viernes, 23 de agosto de 2013

Mendaces y malévolos.

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, critica que se pida ayuda al ayuntamiento para comer cuando se tiene cuenta en una red social. Sus palabras exactas fueron “Piden ayuda para comer y resulta que tienen twitter, que cuesta dinero”.
No entiendo las palabras de la señora Martínez, ni la controversia que con ellas ha generado en las redes sociales. Porque numerosos usuarios han recordado que la propia alcaldesa anunció, utilizando un tweet, la puesta en marcha de puntos de wifi gratuitos en la ciudad. Y además existe una empresa municipal que gestiona el wifi gratuito con un presupuesto anual de más de 800.000 euros para este cometido.
No sé qué le pasa al Partido Popular y a sus dirigentes porque con estas declaraciones y una actitud  peor van más allá de la situación económica, más allá del egoísmo y más allá de los intereses creados. No sé por qué se regodean y tiene que infligir más sufrimiento del necesario a aquellos que ya están destrozados.
Tampoco comprendo esas citas hipócritas del Nuevo Testamento “Aquel que no esté dispuesto a trabajar no comerá”. Pero, ¿dónde está el trabajo? No existe empleo y el poco que existe es precario y mal pagado. Y hoy nos enteramos por la prensa que este Gobierno se va gastar dinero en premiar a las agencias de empleo privadas que delaten a parados.
El Partido Popular está infectado de una mezquindad casi patológica y de desprecio por aquellos que llaman “perdedores”. Aquí si uno pasa por una mala racha o está en el paro, parece que este Gobierno y las personas que lo sostienen no quieren ayudarle, sino que quieren darle otra patada y hundirlo más. No acabo de entenderlo, pero es terrible contemplarlo.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

martes, 20 de agosto de 2013

El nepotismo municipal.

Nepotismo, dice la RAE, es la preferencia desmedida que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos.
Hace unos días, hablando con amigos de mi época de concejal, comentaba la poca importancia que se le está dando a las contrataciones de parientes -hijos, hermanos, cuñados y cónyuges- o militantes del Partido Popular en el actual Ayuntamiento. Y ahora menos con la distracción que supone el “espantajo” veraniego de Gibraltar. En mi época también había enchufaos pero esta corrupción provocaba amplios debates y muchos enfrentamientos entre las fuerzas políticas presentes en aquella primera Corporación democrática.
No favorecer a parientes y amigos, si se ejerce un cargo público, se maneja el dinero de los contribuyentes o se goza de una posición de poder, es una buena conducta. Antes y ahora, sopesadas con la razón -y no con la mera costumbre- son conductas necesarias, recomendables e incluso obligadas.
Mi actitud ante el nepotismo, el amiguismo o estas corruptas pautas de comportamiento ha sido siempre de repulsa y rechazo total. Nunca me pareció que esa actitud fuera digna de elogio o de mérito alguno, sino algo de cajón y totalmente obligado para quién ejerce un cargo público. Por eso me cuesta comprender que en este país la norma sea el nepotismo.
A mí me da lo mismo que mi pariente o amigo sea un profesional competentísimo e idóneo para el puesto que depende de mí o de mi partido, porque por ser mi pariente o amigo no puede ocuparlo. Y cuando me dicen que salimos perjudicados los que estamos en cargos públicos, les digo que así deberían ser las reglas: a veces debe salir uno perjudicado para que no quepan dudas de no haber sido favorecido.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

domingo, 18 de agosto de 2013

Un discurso político, el informe Lugano.

En un Máster en Derecho de la Universidad de Valencia en el que participó Susan George, estadounidense de nacionalidad francesa, activista, pensadora y presidenta de honor de la Asociación por una Tasa sobre las transacciones especulativas de ayuda a la ciudadanía (Attac), denunciaba el “austericidio” al que se está sometiendo a España y a otros países del sur de Europa.
Susan George no es sólo una activista y pensadora, ya que eso sería empequeñecer la figura de esta combativa estadounidense de 78 años afincada en París y también empequeñecer su ensayo “El Informe Lugano”. Esta obra constituye una biblia para los movimientos sociales, y en ella imagina un terrorífico escenario ecológico, económico, laboral y social hacia el que se dirige el capitalismo del siglo XXI. La activista advierte de que “la democracia está en peligro ante el ataque de la clase de Davos: una clase transnacional desvinculada de la suerte del resto de la sociedad y compuesta por las altas finanzas, las empresas transnacionales y algunos gobiernos que consideran que la democracia es demasiado lenta para sus intereses”.
Susan denuncia que la actual política de austeridad es inaceptable, en particular en Grecia y España. Y que también resulta inaceptable el desempleo de la mitad de jóvenes españoles. Por eso se pregunta “¿Para quién se gobierna?”, porque esa es la gran cuestión en democracia. Las constituciones de Estados Unidos, Francia -y se imagina que también la de España- subrayan que el pueblo es soberano, sin embargo con ese principio de austeridad aprobado por Europa, ¿se gobierna para la gente o para los mercados financieros? Sin duda, para los mercados financieros, porque el pueblo español está deviniendo cada vez en menos soberano.
También dice que con el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la UE se está robando no solo el poder a los ciudadanos, sino también a los representantes de los ciudadanos. Por tanto, ni tenemos ya una auténtica democracia directa, ni una democracia representativa en España, y frente a eso tenemos que reaccionar. Reaccionar sin miedo, aun comprendiendo el miedo de los trabajadores a perder el empleo. Porque el miedo es la disciplina de una sociedad capitalista, usado de forma individual para disciplinar y calmar a la población con el objetivo de que acepte lo que le digan. De hecho, cree que los griegos y los españoles están siendo observados como en un laboratorio para ver qué nivel de castigo y sufrimiento están dispuestos a aceptar sin rebelarse.
Susan no entiende por qué con la crisis la población española ha redoblado sus críticas contra los sueldos y privilegios de los políticos, si a quién deberíamos criticar es a los banqueros. La actual crisis es continuación de lo que ocurrió en 2007 y 2008 por culpa de los banqueros y, en España, por la burbuja inmobiliaria, que al final también era culpa de los bancos por alimentarla con préstamos imprudentes. Sin embargo, cuando estalló la burbuja, el Estado  asumió la deuda privada. La deuda pública de España era muy moderada, pero el Estado cargó con la deuda de los bancos y ha gastado muchísimo dinero en capitalizar y salvar a los mismos bancos que habían causado el problema. Por eso la deuda pública aumentó rápidamente. El coche oficial de los políticos no es lo importante, sino que el Estado gobierna para los mercados financieros y no para el pueblo. Se ha castigado a los inocentes y los culpables han sido recompensados.
Ante esta situación lo único que pueden hacer los ciudadanos españoles es unirse. Ese es el gran poder del pueblo. Tienen que unirse los estudiantes, los parados, los jubilados, los trabajadores, los sindicalistas, los agricultores… Todo el mundo ha de unirse contra esta realidad. Porque la clase de Davos, que es la que gobierna, está muy unida. De eso trata su otro libro recién publicado por Deusto, “El Informe Lugano 2. Cómo ganar la guerra de clases”. El subtítulo procede de una frase de Warren Buffet, la tercera fortuna del mundo, que escribió  “Hay una guerra de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra, y la estamos ganando”. Y además es cierto. Por eso, Susan George finaliza su discurso diciendo  “Hay que unirse y no dejarse perder. Porque está en juego la democracia y todo lo que hemos hecho desde el siglo XVIII. Todo aquello que los europeos hemos hecho desde el fin de la II Guerra Mundial. Todo lo que los españoles han hecho desde el final del franquismo”.
Ángel Luis Jiménez Rodríguez

sábado, 17 de agosto de 2013

¿Inmigrantes ilegales o islamistas radicales?

No sé cómo no han expulsado a Ignacio Landaluce por bocazas de la comisión de Exteriores del Congreso de la que es vicepresidente debido a las nefastas acciones y declaraciones que hace continuamente sobre el contencioso de Gibraltar. En menudo lio nos está metiendo. Pero ayer se pasó tres pueblos, incluido el de Algeciras, con las declaraciones para Onda Cero donde criminalizaba a los inmigrantes de las pateras al vincularlos con islamistas radicales.
Cómo puede un señor diputado de la Nación española hacer este tipo de declaraciones tan arriesgadas. Se trata de un ejercicio gratuito de criminalización de personas sobre las que no  existen datos que confirmen lo dicho. No se da cuenta que esas declaraciones hacen un flaco favor a cualquier apuesta por la integración y normalización de personas que llegan a nuestro país buscando unas migajas de nuestro desmoronado Estado de bienestar.
Cómo se puede sembrar miedo y terror hacia personas indefensas, en su mayoría subsaharianas, que tardan cuatro o cinco años en finalizar ese periplo horroroso sufriendo todo tipo de abusos, expolios y violaciones de sus derechos a lo largo de su viaje para al final atravesar el Estrecho en balsas de juguete. No sabe nuestro diputado que en el fondo son muertos de hambre… y de paciencia, mujeres y niños lanzados en botes salvavidas desde el eterno naufragio africano.
¿Se puede ser tan incompetente y tan malvado? No merecen estas personas un mínimo de respeto en su dignidad de personas, sabiendo y conociendo que serán devueltos por las fuerzas de seguridad española a sus países de origen, después de pasar el calvario de los centros de internamiento de extranjeros sin haber sido acusados de delito alguno. Señores un poco de compasión, piedad y solidaridad que son seres humanos.
Ángel Luis Jiménez Rodríguez

jueves, 15 de agosto de 2013

Un poco de racionalidad.

Es difícil abstraerse del fortísimo simbolismo y la carga política y sentimental que conlleva Gibraltar a la hora de plantear con claridad los elementos esenciales de la cuestión gibraltareña. Sin embargo, creo que ha llegado la hora de poner un poco de racionalidad en este contencioso.
Continúan los controles sobre la Verja de Gibraltar, aunque Rajoy diga que son aleatorios. No creo que las medidas que se están tomando convenzan a nadie y menos que a nadie a los que la sufren a la entrada o salida de Gibraltar. Por tanto, ha llegado la hora de poner un poco de racionalidad en este contencioso, las partes en discordia, España y el Reino Unido, deben plantearse seriamente encontrar fórmulas para solucionar definitivamente este controvertido tema y sus incesantes problemas.
Desde hace tiempo, España y el Reino Unido están obligados -tanto por Naciones Unidas como bilateralmente- a negociar y llegar a una solución definitiva del problema de Gibraltar. España es la más interesada en realizar propuestas concretas de solución, respecto a las cuales debe mantener consenso nacional y continuidad en su estrategia, ya que el tiempo transcurre en contra de sus intereses, a favor del statu quo británico y del ascenso del protagonismo internacional de Gibraltar.
Un error de este Gobierno fue eliminar sin más el Foro de Diálogo, porque por su tipología servía a largo plazo a los intereses de España siempre y cuando nuestro país se planteara una convivencia normalizada con la población de Gibraltar en su estrategia de este contencioso, aunque parece por lo visto ahora que ese no es el planteamiento de Rajoy ni de su ministro Margallo.
En su día, España para recuperar la soberanía se planteó renunciar incluso a la plena españolidad del no cedido istmo y reconvertirlo en territorio co-soberano hispano-británico, por lo menos eso pretendía José María Aznar durante las negociaciones de 2001 y 2002. Este precedente demuestra que España, en su negociación con el Reino Unido, podría considerar imaginativamente otras fórmulas de recuperación final de la soberanía con modulaciones de formas, procedimientos y contenidos que de algún modo tengan en cuenta los tres intereses esenciales del Reino Unido, Gibraltar y España.
En este contencioso hay cosas incontrovertidas y sobre las que España tiene toda la razón de su parte. Por ejemplo, la plena españolidad del istmo, donde los derechos españoles son muy claros, aunque se renunciara en su día a su plena españolidad para recuperar soberanía sobre el resto de la Roca. Pero no se puede decir lo mismos según el derecho internacional sobre el territorio cedido por el tratado de Utrecht o las aguas territoriales.
Así que España debe medir muy bien su estrategia y los efectos de sus acciones. Ahora parece  querer aprovechar la presencia de turno de Argentina en el Consejo de Seguridad para lanzar una ofensiva diplomática conjunta sobre las Malvinas y Gibraltar. Mezclar estos dos contenciosos puede resultar muy peligroso, además de un error porque son temas parecidos pero no iguales y ni siquiera tienen los mismos concesos.
En estos momentos todas las partes -España, el Reino Unido y Gibraltar- están planteando llevar el eterno tema de la soberanía a los organismos internacionales. Pero el Gobierno de España no puede olvidar que cada vez que se ha hecho así, se ha invocado el riesgo que pueda haber sobre el estatus de Ceuta y Melilla, pese a ser situaciones muy diferentes en su origen y desarrollo histórico.
El peligro está en contraponer en los foros internacionales el criterio territorial (el marco físico del que forma parte) al poblacional (la opinión de sus habitantes) porque seguro que Marruecos replantaría la cuestión de Ceuta y Melilla con apoyos internacionales de los que hoy día carece totalmente. Que este Gobierno mida bien los efectos posibles de sus acciones de ahora, no vaya a llevarse una sorpresa después.
María José y Ángel Luis Jiménez

martes, 13 de agosto de 2013

Cambiar las reglas.

En la ciudadanía no caben dudas sobre la urgente necesidad de reformar el sistema de reglas de nuestra democracia, pues los políticos las utilizan a su antojo sin importarles el desdén ciudadano o el rechazo que les tienen a ellos y a su política.
Franz  Kafka escribió en 1918: “Irrumpen los leopardos en los templos y se beben los cálices, esto se repite y se repite hasta que se vuelve previsible y se transforma en parte de la ceremonia del templo”. Ahora, en 2013, lo que debería ser excepcional y raro como un leopardo en el templo parece haberse convertido en norma y formará parte de la ceremonia política en Andalucía, pues el presidente elegido por el Parlamento se va sin comparecer ante el Parlamento. Esta vía sigilosa, inaugurada por Manuel Chaves en la primavera de 2009, se repetirá con Juan Antonio Griñán a finales de Agosto.
Chaves impuso la norma no escrita de dejar la presidencia sin explicaciones parlamentarias, y tampoco Griñán hablará de su dimisión ante el Parlamento que lo eligió hace 15 meses. ¿No sería lo adecuado dimitir del cargo de la misma forma en que se asumió? Los partidos gobernantes han reducido los parlamentos a cámaras de asentimiento y adhesión, decorativas e insustanciales a la hora de las decisiones trascedentes. También eso está ocurriendo con el actual Gobierno nacional del PP, ejemplo de continuos desaires y mentiras al Congreso.
Los políticos profesionales se duelen del poco aprecio que les tienen los ciudadanos, pero olvidan el inmenso desdén que los gobernantes demuestran hacía las instituciones democráticas. El desdén ciudadano hacia la política sólo es un reflejo o una consecuencia del desdén de los políticos hacia los ciudadanos. La aversión hacia la política coincide con la indiferencia, que es una forma de desapego, fastidio y distanciamiento. Ya no creo que quepan dudas sobre la necesidad de reformar un sistema de reglas que evidencian tanta aversión y rechazo.
El estío es tiempo propicio para reflexionar sobre la forma de corregir la desafección ciudadana. Es muy preocupante el número de personas decididas a engrosar las filas de los abstencionistas que, junto a las intenciones de voto en blanco y a los indecisos, suman en torno a la mitad del electorado potencial, que según las encuestas sigue bajando. Todo ello en un contexto de desánimo y desconcierto colectivo ante la falta de explicaciones y las malas costumbres de los políticos. Porque incluso cuando presumen de dar explicaciones, no las dan. Y lo peor es que recriminan a los que las piden el estar poniendo en peligro la grandeza de la patria o la marca España.
Solo nos queda a la ciudadanía poder observar la realidad -la de verdad, la nuestra, no la política- con ironía, sentimiento critico y distanciamiento. Y prepararnos para salir todos a la calle a partir del próximo septiembre agitando las conciencias de los que tienen más y de los que tienen menos, incluso de los que no tienen nada, en defensa de una autentica democracia participativa y representativa y una economía diferente que garantice el derecho al trabajo y a una calidad de vida digna. Derechos constitucionales, recortados o desaparecidos, que hay que recuperar con nuevas reglas políticas, pues las que tenemos ya no nos sirven. En definitiva, un cambio de valores y una moral diferente para hacer de sus crisis nuestras soluciones, porque ya no necesitamos más pruebas para ver perfectamente que el sistema no funciona ni para ellos, ni para nosotros, ni para el país.

María José y Ángel Luis Jiménez

sábado, 10 de agosto de 2013

Después de la tragedia.

Luis Gómez-Pomar y Gonzalo Ferre, presidentes de Renfe y Adif respectivamente, comparecieron ayer en el Congreso de los Diputados para intentar esclarecer las causas por las que un tren Alvia descarriló el 24 de julio, matando a 79 personas. En solo 16 minutos despacharon el asunto y, por supuesto, no asumieron responsabilidad alguna.
La enorme lista de preguntas de la oposición sobre la tragedia ferroviaria de Santiago recibió ayer escuetas explicaciones de los presidentes de Renfe y Adif en la Comisión de Fomento que intenta aclarar las causas del accidente. Julio Gómez-Pomar (Renfe) y Gonzalo Ferre (Adif)  despacharon las dudas expuestas durante varias horas en dos intervenciones que duraron, sumadas, 16 minutos. “Yo no hice ninguna declaración ni en las primeras 24 ni 48 horas del accidente ni se me ha ocurrido inculpar a nadie. El trazado cumple con toda la normativa en vigor”, dijo Ferre. Algo parecido argumentó sobre las condiciones técnicas. “No ha habido ninguna modificación en la política de Adif sobre seguridad”. Y rechazó así el hecho de que los recortes presupuestarios hayan podido influir en el siniestro.
Por su parte, el titular de Renfe, Julio Gómez-Pomar aseguró que su principal preocupación son “las víctimas”. Respecto a la cascada de preguntas sobre la seguridad que le formularon los grupos quiso delimitar su propio papel como presidente, “los sistemas de seguridad no los decide quién tiene la responsabilidad en un momento de liderar la compañía, sino un equipo de ingenieros y técnicos que se toman muy en serio la seguridad. Esta es la base sobre la que se debe producir la discusión”. Volviendo sobre su primera intervención para asegurar que todos los protocolos se siguieron. “He dicho que es una curva por la que el tren circula a una elevadísima velocidad. He intentado ser enormemente descriptivo y no valorativo, no nos corresponde hacer un análisis de las causas solo un retrato de los hechos”. Terminó diciendo  que “toma nota” de las recomendaciones planteadas.
Estas declaraciones de los responsables de los servicios ferroviarios de este país, así como las de la ministra de Fomento, resultan inaceptables e inadmisibles. Espero que en el juicio que se está gestando aparezcan como imputados los responsables de Renfe, Adif y el Gobierno, así como todos los que por activa o por pasiva han decidido que circulen trenes a 200 kilómetros hora sin medidas de seguridad y con la posibilidad de un despiste, desmayo, desatención, llamada telefónica o lo que sea del maquinista. Aquí estamos ante una negligencia clara e intolerable de los verdaderos responsables de seguridad de Renfe. Son ellos los responsables de lo que ha ocurrido. Y resulta increíble que esto haya sido posible en un país que se jacta de ser un líder en ferrocarriles. La carga y la responsabilidad de esta tragedia debe ser asumida por todos los responsables sin más. Eso espero de la acción de la Justicia. Porque no se puede tolerar que un despiste de un maquinista por recortes presupuestarios, aunque digan que no, haya costado la vida a 79 personas y haya causado a otras tantas heridas físicas y psíquicas para toda la vida.
Ángel Luis Jiménez Rodríguez

viernes, 2 de agosto de 2013

No era su día.

Quizás el PP pensó equivocadamente que programar la intervención de Rajoy  un primero de Agosto, día de la operación salida, le libraría del escrutinio de millones de españoles que estarían viajando o de vacaciones. Por supuesto, se olvidaron de las redes sociales, que hoy están al rojo vivo para recordarles a Rajoy y al resto de nuestros representantes políticos que los ciudadanos de este país no estamos dispuestos a tolerar nuevas excusas y silencios frente a la plaga de corrupción que nos asola. Y mucho menos a reducir su papel en el caso Bárcenas a un problema de ingenuidad y de buena fe.
Al final esta operación de enmascaramiento puesta en marcha por el PP puede resultar la operación salida del propio Rajoy. El presidente del Gobierno ya está marcado, pillado y tocado. Y ni la intervención de hoy, hecha para tranquilizar a su gente, le salvará porque según las encuestas solo un 14% de los españoles creen en su inocencia. Ya solo le queda dimitir
El PP necesita un chivo expiatorio para salvar la situación, ya que están en juego los dineros de la trama Bárcenas y el futuro del partido. Y se mire por donde se mire, y para su desgracia, Rajoy siempre está en medio. Y al PP y sus dirigentes les importa más su futuro que la realidad española, su imagen exterior o la marca España, aunque caiga Rajoy.
Que no se diga más que la oposición es la responsable de la mala imagen de la marca España, porque la responsabilidad no es de quién denuncia una estafa sino de quien la comete. Somos por culpa del PP una vergüenza internacional. Y las medidas de regeneración y transparencia prometidas son nuevas mentiras y engaños para confundir al personal.
Así que no basta con decir “me equivoqué” y después no asumir responsabilidades ni dimitir. No basta con decir “ahora sé que Bárcenas no merecía mi confianza”, después de años de trabajo conjunto, decisiones inevitablemente compartidas e intentos de enmascaramiento.
Y si estorba a los que mueven los hilos, los aplausos fervorosos y constantes de los diputados del PP no salvaran a Rajoy. Sobre todo porque ese entusiasmo parlamentario solo encubre un patetismo insoportable al sugerirle a Rubalcaba la idea de que los dos partidos PP y PSOE deben salvarse juntos, cuando nunca el bipartidismo ha estado más roto que en esta legislatura. Otro golpe de efecto previsible e inútil de Rajoy, una versión camuflada del tú más que yo y vamos a salvarnos juntos. Aunque también le salió mal. No era su día.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

miércoles, 31 de julio de 2013

El Peñón de la discordia.

Carlos Villanueva ponía ayer en su viñeta de humor del periódico comarcal “Europa Sur” un caracol diciendo “Colas en Tarifa… Colas en Gibraltar… ¡Es normal que la comarca esté a la cola de todo!”.
Sin ninguna duda, ese es el problema principal de la Comarca en estos días en relación a Gibraltar, estamos a la cola de muchas cosas por falta de acción política. Y tengo la absoluta certeza de que sin acción política y el pleno desarrollo de la zona, continuaran las tensiones a un lado y al otro de la Verja, seguirá la falta de diálogo y de colaboración entre dos vecinos que están condenados a entenderse y estaremos cerrando la posibilidad de la reversión de Gibraltar a España según el manoseado Tratado de Utrecht.
Haría falta superdesarrollar el Campo de Gibraltar para que fuera un espejo para los gibraltareños, ahora no lo es. Habría que montar en la zona una universidad bilingüe; mejorar la infraestructura sanitaria y hospitalaria, especialmente en La Línea; terminar la autovía a Cádiz por la antigua carretera nacional; invertir en las conexiones ferroviarias necesarias para mejorar el tráfico portuario y diversificar y desarrollar la finca de La Almoraima. En definitiva, mejorar las condiciones de vida y trabajo en el Campo de Gibraltar. Sin algunas de esas acciones políticas y económicas u otras parecidas no hay solución para el problema de Gibraltar.
El Gobierno español sabe tan bien como nosotros que mientras que el Reino Unido tenga intereses en la zona, ya sean estratégicos o económicos, cuyo balance sea positivo, no habrá solución posible para este problema de dignidad nacional. Porque ganar… seguramente ganaríamos poco. Y sobre todo es un tremendo error presionar en la frontera mediante retenciones o mayores controles policiales aprovechando que Gibraltar no está en el acuerdo de Schengen y, por lo tanto, no es una frontera interior, porque eso no soluciona nada, cabrea a la gente y afecta a los derechos humanos de los que tienen que cruzar la Verja.
Ojalá fueran verdad las palabras del diputado nacional por el Partido Popular y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, cuando dice que el Gobierno “sigue tendiendo la mano a la colaboración y a la búsqueda del desarrollo conjunto de las sociedades a ambos lados de la Verja”. Si esto fuera verdad no actuarían con medidas que, si no son ilegales, son contrarias al espíritu y los principios de la Unión Europea como afirmaba ayer la alcaldesa de la Línea, Gema Araujo.
Lo irónico de la situación es que con “este patriotismo rancio” se está perjudicando fundamentalmente a españoles, turistas y linenses que cruzan a diario la Verja para trabajar como decía la alcaldesa de La Línea. Gema Araujo afirmaba que “el conflicto con los pescadores, los problemas de los trabajadores españoles y cualquier otro que pudiera surgir entre vecinos debería tratarse desde el diálogo, el buen entendimiento y la predisposición necesaria para solucionarlos”. Y eso lo hacía el tan denostado “Foro de Diálogo” de Moratinos, que se cargó el PP cuando llegó al Gobierno. Y sin diálogo no hay solución para ningún problema. O es que Landaluce y sus compañeros de partido quieren un conflicto armado o sin armar al grito patriótico de Gibraltar español.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

viernes, 26 de julio de 2013

No todo lo que es legal es ético.

El ex presidente, José María Aznar, decía cuando aprobó su famosa ley del suelo que “todo lo que no está prohibido está permitido”. Creo que Aznar estaba tan confundido entonces como ahora lo están sus compinches del PP, ya que no distinguía ni distinguen lo legal de lo ético. Lo legal y lo ético se mueven siempre en distintos planos: lo legal nos dice “lo que está permitido o regulado por las leyes” y lo ético “lo que se debe hacer o es correcto hacer”.

Creo que el presidente del Gobierno, el del Tribunal Constitucional o los responsables de otras instituciones del Estado pueden estar en un continuo conflicto ético por sus actuaciones, aunque sus compinches se apresuren a decirnos que esas actuaciones no son nada ilegales. Así es como se ha llegado  al descrédito de la política.

La prensa ha puesto sobre la mesa este tipo de comportamientos poco éticos y nada ejemplares de los partidos y los miembros más destacados de nuestras instituciones. Y posiblemente si los ciudadanos hubiéramos rechazado de una manera mucho más activa esas actitudes, habríamos conseguido que nuestros juzgados y tribunales estuvieran menos atascados por asuntos que básicamente tienen que ver con la decencia, la honradez y la salud democrática, pero no con la ley. Y para los que la única salida es la dimisión.

Hablar de prescripción en el caso de delitos de financiación ilegal o de la incompatibilidad como una cuestión no penal, son comportamientos inadmisibles que inhabilitan para presidir el Consejo de Ministros o el Tribunal Constitucional. Estos son problemas políticos y éticos de envergadura, que si no se reconocen cuando corresponde se agravan, sobre todo cuando la ciudadanía está pasando por una situación tan grave de crisis, depresión y paro.
Ángel Luis Jiménez Rodríguez

martes, 23 de julio de 2013

La comparecencia de Rajoy.

Por fin el presidente Rajoy piensa dar su versión sobre el caso Bárcenas, y también sobre la situación económica y política del país, pues así ha planteado su comparecencia ante el pleno del Congreso la próxima semana. Todo esto a petición propia y no por la amenaza de moción de censura, ni por la imagen de inestabilidad que transmite su Gobierno todos los días tanto a nivel nacional como internacional.
En su estilo habitual, Rajoy ha tratado de quitar relevancia a la cita Parlamentaria. Insiste en que la iniciativa de la oposición “no ha influido en absoluto para la comparecencia”, y que quiere aclarar “las dudas que legítimamente tiene mucha gente”, porque “creo que tengo que explicar lo que ha ocurrido y cuál es mi versión, que también es importante”.
Pero lo que esperan los ciudadanos es una respuesta para esta pregunta: ¿Por qué mantuvo el contacto con Luis Bárcenas, incluso dándole ánimos por SMS, después de saber que tenía 16 millones de euros en Suiza? De hecho, la pregunta fue pactada por la prensa para el pasado lunes, pero el presidente no quiso contestarla utilizando una impresentable maniobra con la ayuda del diario ABC.
Aunque existe un peligro en el debate anunciado sobre Bárcenas, la corrupción del PP y los sobres con dinero negro, que están enfangando la autoridad de Rajoy. Y es que nos quedemos en el “y tú más”. Ese “y tú más” que tiene tan cansado a los ciudadanos, que quieren partidos más cercanos, abiertos y transparentes que resuelvan los problemas de cada día, y una democracia basada en la verdad y no en la mentira.
Porque una democracia no se puede mantener sobre tanta mentira y falta de transparencia.  Ni se puede decir “aquí no ha pasado nada”, ante la alarma social existente, y volver la página. Las explicaciones deben ser amplias y las responsabilidades muchas para todos los que hayan delinquido. Para lo cual sería imprescindible ya la Ley de Transparencia, que debería ser desbloqueada el próximo miércoles en la Diputación Permanente del Congreso.
Espero que, en  ese pleno extraordinario del Congreso, haya tiempo para que el Gobierno haga un balance político y económico de la primera parte del año, antes de las vacaciones parlamentarias. Sobre todo de la agenda reformista, que continúa aplicando sin desmayo el presidente Rajoy, y de las heroicidades conseguidas como que las rentas empresariales hayan superado, por primera vez en la historia de este país, a las del trabajo.
Lo que queda claro de todo este jaleo es que el presidente ha cedido a la presión como esos niños pequeños que nunca saben perder. Porque irá al Parlamento para evitar el oprobio de llegar arrastrado por una moción de censura pese a su mayoría absoluta, aunque diga que lo ha hecho por nuestro bien, no nos vaya a dar una sobredosis de democracia y nos siente mal. Así que a callarse niños que por fin va a hablar el Presidente.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

viernes, 19 de julio de 2013

Las primarias andaluzas.

Una elección primaria es una elección donde los votantes seleccionan al candidato que un partido presentará a un proceso electoral ya sea en el ámbito local, autonómico o nacional. La nominación de los candidatos por lo general corresponde a los aparatos de los partidos. Sin embargo, las primarias son un buen sistema para definir candidatos e ilusionar y comprometer al electorado, pero sobre todo, recuperar la confianza de los ciudadanos en la política.
Pues bien, en Andalucía durante estos días con los candidatos socialistas a las próximas elecciones autonómicas, esta oportunidad se han visto frustrada por el aparato del partido, que ya tenía seleccionada a su candidata para la presidencia de la Junta de Andalucía antes de empezar el proceso llamado de primarias.
Lo que se presentaba como un proceso histórico -era la primera vez que se convocaban primarias en Andalucía- sólo arroja frustración en la militancia y desazón en la ciudadanía. De hecho, en otros países-primarias a la francesa- estos procesos se abren no solo a la militancia sino a todos los ciudadanos, lo que ilusiona y compromete al electorado.
Sin embargo, no tiene ningún sentido convocar unas primarias y luego poner dificultades a cualquier candidato que no sea del aparato o de la dirección del partido. Para empezar, se ha  exigido casi siete mil avales para ser candidato, dando menos de un mes para conseguirlos y sin facilitar los censos de afiliados, una misión imposible. La dirección dice que es lo estatutario y legitimo y que el sistema lo avala, pero es contrario a unas elecciones internas de verdad y democráticas.  
Tampoco entiendo que no se admita la presentación de avales vía internet, cuando el reglamento no lo prohíbe expresamente. De hecho el alcalde de Jun (Granada), José Antonio Rodríguez, pudo usar esta vía para inscribirse en el proceso  de primarias. Este es un método utilizado comúnmente e incluso aconsejado por la propia Administración autonómica. No admitirlo revela la clara intención de la dirección de disuadir a los precandidatos. Espero que los órganos competentes del partido decidan algún día considerarlo.
A la vista del resultado de este proceso no creo que nadie lo pueda llamar elecciones primarias, aunque la dirección socialista insista en que una cosa no quita la otra.  Dicen que las primarias se han celebrado, porque consideran que comienzan con la recogida de avales y terminan, rápida o lentamente, en función de que haya uno o más aspirantes. ¿Se lo creen realmente o solo lo hicieron para guardar las formas en la designación de su candidata preestablecida Susana Díaz? 

María José y Ángel Luis Jiménez

miércoles, 17 de julio de 2013

Tres volcanes en erupción.

En el comité federal celebrado este fin de semana por el PSOE decía Rubalcaba que “España está viviendo una involución social” porque “a la crisis social y económica se le ha sumado una tremenda crisis política. Mariano Rajoy está sentado sobre tres volcanes en erupción: el paro, Cataluña y Bárcenas. Y en ninguno de los tres tiene la más mínima idea de qué hacer. Ganar tiempo esta vez no sirve. El tiempo que gana Rajoy es el mismo que pierde España”.                                                             
Sobre las soluciones del volcán del paro, hoy la OCDE (los 34 estados que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es decir, el club de los países más ricos del mundo) en su informe anual ha pedido al Gobierno español que refuerce las ayudas a los parados de larga duración, que son ya casi 3,5 millones. Cifra que según el informe es tremendamente alta y que continúa subiendo. Las previsiones de la OCDE para España no son nada optimistas después del 26,9 % de tasa de paro registrado en mayo de este año, pues se espera que siga subiendo hasta el 27,8 % a finales de 2014.
Según el informe, España seguirá siendo el país con la segunda tasa de paro más alta de los 34 países de la OCDE, solo por debajo de Grecia con un 28,2%. En el informe no solo se pide que se refuercen los subsidios, sino que también se reclama que las ayudas se complementen con programas de políticas activas que ayuden a estos desempleados a buscar trabajo para salir cuanto antes de esta situación. Además dan la voz de alerta sobre la desigualdad en el sur de Europa por la larga duración de la crisis y los altos índices de desempleo.
Tampoco el Gobierno sabe qué hacer con el volcán Catalán y menos con la exigencia de un referéndum sobre el llamado derecho a decidir. Y desde las elecciones celebradas en otoño de 2010, y en torno a ese referéndum se está configurando una mayoría parlamentaria que no deja de crecer por las torpezas del Gobierno. Esta mayoría parlamentaria está imponiendo su propia agenda política y acabará ganado la batalla de la opinión pública con consecuencias potencialmente irreversibles para la integridad territorial del Estado español.
La torpeza del Gobierno de la nación de no tomar en consideración la posibilidad de negociar la celebración de un referéndum dentro del marco constitucional va a conducir a que la vida política en Cataluña se convierta en una suerte de referéndum permanente en los dos próximos años. El domingo en El País, Javier Pérez Royo, Catedrático de Derecho Constitucional, decía que esperaba y deseaba que todavía se estuviera a tiempo de entablar la negociación entre el Gobierno y el Parlamento de la Generalitat, aunque tenía la impresión de que ya estábamos al límite de esta posibilidad.
En el caso Bárcenas más que un volcán el Grupo Popular tiene una olla a presión. Sus diputados reconocen que sería de gran alivio el anuncio cuanto antes de una comparecencia del presidente del Gobierno para dar explicaciones sobre el caso, lo que rebajaría la presión y la tensión política. Pero Rajoy ni caso, y dice que dejará la comparecencia para septiembre. Este hombre está fuera de la realidad. Todos dicen que Rajoy se está achicharrando en el crematorio Bárcenas, pero no hace nada. Me pregunto cuánto tiempo más podrá seguir ardiendo sin convertirse en un montón de cenizas.


 Ángel Luis Jiménez Rodríguez

martes, 9 de julio de 2013

La Almoraima.

En las redes sociales se ha iniciado una campaña para impedir la venta de la finca de la Almoraima por el Ministerio de Medio Ambiente. Su lema es NO A LA VENTA DE LA ALMORAIMA. Desde la página web “Change.org” se pide el apoyo y la firma de los que estén en contra de esta venta.
La Almoraima de Castellar de la Frontera es una finca pública de unas 14.500 hectáreas, la mayoría de ellas en el Parque Natural de Los Alcornocales del Campo de Gibraltar. Fue expropiada en 1983 a Ruiz Mateo y a lo largo de los años ha recibido importantes inversiones públicas de los diferentes gobiernos destinadas a la reforestación de alcornocales, los cultivos energéticos y otros proyectos viables que a medio o largo plazo la hubieran puesto en valor.
El alcalde de Castellar de la Frontera, cuyo término municipal está ocupado en un 85 por ciento por la finca pública, ha explicado que no ha sido informado del proyecto de privatización, pero que sospechaba de las intenciones del Ministerio desde que el pasado mes de marzo le presentaron el proyecto de Plan Especial de Usos para La Almoraima.
Este Plan Especial incluía un hotel de cinco estrellas, dos campos de golf y un aeródromo para aviones privados, para lo cual haría falta inversión privada. Lo que no tiene claro es si el proyecto privatizaría las 1.300 hectáreas que ocuparían esos espacios o las 14.500 de toda la finca, incluyendo el área forestal del parque natural.
En su plan de reducción del déficit, el gobierno ha puesto a la venta 15.000 inmuebles del Estado como parte de las 217 medidas contenidas en su reforma de la Administración pública. Entre esas ventas se incluyen una decena de edificios singulares, y  otros  emblemáticos como La Almoraima, la finca rural más grande de toda Europa con 14.500 hectáreas y situada en el Campo de Gibraltar.
Por eso alcaldes, sindicatos y partidos de la Comarca piden al Gobierno que reconsidere sus intenciones, que abandone esa idea especulativa y apueste por el mantenimiento de la Almoraima, que genera puestos de trabajos incluso en esta época de tanto paro. Así como que haga extensiva en ella industrias de transformación del corcho y de agricultura ecológica, con lo que se aprovecharía el gran potencial agropecuario de la finca, algo que sin duda dinamizaría la economía local y de la comarca del Campo de Gibraltar.
Esta finca forma parte del patrimonio de la Comarca y de todos los pueblos que la rodean,  y con una buena gestión de sus riquezas (ganadería, agricultura, turismo de naturaleza, etc.), podría aliviar, si no erradicar, el paro que sufren. Esta finca debe ponerse al servicio de los pueblos de la comarca. Sería un gran error que callera en manos de un magnate o un potentado para especular con ella. Lo público debería seguir siendo público. Ya está bien de tanta especulación y privatización para beneficiar a unos pocos.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

domingo, 7 de julio de 2013

El Gran Hermano.

Edward J. Snowden es un joven analista de inteligencia que decidió arriesgarlo todo -está en riesgo de cadena perpetua y muerte- por denunciar los abusos del espionaje masivo que realizan los servicios secretos de los Estados Unidos.  Este ex-empleado de la CIA se asomó a las prácticas irregularidades de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y decidió, siguiendo su conciencia, que el mundo conociera todo lo que estaba ocurriendo.
Snowden con su denuncia ha desatado una tormenta mundial al exponer la fragilidad de la privacidad de nuestras comunicaciones en la era digital, dejando al descubierto a los gigantes de internet -Google, Facebook, Microsoft-, sacando los colores al presidente Obama, y poniendo en guardia a los más potentes servicios secretos del mundo. Todo hecho, con cuatro ordenadores portátiles y una llave USB, en beneficio del bien común.
Con sus revelaciones Edward Snowden ha dejado en evidencia que vivimos en un mundo donde es lícito tratar como sospechoso a todos los ciudadanos. Para ello no hay nada más que leer lo desvelado sobre los recovecos del sistema estadunidense “Prisma” capaz de captar, registrar y, sobre todo, tratar ingentes volúmenes de información privada para hurgar diariamente en nuestra más celosa intimidad.
La seguridad es un valor altamente deseado por los Gobiernos y a ella se subordinan los valores y la salud democrática. Sin embargo, olvidan que los sistemas de seguridad deben servir a la libertad, en lugar de servirse de ella. Los ciudadanos celosos de nuestra libertad e intimidad debemos estar muy agradecidos a este desconocido norteamericano por su filtración, porque aunque la tendencia hacia el Gran Hermano es imparable -ya lo contaba Orwell en su novela 1984-, al menos podemos imaginarnos momentáneamente que algo se ha retrasado su avance.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

sábado, 6 de julio de 2013

Uno de los nuestros.

Ayer se celebró el homenaje a José Chamizo en la Politécnica de Algeciras por su labor durante 17 años al frente de la institución del Defensor del Pueblo Andaluz. Fue también un homenaje a tantos hombres y mujeres de esta tierra de los que Chamizo ha sacado lo mejor para enfrentarse a los grandes problemas de esta comarca -sociales, de derechos humanos o medioambientales-, que son muchos.
Se dijeron muchas palabras llenas de verdad y afecto en este acto. Lo abrió Pepe Díaz, uno de los organizadores, diciendo “Los ricos y poderosos no le perdonan a Chamizo que haya tomado partido por los pobres”, y esa ha sido la causa de su destitución, que ha sido hecha de forma incorrecta y grosera tanto en el fondo como en la forma.
Chamizo molestaba porque representaba la dignidad y la defensa de unos valores que se están perdiendo. Y porque la casa del Defensor del Pueblo estaba siempre con las puertas abiertas para todos, pero especialmente para los que normalmente no son oídos o atendidos. Su titular pisaba todas las calles y plazas de Andalucía para conocer, sentir y sufrir con los más débiles,  gozando de la confianza de todos, por su humildad y verdad.
Todo esto no lo podía soportar una clase política insensible a la calle. Aunque políticos hay de muchos tipos y no se puede generalizar, porque puede resultar injusto e incluso demagógico. Pero en los cenáculos donde se maneja el poder y la política se decidió que ya resultaba peligrosa su forma de buscar la verdad, la justicia y la igualdad para todos los andaluces.
Este acto, como era normal, lo cerró Chamizo diciendo que estos son momentos de acción, pero también de reflexión para superar esta crisis del sistema democrático que es el resultado de gobernar de espaldas a lo que pide o quiere la gente. Y que hay que perder el miedo, porque una sociedad con miedo a hablar o a manifestarse no avanzará ni tiene futuro e irá perdiendo derechos, libertades e igualdad.
“Los desfavorecidos o excluidos cada día son más”, dijo. Así que hace falta un fuerte compromiso de todos para seguir luchando por una sociedad más solidaria y justa. Nada está escrito. Un mundo mejor y distinto lleno de esperanza y fraternidad es posible. Desde luego Pepe Chamizo está vivo y muy vivo y lo seguirá estando entre nosotros, porque es uno de los nuestros y un cómplice de lo mejor de nosotros. La lucha continúa.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

miércoles, 3 de julio de 2013

Becas y limosnas.

Que carencia emocional la del ministro Wert y que grosera su expresión relacionando becas con limosnas. No solo se entiende lo que dice, sino más de lo que dice y, sobre todo, lo que piensa de los pobres.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha justificado “la nueva regulación de las becas”, que endurece los requisitos académicos necesarios para obtenerlas, con las presiones de los rectores, los Gobiernos autónomos y también de su propio partido. Nueva mentira y engaño del ministro, pues los debates y el rechazo de rectores, educadores y alumnos en las tribunas mediáticas y políticas es continuo. Aunque me parece más grave su permanente estrategia de tensión y confrontación con la reforma educativa, relacionando ahora becas con limosnas, en una demostración papable del nefasto clasismo ideológico del ministro.
En cualquier caso, en un foro organizado por el PP en Alcalá de Henares, Wert ha querido dejar claro que “esos recursos escasos” no se deben “distribuir en forma de limosnas sino como contribución de recursos que la sociedad hace y que deben tener su justa correspondencia”. Y además, que “no hay discurso más demagógico que aquel que intenta oponer la exigencia de rendimiento a la equidad”. Afirmando a continuación, con lo que se le rompe el discurso, que tiene que ser duro con los pobres porque “cuando se recibe dinero público, es lógico pedir un esfuerzo extraordinario”.
La ideología de la derecha es muy hábil en hacernos creer que hay una horda de holgazanes viviendo a nuestra costa. Es una vieja estrategia de tensión y de confrontación que intenta  servir de válvula de escape a unas clases medias cada vez más empobrecidas por la crisis. Por eso es muy importante que la verdadera información y la pedagogía nos ayuden a separar los argumentos mentirosos y ficticios de los reales. Así que antes de que alguien se apunte a las tesis de Wert es conveniente conocer la realidad.
La realidad es que la Universidad se sufraga fundamentalmente con dinero público. Dependiendo de la Comunidad autónoma, las tasas solo suponen entre el 15% y el 25% del coste total del servicio universitario. En consecuencia, no solamente están becados los “pobres”, sino la totalidad de los estudiantes universitarios, porque sus estudios son financiados con los impuestos de toda la ciudadanía. Y curiosamente, el 80% de estos impuestos proceden de los trabajadores y casi el 40% de cotizantes son mileuristas. Por eso, todos los que estudian en la Universidad pobres y ricos son becarios, es decir, reciben “becas”.
Es más, cuando el ministerio niega ayudas públicas a un estudiante por haber suspendido alguna asignatura, no está defendiendo ningún criterio de excelencia de la educación universitaria, simplemente lo condena a la exclusión mientras sigue regando con dinero público los estudios de sus compañeros de aulas que han suspendido el curso completo. El término “excelencia” del ministro se ha convertido en el caballo de Troya de la exclusión social.
Por eso para Elena Valenciano -lo dice en su blog-, la clave de “la política educativa” de Wert es “ordenar el sistema para que se detenga un camino de corrección de desigualdades que España emprendió hace años. A Wert le parece exagerado que todo el mundo quiera ir a la universidad”. Valenciano ha ironizado, como ya hizo en otra ocasión refiriéndose a la reforma educativa, con que el ministro es “un firme defensor de esa máxima tan conocida, de que siempre han existido clases”.
Así que, si alguien piensa que el debate sobre las becas solo atañe a las personas sin recursos,  se equivoca gravemente. En esta primera fase del proyecto educativo de la FAES y del PP, tratan de reducir a la mitad el número de alumnos sin recursos. Sin embargo, tras este ajuste se pretende “adecuar las tasas universitarias a sus costes reales”, es decir, encarecer de forma exponencial el acceso a la Universidad, lo que devorará el modelo universitario, tal y como lo conocemos ahora, que terminará por ser privatizado. Avisados estamos.


Ángel Luis Jiménez Rodríguez.

domingo, 30 de junio de 2013

La reconversión social.

El viernes informaban los medios que en Navarra se ha aprobado una ley igual al decreto andaluz antidesahucios, aunque con el rechazo del Gobierno de UPN y PP, que son minoría. La Ley Foral para garantizar el derecho a la vivienda prevé medidas para reducir el parque de casas vacías y posibilitar el embargo temporal de las que están en proceso de ejecución hipotecaria.

Espero que también se apruebe en otras comunidades autónomas la decisión de la Junta de Andalucía de garantizar tres comidas diarias a los niños que no las reciben actualmente, otra medida social y de igualdad de la que se burla el partido en el poder.
El PP hace burla con esta grave realidad, porque no la entienden. Viven incluso físicamente lejos de ella, no se acercan ni se mezclan con esa gente a la que consideran distinta y ajena. Ellos que son tan nacionalistas y que invocan continuamente la unidad de España esconden que en realidad no se consideran parte de la misma nación que los pobres.


Ojalá algún día se den cuenta que las desigualdades, aunque formen parte de la vida, causan mucho dolor a nuestros semejantes. Y ese sería el primer paso de un camino ético que nos llevaría a todos a intentar paliar tantas desigualdades. Sobre todo, las provocadas por la coyuntura económica y las medidas de austeridad de este Gobierno, que usa el bisturí para crear un nuevo modelo de sociedad, donde cada día los pobres son más pobres y los ricos más ricos.
Ángel Luis Jiménez Rodríguez

jueves, 27 de junio de 2013

SI SE PUEDE (cláusula suelo de las hipotecas).

La cláusula suelo de las hipotecas está redactada con una única finalidad, favorecer en exclusiva  los intereses económicos de una de las partes, la entidad de crédito -ya sea banco o caja-, que ha dispuesto unilateralmente esta cláusula imponiéndola al consumidor.
Por tanto, esta cláusula supone un desequilibrio desproporcionado importante o no equitativo de los derechos y obligaciones de las partes del contrato de préstamo de una hipoteca, siempre en perjuicio del cliente y favoreciendo o beneficiando, en términos económicos, exclusivamente al banco o caja prestataria.
Las personas afectadas por la cláusula suelo son casi cuatro millones de personas, que están viviendo una situación anómala como clientes bancarios, pues no se les trasladan las bajadas impulsadas desde el Banco Central Europeo para facilitar el crédito, sino que por el contrario los bancos están obteniendo el dinero a unos tipos bajos -muy barato- y se lo prestan al consumidor a tipos altos, un negocio en toda regla si no se fundase en el abuso sobre la parte con menor capacidad de negociación.
Esta anómala y abusiva relación entre banco y cliente parece que va a cambiar. Pues el ministro de Economía ha encomendado al Banco de España controlar al sector bancario sobre cómo ha vendido las clausulas suelo de las hipotecas después de la Sentencia del Supremo del 9 de mayo pasado, que anulaba las cláusulas comercializadas sin transparencia del BBVA, Novagalicia y Cajamar.
El Gobierno ha dicho que todo el sector se debe ajustar a estos criterios de claridad informativa. El Banco de España anunció este miércoles que las entidades tendrían de plazo hasta el 31 de Julio para evaluar “el impacto que pudiera tener sobre sus resultados la eliminación de las citadas clausulas en los casos en que tal eliminación se estime procedente o necesaria” a la vista del contenido de la sentencia.
Lo que es un hecho es que el BBVA aplicará la sentencia a todas sus hipotecas, aunque esto signifique ganar unos 420 millones menos al año con el euribor actual. Novagalicia reducirá el resultado en unos 100 millones anuales, la misma cantidad que Cajamar. Y Caixabank ya ha informado que negociará caso por caso las 185.000 hipotecas con “suelo”. Pero en esta misma situación de anulación de las clausulas suelo, pero en juzgados de primera instancia, están los Bancos Pastor, Sabadell, BBK Bank CajaSur y otros.
Así que, SI SE PUEDE, y si tienen un préstamo hipotecario con clausula suelo envíen esta carta con sus datos a su Banco o Caja. 

D/Dña.
Dirección
Algeciras.
BANCO
Dirección
Algeciras.                                    
En Algeciras a veintisiete de junio de 2013

A/A. Sr. Director:                                                                             

                El objeto de la presente es solicitar a la Entidad que usted representa la eliminación de la cláusula de “suelo” que se aplica actualmente a los préstamos con garantía hipotecaria que tengo contratado con ustedes.

                Quisiera que tuviera en cuenta a estos efectos la política seguida en cuanto a los tipos de interés por el Banco Central Europeo, que ha rebajado el precio oficial del dinero en los últimos años en alrededor de tres puntos, hasta situarse en la actualidad en un 0,5 por ciento. Los sucesivos descensos en el precio oficial del dinero han supuesto importantes rebajas en los tipos que se aplican a los distintos productos, tanto de activo como de pasivo bancario, ya que supone el marco de referencia prioritario en los tipos de interés que aplican las entidades a sus clientes.

                Actualmente se me está aplicando en mi préstamo con garantía hipotecaria un tipo superior a la suma algebraica del tipo de referencia más el diferencial aplicado a mi préstamo, cuando varios Juzgados, así como el Tribunal Supremo en sentencia del 9 de mayo pasado, han dictado sentencias sobre la clausula suelo, en la que condenan a las entidades de crédito a eliminar esta condición de sus contratos, “y a devolver a miles de clientes el dinero cobrado de forma indebida”.

Dichos Juzgados en sus autos de ejecución requieren expresamente a las entidades financieras, "para prestar la colaboración legalmente exigible a las mismas para el correcto desarrollo de la presente ejecución provisional, bajo los apercibimientos generales de ley, y expreso de desobediencia, en las personas de los representantes legales o responsables oportunos. Sin perjuicio de las multas coercitivas u otras actuaciones ejecutivas a que, en su caso, pudiere haber lugar",

                Esta solicitud de eliminación de la cláusula “suelo” no tiene por objeto amenazar a ese Banco, con una posible cancelación o subrogación del préstamo, ni especificar otras ofertas que ofrecen distintas entidades de crédito para este mismo producto, sino que únicamente se pretende continuar con el justo equilibrio en las contraprestaciones que hasta el día de la fecha ha caracterizado nuestra relación Entidad-Cliente.

                Asimismo, quiero hacerle constar que una rebaja en el tipo de interés final motivado por la supresión de la citada cláusula que aplica su entidad implicaría un descenso en las cuotas a satisfacer y, por tanto, una mayor renta disponible que podría ser aplicada a la contratación de nuevos productos de pasivo bancario con la entidad que usted representa.

                A tenor de todo lo antedicho, y en aras a mi antigüedad como cliente, cumplimiento de mis obligaciones de pago y oferta actual de su entidad en este tipo de productos, solicito la eliminación de la cláusula “suelo” y la compensación de lo cobrado hasta la fecha con una reducción del diferencial aplicado a mi préstamo hipotecario. Si su entidad elimina la citada cláusula aplicada a mi préstamo hipotecario como consecuencia de las Sentencia de los de los citados Juzgados y del Tribunal Supremo y procede a la reducción del diferencial sobre el índice de referencia,  solicito que dicha modificación se instrumentalice en un contrato privado, posibilidad recogida legalmente en el artículo 1.225 del Código Civil, al objeto de evitar gastos.

Sin nada más que añadir, y en espera de sus diligentes noticias, reciba un cordial saludo,

Recibido y conforme
SELLO DE LA ENTIDAD                                                               Fdo. : 

Una ley que crea desigualdad.

La polémica sobre la ley Wert se ha centrado en estos días sobre la nota mínima para las becas, recibiendo el rechazo encendido de los rectores y las quejas de distintos colectivos de estudiante que ven en los nuevos criterios un ataque a la igualdad de oportunidades.
Tras la avalancha de críticas, el ministerio parece que cambiará el texto antes de enviarlo al Consejo de Estado para su revisión, previsiblemente el viernes. Educación también prevé revisar los criterios previstos para el mantenimiento de las becas por la sensibilidad que ha despertado el tema. 
Sin embargo, me llama la atención que no se hable en la misma medida de la educación diferenciada que plantea la ley, pues posibilitará una educación separada de niños y niñas. La Junta de Andalucía ha tratado de paliarlo hasta ahora -basándose en la actual normativa- retirando los conciertos económicos a los centros andaluces que no practican la enseñanza mixta, y que ahora serian revisados con la ley Wert.
Si espero que el Consejo de Estado en su revisión recuerde a este Gobierno algo obvio, que vivimos en un Estado laico respetuoso del pluralismo según la Constitución, y que no se debiera promover ni incentivar las enseñanzas religiosas como plantea la ley Wert, sino mantenerse neutral ante la concurrencia en la sociedad de ideas, doctrinas y religiones.
Porque dice Wert que los artículos 16.3 y 27.3 de la Constitución son el punto de partida para sustituir la educación en valores cívicos por la religiosa. Pero no hay nada en esos artículos que obligue a los Gobiernos a dar clases de religión y moral católica en las escuelas públicas y menos a pagar los salarios de los miles de profesores que asigna a esta tarea la Iglesia.
Y al afirmar que el 27.3, donde se habla del derecho a la libertad religiosa y de conciencia, asegura que los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Está engañando con medias verdades, porque  no aclara que este artículo no dice nada sobre que ese derecho debe atenderse en las escuelas y, mucho menos, que los alumnos que no escojan Religión deben estudiar una asignatura alternativa igualmente obligatoria. Qué desastre de ministro y de ley Wert, cuando dimitirá, porque la ley estoy seguro que no aguantará más allá de esta legislatura y de este Gobierno.


Ángel Luis Jiménez Rodríguez.