la derecha es muy hábil en hacernos creer que hay una horda de holgazanes viviendo a nuestra costa. Es una vieja estrategia de tensión y de confrontación que intenta  servir de válvula de escape a unas clases medias cada vez más empobrecidas por la crisis. Por eso es muy importante que la verdadera información y la pedagogía nos ayuden a separar los argumentos mentirosos y ficticios de los reales. Así que antes de que alguien se apunte a las tesis de Wert es conveniente conocer la realidad.

La realidad es que la Universidad se sufraga fundamentalmente con dinero público. Dependiendo de la Comunidad autónoma, las tasas solo suponen entre el 15% y el 25% del coste total del servicio universitario. En consecuencia, no solamente están becados los “pobres”, sino la totalidad de los estudiantes universitarios, porque sus estudios son financiados con los impuestos de toda la ciudadanía. Y curiosamente, el 80% de estos impuestos proceden de los trabajadores y casi el 40% de cotizantes son mileuristas. Por eso, todos los que estudian en la Universidad pobres y ricos son becarios, es decir, reciben “becas”.

Es más, cuando el ministerio niega ayudas públicas a un estudiante por haber suspendido alguna asignatura, no está defendiendo ningún criterio de excelencia de la educación universitaria, simplemente lo condena a la exclusión mientras sigue regando con dinero público los estudios de sus compañeros de aulas que han suspendido el curso completo. El término “excelencia” del ministro se ha convertido en el caballo de Troya de la exclusión social.

Por eso para Elena Valenciano -lo dice en su blog-, la clave de “la política educativa” de Wert es “ordenar el sistema para que se detenga un camino de corrección de desigualdades que España emprendió hace años. A Wert le parece exagerado que todo el mundo quiera ir a la universidad”. Valenciano ha ironizado, como ya hizo en otra ocasión refiriéndose a la reforma educativa, con que el ministro es “un firme defensor de esa máxima tan conocida, de que siempre han existido clases”.

Así que, si alguien piensa que el debate sobre las becas solo atañe a las personas sin recursos,  se equivoca gravemente. En esta primera fase del proyecto educativo de la FAES y del PP, tratan de reducir a la mitad el número de alumnos sin recursos. Sin embargo, tras este ajuste se pretende “adecuar las tasas universitarias a sus costes reales”, es decir, encarecer de forma exponencial el acceso a la Universidad, lo que devorará el modelo universitario, tal y como lo conocemos ahora, que terminará por ser privatizado. Avisados estamos.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez.