Por qué fracasan los países.

En medio de la crisis que estamos viviendo, un profesor de Harvard, James A. Robinson, ha publicado una obra que es un discurso discordante sobre el origen de la recesión. Esta obra,  publicada ya en español por editorial Deusto, se titula “Por qué fracasan los países”. Libro citado continuamente por economistas de todo pelaje y condición, y que el premio Nobel de Economía de 2011, George Akerlof, ha llegado a comparar con una de las obras cumbre de la historia del pensamiento económico, “La riqueza de las naciones” de Adam Smith.   

El tratado de Robinson hace un exhaustivo análisis histórico para intentar explicar por qué unos países se desarrollan más que otros. Su conclusión es que aquellos países que gozan de instituciones políticas democráticas y que hacen participes a los ciudadanos de las decisiones siempre tienen más opciones de progresar. Dice que cuando el poder está repartido, cuando todos los ciudadanos son tratados con justicia, cuando hay pluralismo y Estado de derecho, se generan automáticamente “círculos viciosos” que conducen a un mayor desarrollo del país.

Explica que la crisis mundial es muy heterogénea, pero en el caso de la europea está la decisión de Kohl y Miterrand de impulsar una integración monetaria sin que fuera acompañada de una integración fiscal. Esa integración monetaria era sobre todo un proyecto político más que económico, y como hoy podemos comprobar no consiguieron lo que  querían. Pensaron erróneamente que la integración económica era la forma de forzar la integración política. No pensaron que si tienes una unión monetaria, pero con grandes diferencias entre países, y no hay armonización fiscal se crea una dinámica inestable y una situación insostenible que lleva, sin remedio, a la recesión.

Para Robinson el capitalismo es inestable y más temprano o más tarde los países sufren sus recesiones periódicas, incluso aquellos países que tienen instituciones democráticas y mecanismos de control para controlar sus déficits y supervisar sus sistemas. Pero algo que no se está haciendo bien en esta crisis es no separar el problema de la deuda, un problema a largo plazo, de los problemas sociales y financieros, que son siempre a corto. La deuda existente no hay más remedio que aplazarla en el tiempo. Y las soluciones a corto plazo dependen de que la Unión Europea muestre una solidaridad creíble y suficiente con España y los otros países europeos con problemas para que puedan acceder al dinero necesario para su economía a unos intereses bajos o muy bajos.

Dice Robinson que pagar la deuda debe llevar 30 o 40 años, no menos, y que el Gobierno español como otros países europeos deberían utilizar la política fiscal para que la gente vuelva a trabajar, a mejorar el empleo juvenil y a que la económica funcione. Porque afirma que tener tanta desigualdad es muy corrosivo para las instituciones y la sociedad, y puede llevar a reacciones que nadie desea, que pueden ser muy violentas. Y tiene muy claro que en esta crisis alguien tiene que pagar la deuda, pero quién debería pagarla sino esa gente que se hizo enormemente rica en los últimos 20 años.

Posiblemente haya margen, pero no mucho tiempo, para acabar en Europa con esas políticas restrictivas que han generado tanto desempleo. La austeridad fue una mala idea que hasta el Fondo Monetario ha reconocido como un error. No es bueno que por acumular déficit y deuda, pospongamos las decisiones difíciles. Así que en la cumbre europea del próximo jueves 27 hay que avanzar más en esa unión política que armonice las políticas económicas y fiscales de toda la Eurozona. No hay, ni existe otra solución para nuestros problemas.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Unas reflexiones para los votantes del PP.

El periódico “eldigital.es” publicaba esta semana una carta abierta al 24,5% de los españoles, que según las encuestas del domingo aún siguen apoyando al PP. Parece que no les importa que este Gobierno se cargue no solo el futuro, sino también nuestro presente con tantas reformas y ajustes. Y con  esa permisividad, oscurantismo y falta de trasparencia con la corrupción que impide que este país  pueda funcionar con normalidad. Porque la falta de confianza en nuestro sistema político, en las instituciones y en la democracia debido a la corrupción, es el mayor lastre para la imagen de España en el exterior y para que nuestra siempre joven democracia funcione.

Me gustaría saber cómo se les queda el cuerpo a esos ciudadanos, que piensan seguir votando al PP, cuando sus favoritos electorales se están llevando impresionantes sobresueldos, “indemnizaciones” y “becas” de alojamiento. Hasta un millón de euros más ha cobrado el propio Mariano Rajoy solo en un quinquenio según las propias cuentas del partido presentadas al juez Ruz, y esto mismo ocurre con buena parte de la dirección del partido. ¿Les importa algo todo eso a los votantes del PP? O, ¿les da igual?

También espero que no ignoren cómo ha crecido la desigualdad social en nuestro país. Estamos a la cabeza de Europa en esa progresión desde el inicio de la crisis. Y ya hay muchos niños que solo comen lo que les dan en el colegio. Una comida al día. No desayunan, ni cenan. De hecho, se están habilitando soluciones individuales, sin ir más lejos en Algeciras, para que durante las vacaciones la caridad y la solidaridad les nutra al menos con esa ración mínima, una vez al día. Me dirán, ¿que siempre ha habido ricos y pobres? Sí, pero no tantos ricos como ahora que poseen lo que el 99% necesita y, además, sin pagar impuestos. Eso sin mencionar la amnistía fiscal regalada por el PP a los evasores de impuestos y el fraude que normalmente practican la gente de rentas elevadas o con grandes patrimonios.

Les importa a esos electores que miles de familias pierdan sus casas por impago de créditos mientras se subvenciona con dinero público a los bancos. Y que Europa pida también la dación en pago y el PP se niegue. Qué sensación les causa que empresas especulativas extranjeras estén pujando por nuestros hospitales en las Comunidades gobernadas por el PP. Y qué les parece que haya seres humanos que ya no siguen en la medida necesaria sus tratamientos médicos con grave riesgo para la salud de todos por la reducción de los servicios de salud y el repago farmacéutico.

Saben estos buenos votantes del PP que su Gobierno ha creado en su corto mandato un millón de nuevos parados. Que en las positivas cifras de empleo registrado en Mayo hay gente que figura 4 veces porque solo tiene un contrato de un día a la semana. Y que el otoño se llevará los contratos estacionales. Les parece que una reforma laboral que facilita el despido y la bajada de salarios es la solución. Y encima nos dicen que estamos “en el buen camino”. Se han preguntado en qué dirección va ese camino. Qué modelo de país se ha previsto por el Gobierno del PP cercenando la investigación, recortando en educación y devaluando sueldos. O mandando a la gente más valiosa de este país a la emigración.

Se han enterado que con la nueva Ley de Costas se permitirá construir al lado del mar, volviendo a inflar la burbuja inmobiliaria creada por José María Aznar y Rodrigo Rato -causa fundamental de nuestra crisis particular-  lo que puede alejar el turismo que es casi lo único que nos queda ya. Tienen noticia o información de que también quieren acabar con los parques naturales para dedicarlos al lucro especulativo.

Sabemos que este electorado si no vota al PP, no sabe a quién votar. Les ocurre algo parecido al electorado que mantiene su apoyo al PSOE, pero creo que menos, porque éste no entiende porque su partido suscribe pactos para secundar las políticas del PP con las que dicen no estar de acuerdo. Pero, ¿hay otras soluciones? Creo que sí. Ya somos mayoría los no adictos al bipartidismo de PP y PSOE. Y además no es lógico, ni razonable lo que está ocurriendo.

Existen además mecanismos para lograr acabar con este insostenible desvarío y superar los miedos al cambio. Para ello están las múltiples plataformas, frentes cívicos y movimientos ciudadanos unidos en torno a programas de acción para luchar socialmente y conseguir la plena  realización de sus derechos políticos y económicos. Los españoles no podemos seguir aceptando que nuestra participación en esta democracia, que más bien parece partidocracia, se reduzca solo a depositar un voto cada cuatro años.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

La reforma de las pensiones.

Dicen los expertos que sólo hay algo peor que reformar las pensiones, e incluso no reformarlas, y es reformarlas sin consenso. Pero me figuro que algo habrá que hacer porque a medio plazo las cuentas no cuadran, ni siquiera en la hipótesis de una recuperación aceptable del empleo, y menos con la amenaza de una quiebra real, nada fantasmagórica.

El informe para la reforma del sistema de pensiones elaborado por un consejo de expertos -el mejor modo que se ha encontrado en política para equivocarse entre varios- consagra legalmente algo que ya ha sucedido en los últimos dos años, la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones en tiempos de crisis o su congelación por un largo periodo como sucede ahora, si la economía va mal. Es decir, la perogrullada o simpleza del siglo, en épocas malas las pensiones bajan.

Este informe de los expertos ya ha sido entregado al Ejecutivo. Y ha sido asumido por 10 de los 12 miembros del grupo (un voto en contra y una abstención), con tres votos particulares. Los votos particulares corresponden a Miguel Ángel García, jefe del gabinete de estudios de CCOO, quien no obstante ha votado a favor del texto. El rechazo viene de Santos Ruesga, Catedrático de Economía Aplicada, que entró en el consejo a propuesta del PSOE y la abstención de José Luis Tortuero, Catedrático de Seguridad Social, también propuesto por el PSOE.

Ahora, el Gobierno remitirá el informe a la comisión parlamentaria donde se negocian las reformas de las pensiones (Pacto de Toledo), y abrirá las conversaciones con los sindicatos y la patronal, a ello se comprometió Rajoy. La reforma final -“el comité se pronuncia a favor de una aplicación lo más temprana que sea posible y prudente, dentro del periodo 2014-2019”- tiene que estar lista en septiembre, a ello se ha comprometido el Ejecutivo con la Comisión Europea.

Las conclusiones del informe de los expertos pasan por poner en marcha un doble mecanismo de ahorro para la Seguridad Social. Por un lado, desvincular las pensiones de la marcha de los precios ligándolas a la salud de las cuentas del instituto público y, por otro, vincular la pensión inicial de los recién jubilados a la esperanza de vida en el momento de retirarse, tal y como figuraba en el primer borrador presentado y aprobado ya definitivamente el pasado viernes.

La principal novedad de la reforma que se avecina es que afectará tanto a los pensionistas futuros como, y sobre todo, a los actuales. Si la propuesta sale adelante en los términos redactados, por primera vez una reforma de este tipo se aplicará sobre quienes ya son pensionistas en el momento de su entrada en vigor. Hay que tener en cuenta que la actualización anual es el elemento que más contribuye al incremento anual de la factura de las pensiones (teniendo en cuenta la inflación, una media de 2.000 millones anuales desde los años ochenta).

La propuesta no aconseja seguir retrasando la edad legal de jubilación más allá de los 67 años ni anticipar su llegada antes de 2027, ni tampoco modificar o acelerar los cambios en el periodo del cómputo de la pensión ya previstos. En cambio propone una nueva fórmula para actualizarlas cada año. En ella tendrían un protagonismo fundamental los ingresos y los gastos del sistema, tanto en el ejercicio vigente como en varios anteriores y posteriores según las previsiones de hasta cinco años.

En situaciones como la que vivimos, el resultado de esta fórmula puede dar lugar a recortes sobre la pensión y no solo la congelación. Y para que eso no ocurra, el informe aconseja “la fijación de una cláusula suelo que impida la caída de las pensiones de quienes ya estén jubilados en el momento de aplicar el factor”. Aunque deja abierta la puerta a que eso suceda con quienes se retiren en el futuro. Sin embargo, al estudiar con atención la fórmula y leyendo el informe detenidamente, se deja un mecanismo en manos del Gobierno de turno para que no haya recortes sobre las pensiones, que es aportar más ingresos al sistema a través de los impuestos y no solo por las cotizaciones. Pero me temo que eso será difícil de aplicar porque esos dineros habría que retirarlos de otras partidas presupuestarias y tendríamos que contar con el beneplácito del directorio europeo.

De quedar así la propuesta en la reforma definitiva, y teniendo en cuenta el poco y pobre debate parlamentario que habrá con la mayoría absoluta del PP, se complica enormemente el escenario anual de actualización de las pensiones. El propio informe lo contempla cuando aconseja que “por razones de justicia y prudencia, el factor de revalorización anual debe aplicarse a los pensionistas actuales y futuros en grados y bajo modalidades distintas”. Y todo eso teniendo en cuenta que se hace en el marco de un periodo transitorio de retraso paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027 y aumento del periodo de cálculo de las pensiones hasta 25 años en 2022.

El factor de sostenibilidad propuesto por el comité contempla un segundo mecanismo de ajuste, la vinculación de la primera pensión del jubilado a la esperanza de vida al retirarse. Esto se traduce en una merma de las pensiones futuras como admite el informe, “implica un ajuste a la baja en el cálculo de la pensión inicial, aunque en magnitudes del 5% cada 10 años”. Espero que este mecanismo de ajuste sufra modificaciones en las negociaciones políticas y sociales, porque si no España pasaría a ser el primer país europeo con un doble mecanismo automático de ajuste y contención de gasto en el sistema de pensiones. Uno sobre la pensión inicial, basada en un elemento demográfico, y otro sobre la actualización anual, asentado en la coyuntura económica.

Conscientes de la impopularidad de la propuesta, y aunque el objetivo sea la “sostenibilidad del sistema público de pensiones”, el informe está redactado en tono defensivo. “El factor de sostenibilidad no es sinónimo de recorte” defiende el texto. Y argumenta: “A medio y largo plazo, la pensión media representará un porcentaje menor del salario medio, sin embargo, la pensión media real aumentará”. Es cierto que la pensión media puede crecer por otras causas, pero en todo caso será menor que si no se aplicasen nuevas fórmulas como “considerar las cotizaciones de toda la vida laboral”.

También la propuesta responde a las posibles críticas de modelo tecnocrático al redactarla personas ajenas a los votos de la ciudadanía. “Aunque el factor de sostenibilidad impone una serie de restricciones que han de cumplirse anualmente para asegurar el equilibrio presupuestario, no impide la actuación del pacto político y social”, apunta el texto. “No sustituye a la soberanía popular, y ni siquiera la erosiona o matiza”, prosigue. Y, a continuación, pasa a justificar por qué dejan margen de maniobra en las fórmulas (años a tener en cuenta, parámetros correctores, cláusulas amortiguadoras o momento de entrada en vigor). La pelota está ahora en el tejado del Gobierno de Rajoy.

Pero que tenga en cuenta y no se olvide este Gobierno que el sistema de jubilación es la última ratio del maltrecho Estado del bienestar y genera una susceptibilidad de primer grado, porque representa para la mayoría de nosotros el futuro en el que va a transcurrir el resto de nuestras vidas. Y que una reforma unilateral, por más que venga impuesta por Europa, podría romper el último lazo del Gobierno con una sociedad que ya se siente bastante maltratada por sus ajustes y recortes. Esto les conduciría a una catástrofe electoral, y la reforma no serviría de gran cosa porque la revocaría la izquierda en cuanto accediese al poder. No tienen un trabajo fácil, tampoco obligatorio, pero lo que resulta imperativo por el bien de todos es que acierten en la reforma.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

“Capital” de John Lanchester.

La Editorial Anagrama acaba de publicar en español la novela “Capital” de John Lanchester. Una novela que capta muy bien la esencia de la época, la de los brokers y especuladores, la de ganar dinero como sea, la de la burbuja inmobiliaria, la de las hipotecas basura, las de la deuda o de la prima de riesgo. Dice Lanchester que “espera que el libro con los años, dé una lectura histórica de un momento de ruptura brutal, de un cambio de mentalidad desde 2008 como nunca antes”. ¿Cuál? “Que no se puede vivir de manera tan inconsciente y que por vez primera no se va a prosperar indefinidamente”.

Lanchester dice que ha invertido cinco años en la elaboración de esta obra y que se había estado preparando para esta ambiciosa novela con obras suyas anteriores como “El señor Phillips” (historia de un hombre en paro) o “¡Huy! Por qué todo el mundo debe a todo el mundo y nadie puede pagar”, su explicito ensayo del que arrastra conceptos y detalles para su novela.

En la novela no queda claro si lo que ocurre lo genera el propio sistema capitalista como si se tratara de un ser vivo o en el fondo subyacen los males eternos del ser humano, avaricia, egoísmo, pulsión sexual… o hay una combinación de ambas cosas, pero evidenciando que el sistema capitalista hace aflorar los peores sentimientos y que hay una toxicidad clara en él. En definitiva, el sistema capitalista es tóxico.

Lanchester, hijo de banquero, es muy duro con la situación que arrancó con Margaret Thatcher y Ronald Reagan -“si se hubiera controlado más al sector financiero el impacto de la crisis habría sido mucho menor”- y cree que “los bancos son ahora zombis: piensan que están vivos igual que antes y siguen ofreciendo créditos y jugando con el sistema, cuando Japón nos ha demostrado que poner dinero y más dinero no es la solución”.

Libro peligroso para brokers, especuladores y banqueros, aunque Lanchester dice que no hay problemas, porque ninguno de ellos normalmente lee.     

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Los indispensables pactos políticos.

Hay un gran clamor por consolidar un clima de pactos políticos en nuestro país, aunque solo sea por los discutibles resultados de las políticas unilaterales y la cara factura -según los sondeos de opinión- que están pagando por ello los dos grandes partidos. Sin embargo, ni siquiera en el pacto de políticas europeas ha sido posible avanzar, porque tanto los dirigentes del PSOE como los del PP se han puesto límites para alcanzar compromisos concretos, posiblemente por el devenir incierto que tiene las cumbres europeas y el temor del Gobierno a un posible nuevo fracaso en Bruselas.

Así que la aproximación entre Gobierno y oposición para el Consejo Europeo de Junio será sobre bases genéricas como la lucha contra el desempleo juvenil, la mayor integración bancaria y económica, la presión al BCE para que facilite el crédito a las pymes y a la vida ciudadana, y pedir al Banco Europeo de Inversiones que ayude a la exportación y estimule el empleo. Nada concreto. Al final en eso quedará el gran acuerdo “de país” que había pedido Rubalcaba, y que hubiera debido materializarse en un pleno parlamentario.

Pero parece que no habrá pleno, ni debate parlamentario, pues el presidente Rajoy no está dispuesto a someterse a las críticas de los diputados del Grupo Socialista, ni de ningún otro grupo parlamentario. Me figuro que habrá dicho, que si el señor Rubalcaba quiere pactos que se pase un día de éstos por el Palacio de la Moncloa para tomar café, y allí pactan las líneas maestras del respaldo que quiere que le sirvan en bandeja para acudir a Bruselas, por supuesto, acompañado siempre con las fuerzas inatacables de su mayoría absoluta.

A estas alturas, no podemos dudar del Patriotismo de Rubalcaba, ni de su interés porque las necesidades de España se vean atendidas en Europa. Pero es francamente raro que ante un apoyo de estas características, sin debate parlamentario y sin que la oposición ejerza de oposición públicamente, el PSOE se pliegue sin rechistar a hacer el papel de secundario en la sombra. Sin intervenciones públicas, sin fijar posición en la tribuna, sin que sus argumentos consten en el Diario de Sesiones. Es decir, sin luz y taquígrafos, sin nada. ¿Por qué?

No creo que al estar el presidente Rajoy decididamente esperanzado en que los datos económicos empiecen, por fin, a despejar un poco el negrísimo panorama padecido hasta ahora, le dé fuerza suficiente para imponer a Rubalcaba la fórmula de conversación privada y apretón de manos a salvo de la mirada ciudadana para sumar después a su acuerdo a otros grupos de la oposición. Aunque la realidad es que el respaldo ante Bruselas no tiene excesivo desgaste político, y el PSOE puede haber pensado que al pactar ahora sin luz y taquígrafos, puede después rentabilizar su fuerte oposición a la reforma de las pensiones y a los recortes en la Administración. Ojalá sea así.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez. 

Botafuego, un tema controvertido.

Ayer 4 de junio, con los votos del PP y PA, los votos negativos de IU y la abstención del PSOE, se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras un tema controvertido -con actuaciones al margen de la ley- de la época de alcalde de Patricio González, el Club Hípico de Botafuego. Un proyecto de actuación en la Dehesa de Botafuego que ahora el grupo de gobierno municipal ha declarado de interés público y social. También se debatió largamente sobre la aprobación de acuerdos extrajudiciales, aunque ni se informó ni sabemos en qué consisten. Esta falta de transparencia y ocultación de la información es ya habitual con Landaluce en el Ayuntamiento de Algeciras.

Esta declaración de interés público y social de terrenos de la Dehesa de Botafuego en suelo no urbanizable de especial protección solo es un trámite previo, en orden a la tramitación posterior del obligado Plan Especial o Proyecto de actuación y al otorgamiento, en su caso, de las preceptivas licencias urbanísticas, sin perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que fueran legalmente preceptivas.

En el Plan Especial debe establecerse de acuerdo con la ley que el 30 % de la parcela de Botafuego de 99.748 metros cuadrados, debe destinarse a arbolado y zonas ajardinadas y solo el 20% podrá ser ocupada por las edificaciones ya existentes. Y un importe equivalente al 6% de la inversión total a realizar será para la adopción de medidas de mejora de las condiciones medio ambientales. Algo que queda muy claro en la declaración es que toda la actuación habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo no urbanizable y no inducir a la formación de nuevos asentamientos de usos residenciales u otros análogos.

Pues bien, algo que de acuerdo con la ley y los informes técnicos y jurídicos debería servir para arreglar algo que se hizo mal por anteriores corporaciones, y fue permanentemente crónica de tribunales y hasta causa de querellas criminales, no pudo ser. El interés general no importa si se tiene munición con la que poder cargar contra la fuerza política contraria en este y en otros temas tratados en el Pleno. Y en esa línea estuvieron las intervenciones de socialistas y populares, con fotos, insultos y como siempre el tú más. Además de los correspondientes aplausos y abucheos. Estamos convirtiendo en espectáculo algo tan serio como es o debería ser la política.

Sin embargo, lo que debería haber quedado ayer medianamente claro es la voluntad de todos de solucionar el problema del Club Hípico de Botafuego, si es que tiene solución dentro del marco de la ley, porque ya está bien de poner la ley y el planeamiento urbanístico al servicio de intereses particulares como se viene haciendo en Algeciras desde hace muchos años. Y es que la ley está para cumplirla y si no gusta lo que hay que hacer es cambiarla y no sortearla con triquiñuelas legales y trucos de trileros.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez. 

La Lomce, una ley injusta y desigual.

En el pedestal de la estatua de Dantón del barrio de La Bastilla en París se puede leer una frase suya que sigue todavía vigente “Después del pan, la educación es la primera necesidad del pueblo”. Por eso en muchos países no democráticos recortan la educación, porque saben que la ignorancia de los más ha sido siempre el seguro de vida de los menos.

Estos pensamientos me vienen a la mente estos días por el inicio en el Congreso de los Diputados de los debates parlamentarios para la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce). La séptima ley en materia de educación que va a tener nuestro país desde la entrada en vigor de la Constitución.

Este proyecto de ley, que el Gobierno ha remitido al Parlamento, ha suscitado ya un masivo rechazo de todos, profesores, padres, alumnos y oposición. Inclusive ha tenido, sin estar aprobada, una huelga de docentes y alumnos de centros públicos por su acentuada orientación privatizadora, su intervención exacerbada y su insistencia en la desigualdad. Solo la jerarquía católica la ha recibido con alborozo, porque de nuevo recupera una posición de privilegio en el sistema educativo español.

Todo parece indicar que de mantenerse la situación actual de rechazo total a la Lomce de todas las fuerzas con representación parlamentarias, salvo el Partido Popular, la ley saldrá adelante solo con el apoyo de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno. La ley entonces será válida legalmente, según las pautas que rigen nuestro sistema democrático, pero lo legal no siempre es sinónimo de legitimidad y una norma perfectamente legal puede ser también ilegitima.

Hasta el Consejo de Estado, en su dictamen sobre el anteproyecto de ley, formuló una demoledora crítica que apuntó directamente a los cimientos sobre los que se sustenta la ley,  la ausencia de consenso en su elaboración. Dice el dictamen que de esta forma, el texto analizado surge desprovisto del imprescindible consenso que ha de impregnar la regulación de un tema tan sensible como la educación, que solo quedará regulado por la opinión de un partido concreto y no por el de los intereses generales.

Así pues, todo parece indicar que el Gobierno enrocándose en su mayoría absoluta, sacará adelante su proyecto de ley ignorando a las “minorías”. El filósofo del Derecho, Hans Kensel, decía que la democracia no es la dictadura de la mayoría, sino que el valor y la esencia de la democracia residen en la capacidad de la mayoría para sacar adelante sus decisiones respetando a las “minorías”. Y en este caso no son tan “minorías” pues el rechazo viene de la mayoría de los profesores, padres y alumnos y de la oposición al completo.

Esta será una ley en la que nos jugaremos mucho todos, porque la mejora sustancial de la enseñanza, dotándola de mayores índices de calidad, se perfila como una cuestión esencial y decisiva para el país en el actual contexto de crisis que vivimos. Si no podemos asumirla todos y reconocernos en ella, solo permanecerá el tiempo que dure la mayoría coyuntural que la apruebe. Lo mismo ocurrirá con otras leyes también muy ideologizadas y doctrinarias, al servicio de la Iglesia y de los sectores más radicalizados de la derecha, que ha aprobado este Gobierno.   

Ángel Luis Jiménez Rodríguez 

La reforma local.

Este Gobierno ha convertido la crisis en la excusa para llevar a cabo una serie de reformas que no tienen nada que ver con sus causas, ni van a ayudar en absoluto a salir de ella. El ministro Montoro viene anunciando periódicamente la reforma local, pero ha tenido que posponerla porque se les han rebelado hasta los alcaldes de su partido, razón por la que Javier Arenas anda desgañitado, repartiendo paz entre ellos y tratando de encontrar fórmulas de entendimiento con los socialistas. Sin embargo, Gaspar Zarrías del PSOE ha descartado cualquier tipo de acuerdo con el PP, porque dice que el Gobierno de Rajoy pretende eliminar con esta reforma los servicios sociales en los pueblos de menos de 20.000 habitantes y vaciar de contenido al 90 por ciento de los ayuntamientos españoles. 

Mi amigo Antonio Casaus, que sabe mucho de ayuntamientos, sobre todo de los del Campo de Gibraltar, dice que la “gran reforma” de la administración municipal sigue siendo una “batalla soterrada” de la que el ministro periódicamente y con cuidada mesura deja escapar algún detalle, -como el sábado en la convención municipal del PP andaluz de Jerez de la Frontera- que normalmente encabrita a los presumiblemente perjudicados. Hay demasiadas bocas pendientes de este “gran puchero” que son los ayuntamientos. Y no hay que ser un experto en ciencias políticas para entender que los ayuntamientos “ganan en cercanía” a Diputaciones y a cualquier otro órgano del Estado, que siempre quedan muy alejados de los ciudadanos y todavía más distanciados de sus intereses.                              

Tratar a los Ayuntamientos como una simple unidad de gasto, como pretende el ministro,  estableciendo un coste estándar desde Madrid -cuya deuda pública a finales de 2012 era de  7.429 millones de euros, es decir, el 21% de todos los Ayuntamientos españoles o más que todos los de Andalucía juntos- significa que aquél municipio que no los ofrezca por debajo de ese estándar debe privatizar su gestión. Esto abre el paso a las grandes empresas haciendo un daño muy grave, particularmente en Andalucía, a las pymes y a las empresas de economía social. La reforma del PP pretende destruir, y puede conseguirlo si lo dejamos, un espacio básico de convivencia e identidad colectiva y una instancia esencial para la participación ciudadana y la democracia. Pero todo eso parece que le interesa muy poco al PP, si hay negocio a repartir o gestión pública que privatizar.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez 

Un político marrullero.

La noticia de esta semana ha sido la entrevista al ex presidente José María Aznar, la noche del martes, en Antena 3. La entrevista estaba muy bien planificada y salió airoso en su pretensión de justificar sus años de gloria, muy cuestionados ahora sin que Rajoy y su partido los defendieran. Aznar siempre ha considerado que el PP, tal y como lo conocemos, era obra suya y que el hoy presidente del Partido Popular y del Gobierno, también lo era porque él lo había designación a dedo.

Aznar, además, estaba muy molesto y enfadado con Rajoy y su partido por no haber defendido su legado político, del que se siente muy orgulloso, pero lo que más le duele es ver como todos los días la prensa lo implica en la trama de corrupción Gürtel o el caso Bárcenas, sacando también a colación la boda de su hija, sin que su partido haga nada por él. Y como el político marrullero que ha sido y que es, ha reaccionado atacando, sin importarle que con sus declaraciones deja políticamente tocado a Rajoy. El problema de Aznar viene de ser considerado en su partido mejor candidato que presidente, y mejor presidente que ex presidente.

De lo dicho por Aznar me sorprendió que coincidiera tanto con Esperanza Aguirre. Por eso distintos sectores de su partido piensan que con sus declaraciones quiere abrir un debate ideológico, cuando la  realidad es que hay una lucha por el poder en la derecha española, y que esa lucha por el poder justifica cualquier movimiento o pacto entre Aznar y Aguirre, sin que la ideología tenga mucha importancia. Otra equivocación de Aznar es la de pensar que todo el mundo quiere que vuelva -su ego le puede-, sobre todo porque no sale de la fundación FAES en Madrid, donde todo su equipo le aplaude y le alaba cada frase que hace. Y no se da cuenta que existe un país llamado España, donde la extrema derecha no está tan afincada y de forma tan exagerada como en Madrid.

Aznar tampoco se entera de la realidad. Porque la realidad es que este país se está apagando poco a poco por su culpa -ley del suelo, burbuja inmobiliaria, etc.-, aunque también la sociedad española está anímicamente destrozada por las políticas de recortes y ajustes del Gobierno de Rajoy y su partido. Por eso la ciudadanía, en todas las encuestas, culpa de esta situación a la clase política, especialmente del PP y PSOE, por no haber visto venir el actual desastre. Y la percepción es que tampoco serán capaces de ponerle remedio, sino es mediante un nuevo modelo político con otro estilo de entender y ejercer la política, con menos arrogancia de los partidos, menos autismo de sus dirigentes y más sensibilidad hacia las demandas reales. En “un equilibrio armónico de frustraciones mutuas”, que esto es, y no otra cosa, la democracia.  

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

La confianza en la Unión Europea.

La crisis económica ha terminado por derrumbar la confianza de los ciudadanos en la Unión Europea (UE), un proyecto histórico que hoy se tambalea golpeado por el creciente descontento y el cada vez más extendido euroescepticismo. El 57%  de los europeos dicen no confiar en la Unión, frente a un 33% que si lo hace, según el último Eurobarómetro. La desconfianza hacia la UE alcanza en España un porcentaje del 72%, aunque hasta hace poco aparecíamos entre los estados miembros en los que la UE recibía mayor respaldo. Juan Fernando López Aguilar, líder de los socialistas españoles en la Eurocámara, opina que Europa está en riesgo de autodestrucción. “Es el peor momento de su historia está muy mal”. Y esta situación la atribuye a las erróneas políticas económicas impulsadas desde Bruselas.  

También los últimos datos de Eurostat sobre la evolución económica de la zona euro evidencian el estrepitoso fracaso de las políticas de austeridad a ultranza impulsadas a largo plazo desde Bruselas. Mientras en otras zonas del mundo desarrollado (EE UU, Japón, Gran Bretaña) caminan ya hacia la salida de la Gran Recesión. Los malos datos del primer trimestre del año, que no han sido ninguna sorpresa, han hecho saltar los nervios de algunos de nuestros representantes públicos. Y ha puesto de moda una cierta contradicción en aspectos no principales de la política económica, que nunca acaban en ruptura, entre la marioneta (Bruselas) y quien la mueve (Berlín). La primera acusa a la otra de inflexible y asfixiante y Alemania humilla a la Comisión calificándola de ineficaz y mala gestora.

 Este reparto de papeles entre el poli bueno y el poli malo terminará cuando las elecciones de septiembre en Alemania abran un tiempo nuevo, pero eso siempre que no vuelva a ganar la derecha de Ángela Merkel. La representación más implícita de ese reparto de papeles tuvo lugar la semana pasada entre el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, y el presidente de la Comisión Europea, Durao Barrosos, criticado por el ministro alemán por no haber conseguido poner en marcha medidas para luchar contra el desempleo. “La casa europea no puede construirse si se hace esperar años a toda una generación”. Y lo dice el mismo que impide cualquier alegría para estimular los mercados de trabajo de los países del sur de Europa. El presidente de la Comisión, solo pudo balbucear una pobre respuesta, “Alemania debería hacer más para tirar de la economía de la zona”. Qué pantomima nos montan continuamente Berlín y Bruselas, como si no conociéramos quién es la marioneta (Bruselas) y quien mueve los hilos (Berlín).

El duelo ha continuado este fin de semana con el presidente del banco central de Alemania (Bundesbank), Jens Weidmann, que ha criticado en una entrevista a su colega Mario Draghi, gobernador del Banco Central Europeo (BCE), porque la disposición de este último a comprar bonos soberanos a cambio de más reformas conduce a “riesgos y efectos secundarios” como los que están corriendo la Reserva Federal, el Banco de Japón o el Banco de Inglaterra. El objetivo es no moverse ni un milímetro del marco estatutario del BCE, el más restrictivo en sus actuaciones en relación con sus colegas de otras partes del mundo.

Europa, en la reunión del Consejo del mes de junio, debería dar el salto hacia una política económica activista para la recuperación del crecimiento. Porque solo este órgano tiene hoy la autoridad y capacidad política para hacerlo. Una serie de países -mayoritariamente del Sur- deberían también aunar esfuerzos en esa dirección, siguiendo los pasos de los nuevos Gobiernos de Italia y Francia. Pero falta que el Gobierno español deje su actitud pasiva y se una a una política que debería ser mayoritaria en el Consejo Europeo, como empieza a serlo en el seno del Banco Central. Veintiséis millones y medio de parados en Europa, y más de seis millones en España lo demandan. Ya no se puede esperar a las elecciones alemanas de septiembre, es necesario y urgente un plan europeo de estimulo económico para generar empleo, si es que de verdad queremos salvar a Europa de la autodestrucción.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

El contrato único.

Quienes conocen al comisario de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea, el húngaro Laszló Andor, no se explican como el principal valedor en dicha Comisión de las políticas necesarias para alejar del abismo a los países del sur, se haya podido retratar en España como un autentico neoliberal con su propuesta del contrato único de trabajo, que en el fondo es un contrato precario sin derechos cuyo único fin es facilitar el despido y abaratar los sueldos.

El comisario, Laszló Andor, ajeno al rechazo que provocaría ese contrato en España, cometió la torpeza de citarlo como posibilidad para acabar con la segmentación entre trabajadores fijos y temporales. Aunque el comisario venía a España para hablar de cómo combatir el insoportable desempleo juvenil y desgranar un proyecto de empleo o de formación para los jóvenes parados en los cuatro primeros meses que estuvieran desocupados y garantizado por los Estados miembros de la Unión Europea.

Desde luego hemos perdido el norte si seguimos creyendo que el modelo de contratación en nuestro país es la causa del abultado desempleo juvenil. En la recesión que estamos padeciendo, el cómo se contrata no debería ser en ningún caso el punto principal del debate abierto sobre el desempleo en España. Además, no tenemos ni que salir de nuestro país para entender cuál es la verdadera razón del problema de la precariedad en el empleo, que no es otra que el modelo productivo de nuestra economía. O si no, por qué las grandes diferencias de paro entre diferentes Comunidades Autónomas, -País Vasco 16% frente a Andalucía con un 36%- si cuentan con el mismo modelo de contratación.

Sin embargo, resulta increíble tener que recordarles a las instituciones comunitarias y a los ministros de este Gobierno que la Constitución Española no es papel mojado, sino un texto programático con valor jurídico que hay que respetar. Y resulta todavía más surrealista que desde la Comisión Europea se sugieran propuestas legislativas como la del contrato único que incumplen directivas comunitarias como la 98/59/CE sobre la aplicación del régimen tutelar propio de los despidos colectivos. O los artículos 30 y 53 de la Carta de los Derecho Fundamentales de la Unión Europea, sobre el derecho de los trabajadores a la protección frente al despido injustificado o el respeto debido a las exigencias del marco constitucional interno de cada país. Me gustaría que alguien me explicara, porque no entiendo nada, tantas contradicciones de la propia Comisión.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

La herencia recibida.

Cada vez que los ministros y el presidente de este Gobierno apelan a la herencia recibida, como hizo Rajoy el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados para justificar su errónea política económica de ajustes, recortes y austeridad, me indigno y cabreo, igual que haría cualquier ciudadano que piensa y lee. Sobre todo cuando dicen mentiras como “lo único que no podemos hacer es volver a las políticas económicas que nos han traído hasta aquí”. En esos momentos, me siento obligado a tirar de números y hemeroteca para descubrir a estos trileros de la política.

La crisis, que estamos padeciendo en España desde el año 2008, no tiene nada que ver ni en su origen ni en su desarrollo -como nos dicen- con el déficit público, pues en la época de Zapatero había superávit. Ni siquiera con la deuda pública existente entonces, que era muy baja, sino con la inmensa deuda privada motivada por la gigantesca burbuja especulativa inmobiliaria, activada por el PP de Aznar en 1998 con su famosa ley del suelo, que multiplicó el exceso que ya entonces era irracional del sector de la construcción: 14% del empleo global en España, el doble que en Alemania. Pues bien, ese año, José María Aznar aprueba una ley del suelo que decía “Todo el suelo se declara urbanizable, salvo que este expresamente prohibido” y cuyos resultados han resultado catastróficos.

Con ese principio liberal se favorece el boom inmobiliario de la construcción. Pero no en el sentido que decía el PP de aumentar el número de pisos para bajar los precios de los mismos, sino en el especulativo, es decir, adquirir viviendas endeudándose, no porque fueses baratas, sino porque eran caras y en el futuro lo serían más, con lo que se podría especular con ellas. Qué equivocados estaban. La  construcción crecía a un ritmo de un 5% anual, se construían casi seis millones de viviendas -más que en Alemania y Francia juntas-, el 30% del total existente hoy. Pero lo más grave es que la economía especulativa estaba acabando con los recursos para la economía productiva. Después, como era de suponer, vino lo que vino. El grupo madrileño SKA-P, cuyas canciones se caracterizan por su inconformismo, lo cantaba sin contemplaciones: "No tengo ni un puto duro, estoy en la puta calle, / me he quedado sin currelo. / No he pagado la hipoteca, han expropiado mi casa/ y casi voy al talego".

La responsabilidad de Zapatero fue no pinchar la burbuja inmobiliaria cuando llegó al Gobierno, sino cabalgar a lomos de ella. Ese fue el gran error de Zapatero y de su equipo económico, no haber detectado la peligrosidad de la burbuja y no haberla desactivado o embridado a tiempo. Pero si se exceptúa este extremo, el papel de los socialistas no fue determinante, ¿quién se hubiera atrevido a dar la mala noticia cuando este país vivía la euforia de los primeros años 2000? De acuerdo con este relato, poco controvertible, seguir hablando de la "herencia recibida" es un escarnio a la opinión pública, que está perfectamente informada y que no sale de su perplejidad cada vez que la mencionan los políticos del PP.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez.

Otra reforma innecesaria.

Todos los años cuando empiezo mi temporada de playa en Getares, me encuentro con nuevas  ampliaciones de la construcción ilegal que lleva interrumpiendo desde hace años la terminación del paseo marítimo, ocupando un espacio que debería ser público de dominio marítimo terrestre en esa zona de la playa.  Mi esperanza era que todo ese abuso e ilegalidad terminaría en el año 2018, cuando finalizaba la prórroga de 30 años que había concedido la Ley de Costas de 1988, aunque este caso de usurpación tiene otras connotaciones diferentes.

Ahora con la aprobación el pasado viernes en el Consejo de Ministros de la reforma de la Ley de Costas, se prolongan 70 años más las ocupaciones ilegales del espacio de dominio público marítimo terrestre en las costas algecireñas y en el resto de España. Esta reforma equivale en la práctica a una amnistía. Estas tropelías y desmanes se justifican por el Gobierno y el ministro correspondiente por la crisis y como solución para nuestros muchos problemas. Este Gobierno  no ha pensado que con esta reforma está poniendo las bases para crear otra burbuja como la inmobiliaria que tanta ruina nos ha traído al país.

En esta reforma, que no hacia ninguna falta, como tantas del Gobierno de Rajoy, no se deberían haber alargado los plazos sino recortado. Los propietarios -en el caso de la playa de Getares ni siquiera lo son- ya han tenido un periodo especial de 30 años para amortizar las viviendas o negocios, por lo que los nuevos plazos de la Ley como mínimo parecen excesivos, un atropello a los derechos de todos y a la necesaria protección medioambiental del espacio marítimo terrestre español.

Y para colmo, la reforma de la Ley, además da potestad al delegado del Gobierno territorial para anular un plan urbanístico si lo considera contrario a la norma. Es increíble que la salvaguarda de la ley se deje en manos de la discrecionalidad política, pudiendo ocurrir que se haga la vista gorda dependiendo del color político del ayuntamiento que incumpla la norma. Sería un autentico desastre que la reforma del PP supusiera alargar un rosario de amnistías ante hechos consumados como los del Algarrobico o los de la ocupación ilegal del paseo marítimo de Getares. Dios no lo quiera…  

María José y Ángel Luis Jiménez 

La reforma del aborto.

Si de verdad el Gobierno y su ministro Ruiz Gallardón quieren reducir el número de abortos, deberían actuar contra los embarazos no deseados, cuya frecuencia es preocupante... A este Gobierno en este como en otros temas le sobra ideología y le falta mucho sentido común. Sin embargo, lo más sorprendente del debate abierto por el Gobierno es el nulo protagonismo que se concede a las mujeres y su derecho a decidir, base de cualquier reforma que se quiera hacer de la ley.

Ahora el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, que parece no tener el respaldo de Rajoy para su reforma de la ley del aborto, -aunque parece extraño que la haya podido plantear sin su autorización- se atreve a decir en el Congreso de los Diputados que la reforma preparada responde a “un mandato de los ciudadanos españoles”, cuando la realidad según las encuestas es la contraria. El 75% de la ciudadanía española (incluso el 57% de los votantes del PP) piensa que la mujer tiene derecho a decidir libremente si desea o no seguir con un embarazo sin temor a sanción penal alguna. Tan solo un 17% (29% entre los votantes del PP) afirma en cambio que quien aborta comete un delito que debe ser legalmente penado.

Así que el ministro de Justicia miente y exagera cuando dice lo que dice. Es más, cuando se relaciona la interrupción del embarazo con el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su propio cuerpo, la respuesta ciudadana es favorable e inequívoca a la total despenalización del aborto. Tres de cada cuatro españoles se resisten a aceptar que por estar embarazada, el Estado, el Gobierno o el ministro de Justicia puedan “expropiar” a la mujer su plena capacidad de decisión sobre su propia corporeidad por una supuesta colisión de derechos con los de alguien que aún no es, por más que finalmente pueda llegar a ser. Aristóteles decía que la bellota no es un roble de verdad, un roble en acto, sino sólo un roble en potencia.

Si el Gobierno quiere reducir el número de abortos, lo que debe hacer es actuar contra los embarazos no deseados, cuya frecuencia es ya preocupante, y olvidarse de tanta ideología anacrónica en un problema que es solo de sentido común. Y por supuesto, deberían dejar de hacer comparaciones absurdas sobre la interrupción voluntaria del embarazo y ETA como hizo hace unos días el ministro del Opus Dei e Interior. Pero como siempre, quien la acaba de liar cuando se habla de estos temas es la Conferencia Episcopal con su limitada noción de la vida, reduciéndolo todo a lo estrictamente biológico. Por qué no se preocupa en la misma medida o hace las mismas campañas por la vida de los ya nacidos. Parece como si pensaran, -solo parece- que si luego han de pudrirse en la calle, que se pudran, pero que nazcan. Qué absurdo, incoherente y anormal planteamiento.

María José y Ángel Luis Jiménez

La dimisión como solución.

Esta semana se ha comentado mucho la portada de “The New York Times” del pasado domingo. La noticia afirmaba que por lo general en España no se dimite, aunque haya mil cargos políticos bajo sospecha.                                                                                                                                            

España no se parece a otros países europeos donde se dimite mucho, por ejemplo Inglaterra. En la cuna del constitucionalismo emergió un sistema subsidiario para enfrentarse a contextos de control deficitario de la responsabilidad política, capaz de amortiguar el dramático efecto que siempre causan los instrumentos judiciales de responsabilidad penal o criminal. Ese sistema subsidiario no era otro que la dimisión del gobernante o político responsable de asuntos de innegable dimensión política en los que hubiera metido la  pata o la mano.

El último circuito que tiene toda democracia para funcionar es el control de la actuación del poder público, aunque la mayoría de los dirigentes políticos de nuestro país tienen una inevitable tendencia a no aceptar control alguno y menos hacerse políticamente responsable de las decisiones deficientes que hayan podido adoptarse en su entorno o en algún recoveco de su entramado político o administrativo. Y como no hay nadie que quiera convertirse en el “chivo expiatorio”, algo que suele esperar la opinión pública en semejantes casos, no hay nadie que  dimita.

Pero qué podemos hacer los ciudadanos cuando los circuitos de control político fallan y nadie dimite, sobre todo sabiendo que el lento y complejo funcionamiento de la Justicia no nos merece mucha confianza y que los mecanismos generales de control se han colapsado definitivamente. La solución ha venido de la gente, de la calle, de los colectivos sociales, a los que se les ha ocurrido una solución primaria, simplista y radical: señalar con el dedo a los hipotéticos responsables, llegar hasta las puertas de sus casas y levantar la voz para que escuchen en directo nuestra protesta. O también ocupar la calle, los espacios públicos o digitales para manifestar nuestra indignación, nuestra protesta y nuestra oposición ante la clara y manifiesta deficiencia de nuestro sistema político, que ya no funciona, ni tiene nuestra confianza.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez   

El discurso de Rajoy.

Del debate celebrado en el Congreso de los Diputados, una cosa quedó meridianamente clara del discurso de Rajoy, no está dispuesto a hablar ni a negociar ningún pacto, sino es para sumarse a sus políticas de reformas, recortes y austeridad. No me cabe la menor duda de que la mayoría de los españoles queremos pactos para salir de la crisis y cambiar las políticas equivocadas de este Gobierno y de la llamada “troika” que marcan nuestra economía y nuestro futuro. Pero siempre me planteo si al hablar de pactos estamos diciendo lo mismo: hombres, mujeres, trabajadores,  pensionistas, funcionarios, banqueros  o empresarios.

Por lo que dijo ayer, Rajoy va a seguir por el camino emprendido sin importarle los seis millones de parados y el desgaste social. Y sigue insistiendo en que solo habrá dialogo y pactos con los que sigan su senda de austeridad. Con el mayor de los cinismos invitó a Rubalcaba a ganarse el derecho de proponer pactos apoyando al Gobierno en la reforma laboral, que todavía no está acabada después de haber superado los seis millones de parados, o en la reforma del sistema financiero, que todavía no es suficiente pues no facilita crédito alguno, o en la ley del equilibrio presupuestario, facilitando más recortes y ajustes como si el único papel posible de la oposición democrática fuera adherirse al Gobierno, algo que él mismo no practicó en anteriores legislaturas.

Es evidente que Rajoy se niega a cambiar de rumbo y a discutir ninguna de las ideas de la oposición o los sindicatos. Solo se compromete a “hablar” de las pensiones, las medidas anticorrupción, la reforma de la Administración local o la ley de la unidad de mercado, asuntos en los que le vendría muy bien socializar el desgaste que conllevan, y en los que no parece dispuesto a pagar precio político alguno si lo puede compartir con otros. Así que una cosa queda meridianamente clara del debate de ayer del Congreso de los Diputados, Rajoy aguantará en el camino emprendido, incluso a costa de más desgaste social. Y solo dialogará con quienes le sigan por esa senda.

Dejo algunas frases del discurso del presidente Rajoy que no merecen comentarios, pero si reflexión:

“España, afortunadamente, está cambiando mucho. Tal vez, el mejor signo de la recuperación lo representa la facilidad con que nos olvidamos de todo lo que hemos dejado atrás”.

"Estamos realizando la mejor política de empleo posible”.

"¿Le importa mucho a quien no encuentra un puesto de trabajo que el interés de nuestra deuda haya caído al 4 por 100? Sin duda, señorías, muchísimo".

"Afortunadamente, gracias a lo que algunos critican la España de hoy tiene poco que ver, poco, con la de hace un año".

"España está ya en una situación nueva, más sólida y con más futuro que hace un año".

"En suma, señorías, esto empieza a funcionar. Nos queda todavía mucha tarea que atender, pero llegará la cosecha".

"No estamos en el camino equivocado, ni hemos perdido el tiempo, ni tenemos las manos vacías. Hemos salido de lo peor, hemos detenido la caída, vamos a empezar a mejorar y los resultados llegarán, porque todos sabremos recorrer, con firmeza, el camino que nos falta".

“Y todo esto, señorías, lo digo sin ningún asomo de triunfalismo”.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

La corrupción.

Dice el Diccionario de uso de María Moliner que corromper es "quebrantar la moral de la administración pública o de los funcionarios. En especial, hacer con dádivas que un juez o un empleado obren en cierto sentido que no es el debido". O sea, comprar decisiones injustas para beneficio de quien paga. Y el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que corrupto es el “que se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar”. Una palabra que últimamente ha alcanzado una lamentable consideración por describir uno de los problemas que más preocupa a los españoles junto con el paro.

Este país, que se desangra con más de seis millones de parados, se indigna cada día más por los continuos casos de corrupción. El paro y la corrupción se han convertido en los principales problemas de los españoles según la última encuesta realizada en el mes de abril por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El tercer lugar lo ocupan las dificultades económicas y el cuarto, la preocupación que existe por las actuaciones de corrupción, impunidad y cinismo de la clase política que minan toda su credibilidad, sobre todo cuando el Gobierno de Rajoy está realizando recortes tan abruptos y salvajes.

La opinión pública exige como solución a tanta corrupción una ley de transparencia que sirva realmente para controlar al poder y un funcionamiento de la justicia que no deje impune los casos de corrupción política. En ese marco ha llegado la iniciativa del Gobierno de desarrollar una ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En un principio la medida fue presentada como un ejemplo reformista e incluso regeneracionista y una respuesta anticipada a la demanda ciudadana de transparencia en los asuntos públicos y en concreto en el funcionamiento de las Administraciones Públicas. Seguía la estela de iniciativas pioneras en el mismo sentido como la del gobierno de la Comunidad Navarra y de algunas directivas europeas.

Pero esta ley tantas veces nombrada por el Gobierno del PP como talismán contra todo tipo de males que afectan a nuestra democracia y al propio Gobierno, ya sea por la desafección o la corrupción e incluso últimamente contra el desapego a la propia Monarquía, se está demorando demasiado, porque el PP teme que se les vaya de las manos. Y sin embargo tenemos un montón de leyes diversas que persiguen la intriga y el pasteleo de los corruptos, pero no las ponemos en práctica. ¿Por qué? Dicen que una ley de transparencia es necesaria para que se cumplan las leyes que hay. Esto me hace pensar que o vivimos en un mundo de locos o nos estamos volviendo todos locos.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez 

Dejación, negligencia y... corrupción.

En el término municipal de los Barrios existe una zona (Majadal de Bustos) con tres empresas titulares de instalaciones de tratamiento de residuos, Carmín, Urbaser y Gamasur, que tienen  investigaciones abiertas por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El dispositivo de vigilancia y seguimiento de la delegación territorial de Cádiz considera que Gamasur habría incurrido en diez infracciones e incumplimientos de la Autorización Ambiental Integrada, entre ellos varios episodios deliberados de vertidos de lixiviados al arroyo del Chorreón, afluente del rio Guadacorte, que a su vez desemboca en el paraje protegido de las Marismas del Palmones.

La semana pasada el delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta anunciaba la tramitación de un expediente sancionador, tras la recopilación de pruebas recogidas en marzo y abril, y la instrucción de una causa por faltas tipificadas como graves y muy graves al detectarse en el arroyo del Chorreón metales pesados y vertidos de lixiviados cuya responsabilidad apuntan de forma directa a Gamasur. En caso de culminar estas infracciones con las multas correspondientes, la suma de estás supondrían 11 millones de euros, de conformidad con la anunciada propuesta inicial. También la Consejería ha dado traslado del caso a la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz y ha decretado el cierre cautelar de la planta y el precinto de la zona de vertedero.

Gamasur depende de la empresa FCC Ámbito, y su accionariado es un auténtico barullo (en principio un 85% de FCC y el resto del 15% de una sociedad municipal del Ayuntamiento de Los Barrios). Actualmente el Ayuntamiento barreño no sabe cuál es su participación, porque la empresa municipal GAMA está en concurso de acreedores y su gestión y las cuentas están en manos del administrador judicial. El Ayuntamiento dice que ha habido una ampliación de capital sin que la Corporación conozca su participación actual en la empresa.

Estos hechos no son nuevos, pues Ecologistas en Acción y Agaden llevan más de cinco años denunciando los vertidos antes las diferentes Administraciones. Ahora también han llevado el caso a la fiscalía especializada en medio ambiente que ha abierto una investigación penal. La actitud de Gamasur es lamentable, pero también la actuación del Ayuntamiento de Los Barrios -ahora le costará dinero a las arcas municipales en la parte que le corresponda como accionista de la empresa- y de la Junta, que han hecho una dejación y una negligencia manifiesta de sus funciones durante años en un espacio integrado en la Red Natura 2000 europea.

Parece que por fin la Junta se ha puesto las pilas y está cumpliendo con sus funciones, pues el sábado detectó un nuevo vertido de desechos líquidos en el arrollo del Chorreón, manifestando el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Federico Fernández, que confía se trate de “algún tipo de error de alguna empresa en el tratamiento de lixiviados y no de un acto predeterminado”, haciendo hincapié en que desde la Administración andaluza a partir de ahora va a existir "tolerancia cero" con este tipo de situaciones. Ya era hora. 

María José y Ángel Luis Jiménez 

El caso Escalinata.

Entre los presuntos casos de corrupción del Ayuntamiento de Algeciras en manos de la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz de los últimos veinte años, uno me resulta paradigmático y es el caso Escalinata que afecta a todos los gobiernos municipales, empezando por el PA, pasando por el PSOE y terminando por el PP.

Estos son los hechos. En julio del 2001, siendo alcalde de Algeciras Patricio González del PA, se aprueba en el pleno municipal con apoyo del PP el proyecto de parking de la Escalinata. En aquella sesión la oposición de IU y PSOE advirtió de las irregularidades del proyecto, porque carecía de licencia y atentaba contra el Plan General de Ordenación Municipal al no ser un aparcamiento subterráneo. El Gobierno municipal de PA y PP obviando lo dicho por la oposición lo autoriza en fraude de ley y los vecinos denuncian el proyecto. En diciembre de 2004 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  lo declara ilegal por los mismos motivos que se plantearon en el pleno municipal.

En 2005, gobernando ya el PSOE el Ayuntamiento autorizó con apoyo del PA cuatro plantas de oficinas junto al parking de la Escalinata, sin que se hubiera resuelto el problema del aparcamiento aunque ya había una sentencia firme, pues el Tribunal Supremo había confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Consistorio para evitar la ejecución de la sentencia y así evitar la demolición de los aparcamientos aprueba un Plan de Movilidad Urbana, un subterfugio o excusa artificiosa que no valió para nada porque también fue tumbada por la Justicia.  

Y para colmo de este caso, en febrero de este año, la Corporación municipal del PP, encabezada por el diputado Landaluce, inicia un expediente de expropiación a los legítimos propietarios del edificio Escalinata. Resulta increíble el calvario que llevan estos vecinos desde que en el año 2002 se abrieron las grietas que terminaron con la declaración de ruina del edificio. Todo ello derivado de fallos técnicos en la excavación y la modificación del proyecto inicial para construir más plazas, pues se modificó la concesión para construir 205 plazas de aparcamiento a 326 sin autorización municipal, lo que provocó daños en el edificio Escalinata, un expediente de ruina y el desalojo de los vecinos.

Ahora, después de la gran perplejidad que producen hechos tan sorprendentes y que hacen de este caso el paradigma de la corrupción en Algeciras, surgen las preguntas que espero resuelva y aclare la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz para conocer si hubo prevaricación, cohecho, trato de favor, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, como denuncian los vecinos en el desarrollo de esta anómala concesión municipal y también por los fallos técnicos y constructivos posteriores.

Las preguntas a resolver serían muchas pero ahí van algunas. Qué intereses existen entre el Ayuntamiento y Nautagest, empresa concesionaria de la Escalinata. Cómo se adjudicó el concurso millonario de la Escalinata a Nautagest, empresa constituida unos días antes, con un capital social de solo 3.000 euros y de la que nadie sabía, ni sabe nada. Quiénes son los verdaderos propietarios de Nautagest.  Cómo se le  permitió a Nautagest realizar las obras sin licencia, depositar menos fianza y no contratar una póliza de responsabilidad civil ilimitada como recogía el pliego de condiciones.  Por qué el Ayuntamiento pagó el realojo de los vecinos y abonó los informes de los daños ocasionados en la construcción de los aparcamientos en vez de Nautagest como se especificaba en el pliego de condiciones de la concesión. Por qué sucesivas corporaciones municipales han protegido al concesionario en vez de a los vecinos sin importarle la falta de transparencia, el daño causado y el gasto ocasionado a las arcas municipales. Por qué, por qué, por qué…

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

El problema de España.

Ángel Ganivet, el pensador granadino, decía hace más de un siglo que el futuro de España estaba por escribir y que cada españolito podía escribirlo como le diera la gana. “Ser español es llevar una carta de identidad con una sola frase: este español está autorizado a hacer lo que le de la real gana”. Hoy me he acordado de este intelectual español y de la polémica que tuvo con otro intelectual de su tiempo, Miguel de Unamuno, ante una situación de desastre como la actual. Aquella polémica fue en 1898 cuando España perdía su imperio, ahora lo que está en juego y se puede perder es la España democrática que conocemos y construimos hace más de treinta años entre todos los españoles.

La polémica se mantuvo en las páginas del periódico “El defensor de Granada” y la abrió Unamuno con esta reflexión “Duele decirlo, pero hay que decirlo, porque es verdad: después de cuatro siglos de utopías y aventuras quijotescas, España se ha desangrado y expira como el bueno de Don Alonso Quijano… ¡Ahora habrá que comenzar de nuevo y hacer entre todos otra España…! Lo difícil es saber qué España tendremos que hacer o cuál será el porvenir de España”. Le contestaba Ganivet, “hay que ponerse una piedra en el sitio donde está el corazón y hay que arrojar aunque sea a un millón de españoles a los lobos, si no queremos arrojarnos todos a los puercos”.

Cerraba la polémica Unamuno diciendo “El problema de España es que ha dejado de soñar y se ha encerrado en la sensatez ramplona… Hemos asesinado a Don Quijote y nos hemos vendido, no a Sancho Panza -que hubiera sido acaso la salvación-, sino al “Pancismo” de los mediocres y a la moderación de los ignorantes. ¡No habrá porvenir para España si antes no acabamos con la moderación y hacemos la revolución de la verdad…!   

Parece que el diálogo es de lo más actual, pero termino esta reflexión, en víspera de un 1º de Mayo, con las palabras de otro de los grandes de las letras españolas, Antonio Machado, en dos versos de su poema “El Dios Ibero de Campos de Castilla”: “Hombres de España, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana -ni ayer- escrito”. Así que vamos a volver a soñar y a inventarnos y escribir el futuro, porque somos hombres libres para hacerlo y si queremos, en el uso de nuestra libertad, hasta podemos recrear y escribir de nuevo el pasado.    

Ángel Luis Jiménez Rodriguez