El agua un bien escaso.

El agua es un bien esencial pero escaso. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, porcentaje que sigue aumentando por el cambio climático. Además, más del 80% de las aguas residuales resultantes de la actividad humana se vierte en los ríos o en el mar sin ningún tratamiento.

En España, el 45% de los ríos, humedales y estuarios, y el 44% de los acuíferos están en mal estado. La contaminación de estos recursos, los cambios morfológicos (presas, grandes embalses) o la extracción excesiva de caudales siguen siendo las principales amenazas para la salud de estos ecosistemas.

En Andalucía la Agencia Andaluza del Agua utiliza desde hace una década un discurso ambientalista, pero incumple la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea cuyo objetivo es prevenir y reducir la contaminación, promover un uso sostenible del agua, proteger y mejorar el medio acuático y paliar los efectos de las inundaciones y sequías.

Las organizaciones ecologistas han denunciado que la política andaluza del agua es obsoleta, no sigue los preceptos de la Directiva de la UE, y va contra la conservación de los ecosistemas acuáticos.

Los principales problemas son los vertidos de aguas residuales sin depurar por falta de depuradoras o porque las existentes funcionan mal, y el escaso control sobre los recursos subterráneos que ponen en peligro el abastecimiento urbano y las áreas protegidas como el Parque Nacional de Doñana.

Los acuíferos son las mejores reservas de agua, porque no son tan sensibles a las sequías como los embalses, sin embargo, en las cuencas del Guadalquivir y Mediterránea Andaluza, la mayoría de sus acuíferos están contaminados. Y los acuíferos costeros están sobreexplotados debido a la fuerte presión que ejercen los regadíos, el ladrillo y los campos de golf.

Gracias a la aplicación de la legislación europea, la calidad del agua dulce ha ido mejorando gradualmente. Esta legislación ambiciosa obliga a los países a alcanzar el buen estado ecológico antes de 2027.

En España no se aplica, y como consecuencia en julio de 2018 nos multaron por la nula o mala depuración de nuestras aguas residuales. Ante los incumplimientos, las penalizaciones han superado los 32,7 millones de euros, la mayor sanción que hemos tenido que pagar nunca a Bruselas. Además, el Gobierno estima que hasta 2023 no se solventaran todos estos problemas.

Así que, es esencial recuperar la buena salud de ríos, acuíferos y humedales porque es nuestro mejor seguro ante el cambio climático.

Publicado en Europa Sur el 14 de julio de 2020

¿Educación pública o concertada?

Se ha terminado el año lectivo sin que nuestros niños hayan podido integrarse en sus aulas. Ahora nos queda preparar y adaptar los colegios a la nueva normalidad para que el inicio de curso en septiembre sea posible. Toda inversión en educación es poca teniendo en cuenta su efecto directo sobre la vida de las personas y sobre la sociedad en su conjunto.

En la comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica de España, se ha alcanzado un acuerdo para que la totalidad de los fondos extra para enseñanza, también los que provengan de la UE, se destinen únicamente a los centros de titularidad pública.

La educación pública sigue siendo la que acoge a la mayor parte de los alumnos escolarizados en nuestro país, un 67,5% del total, mientras que la educación privada concertada escolariza al 25,7% y la enseñanza privada no concertada al 6,8% restante.

La financiación pública de la enseñanza privada que, en sus orígenes, obedeció a la insuficiencia de plazas en el sector público, en la actualidad responde a las presiones por una oferta diferenciada que dé respuesta a unas preferencias diversas.

El argumento fundamental de los padres para optar por las escuelas concertadas no es una mayor calidad educativa, si no las características socioeconómicas de los alumnos, significativamente distintas y más favorables para el proceso educativo que las de los centros públicos.

Como consecuencia de la LOMCE, de los efectos de la crisis y los recortes en educación, desde 2007 hasta 2017, la escuela concertada ha ganado un 25% de financiación mientras que la escuela pública sólo ha crecido un 1,4% (técnicamente ha retrocedido).

Aunque la escuela concertada recibe fondos en función de su volumen, este incremento no llega por haber ganado alumnos (o aulas concertadas) en la última década, sino de los complementos a la financiación de las Comunidades Autónomas.

No me posiciono en contra de las escuelas concertadas, pero entiendo que el derecho a la educación gratuita no comprende el derecho a la gratuidad educativa en centros privados, porque los recursos públicos no responden a las preferencias individuales, sino a las necesidades sociales.

Fomentar la educación pública, no ataca a la concertada. Pero, privilegiar a la concertada, si puede acabar con la pública. Aún tenemos una oportunidad de reducir las partidas de ayuda a las concertadas y consolidar las públicas. Si se mantienen las actuales Proyecciones de Población del INE, España tendrá 800.000 niños menos en 2030 y habrá que cerrar más de 30.000 aulas. 

Publicado en Europa Sur el día 7 de julio de 2020

Colapso en la Justicia.

En nuestro país la Justicia, al igual que la Sanidad y la Educación, no funcionará bien hasta que esté dotada de las inversiones y los medios humanos y materiales necesarios para poder ser eficiente. La crisis de la COVID-19 ha hecho saltar las alarmas.

En 2019, según el Consejo General del Poder Judicial, había 2,8 millones de juicios pendientes, cifra que este año podría elevarse por la pandemia a cuatro millones. Aunque, más del 70% son procedimientos que podrían ventilarse online, sobre todo, aquellos donde la única prueba es documental, como ocurre en el 80% de los juicios por cláusula suelo.

Esta crisis ha evidenciado la lentitud de la Justicia. Porque todos tenemos derecho a una tramitación ágil de los asuntos que nos afectan. Pero, cómo se pueden agilizar cuatro millones de asuntos judiciales pendientes para este año.

Los tribunales de Justicia tardaran años en superar este retraso mientras no se tomen las medidas adecuadas. El panorama es desolador, y pocos confían en el plan diseñado por el Ministerio hasta que no haya inversiones, reformas y la organización necesaria.

No les corresponde a los abogados arbitrar soluciones para este complejo problema, pero son imprescindibles para reactivar la actividad judicial. Sin embargo, en la nueva normalidad, nos encontramos restricciones. En los juzgados solo se permite el acceso a usuarios y profesionales con cita previa, estableciéndose como sistema de consulta la vía telefónica y los correos habilitados expresamente en cada órgano.

Sin embargo, ni se han habilitado direcciones de correo electrónico en todos los órganos judiciales ni se responde a las llamadas telefónicas con la presteza que el sistema requiere, tampoco se facilita la información por estos medios por las obligaciones existentes en materia de protección de datos. Esto impide el normal ejercicio de la función de los abogados y también limita el Derecho de Defensa.

Los Abogados no son en sentido estricto “público”, ni “usuarios” del servicio de la Administración de Justicia. Los Abogados, junto con el Ministerio Fiscal y otros profesionales, son personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia.

De la misma manera que ninguno de los sujetos partícipes indiscutibles de la Administración de Justicia -Jueces, Fiscales, Letrados, funcionarios, médicos, forenses, policías-, tienen limitado el acceso a las sedes judiciales, tampoco deberían tenerla los abogados, por razones obvias. Empecemos por corregir este problema, es bien sencillo.

Publicado en Europa Sur el 30 de junio de 2020

Deshaciendo bulos.

Ha finalizado el estado de alarma, pero el coronavirus sigue entre nosotros. Estamos en “la nueva normalidad”, una etapa de rastreo y vigilancia donde el estudio y seguimiento de los contactos de cualquier persona contagiada persigue realizar un diagnóstico temprano para evitar la transmisión.

Desde hace unos días, Algeciras permanece en alerta tras el brote detectado en una pensión, que provocó la muerte de uno de sus huéspedes de 78 años con patologías previas. De los otros 16 residentes, tres dieron positivo en la prueba de Covid-19. Una mujer española de 70 años, ingresada en el hospital Punta de Europa. Y dos inmigrantes subsaharianos de 19 y 24 años.

El virus se ha extendido al trasladar a estas personas desde esta pensión a un centro de una ONG, cuando ya había un fallecido, pero sin comunicar su contagio. Los afectados son de origen africano. Y se han detectado 64 contactos, con 17 PCR positivos.

A todas estas personas migrantes se les realizó pruebas en Almería, cuando llegaron a España en marzo, y sus resultados fueron negativos. Y, sin embargo, el alcalde de Algeciras ha falseado los datos a su antojo para usarlos de arma arrojadiza contra el gobierno central. De paso ha criminalizado a los inmigrantes. Nada nuevo.

Los bulos sobre el coronavirus son otra epidemia. Se han verificado 600. Buscan crear más miedo o aprovecharse de la situación de alarma. Pero antes de la pandemia ya circulaban dos grandes bulos sobre los inmigrantes.

Uno, sobre el colapso de la sanidad pública por los inmigrantes, que no solo carece de base estadística, si no que contradice todos los datos disponibles. Un informe de la Sociedad Española de Medicina de Familia concluyó que el 57,75% de la población española había acudido al menos una vez a los servicios de atención primaria frente a sólo el 12,7% de la población inmigrante.

Asociado a este, hay otro sobre el gran gasto que suponen los inmigrantes. Sin embargo, según la Fundación La Caixa, la población inmigrante en España sólo supone el 5.1% del gasto sanitario público total. Y según datos del Instituto de Estudios Fiscales, el coste farmacéutico por paciente español es de 374 euros frente a los 73,70 euros por extranjero.

Tampoco la llegada de inmigrantes supone una amenaza para la salud pública, ni pone en riesgo los sistemas sanitarios. En 2018 se publicó un estudio sobre migraciones y salud, elaborado por más de 20 científicos internacionales, donde se especifica que “no existe una asociación sistemática entre migración e importación de enfermedades infecciosas”.

Publicado en Europa Sur el día 23 de junio de 2020

Competencias y responsabilidad.

 

En España los servicios sociales han sido históricamente el pariente pobre del Estado de Bienestar. La Ley de Dependencia sentó las bases para su desarrollo, que se frenó por la gestión de la crisis económica.

Las residencias para personas mayores han estado especialmente desatendidas por el sector público. La escasez de plazas públicas abrió las puertas a la oferta privada, que vio en esta necesidad un importante nicho de negocio. Así fondos de inversión, aseguradoras y constructoras entraron en el mercado de las residencias de ancianos.

Estas residencias, con un alto trasiego de personas, visitantes y personal, una proporción insignificante de profesionales sanitarios cualificados, con un modelo de trabajo asistencialista alejado de la “atención centrada en la persona”, con contratos precarios, bajos salarios, e instalaciones y recursos claramente insuficientes, no pudieron evitar la propagación del coronavirus entre residentes y personal.

Y qué hacían nuestros políticos desde el inicio de la crisis sanitaria. Pues utilizar las muertes en estas residencias como arma arrojadiza, sin rubor ni respeto por la tragedia. Por supuesto, obviando quién eran los responsables del control de todos los centros sociales en nuestro país.

Al amparo del artículo 148 de la Constitución, las competencias en materia de servicios sociales están transferidas a las comunidades autónomas. También durante la pandemia las competencias para adecuar las residencias de ancianos, contratar personal o dotarlas de equipamiento ha seguido estando en manos de las comunidades autónomas.

Así lo reflejan varias órdenes publicadas en el BOE desde marzo. De hecho, el Real Decreto 463/2020 establece que cada Administración conserva las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios.

Así que, la responsabilidad del Gobierno central se limitó a coordinar y controlar la acción de las autonomías. Las órdenes dadas desde el Gobierno de España establecían pautas de refuerzo y reorganización de las residencias cuyo cumplimiento se exigía a las comunidades, a las que además se facultó a mediados de marzo a intervenir o medicalizar los centros en caso necesario. Además, estableció un fondo extraordinario de 300 millones de euros para reforzar “prestaciones básicas de servicios sociales” (Real Decreto-ley 8/2020).

Teniendo claro las competencias del gobierno central y los autonómicos, que cada cual asuma su responsabilidad, incluidos los gestores de estas residencias.

Publicado en Europa Sur el 16 de junio de 2020

Abrir los ojos.

El Premio Princesa de Asturias de la Concordia ha recaído este año en los profesionales sanitarios españoles que han combatido en primera línea la pandemia del Covid-19. Su esfuerzo ha permitido atender un número de casos de pacientes infectados y víctimas mortales muy elevado, y su humanidad ha acompañado a enfermos ingresados cuyos familiares no podían estar presentes en sus últimas horas de vida.

Proporcionalmente ha sido uno de los colectivos más perjudicados por la enfermedad, sobre todo por el desconocimiento que había de la enfermedad en las primeras fases de la pandemia y la escasez de equipos de protección individual por el colapso del mercado internacional.

La sanidad pública española lleva más de una década siendo sostenida gracias al sacrificio de estos profesionales, porque los recortes y privatizaciones han esquilmado y debilitado nuestro Sistema Público de Salud. El número de médicos y camas hospitalarias se redujo con los recortes, una decisión que ha resultado letal.

La falta de personal es una de las causas del gran atasco sanitario de los hospitales. Cerca de 700.000 pacientes se encontraban a la espera de ser operados antes de la crisis, según el Sistema Nacional de Salud. Apenas hay datos de lo que ha pasado desde entonces. Cuántos enfermos de patologías que nada tenían que ver con la COVID-19 han fallecido o visto empeorada su situación al no poder ser atendidos.

La pandemia también nos ha mostrado la situación de muchas residencias de mayores, la mayoría en manos privadas, que no cumplen criterios mínimos de seguridad, cualificación o recursos humanos. Los resultados han sido terribles. Es necesaria una red de residencias de titularidad y gestión pública, además de un estricto control de todas, ya sean públicas o privadas.

Así que, debemos extraer enseñanzas de esta situación, nuestro sistema sanitario tiene que salir fortalecido, dotándolo de medios suficientes, tanto humanos como materiales y técnicos, que le permita afrontar cualquier situación de crisis futura.

Si no hubiéramos pasado por esta crisis sanitaria, política y social, no seríamos conscientes de nuestra vulnerabilidad. A veces cuando avanzamos sin obstáculos no vemos lo evidente, las amenazas futuras, por eso hay que abrir los ojos.

Los miles de millones de euros que destinará Europa para salir de esta grave crisis deben seguir desarrollando nuestra sanidad pública y de calidad, y está en manos de los políticos conseguirlo, si no, es que no han entendido nada de la pandemia.

 

Publicado en Europa Sur el día 9 de junio de 2020

La Economía verde.

El pasado 18 de mayo, el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia emitida por la Audiencia Nacional en octubre de 2017, que consideraba que la Confederación Hidrográfica del Ebro no evaluó debidamente las consecuencias ecológicas de construir un embalse sobre el ecosistema del río Gállego (afluente del Ebro).

Esta sentencia evidencia un punto de inflexión en la política de aguas española porque exige de forma clara un plus para que se puedan construir embalses que deterioran los ecosistemas acuáticos. Es más, señala que no se puede “invocar en abstracto el interés público superior”, sino que es necesario “un análisis científico detallado y especifico del proyecto” para concluir que es posible ejecutar una obra.

Sólo hemos necesitado 30 años para entender que salvaguardar nuestros ecosistemas es más importante que ese supuesto “interés general” que llena nuestra geografía de estas infraestructuras. Nuestro modelo de desarrollo debe estar basado en el uso sostenible de recursos y valores naturales.

En este punto de inflexión lo lógico es apostar por la Economía verde, aquella que mejora el bienestar humano y la equidad social, reduce los riesgos ambientales y la presión sobre los sistemas naturales, y armoniza el desarrollo económico y el consumo eficiente de los recursos.

Sin embargo, y pese a ser una energía limpia, se acaba de iniciar una carrera por la energía fotovoltaica con una avalancha de proyectos que pueden estar incubando una burbuja especulativa y que transformarán el paisaje en el territorio andaluz. Innegable es la contribución de la energía solar fotovoltaica a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la consolidación de un tejido productivo descarbonizado. Pero no puede ser ignorada la repercusión de las plantas fotovoltaicas en un desarrollo sostenible.

La Unión Española Fotovoltaica defiende que “la expansión de la energía fotovoltaica en los próximos años, tanto a nivel nacional como internacional, ofrece una oportunidad para la reindustrialización de Europa y de España. Pero, es imprescindible que la transición energética vaya acompañada de un desarrollo industrial planificado y realizado de manera ordenada que permita alcanzar un crecimiento continuo y estable”.

Una pérdida de diversidad en los usos del suelo y una disminución de la calidad paisajística pueden ser los efectos colaterales de una inadecuada o inexistente planificación. Necesitamos ya una ordenación que evite tentaciones especulativas y proteja el suelo y el paisaje.

Publicado en Europa Sur el 2 de junio de 2020

Tiempos de pandemia.

Ahora que se vislumbra el final de este periodo de crisis sanitaria por la COVID-19, el confinamiento ha demostrado ser una medida eficaz para contener la epidemia. Desde su entrada en vigor en España se ha reducido el crecimiento de los contagios del 30 al 1%. Esta afirmación no la discute nadie ni dentro ni fuera de España, especialmente los epidemiólogos y la Organización Mundial de la Salud.

Desde el inicio de la crisis, la comunidad científica depositó sus esperanzas en esta estrategia epidemiológica conocida como supresión, es decir, el distanciamiento intensivo y forzoso para aplanar la consabida curva de incidencia y evitar la saturación hospitalaria, frente a la mitigación, que prioriza la creación de una inmunidad de grupo permitiendo la propagación ralentizada y controlada del virus.

Tras más de 70 días de confinamiento, nuestro sistema sanitario está exhausto y diezmado, la ciudadanía está cansada y harta, pero las prisas pueden echar por tierra lo conseguido. Existe el riesgo alto de que, si se relajan demasiado pronto las medidas de supresión y nada las sustituye, puede haber un rebrote de contagios.

Pues bien, parece que todos los sacrificios realizado por el conjunto de la población se han olvidado en estas últimas dos semanas, al menos es lo que se percibe en los medios de comunicación. Algunos ciudadanos han salido a las calles saltándose esas normas de confinamiento. Dónde está su responsabilidad, solidaridad y respeto hacia los demás. ¿Pesa más su egoísmo y sus intereses políticos que los más de 28.600 muertos y 235.000 contagiados?

Algunos pueden pensar que mis palabras son fruto de la polarización política de este País, pero no, ni siquiera he votado a ninguno de los partidos que están en el gobierno de coalición, aunque sé quién lo hace bien y quién lo hace mal, y no entiendo ni comparto la incitando al enfrentamiento, el odio y la división frente a una pandemia para la que no estábamos preparados.

Ojalá la dinámica de este país y de sus partidos fuera otra. Ojalá sus intereses se centraran en las transformaciones sociales y económicas que este país necesita. Y su preocupación fueran los comedores sociales, las residencias de mayores, el trabajo digno y la exclusión social.

No quiero dejar de dar las gracias a esa inmensa mayoría que se está comportado de manera ejemplar. Sin embargo, ahora, en la segunda fase de la escalada, empieza lo difícil porque la responsabilidad recae sobre cada uno de los ciudadanos. ¿Estaremos a la altura?

Publicado en Europa Sur el 26 mayo de 2020

OTRO PROBLEMA SOCIAL EN ALGECIRAS

Tras muchas falsas promesas y años esperando una rehabilitación, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación anunció la semana pasada el cierre del Centro de Protección de Menores Nuestra Señora del Cobre. Un centro público abierto hace más de 40 años que atiende a menores migrantes no acompañados en Algeciras. De hecho, los menores ya han sido trasladados y su personal lo hará en próximas fechas.

Un informe elaborado por la Administración de la Junta ha constatado importantes deficiencias estructurales, un deficiente estado de conservación y problemas con la instalación eléctrica y de saneamiento. Nada nuevo, si tenemos en cuenta que el personal del Centro de Menores Nuestra Señora del Cobre lleva años denunciando el pésimo estado en que se encontraban las instalaciones.

El anterior delegado anunció el cierre para realizar mejoras, comprometiéndose a que tanto los menores como el personal del centro serían trasladados en bloque a otras dependencias de la localidad, en régimen de alquiler, mientras se realizaban obras en el Hogar del Cobre, porque estamos en una zona caliente en la recepción de inmigrantes y de menores extranjeros no acompañados (Mena).

Pero todo lo anterior ha resultado falso, pues tras siete años de espera no ha habido rehabilitación o mejora, ni se la espera. Es más, un ala del edificio fue derribada para su reforma, pero esta nunca llegó a ejecutarse, por lo que quedó derruida y separada del resto de las instalaciones por una valla metálica. Pese a ello los profesionales del Centro han seguido realizando su buena labor de siempre, y han sido referentes en toda Andalucía.

No podemos olvidar que el 26 de octubre el Gobierno anunció la dotación de 40 millones de euros en concepto de fondos vinculados a la atención y acogida solidarias de menores no acompañados (Mena) para el “reparto” de los menores entre las distintas CCAA. Así que habrá dinero para privatizar este servicio, pero será más caro y peor. Por eso, este cierre es intencionado, aunque nos aseguren que es provisional, pues lo que pretenden es dejar en manos privadas la atención a los menores que llegan en patera a nuestras costas.

No creo que sea necesario recordar que en 2018 precisaron algún tipo de atención del sistema de protección hasta 9.153 menores (Mena), más del doble que en 2017 (4.172). Y hasta mediados de marzo de 2019, se han producido 961 nuevos ingresos. Además, las previsiones sugieren un repunte en las llegadas de este año. No olvidemos que estamos ante una obligación del Estado español que tiene suscrito diversos tratados internacionales en materia de protección de la infancia.

Así que la Junta de Andalucía debería reforzar los recursos públicos que existen, en vez de hacer desaparecer los escasos centros públicos, sin ofrecer alternativas tangibles en una de las principales zonas de entrada de infancia migrante y en una época del año en la que se intensifican las llegadas.

Queremos un compromiso de la Junta sobre la rehabilitación y mejora de las deficiencias del Centro de Menores Nuestra Señora del Cobre, como tenían programado desde hace años, para volverlo a abrir. Mientras tanto, lo lógico hubiera sido albergar a los menores atendidos y al personal en otro lugar adecuado de nuestra ciudad. Porque esta situación supone una clara desprotección de la infancia que afecta a los derechos de los niños y niñas que llegan a nuestro país y a la comunidad autónoma andaluza.

La Justicia, otra asignatura pendiente en el Campo de Gibraltar.

Esta semana nos visitó la secretaria general de Justicia de la Junta de Andalucía, María José Torres Cuellar, para tratar de “ubicar” o “alojar” los cinco nuevos órganos judiciales aprobados en Consejo de Ministros para el Campo de Gibraltar e informar del aumento de la seguridad en Algeciras y La Línea mediante contrato con empresas privadas.

La representante de la Junta explicó que el Juzgado de Instrucción nº 5 y el Penal nº 5 de Algeciras se ubicaran en los mismos edificios en los que están en la actualidad el resto de órganos de su jurisdicción, es decir, en las sedes de la plaza de la Constitución y del palacio de Marzales, respectivamente, pero desalojando y adecuando zonas de archivos.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de La Línea se ubicará en un local de alquiler adyacente a la sede que alberga los otros cuatro órganos, que no están en el mejor sitio. También será necesario, por supuesto, llevar a cabo obras de adecuación.

En San Roque el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 también ira en un local alquilado, junto a la sede actual, pero debido a que el inmueble presenta problemas de filtraciones, humedades y goteras, al igual que los juzgados, se ha requerido a la propiedad que subsane dichas incidencias. Sin hablar de la falta de aparcamientos en las zonas próximas.

Después de esta chapuza general, ahora solo queda esperar que el Ministerio publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la fecha en la que deben comenzar a funcionar dichos juzgados y la quinta plaza de magistrado en la Audiencia más el refuerzo de la Fiscalía, que se traduce en un fiscal más. Así que aún nada. Pero, lo más importante, seguimos sin saber cómo se van a dotar del personal adecuado estos órganos judiciales, porque las ratios en la comarca de los funcionarios por juzgado o Fiscalía están en mínimos.

El panorama de la Justicia en el Campo de Gibraltar ya conocido por el Consejo General del Poder Judicial, Gobierno y Junta, pasa por los escasos medios materiales y personales, sedes inadecuadas y una sobrecarga de trabajo demostrada, estadística tras estadística, que ha empeorado paradójicamente como consecuencia del éxito del plan especial de seguridad en el Campo de Gibraltar.

Las oficinas judiciales no pueden con la carga de trabajo, que se resume en un dato: desde agosto de 2018, cada día se detiene a una media de nueve personas por delitos relacionados con el narcotráfico. Jueces y fiscales coinciden en que el sistema está al borde del colapso.

Hace falta una segunda sección de la Audiencia Provincial. La primera se creó hace 20 años y sigue con los mismos medios. O un Juzgado de lo Mercantil, cuya carencia no tiene justificación en la mayor zona empresarial de la provincia. Y un Juzgado que asuma las cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios, que se llevan a Cádiz, obligando al desplazamiento continuo de los ciudadanos, y que tarda en señalar juicio más de dos años.

Otro problema de la zona es el de la alta litigiosidad en múltiples campos (narcotráfico, inmigración ilegal, abusos y agresiones sexuales o construcciones ilegales) que reclama la unificación de los partidos judiciales a medio plazo y una organización conjunta de todos los juzgados existentes que permitiese agrupar el trabajo comarcal en algunas materias en un mismo órgano. Esta unificación ya se estudió hace años, pero ahora ni está ni se le espera.

En Algeciras, una vez resuelto el segundo Juzgado de lo Social sería necesario un plan de choque para corregir la situación existente con más de 3.000 casos pendientes que desborda el vaso de la paciencia de todos los operadores jurídicos y actores.

La Justicia Social aborda cuestiones de gran importancia para los ciudadanos. Hablamos de temas muy sensibles como despidos, pensiones de viudedad, reclamaciones de cantidades o situaciones de invalidez que no pueden demorarse eternamente en los juzgados. Dos años de espera para un señalamiento judicial es una situación que nos tiene que llevar a una reflexión sobre la poca eficiencia del sistema y su impacto en la sociedad. Una justicia lenta no es justicia.

Aunque la Justicia del Campo de Gibraltar ande con carencias, deficiencias y olvidos, siempre espero que sea justa y alcance a los criminales y malvados. Así lo pienso y así lo espero.

¿Qué necesita Andalucía?

Andalucía tiene plomos en las alas y no por culpa de los andaluces. Andalucía lleva más de 30 años mal, con grandes tasas de paro y desigualdad, y una deteriorada sanidad y educación, menos mal que el clima y nuestro ánimo hace que nos sintamos relativamente bien. Pero, ¿Qué hacer? Primero veamos las cifras, los datos reales:

El Producto Interior Bruto (PIB) andaluz en 2017 alcanzó la cifra de 155.000 millones de euros: Representa el 13,3% de la economía española, pero la población de Andalucía es del 18,8%. El PIB necesitó 40 trimestres para volver a los niveles de 2008, España 30 trimestres. El PIB por habitante está en 25.000 euros de media y cae en Andalucía a 18.470 euros.

La tasa de paro de Andalucía es del 22,85%, la de España es del 14,55%. De ese casi 23% de paro, el 46% es paro juvenil, cuando la media nacional es del 33%. En Andalucía hay 800.000 desempleados y más de 300.000 hogares andaluces tienen a todos sus miembros en paro.

Andalucía ha recibido unos 100.000 millones de fondos europeos, pero la convergencia con el resto del país no llega, demostrando que ni la financiación europea ha logrado que Andalucía supere las barreras que la separan del resto del país. Y esto sucede debido a la diferencia estructural de paro que impide que podamos converger y crecer, y además porque la mayor parte de los fondos europeos son gestionados por el Estado -agricultura-.

Otro de los agujeros negros está en las aulas. Un informe del INE cifra en el 23% el número de jóvenes que dejaron de estudiar el año pasado después de cursar la enseñanza obligatoria. El tiempo de formación reglada en Andalucía es de los menores de España, así como el gasto en educación. Por eso, cuando se producen recortes en Andalucía, la educación es el sector más débil y el que más lo nota. La tasa de abandono escolar tiene un efecto cascada, y es un elemento negativo importante de nuestra economía.

Otra gran debilidad del tejido productivo andaluz es su mentalidad y tamaño. El 53% de las 500.137 empresas andaluzas no tienen ningún asalariado. Y solo 400 empresas superan los 200 empleados. Esto tiene sus consecuencias en los diferenciales de renta, empleo y paro. Las mayores exigencias administrativas y las penalizaciones fiscales por aumentar el tamaño de las empresas hacen que estas no crezcan lo que debieran. Y, sin embargo, se ha hecho en el polo aeroespacial de Sevilla o el parque tecnológico de Andalucía en Málaga con 630 sociedades instaladas. Esto demuestra que en Andalucía se puede, el cómo es el reto.

La Junta no debe continuar con las mismas políticas que durante más de 30 años no han servido para nada. El gobierno socialista andaluz siempre ha preferido la tranquilidad, limitándose a conseguir fondos y montar planes rurales, en vez de apostar por políticas industriales, pese a tener recursos suficientes. Los indicadores ponen de manifiesto que la financiación europea se ha utilizado para aumentar las dotaciones y fortalecer instituciones políticas y el clientelismo, más que para mejorar nuestra capacidad productiva. Y eso tiene sus consecuencias en los diferenciales de renta, empleo y  paro.

¿Por qué no remonta Andalucía? Pues, porque las zonas de menor crecimiento económico y con rentas más bajas tienen enormes dificultades para invertir la situación y aproximarse a las zonas más ricas. Para que una región como la nuestra se aproxime en un punto a la media española tiene que multiplicar al menos por dos la inversión de partida. En situaciones de partida como la andaluza se produce la sensación, desmoralizante, de que todos los esfuerzos son inútiles.

¿Qué necesita Andalucía? Andalucía necesita el revulsivo de un partido nuevo como Andalucía por Sí. El Partido de Andalucía. Un movimiento social que rompa con lo establecido, un poder político propio, un proyecto ilusionante, movilizador de las energías y los recursos de nuestra tierra, capaz de superar ese modelo económico subsidiado y dependiente, sustituyéndolo por otro firmemente comprometido con la defensa de los sectores populares andaluces, dinamizador de la economía, fomentador del emprendimiento, redistribuidor de la riqueza, defensor de los servicios públicos y generador de empleo y oportunidades, desde el máximo respeto a nuestro rico patrimonio medioambiental. Tenemos que dejar de conformarnos y pasar a ganar nuestro futuro. 

EL BREXIT Y EL CAMPO DE GIBRALTAR

Los miembros de la Comisión Mixta de diputados y senadores, encargada de la ponencia sobre el “brexit”, han completado esta semana su ronda de contactos en el Campo de Gibraltar para conocer las demandas y necesidades de la zona ante la decisión británica de abandonar la Unión Europea.

Representantes de dicha comisión han coincidido en considerar el “brexit” como una oportunidad para que se atiendan necesidades históricas de esta comarca y darle un impulso económico a través de distintas acciones. Los problemas de desarrollo del Campo de Gibraltar ya estaban ahí antes del “brexit” y el esfuerzo coordinado de las administraciones es ahora más necesario que nunca.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión Mixta de la Unión Europea, Concepción de Santa Ana, dijo al final de la visita que esta es “una zona importante para el Gobierno de España y siempre ha dejado claro que la prioridad son los ciudadanos, en especial los trabajadores transfronterizos, y garantizar sus derechos de cara al Brexit”.

¡Mentira! Otra reiterada contradicción entre lo que dice y hace el Gobierno del Partido Popular por esta Comarca, solo hay que ver los Presupuestos Generales del Estado o sus planes de infraestructuras o de inversiones para la zona. Es más, según la Moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, la Comisión de Asuntos Exteriores instara al Gobierno a:

1.        Alcanzar un acuerdo bilateral con el Reino Unido en la aplicación del periodo transitorio (…), en los términos más favorables a los intereses españoles y en particular a los habitantes del Campo de Gibraltar.

2.        Acordar una gestión conjunta del aeropuerto en dicho periodo transitorio…

3.        Avanzar en un entendimiento bilateral con el Reino Unido sobre la reintegración territorial de Gibraltar y del istmo…

4.        Mantener una posición unitaria ante el Reino Unido de los 27 Estados Miembros (…), en interés de los objetivos señalados que incumben a España.

5.        Impulsar una posición unitaria dentro de España (…), que haga sostenible una política de Estado definida por encima de los cambios de Gobierno.

Sin entrar en el tema de la soberanía, que no me corresponde, dónde quedan los derechos de las personas (libertad de circulación, identidad, personalidad jurídica, derecho al trabajo), y la atención a los ciudadanos que viven en Gibraltar y qué pasa con el colectivo de trabajadores que tienen su empleo en La Roca, y que pueden quedarse en paro.

Es obvio que la moción plantea un “brexit” duro, pues, aunque habla de los intereses españoles de los habitantes del Campo de Gibraltar, en realidad, trata sobre soberanía y banderas. Y con las banderas, que yo sepa, no se come.

Esta Moción del Partido Popular fue aprobada en el Senado con el apoyo de PSOE y ERC y la abstención de Podemos, PDeCat y Compromis, que habían presentado otra moción reivindicando los derechos de los más de 300.000 británicos residentes en España e instando a los gobiernos de España y el Reino Unido a establecer un convenio para que estos ciudadanos pudieran optar por la doble nacionalidad una vez que se completara el “brexit”. Esta iniciativa fue rechazada por el PP, PSOE y la abstención de ERC, debido a que sólo se contempla la dobla nacionalidad con países que tienen una especial vinculación con España. ¿Y Gibraltar y los gibraltareños? ¿Qué pasa con ellos?  ¿No tienen vínculos con España?

Una vez más, los habitantes de un lado y otro de la Verja tendremos que aprender a sobrevivir como se hizo tras el cierre de la frontera con el franquismo. Pero debemos seguir planteando y reclamando un clima de entendimiento mutuo más allá de los impulsos nacionalistas que solo sirven para ocultar malas noticias. Y buscar relaciones de buena vecindad que generen riqueza y empleo, que beneficien a los ciudadanos campogibraltareños y gibraltareños al margen del contencioso sobre la soberanía. Porque con la Moción aprobada en el Senado les sobran razones a los gibraltareños para encerrarse de nuevo en la Roca. Se acabaron los sueños de Europa y de un Campo de Gibraltar en busca de su identidad. Ni quieren, ni nos dejan.

María José Jiménez Izquierdo

Concejal del Ayuntamiento de Algeciras

https://drive.google.com/file/d/1jhvhzkNJAIgPLuUeU9PLZTKDrQOl0sPl/view?usp=sharing

HOY #Huelga8M

El movimiento feminista ha convocado a la huelga para hoy Día Internacional de la Mujer bajo el lema: “Sin nosotras ni se produce ni se reproduce, sin nosotras se para el mundo”. Durante esta jornada se insta a las mujeres a no trabajar, no estudiar, no consumir, no realizar tareas domésticas, no cuidar…

Esta convocatoria se une a la campaña por una Huelga Internacional de Mujeres que está siendo impulsada por las feministas desde distintas partes del mundo y se espera que sea secundada por 177 países.

Esta huelga, que es de cuidados y de trabajo, está motivada por la involución de derechos que sufrimos las mujeres y los más vulnerables, que no sólo tiene que ver con la crisis, sino con la gestión de la crisis que hacen los gobiernos. El modelo económico impuesto se ha basado en una inversión mínima en gasto social, y ha generado más pobreza, más marginalidad, más inestabilidad en el empleo… y ha decretado la precariedad como condición económica y política. Sus consecuencias se hacen sentir por todas partes y afectan de lleno a nuestras vidas.

Pensemos en el aumento alarmante de la violencia de género y sexual, en la degradación y precarización del empleo femenino, en las tasas de paro femenino, en la degradación de servicios sociales, en la degradación de derechos civiles…¿hay motivos o no hay motivos para la huelga? La huelga abre un debate social sobre las contribuciones que hacemos las mujeres, grandes perjudicadas de la crisis del Estado de Bienestar, y su reconocimiento por la Sociedad, pues sin el trabajo informal que realizamos el sistema se desplomaría.

Qué tristeza

El lunes 10 de julio hice un recorrido a través de la carretera A-494 de Mazagón a Matalascañas y pude ver con mis propios ojos la zona devastada por el incendio ocurrido el 24 de junio en el entorno del Parque natural de Doñana. Qué dolor al contemplar la gran perdida de masa forestal tras el incendio. ¡Qué tristeza! El incendio afectó al pulmón verde de Andalucía. Más de 110.000 hectáreas que conforman el parque natural y nacional de Doñana. El núcleo costero almonteño que atraviesa el Parque Dunar fue una de las zonas más afectadas. El alma se encogía ante el devastador paisaje. No creo que haya habido un incendio de tal magnitud en el entorno de Doñana en los últimos 25 años. Ahora solo queda que la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Junta se emplee a fondo para averiguar las causas del fuego y obtener información que permita a la Justicia saldar cuentas con los culpables. Y sobre todo repoblar y conservar. Qué menos.

EL AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS A LA COLA DE LA TRANSPARENCIA INFORMATIVA

En el último informe de la organización Transparencia Internacional España sobre los datos de 2016, sitúa a la entidad local algecireña en el puesto 107 de 100 y con 53 puntos de 100 posibles. Aunque ha empeorado en todas las clasificaciones del análisis de Transparencia, la regresión más notable se ha producido en la transparencia económico-financiera (información contable y presupuestaria, de ingresos y gastos, y deudas municipales), pasando en estos tres años del puesto 89 al 109, el penúltimo, de 110. 

De esta información se han hecho eco todos los medios de comunicación (radio, prensa y redes digitales), tanto locales como nacionales. Pero la edil de Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Algeciras justifica la baja nota achacándola a las  incidencias informáticas ocurridas en el año 2016 en el Portal Municipal de Transparencia. Cualquier justificación vale si la culpa la tienen otros. Así que el Gobierno del Alcalde Landaluce sigue en el gesto, el folclore, la nadería y el efectismo sin fondo.

La realidad de nuestro Ayuntamiento es que no informa a los ciudadanos de los que vive por sus impuestos pero tampoco a los concejales de la oposición que si quieren saber tienen que dirigirse al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, creado por el artículo 43 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, porque ni el Secretario general ni el Gobierno municipal informan, como es su obligación, en cumplimiento de la normativa de transparencia publica vigente. 

A este Administración Institucional me he dirigido como concejal del Ayuntamiento de Algeciras para recibir la información que me niega el Gobierno municipal sobre EMUVIASA, SOMIXUR, Caso Escalinata y ALGESA hasta junio de 2016. 

También me veo obligada a dirigirme al Contencioso-administrativo porque desde el mes de mayo de 2017 no recibo información ni convocatoria para participar en los órganos colegiados del Ayuntamiento, pese a que el 1 noviembre de 2016 informé sobre mi  intención de asistir a las Comisiones Informativas permanentes, rogando me comunicaran con antelación día, hora, lugar y orden del día de su celebración. Y ello en base al Artículo 77 del Reglamento de Organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Algeciras donde se señala que los miembros de la Corporación que no pertenezcan a una Comisión podrán participar en ésta con voz pero sin voto. 

Esta es la relación de escritos presentados en el Ayuntamiento de Algeciras sin contestación y que he enviado a Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía mediante Reclamación en materia de derecho de acceso a la información pública:

23/07/15 Solicitud del Expediente de liquidación de EMUVIASA.

04/09/15 Solicitud de los Expedientes de: 

- Caso Botafuego en la Menacha.
- Caso Parking de la Escalinata.
- Caso Somixur en los antiguos cuarteles.
- Caso Jardines Del Golf Bda. San García.

02/12/15 Solicitud de la Contabilidad analítica de costos  de ALGESA.

13/01/16 Solicitud Relación de puestos de trabajo de ALGESA y quienes lo ocupan.

08/02/16 Solicitud de información sobre adquisición de camiones para ALGESA.

09/03/16 Solicitud de remisión de los anuncios que se publiquen en el tablón de anuncio de la empresa ALGESA sobre las oposiciones del 2016.

10/03/16 Solicitud del número de empleados con prolongación de jornada y libre disponibilidad en ALGESA.

30/03/16 Solicitud de información sobre las sentencias de SOMIXUR.

04/04/16 Solicitud de información de resoluciones judiciales sobre el caso Escalinata.

03/05/16 Reiterando solicitud de información sobre personal de Algesa realizada el 12-01-16.

05/05/16 Solicitando acta del Consejo de Algesa de 31-03-16.

06/05/16 Solicitando acta de 2014 donde se readmite a D. Manuel López y D. Juan José González.

16/05/16 Solicitando información sobre el acceso de D. Manuel López al cargo de Gerente en ALGESA.

20/06/16 Solicitud de acta de pleno de liquidación de EMUVIASA y las copias de las cuentas de 2014 y 2015.

24/06/16 Solicitud de Información sobre EMUVIASA

Algeciras a 12 de julio de 2017
María José Jiménez Izquierdo
Concejal ASSP

EL 18M TOD@S POR EL TREN

Los "lobbies" son grupos de presión política, colectivos con intereses comunes que realizan acciones dirigidas a influir ante la Administración Pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad. Los más poderosos son los "lobbies" industriales de las grandes multinacionales o los financieros de los grandes bancos, pero existen para cualquier actividad económica.

Durante los últimos dos décadas, la toma de decisiones dentro de la Unión Europea ha sido secuestrada por estas grandes corporaciones a través de los lobbies sectoriales. Las consideraciones sociales y ecológicas son frecuentemente marginadas en este proceso tan poco democrático.

En España, los principales actores dentro de los grandes "lobbies" europeos son las empresas transnacionales, líderes de facto de la contribución estatal a la actual globalización neoliberal. Ellos presionan al Gobierno español, a las organizaciones internacionales y a la misma Unión Europea en todo tipo de toma de decisiones.

Los “lobbies” tienen dos caras. Por un lado, una pública y transparente encarnada en aquellos grupos que gestionan su poder de influencia desde las grandes capitales del poder, y, por el otro, una faceta oculta, generalmente inaccesible al público, desde la que intentan ganar voluntades de una manera más oscura.

Uno de los grandes “lobbies” del Mediterráneo es Ferrmed. Manuel Morón, presidente de la Autoridad Portuaria, en un acto organizado por la Asociación @ndaluciabay 20.30 apuntó que “Ferrmed está influyendo en el Gobierno de Rajoy con un plan de acción para evitar que el puerto de la Bahía de Algeciras se conecte con Madrid a través del eje ferroviario Bobadilla-Algeciras”. Esta conexión ferroviaria que llegaría desde Algeciras hasta Estocolmo alcanzaría los 3.500 kilómetros, conectaría a 245 millones de ciudadanos (el 54% de habitantes de la Unión Europea) y el 66% del producto interior bruto europeo.

En este acto reivindicativo del tren Algeciras-Bobadilla, también lamentaba la “falta de voluntad política y la falta de credibilidad política de los populares” y habló de agravios comparativos por parte del Gobierno de España y del peligro que representa el puerto de Sines (Portugal). Un puerto que estará comunicado eléctricamente vía ferrocarril con Madrid antes que el de Algeciras con el apoyo del Gobierno español. ¿Por qué? ¿Son más importantes los intereses portugueses que los españoles para Rajoy?

El próximo día 18 de mayo se ha convocado una manifestación comarcal en Algeciras en defensa de inversiones para una línea férrea electrificada Algeciras-Bobadilla-Madrid.  Un línea electrificada de la que carece el primer polígono industrial de Andalucía, el primer Puerto del Estado y la bahía de Algeciras, privilegiada por su posición geográfica y transfronteriza, pero con devastadores índices sociales y la más alta tasa de paro y precariedad -colocando a algunas de las poblaciones campogibraltareñas entre las más empobrecidas de todo el país-, debido a la falta de equidad del Gobierno en la distribución de los  fondos públicos.  

El futuro de nuestra Comarca, la creación de empleo estable y de calidad, y la viabilidad de las empresas de la zona requieren una rectificación inmediata de lo presupuestado este año para esta obra estratégica que consolida dos de los ejes de transporte básico de Europa. Ejes que terminan o empiezan en Algeciras vertebrando  toda la cadena logística del continente europeo. Todo ello desde el absoluto convencimiento de que estamos exigiendo recursos para la obra pública de mayor tasa de retorno del Estado. ¿Pero cómo no lo ve el Gobierno? ¿Cómo podemos competir con los puertos de Valencia o Barcelona con una mano atada a la espalda por el aislamiento al que nos somete el Gobierno del PP?

En la Bahía de Algeciras somos más de 220.000 habitantes, convivimos con dos mares, dos continentes, cuatro lenguas y tres banderas. Y sobre todo, con un desprecio continuo de nuestros Gobiernos, de todos sin excepción. Conectar el Puerto de Algeciras con el centro de España y el resto de Europa es bueno no sólo para Algeciras, sino para el Campo de Gibraltar, Andalucía, España y Europa. Gastemos el dinero en lo verdaderamente importante. Europa lo sabe. Nosotros deberíamos saberlo. Así que el 18M en Algeciras estaré en la calle para reivindicar nuestro tren, y espero que, sin distinción de ideología, partido o credo, los algecireños también se sumen porque ya hemos cumplido suficiente penitencia con UN SIGLO SIN TREN.

María José Jiménez Izquierdo

2 de mayo de 2017

POR QUÉ ME VOY DE PODEMOS

En política hay momentos en los que debes decidir entre los intereses de la gente y la estrategia coyuntural del partido donde militas, porque los partidos son instrumentos al servicio del pueblo, de la gente, de la ciudadanía, y si no sirven como herramienta de transformación, o bien se cambian o bien se va una de ellos.

No puedo estar callada mientras veo como se destruye un proyecto que asumía y respetaba la verdad e intentaba dar respuestas a los retos políticos, sociales y económicos de nuestro país. Pero debo seguir en política porque ninguna persona racional vive en una sociedad como la nuestra sin tener deseo y voluntad de cambiarla.

Esta semana se ha dado una situación donde se decidía políticamente entre el desarrollo del Campo de Gibraltar, sus infraestructuras ferroviarias y el crecimiento del empleo en la Comarca, y la estrategia de Podemos con los intereses de Compromis (valencianos) y Esquerra (catalanes) de bloquear una moción presentada en el Senado para impulsar la modernización de la línea de ferrocarril Algeciras-Bobadilla, del plan de trabajo de los corredores europeos TEN-T.

Podría utilizar más palabras o líneas para explicar lo que pienso, he dicho y argumentado sobre los corredores ferroviarios Mediterráneo y Atlántico para el partido, y, cómo no, sobre el tempestuoso proceso de Podemos que culminó en la elección de una nueva dirección en Vistalegre 2, pero no es el momento. Es obvio que no me identifico con esta estrategia de ruido y espectáculo permanente con escaso o nulo recorrido práctico de la nueva Dirección de Podemos, pues nos aleja cada vez más de la gente y de sus problemas.

Si quiero aclarar, para general conocimiento, que seguiré como concejal en el Ayuntamiento de Algeciras de la candidatura de la Agrupación de Electores “Algeciras, Sí Se Puede”, por la que me presenté en las elecciones municipales de Mayo del 2015. Una candidatura plural y transversal que salió de la sociedad civil con miembros de diversos colectivos de la Ciudad, y que no es Podemos, aunque la gente nos confunda. Reitero que seguiré en el Grupo municipal “Algeciras, Sí Se Puede” defendiendo el programa electoral presentado en 2015 y respetando los informes de la Secretaria general del Ayuntamiento que señalan que a menos que renuncie al cargo, sus obligaciones y derechos, sigo perteneciendo a “Algeciras, Sí Se Puede”.

Así que a partir de ahora que nadie me asocie con Podemos, ni con ninguna de sus acciones políticas o propuestas efectistas en el trabajo que realice para solucionar los problemas de la gente y el pueblo de Algeciras. Dimito de mis cargos orgánicos en el partido y dejo de estar inscrita en Podemos, pero seguiré hasta Mayo de 2019 con el mandato que me dieron los electores en su día, no el partido, en mi puesto de Concejal. ¡Ah!, también decir que he renunciado ante Notario a la dotación económica que me pudiera corresponder como miembro del Grupo municipal, haciendo constar que no me hago responsable del mal uso que puedan hacer los otros concejales de ese dinero.

Algeciras 28 de abril de 2017

María José Jiménez Izquierdo