Regulación y supervisión del sistema financiero.

En esta crisis mundial, la mayoría de la gente todavía no tiene una idea clara de la magnitud del colapso que podría haberse producido después de la caída del banco de inversión estadounidense Lehman Brother. Y menos mal que, en octubre del 2008, el anuncio de la recapitalización de los bancos en dificultades funcionó aunque a costa de la inversión de millones de fondos públicos en las instituciones financieras europeas y americanas, algo comparable a una nacionalización, que todavía estamos pagando y no sabemos hasta cuándo.

Por supuesto que fueron las desregulaciones de los mercados alentadas por los gobiernos y los riesgos hipotecarios de Estados Unidos los desencadenantes de la crisis, pero aún no han entendido muchos economistas y expertos que la mitad de los valores basura existentes en el mercado se habían vendido a bancos europeos. Estos tenían toda clase de basura en sus balances en vez de capital suficiente. Los Estados obligados por el posible colapso financiero tuvieron que acometer los mayores programas de inversiones y gastos que jamás hubiera visto el mundo, ni la Gran Depresión de 1929 se puede comparar. Para salir de la situación se necesitaba que los Estados imprimieran muchísimo dinero y coordinaran a nivel mundial las políticas monetarias y fiscales, algo que nunca se había hecho a tan gran escala.

Pero si el poder político no aprende la lección se provocará otra crisis de iguales o peores consecuencias en un futuro próximo. Esto significa que no podemos seguir como hasta ahora, pues el sistema financiero tal y como está concebido impone enorme riesgos a los particulares y a la economía mundial. Es evidente que para dominar ese riesgo hace falta regulación y supervisión, pero no sólo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Por lo que es necesario que las instituciones globales ocupen el lugar de las nacionales. Tenemos que pensar y actuar de forma global, si no lo conseguimos, no resolveremos los problemas de esta crisis, pero tampoco las del futuro.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

Llega el momento de la justicia.

El pasado viernes 25, las agencias más importantes de rating o de calificación de crédito: Fitch, Moody’s y Standard and Poor, que contribuyeron activamente a crear la crisis financiera, han sido denunciadas mediante una querella criminal en la Audiencia Nacional por la vulneración de los artículos 284 y 285 del Código Penal (Serán castigados con multas y penas de prisión: “los que difundieran noticias falsas para intentar alterar el precio de las cosas” y “los que usaren abusivamente de información privilegiada para perturbar el normal funcionamiento del mercado de valores”). Esta es una iniciativa de un equipo de abogados españoles, pero que nace internacionalizada pues la querella presentada incorpora aspectos básicos de las tres querellas presentadas en EE.UU. y Alemania. La querella reclama para los responsables de las tres grandes agencias, que copan el 90% del mercado mundial, penas de multa y de privación de libertad de entre seis meses y cuatro años por los perjuicios que han provocado al erario público debido al sobrecoste que ha tenido que pagar el Estado Español por la presión de los mercados y las pérdidas sufridas por los ahorradores que compraron productos basuras, que habían sido calificados fantásticamente por las agencias. Los querellantes sostienen que el “conflicto de intereses” entre los clientes -emisores de bonos basura- de las agencias denunciadas y los ahorradores que los compraban por su credibilidad, les ha permitido obtener unos beneficios extraordinarios y, sin embargo, a los ahorradores les ha causado un tremendo perjuicio. La querella  en España se ha registrado como acusación particular y la  impulsan de momento las organizaciones siguientes: Unión por las Libertados Cívicas, Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales y la Plataforma de Afectados por Hipotecas.  En Europa, esta es la segunda querella presentada contra las agencias de rating, la primera fue en Alemania. Y es que no se podía permitir que responsables directos de la crisis salieran indemnes de ella y sólo con la credibilidad cuestionada. La crisis financiera se creó en parte al otorgar estas agencias la mejor calificación, la triple A (AAA), a grandes porciones de los paquetes de hipotecas basura, la misma que otorgaban a los bonos del Tesoro estadounidense. Hasta ahora las agencias de rating eran casi invulnerables en los tribunales al haber sido reconocidas en 1975 como entidades oficiales de calificación por el órgano regulador internacional de las Bolsas y estar amparado por una clausula según la cual su actividad era distinta de la de un tasador o analista, por lo que no estaban sujetas a las mismas demandas o responsabilidad ante la justicia. El otoño pasado se decidió por el órgano correspondiente suspender indefinidamente esa clausula, así que a partir de esa fecha  tendrán que responder como cualquiera ante los tribunales. Por fin, la gente reacciona ante tanto abuso y engaño, llega el momento de la Justicia.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

Solidaridad con el Juez Garzón.

El pasado viernes 4, en el acto de presentación del libro “La solidaridad con el Juez Garzón”, en la Diputación de Córdoba, pensaba que si nuestra sociedad estuviera gobernada por la solidaridad, no se darían situaciones como la escandalosa persecución al Juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Con la apertura al juez de un proceso penal por el delito de prevaricación en realidad se pretende criminalizar la deliberación, el desarrollo libre y honesto de las ideas e imponer límites penales a la libre interpretación judicial. Desde las plataformas ciudadanas de apoyo al Juez hay que decir BASTA YA.

Una sociedad solidaria debe estar organizada sobre los principios del bien común y la solidaridad entre sus miembros, y no sobre la competencia, los intereses privados y la insolidaridad. Una sociedad debe estar fundada en el reconocimiento de la igualdad y la libertad. Igualdad y libertad, fundamentos de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que amparan a todos los seres humanos, aunque no al Juez Garzón, ya que su proceso no se ajusta  al modelo previsto en el artículo sexto del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos, según el Protocolo de 1998, que dice: “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de manera equitativa… por un tribunal independiente e imparcial… que decidirá sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella”. En su proceso no ha sido oído de manera equitativa, ni ha tenido un juez independiente, neutral e imparcial, ni se ha obrado con arreglo a las reglas de “la buena fe” en la falta de fundamentación de la acusación. En estas condiciones ni el CGPJ podía acordar su suspensión como juez, ni el Tribunal Supremo podía enjuiciarlo. Pero lo ha hecho.

El caso Garzón –como decía Antonio Franco, en El Periódico, en febrero del 2010– hace pensar en aquellas situaciones extraordinarias en las que al final se invierten las cosas, porque quien será juzgado atentamente por la opinión pública de aquí y de afuera es el Tribunal Supremo y no el magistrado. Lo que haga y decida el Supremo será analizado a fondo por las instancias jurídicas y políticas internacionales. Y si España tuviera por una vez un poco de suerte, quizás el caso Garzón sería para nuestra vieja justicia lo que el 23-F fue para nuestro viejo Ejército franquista. Es decir, tal vez sirva para situar a nuestro poder judicial al nivel de lo que merece un país democrático como la España del siglo XXI.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

El primer mitin de las municipales y autonómicas.

Gaspar Llamazares decía esta semana que el escenario del primer mitin de la próxima campaña para las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo había sido el pasado jueves 24 de febrero en el hemiciclo del Congreso, donde Zapatero y Rajoy se reafirmaron ante sus diputados en sus respectivas políticas, como ocurre en las campañas electorales. En ese acto, el presidente Zapatero finalizó su intervención en la tribuna, -con un relato orientado a describir los grandes hitos del gobierno de Felipe González en la construcción del Estado de bienestar, hasta llegar a ese compromiso socialista, impulsado por él, de las políticas sociales- intentando desmontar las continuas acusaciones de su giro ideológico, con estas palabras: “Hemos mantenido nuestro compromiso social durante la crisis, -incrementando entre 2008 y 2011 un 12% las partidas sociales- a pesar de la dureza de la crisis y más allá de los recortes extraordinarios que resultaron inevitables. El compromiso con el Estado de bienestar y sus valores da sentido como siempre a nuestra vocación política”. El líder del PP, Rajoy, en su discurso se presentó, de nuevo, como la solución al paro diciendo las mismas generalidades y palabras huecas de siempre: “No hay mejor política social que la creación de empleo”.  Y que la salida de la crisis sería muy diferente con el PP, haciendo acopio en su discurso de los siguientes titulares para los periódicos: “Es diferente malvivir con un subsidio a tener trabajo”; “de buscar refugio y socorro en la familia, a sostenerla”; “de carecer de oportunidades a poder escoger”; “de repartir la pobreza a repartir el bienestar”. El problema de los discursos del PP sobre el paro es que no explican nunca cómo se puede solucionar y cuáles son las reformas que tienen preparadas para salir de la crisis. Pero eso no tenía importancia, porque Rajoy ese día no estaba hablando a la cámara, ni a sus diputados, sino burlándose, en un acto de puro cinismo, de los electores, del sentido común y de la ética política. ¿Pero tienen ética política los dirigentes del PP?

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

¿Qué hacer con la educación?

Carmen Riera, en su última novela “Naturaleza casi muerta” con la que debuta en la novela negra, se sirve del suspense para criticar el sistema educativo actual. “La situación es dramática. Bolonia es un desastre. Lo que contaba en el 76 en el instituto, ahora no lo puedo contar en segundo de universidad”, sostiene. “Los nuevos grados no servirán de nada”, concluye. Esto que critica Carmen Riera en su novela, lo ratifica un estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorros,  que hace un análisis de la educación secundaria y universitaria en nuestro país. Su lectura es demoledora para todo el sistema educativo. De la educación secundaria dicen los autores del estudio “Nuestra secundaria es tan mala que en primero de carrera tenemos que impartir clases que, hace una década, correspondían a la ESO”, y continuaban, “a un niño de 11 o 12 años se le puede obligar a cursar una enseñanza uniforme, pero a uno de 15 o 16, ni lo sueñes. Habría que dejarles optar entre sus intereses y habilidades o aficiones, para que los contenidos les resultaran atractivos y no salieran huyendo ante la posibilidad de un trabajo. Porque ahora estamos viviendo un drama terrible, los chicos que dejaron los estudios en busca del dinero que generaba la construcción, -hasta ahí llegó la burbuja inmobiliaria- ahora están merodeando por las puertas de los institutos y no tenemos solución para ellos. Es muy triste ver a esos adolescentes tan perdidos, sin nada que hacer, sin futuro”. Para el sociólogo, escritor y periodista Vicente Verdú, esto es el signo final de una época y el inicio de otra que no somos capaces de comprender los mayores. Escribe que la llamada generación del botellón, más que una generación, es una degeneración, ya que no leen, no se esfuerzan, no entienden la virtud del sacrificio, se abstienen en las elecciones, faltan a la escuela, no creen en nada, se drogan… ¿Tiene razón? Espero que no, aunque debo reconocer por mi experiencia profesional que se ajusta bastante a la realidad en sus afirmaciones. Ante estos dilemas, siempre me pregunto qué hacer, y entonces recuerdo un pensamiento de los profesores G.Charpak (físico, nobel del 92) y R.Omnés (matemático), que me reconforta y anima: “Nada hay más necesario que dar a los jóvenes esa educación que necesitan y que se merecen, de la que resulten generaciones de hombres y de mujeres libres, capaces de entender por si mismos el universo que les rodea y su significado. Urge hacerlo antes de que a los gurús de la venganza, los adoradores de leyenda, o los iluminados les dé tiempo a apoderarse de ellos. Para que por el contrario, reciban de los  sabios el verdadero saber y de los poetas la lucidez y la iluminación de sus actos”.

María José Jiménez Izquierdo

Carta al día de Córdoba.

El titular del Día de Córdoba de ayer decía “Los ecologistas llevarán a Aguilar ante el Supremo por Colecor”. Ese titular no se ajusta  a la información que aparece en las páginas interiores, pues lo comunicado por la organización Ecologista en Acción es que “anuncian acciones legales conducentes a que se produzca una investigación”. Esta investigación se basaría en las declaraciones del candidato de Unión Cordobesa, Rafael Gómez, que dice haber recibido “un permiso verbal” de “quienes mandaban en el Ayuntamiento” para construir el complejo Colecor de la carretera de Palma del Rio. Asegura también la organización ecologista que pedirá al Tribunal Supremo que emita un suplicatorio, -¿en base a qué? ¿qué veracidad puede tener esa fuente insolvente que es Gómez?- que permita una instrucción penal y el procesamiento de la ministra Aguilar. A la vista de esta información me pregunto, qué manera de informar es esa, no tienen libro de estilo  o no saben separar lo que es información de lo que es opinión o publicidad electoral, cuando reproducen las palabras del procesado en el caso Malaya, Rafael Gómez.  Se han olvidado que el derecho a la información es del lector, no del periódico, y que la obligación del profesional es ayudar a los lectores a pensar, recurriendo a datos y contextos precisos. En este caso, debían haber informado sobre la inexistencia en la administración municipal del “permiso verbal” porque las licencias municipales son actos reglados que no dependen de la voluntad de las personas, además de no permitirlo la legalidad urbanística vigente. En toda información es fundamental entender qué está en juego y por qué. Y advertir a los lectores sobre los trucos y engaños que encierran algunas propuestas políticas, especialmente las del procesado, Rafael Gómez, que busca conseguir por la vía de las urnas lo que no ha logrado en los tribunales. Al lector de periódicos no se le sacia con golpes de efecto, sino con una narración veraz de los personajes y los hechos. Y hasta la fecha no existe ningún pronunciamiento judicial que invite a pensar que existen responsabilidades de orden penal por el asunto Colecor. Aquí lo que está ocurriendo es que ante el silencio de Rosa Aguilar -bendito silencio-, algunos medios abusando del derecho a la información y a la libertad de expresión, le están haciendo el juego a Rafael Gómez para que llegue a Concejal, aprovechándose de la desesperanza en la que se mueve la sociedad cordobesa y el rechazo a los partidos mayoritarios generado por la crisis y la corrupción. Se dan cuenta esos medios de las posibles consecuencias que acarrearía esa situación y de los posibles perjuicios que le están ocasionando con su información a la fama y la honra de una buena persona como Rosa Aguilar.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

Un dilema moral.

En la llamada guerra contra el terror, muchos gobiernos reconocidos como democráticos se plantean todavía este dilema moral: ¿Se puede hacer uso de la tortura con sospechosos de terrorismo, si con ello puede salvarse la vida de decenas de inocentes? Este viejo dilema moral, cada día más vigente desde los atentados del 11-S, tiene en nuestro tiempo dos respuestas o posturas irreconciliables: Primera, la de quién responde afirmativamente considerando que el valor de la vida de esas decenas de personas está por encima de cualquier otra consideración. Y segunda, la de quién responde negativamente, convencido de que la tortura es en sí mismo un acto inhumano y que como tal debe rechazarse siempre, incluso al precio de arriesgar la vida de los demás. Ahora, el profesor de la Universidad de Harvard, Michael J. Sandel, autor del libro “Justicia ¿Hacemos lo que debemos?” publicado por la editorial Debate, demuestra que el criterio utilitarista, que sostiene que sólo los números importan, es insuficiente a la hora de autorizar el uso de la tortura. El citado libro disecciona las implicaciones morales de las leyes, revisando las grandes teorías de la justicia: la búsqueda del bien común de Aristóteles, el igualitarismo de John Rawls o el universalismo de Kant. La teoría de Aristóteles ha estado siempre presente en nuestra vida cotidiana, pues términos como “ser un asesino en potencia” proceden de él. En su teoría establece que la pauta ética más adecuada es buscar siempre el término medio y que la ética invariablemente está subordinada a la Política, que es la búsqueda del bien común. El Igualitarismo liberal nace del estudio de la teoría de la Justicia desde la filosofía política. El profesor norteamericano, John Rawls, partiendo de una crítica al utilitarismo, establece sus dos famosos principios: el principio de las libertades iguales para todos y el principio sobre las desigualdades económicas, estas últimas aceptadas mientras garanticen la igualdad de oportunidades y actúen en beneficio de los peor situados de la sociedad. Kant, con el universalismo, defiende que lo que está bien o mal no depende ni de la sociedad, ni del individuo, sino que es independiente a ellos y, con el relativismo, sostiene que no hay verdades absolutas sólo relativas, lo que implica que no hay una forma universal de la razón. Por eso, prefiero el universalismo que trata a todos los individuos por igual frente al relativismo que te obliga a hacer lo que dicte cada sociedad, aunque tú no quieras. También Sandel en su libro, pregunta ¿Qué hacer?, pues lo justo, algo que cada día, cada persona, debe explorar y decidir en múltiples ocasiones, porque las cuestiones cotidianas o de actualidad reflejan a veces ideas muy profundas.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

¿Quiénes son ahora los luchadores por la libertad?

Los occidentales siempre hemos asumido como exclusivo el rol de luchadores por la libertad y la dignidad, pero que grande ha sido nuestra sorpresa ante el seísmo de los países del Magreb y de Oriente Próximo donde esos árabes que creíamos dóciles están escribiendo su propia historia. Poco espacio le están dejando a nuestro “histórico” derecho a meternos en sus asuntos. ¿Quién hubiera pensado que ese viejo impenitente y encogido de las cavernas saldría,  de pronto, deslumbrado por la luz de la libertad? Y esto no ha terminado, ya no van a quedarse contentos con una democracia con restricciones, quieren la versión real de la democracia, esa que nosotros hemos construido y cultivado con mucho cuidado y con algunos defectos, pero siempre  brillante. En Facebook, los grupos revolucionarios lo piden y lo  tienen como lema: “Cambio, Libertad y Democracia verdadera”.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

FELIZ DÍA DE ANDALUCÍA

Para los andaluces de todo el mundo,

aunque hayan nacido donde les dé la gana.

¿Es necesario un debate sobre la energía nuclear?

El día 15 de febrero, el Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la Ley de Economía Sostenible (LES). El objetivo del Gobierno es sentar las bases para un modelo de desarrollo y crecimiento más sostenible de la economía española. Esta aprobación avala una enmienda de CIU y PNV en el Senado que permitirá alargar la vida de las centrales nucleares más de los 40 años actuales. Por eso, estamos en el mejor momento para iniciar en nuestro país un debate riguroso sobre la energía nuclear, y no seguir evitándolo más. Porque para  mantener una Europa unida no podemos tener posiciones divergentes, no podemos ser antinucleares de fronteras para dentro y no serlo de fronteras para fuera, sobre todo cuando la energía que compramos está producida por nucleares, pero eso sí de más allá de los Pirineos. Y sobre todo cuando sabemos, después de Chernóbil, que no hay fronteras para las emisiones radiactivas. Por eso, debemos replantearnos seriamente la cuestión de la energía nuclear y la producción de los elementos tecnológicos de enriquecimiento necesarios para que ningún país europeo se sienta radicalmente dependiente de otro. Aunque esta energía este muy cuestionada en todo el mundo, su proceso de implantación es imparable sobre todo con la crisis de oferta en materia energética a la que está abocada España -nuestro déficit comercial en 2010 subió más del 4% al dispararse la dependencia energética exterior que es del 80%- y Europa, y que difícilmente podremos evitar debido al crecimiento del consumo energético de China, India y América Latina. Así que si España, en particular, y la Unión Europea, en general, no son capaces de dar respuesta a sus desafíos energéticos y a sus necesidades de ser potencias económica-tecnológicas de primer orden, su modelo de cohesión social será insostenible. Felipe González, lo dice en su libro “Mi idea de Europa” de 2010: “Podemos estar orgulloso del modelo social europeo, pero si no tenemos con qué pagarlo habrá que renunciar a ese orgullo”.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

¿Al PP les importan los parados?

Cada vez que escucho a los líderes del PP, especialmente a Rajoy, diciendo que tienen las soluciones para el paro, me pregunto: ¿Por qué no hacen públicas de inmediato estas soluciones? ¿Qué opinión les merece las soluciones de los planes de empleo surgidos del reciente Acuerdo Social y Económico? ¿Les parecen positivas, negativas o mejorables? ¿Entienden en el PP el drama que provoca, cada día, este problema en millones de personas? ¿O es que no les preocupa?  Si no contestan a estas preguntas y no hacen nada al respecto, creo que puede deberse a dos motivos. El primero, es que no tienen ni idea de cómo solucionar dicho problema, por lo que mienten para sacarle rentabilidad política. El segundo, es quizás todavía peor, que tengan posibles soluciones y no quieran explicarlas porque el remedio es peor que la enfermedad, y eso les haría perder votos y bajar en las encuestas. Como vemos, tanto en un caso como en otro, su forma de actuar es eminentemente electoralista y demuestra que la situación de los más de cuatro millones de parados no les preocupa en absoluto. Y eso para los ciudadanos, que esperan algo más de un partido con posibilidades de gobernar, puede ser todavía peor que las mentiras.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez   

No es posible el olvido.

“Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener los ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad  como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad y luego la justicia. Sólo así es posible el olvido verdadero” (Juan Gelman).

La verdad es que el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 en nuestro país fue un levantamiento militar ilegal e ilegítimo contra un gobierno democráticamente elegido. El fracaso de ese golpe desencadenó una guerra civil, y en ella, se cometieron ejecuciones y asesinatos en ambos bandos.

La dictadura hizo cientos de exhumaciones en toda España para las víctimas franquistas de la Guerra Civil, pero las familias de los republicanos, en aquél entonces, ni siquiera podían nombrarlos, en muchos casos, ni siquiera vestirse de luto, como si ese crimen no hubiera ocurrido.

Terminada la guerra, el hecho más dramático de la dictadura fue la represión. Hoy día desconocemos  todavía el alcance de la misma debido al oscurantismo sobre las fuentes documentales, pero  sabemos que los decretos, bandos y órdenes de los militares fascistas ponen al descubierto la planificación de un tremendo genocidio.

Dicho esto, hay que tener claro que para fortalecer nuestra democracia y hacer justicia tenemos que poner en valor el proyecto político democrático de la II República, que defendían las víctimas del franquismo. No se trata sólo de recuperar los restos de las víctimas para entregarlas a las familias investigando las violaciones cometidas y, en el caso de que se reúnan suficientes pruebas admisibles, emprender acciones judiciales contra los presuntos responsables, sino de recuperar los valores de igualdad, fraternidad y solidaridad que portaban aquellos hombres y mujeres represaliados por el fascismo español.

Sin embargo, en este país ni podemos hablar de justicia  ni de reparación plena y efectiva a las víctimas y a sus familiares -con restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición-,  lo cual impide el final de nuestra transición, aunque todo el mundo la de por superada. Por eso, sin verdad, justicia y reparación nunca habrá olvido.

María José Jiménez Izquierdo

¿Es posible el olvido?

El continuo debate sobre el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, -según la prensa, sólo en Murcia existen aún más de un centenar de calles con nombres franquistas- nos viene a demostrar que las heridas del franquismo todavía no están cerradas, que las reparaciones a los que sufrieron represión no están satisfechas, y que la sociedad no ha evolucionado tanto como para olvidarse de la locura del franquismo, aunque algunos lo quieran. El olvido no llegará hasta que no deje de polemizarse con los hechos ocurridos en la guerra civil y en el largo periodo de la posguerra, cuando consideremos esa locura histórica como un fenómeno ajeno a nosotros. Es decir, cuando esos hechos ya sean más historia que memoria. Ese día algo se habrá ganado, pero también algo se habrá perdido. Por eso, estoy en desacuerdo con la eliminación del Valle de los Caídos y de otros símbolos del franquismo, lo que hay que hacer es explicarlos. No se puede borrar ese pasado, que ha tenido tanta importancia en nuestra historia, porque difícilmente se puede construir una historia diferente si no se tiene en cuenta que existió y el mal que causó.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

ERES o no ERES.

En el tema de los ERES, Expedientes de Regulación de Empleo, con fondos de la Junta para mantener la actividad empresarial en zonas deprimidas, habría que distinguir el trigo de la paja o la verdad de la mentira, porque se confunde la parte con el todo. Desde 2001 a 2010, los 690 millones de euros utilizados por estos conceptos, no forman parte de un fondo de reptiles, ni de un reparto discrecional, como se dice, pues de las 6.000 personas que han recibido ayudas socio-laborales, sólo 39 son supuestos intrusos porque no trabajaron en las compañías objetos del ERE pero cobraron prejubilaciones. Así que son falsas las informaciones difundidas por el PP sobre la cuantía del fraude -de 700 a 1400 millones de euros-, sobre la falta del informe de la inspección de trabajo, sobre la cofinanciación por los fondos europeos o sobre la ilegalidad de los fondos, ya que fueron aprobados por el Parlamento Andaluz en los presupuestos anuales de la Junta de Andalucía. Ahora lo que procede es que los socialistas lo investiguen todo y se comprometan a depurar todas las responsabilidades políticas y penales -que las ha habido-, colaborando con la Justicia para que todo el peso de la ley caiga sobre los corruptos y mangantes. Y  lo que no podemos permitir es que el PP haya convertido el caso en una especie de causa general contra la Junta -se le nota demasiado las prisas para llegar al poder a cualquier precio-, confundiendo a la opinión pública con datos inexistentes o exagerados y dando la impresión de que el fraude afecta a todos los expedientes reguladores, hasta se ha tratado de encontrar una conexión con el despacho laborista de Felipe González, despacho que no existe hace cuarenta años. Así que, ya está bien de tanta calumnia, difamación y mentira para socavar al gobierno de la Junta y de tanta crispación artificiosa que no arregla, ni arreglará ningún problema de la sociedad andaluza. Al final, ese gigantesco fraude -según la prensa apocalíptica- se quedará en nada o casi nada. Ustedes lo verán.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

Fraudes viejos que se repiten.

En este país hasta los fraudes parecen viejos y con reminiscencia de la transición. Los medios de comunicación informan del estallido de la burbuja de Rumasa, no de la antigua Rumasa, sino de la Nueva, que utiliza las mismas malas prácticas mercantiles que la antigua para engañar a los incautos o avariciosos que invierten en ella. Esta gente debería haber sospechado de la promesa de unos tipos de interés fuera de mercado, del 8% en la primera emisión y del 10% en la última. La estrategia de la Nueva Rumasa era crecer rápido, comprando barato empresas en dificultades y con problemas, no para invertir en ellas, sino para venderlas y cubrir con su venta deudas de otras que eran deficitarias, o comprando el mayor número posible para poder así generar sinergias entre ellas. Ruiz-Mateo y sus empresas nunca han gozado de la confianza de los mercados, por eso, cuando estos dejaban de prestarle dinero por no cumplir con sus compromisos, utilizaba empresas propias como Carcesa -poseedora de marcas como Apis, Fruco y 72 referencias más-, que captaba recursos mediante la emisión de pagarés. Por este concepto ingresó 70 millones de euros que, junto a otros 25 propios de la empresa, prestó a varias empresas del grupo seguidamente. El resultado es que las tres fábricas de Carcesa en Extremadura tienen ahora su producción bajo mínimos por no poder pagar a sus proveedores. Sin embargo, lo crucial es saber si estamos ante una suspensión de pagos (concurso de acreedores) o ante un problema de liquidez. Porque si los productos de Nueva Rumasa desaparecen de supermercados y grandes superficies, por tener su producción en mínimos,  el daño puede ser irreparable, ya que se tarda mucho en construir una marca y muy poco en destruirla. Espero que esto sea el final de un sinvergüenza como Ruiz-Mateo, que estafa una y otra vez,  y que pueda salvarse algo de este desastre: aquellas empresas que son viables con otra gestión; las deudas con Hacienda y la Seguridad Social; los puestos y sueldos de los trabajadores; y los acreedores cuyas deudas están respaldadas por bienes materiales. Porque los propietarios de pagarés, que serán los últimos en cobrar si sobra algún dinero después de pagar a todos, no me preocupan tanto, pues jugaron y perdieron.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

Donde da la vuelta el aire.

Nací en el Campo de Gibraltar, donde da la vuelta el aire, y no, como decía Gonzalo Torrente Ballester, en una esquina de Salamanca. El aire forma parte importante de mi vida, hablamos sobre el levante o el “vientosur” como de turismo o de la industria local, hasta enlatamos y vendemos el aire del estrecho. El aire cuando está limpio, no nos hace sufrir o al menos, no padecen nuestros pulmones. Ahora, Ana Botella, concejala del Ayuntamiento de Madrid, equipara el aire con el desempleo, sobre todo, el aire sucio. Eso es una inmoralidad. No respirar bien o no tener futuro, parecen dramas paralelos, pero respirar creo -por lo menos para mí que sobrellevo el asma- es lo primero y principal. Así que, si se habla de aire, pues hablemos de aire y, si se habla del paro, hablemos del paro y de su oscuro futuro. Al final, los dos son problemas políticos, inclusive morales. Porque cuando la atmosfera es irrespirable algunos Ayuntamientos, como el de la concejala Ana Botella, esconden los instrumentos con los que se mide el tamaño del desastre, igual que se buscan falsos culpables al desempleo, cuando fue el neoliberalismo a ultranza el que propició una desregulación permanente que contribuyó al caos primero y a la crisis después, y que ahora no nos deja ni respirar.

María José Jiménez Izquierdo

Una reflexión necesaria.

La deslegitimación de la clase política es un viejo mensaje fascista. Hoy día es repetido por periodistas deleznables de la derecha española. Pero ni todo es corrupto, ni todo es mangoneo en la política y lo que nos jugamos en realidad, aunque parece no importar, es la credibilidad de nuestra normalidad jurídica y su representación legal, porque ni es tan infinita como parece, ni tan flexible como pudiéramos creer. Por eso, ese tsunami de insultos, grosería y cutrerío de tantos medios de comunicación -para que nombrarlos-, surgidos como setas al calor de la TDT y acogidos alegremente por el PP para hacer burla -con un lenguaje chulesco- de ministras como Bibiana Aido y Leire Pajín, tendrán su coste político. No se puede admitir que Cesar Vidal diga en la Razón: “La vida de esta desdichada mujer de Málaga -como la de tantas- ha sido segada por un delincuente repugnante, pero la culpa de que no haya recibido la protección adecuada recae sobre las Bibianas y las Leires y las demás miembras que difunden una ideología de resultados criminales, esas que creen que se puede reformar a un asesino potencial mediante un curso de igualdad”. Cuando escucho o leo estas cosas, de esos periodistas apocalípticos, me pregunto si el PP se da cuenta del efecto negativo que esa estrategia, jaleando o guardando un marrullero silencio sobre estas barbaridades y otras peores, produce en el conjunto del país. ¿Así se puede asegurar para el futuro el buen funcionamiento de la cosa pública? Creo que no, por eso no podemos permitir, por el bien de todos y de nuestra democracia, y aceptar que se prolongue por más tiempo este estado de cosas en España. ¿Qué hacer? Como mínimo, una reflexión es necesaria.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

¿Hay una apuesta por la paz en el País Vasco?

La presentación por la nueva izquierda “aberzale” de la documentación en el Ministerio del Interior para legalizar un partido llamado Sortu, que dicen es heredero de Batasuna, nos exige como demócratas analizar este hecho desde el punto de vista socio-político, porque desde el punto de vista judicial, ya lo harán los jueces. Para analizarlo desde el punto de vista socio-político es importante tener en cuenta las condiciones de esta legalización, porque, primero, no podemos olvidar que hay que liberar de sus miedos e insensibilidad a la sociedad vasca, que ha vivido rehén de ETA. Segundo, hay que impedir que existan los medios que facilitan la llegada de nuevos jóvenes radicales a la militancia terrorista. Tercero, no puede haber impunidad histórica para los asesinatos de ETA, sobre todo, desde la instauración de la democracia en nuestro país hace 30 años, pues el dolor generado ha sido mucho. Y cuarto, las victimas tienen que poder cerrar sus duelos y tragedias con el calor, apoyo y solidaridad de la sociedad e instituciones vascas, una vez finalizada la violencia de ETA.

El comunicado de ETA del 10 de enero, que “proclamaba el alto el fuego permanente, general y verificable”, es posiblemente una avance hacia el fin de la violencia y una vía a la esperanza, pero después de tantos engaños, a la opinión pública, a la sociedad y a los partidos, estamos obligados a ser prudentes, muy prudentes. Sobre todo porque en la página web de Berria, el único periódico hoy en euskera, la mayoría de los comentarios de los internautas son de rechazo al comunicado de ETA y a los estatutos de Sortu, que ahora estudia Interior. Entre los argumentos más empleados están “es un paso atrás”, “con estas concesiones perdemos fuerza en la lucha por la independencia”, “es una humillación”, etc. Y es que uno no se convierte en demócrata de la noche a la mañana, y si lo hace la izquierda “aberzale” ahora es por necesidad y por presión social. Así que, como Sortu no ha cumplido todavía los requisitos para estar en las urnas, si no concurre a las próximas elecciones estaremos ante una buena oportunidad para comprobar lo decidida que es su apuesta por un sistema de convivencia y democracia -sin presiones radicales- en el País Vasco. Ante esta situación, debo terminar esta reflexión con una pregunta que nos hacemos los ciudadanos amantes de la paz: ¿Será el nacimiento de Sortu un punto de no retorno para la violencia en el País Vasco?

Ángel luis Jiménez Rodríguez

El virus de la crisis.

El virus de la crisis, que estamos sufriendo, sigue mutando. La crisis de financiera pasó a ser económica, y ahora, es de deuda pública o soberana. En estos días, fue de alimentos, por el aumento del consumo en China e India, y de pronto se transformó en crisis social -hay carencias severas larvadas que serán fuente ahora y en el futuro de graves conflictos- con los explosivos acontecimientos de Túnez y Egipto. Esto demuestra la gran volatilidad de los mercados de valores locales, incluso en los más estables y prósperos países como son los de los jeques árabes del petróleo. Parece como si estuviéramos viviendo la decadencia del sistema, pero tranquilos que la historia no se acaba en dos días.

¿Otro mundo es posible? No me cabe la menor duda. Quién esperaba presenciar revoluciones en países árabes después de la descolonización. Y, sin embargo, ahí están los éxitos en Túnez y Egipto de la rebelión popular, en el sentido literal de la palabra pues han nacido del pueblo y  han dado una lección de dignidad al mundo. Esta llama democrática puede ser el inicio de una nueva era para los países de la región. Pero, no sabemos si estas revueltas populares con aspiraciones democráticas se extenderán a más países. Yo lo espero, pues la revolución egipcia es el resultado -en esta crisis-de las políticas económicas y sociales neoliberales y sus efectos miserables sobre los países. Y la levadura de esta vigorosa primavera egipcia, nacida en sus plazas y callejones, puede facilitar y ayudar a resolver en otros pueblos las enormes desigualdades existentes. Ya lo decía Bertolt Brecht: “Las revoluciones se producen en los callejones sin salida”.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

¿Zapatero o Rato?

En esta crisis, Zapatero ha sido acusado por el PP de ser un optimista antropológico al no reconocerla en su momento. Y ahora resulta que el que tenía orejeras era Rodrigo Rato, y eso que por ser su director gerente tenía todos los servicios del Fondo Monetario Internacional a su servicio. Decía en su época, -hoy en entredicho según el informe de auditoría de su mandato- que los mercados eran “sabios” y se bastaban para autorregularse y regenerarse. Y también afirmaba, unos días antes de la quiebra de la banca Lehman Brothers, que la crisis había sido contenida. Ahora, Álvaro Nadal, secretario de Economía del PP, nos dice que si en el mundo tuviésemos que criticar a todos los que no han sido capaces de anticipar la crisis nos quedábamos en cuadro. ¡Qué cara más dura! Entonces quién era el optimista, quién era el irresponsable, quién estaba ciego: ¿Zapatero o Rato?

Ángel Luis Jiménez Rodríguez