La vuelta al Cole

 

Este septiembre muchos colegios inician el curso sobrepasando las ratios, sin distancia de seguridad en las aulas y con una ventilación deficiente, algo habitual hasta ahora, pero de nuevo la pandemia nos evidencia otra de las fracturas del estado del bienestar.

El Real Decreto 132/2010, sobre requisitos mínimos de los Centros de Infantil, Primaria y Secundaria, señala que las aulas de infantil dispondrán de 2m² por puesto escolar y una ratio, como máximo, de 25 alumnos por aula, pudiendo ser incrementado en un 10% para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía.

Asimismo, las aulas de primaria, secundaria obligatoria y bachiller dispondrán de 1,5 m² por puesto escolar siendo la ratio de 25 alumnos en Primaria, 30 alumnos en Secundaria Obligatoria, 35 alumnos en Bachiller, con la posibilidad del incremento del 10%.

La legislación se incumple sin Covid-19, pero la normativa sanitaria aprobada por los ministerios de Sanidad y Educación sobre salvaguardar la seguridad de los 1,5 metros de separación y la ratio de 20 alumnos, con o sin mascarilla, es inviable. Por eso, el acuerdo de medidas aprobado entre el Gobierno y las CCAA, deja la puerta abierta a sobrepasar las ratios. Los colegios podrán “flexibilizar” el número de alumnos.

Muchos centros educativos carecen de espacio para desdoblar clases, por mucho que los obliguen. Ya hace años que usan aulas multiusos, bibliotecas, patios y pasillos para dar cabida al aumento de estudiantes.

Nuestro Colegios e Institutos públicos se han quedado pequeños, están viejos, y masificados, y es imposible desdoblar grupos. Esa es la realidad de “la vuelta al cole”. Así que, una propuesta efectiva es la semipresencialidad, que el alumnado acuda a los centros en días alternos. Pero surge otro problema: la conciliación, que nadie se ha preocupado de solucionar. Estamos pagando años de privatización y expolio de lo público, de recortes y abandono de la educación.

Nuestros niños y adolescentes merecen que les ofrezcamos la posibilidad real de recibir una educación que no deje atrás a nadie y que les permita desarrollarse intelectual y personalmente. No solo nos estamos jugando el presente, sino nuestro futuro.

Nos jugamos demasiado como para seguir escuchando, día tras día, propuestas irrealizables, nacidas no sé si de la ignorancia, la desidia o el cinismo de quienes no entienden que un centro escolar es una comunidad viva, bulliciosa, compleja y llena de singularidades que no se puede gestionar sin el conocimiento práctico y justificado de quienes forman parte de ella.

Publicado el día 1 de septiembre de 2020 en Europa Sur.

Reducir la pobreza

 

La covid-19 ha hecho visibles las fracturas en el Estado del bienestar. En España, una de cada cinco personas vive bajo el umbral de la pobreza y una de cada cuatro está en riesgo de exclusión social.

Hay diversas formas de medir la pobreza. La más extendida es la tasa de pobreza relativa. Las personas están en riesgo de pobreza al vivir con unos ingresos inferiores al 60% de renta media.

En España supone tener una renta inferior a los 739 euros al mes en un hogar formado por una sola persona o 1.552 euros mensuales en un hogar formado por dos adultos y dos niños.

Ya entre 2007 y 2017 los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante subieron menos de un 2%. Al mismo tiempo, el Estado español prefirió recaudar un 5% menos de impuestos lo que supuso tener menos dinero para gastar en protección social.

Después de la recesión, la supuesta recuperación ha dejado a muchos atrás. Las políticas económicas han beneficiado a las empresas y a los ricos, mientras que los grupos menos privilegiados han tenido que recurrir a unos servicios públicos fragmentados que sufrieron grandes recortes después de 2008. Mientras las empresas están pagando la mitad de los impuestos que antes de la crisis a pesar de registrar fuertes beneficios.

Además, según la ONG Oxfam Intermón, durante la actual crisis las personas con menores ingresos perderán, proporcionalmente, ocho veces más renta que las más ricas, arrastrando a más de 700.000 personas a la pobreza.

La pobreza es un síntoma de la enorme desigualdad de renta y riqueza que tiene este país. Los niveles de pobreza son fruto de las decisiones políticas y tienen responsables, millones de perjudicados y unos pocos, muy pocos, beneficiados.

Necesitamos la solidaridad para salir de la pandemia y de la profunda crisis económica que vive la población española. Y debemos exigir a los gobiernos que los compromisos sean realidades, y las promesas sean hechos.

Algunas soluciones pasan por dar más poder de negociación a los trabajadores, hacer más costosa la contratación temporal para reducir su uso, mejorar las prácticas de contratación de las administraciones públicas, reforzar la inspección laboral y reducir el impacto que la subcontratación y los falsos autónomos tienen en la reducción de costes salariales.

Por supuesto, la justicia fiscal es la clave para garantizar que los gobiernos dispongan del dinero necesario para la protección social, una educación de calidad, una sanidad adecuada y los cuidados necesarios para tener una vida digna e independiente. 

Publicado el día 25 de agosto de 2020 en Europa Sur.

Un Plan Integral necesario

 

El Gobierno de España aprobó en 2018 una serie de medidas específicas para la comarca del Campo de Gibraltar. Su objetivo era impulsar la economía de la zona, reducir el desempleo y luchar contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales y la inmigración ilegal.

Este Plan integral hablaba de inversiones por valor de 810 millones para conexiones ferroviarias y viales, como la modernización y electrificación de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla; el proyecto de construcción del Acceso sur al Puerto de Algeciras; la redacción de los proyectos de la Variante exterior en la Bahía de Algeciras, el de desdoblamiento del túnel del Acceso Norte al Puerto de Algeciras, y el proyecto para mejorar la seguridad vial en el acceso a Tarifa.

También prometía la elaboración de un Plan Extraordinario de Empleo para Andalucía, con un apartado específico para el Campo de Gibraltar. Y un programa de subvenciones para la promoción y el estímulo de la actividad industrial, el comercio y el turismo, así como un plan para la modernización del comercio minorista.

Sin embargo, hasta ahora, por falta aprobación de los presupuestos generales del Estado, sólo se ha procedido al incremento y actualización de los medios materiales y tecnológicos para combatir el narcotráfico y el contrabando. Es decir, se ha desarrollado un Plan Especial de Seguridad, pero nada más.

A la luz de todas estas medidas, y al no haber contado con el tejido asociativo, los colectivos sociales integrados en la Plataforma Social del Campo de Gibraltar presentaron su propia versión del Plan Integral, detallando criterios específicos para su elaboración y exponiendo los diferentes problemas sociales y medioambientales de la Comarca.

Su propuesta pasa por crear una Mesa Comarcal donde estén los Ayuntamientos, la Mancomunidad, el Gobierno andaluz, el Gobierno central y los movimientos sociales de la Comarca, y entre todos se construyan soluciones a los graves problemas de esta zona. Por supuesto, la redacción de este Plan Integral correspondería a un equipo interdisciplinar de expertos.  

Ahora, tras la pandemia del virus covid-19, y con la llegada de las ayudas europeas, el modelo de reconstrucción para el Campo de Gibraltar debe aunar ambas propuestas, porque el Plan Integral debe nacer de un trabajo conjunto de todos sin dejar a nadie atrás, pero con las prometidas inversiones en infraestructuras. En esta tarea somos todos necesarios si queremos salir de esa economía subdesarrollada y deprimida que ha sido a lo largo de su historia el Campo de Gibraltar. Es nuestra hora. 

Publicado el día 18 de agosto de 2020 en Europa Sur.

Mi utopía

España es una Monarquía parlamentaria. El rey como Jefe de Estado ejerce el poder regulado por el parlamento y el ejecutivo. Su principal atribución es simbólica. Así lo reconoce el Artículo 56 de la Constitución española.

Sin embargo, estas semanas he sentido vergüenza ajena ante tanto despropósito, cutre y sórdido, de una institución que debe ser intachable, pero que dista mucho de serlo.

Cómo puede tener legitimidad democrática esta institución cuando niega la esencia de la democracia: la abolición de los privilegios de sangre, la igualdad de todos ante la ley y la libre elección de nuestros representantes.

El sistema democrático exige que todos los poderes públicos sean de duración limitada y origen electivo. Acceder a la Jefatura del Estado teniendo como único mérito haber nacido en una determinada familia, en un determinado orden cronológico, supone una grave ruptura del principio democrático.

El Estado de Derecho es seguramente el mayor logro en política de la humanidad, su simple violación por parte de un sistema monárquico debería ser suficiente para preferir un sistema republicano. Aunque una república no es garantía de bienestar o de democracia, son sus valores y la ejemplaridad de los servidores públicos los que dan carácter al modelo.

Esos valores tienen un hilo conductor: el pueblo se autogobierna y protege la libertad; todos son iguales ante la ley; el Estado se fundamenta en el derecho y el imperio de la ley; la igualdad de oportunidades como esencia democrática; la participación ciudadana como marco de referencia; los derechos civiles y la transparencia como oposición a la corrupción política.

En esta estructura no cabe la monarquía, que es antidemocrática por naturaleza, opaca por convicción, y está alejada de las necesidades y los intereses reales de la gente. Ya habrán deducido mis preferencias, aunque no creo que todos los males se terminen por instaurar una república.

Soy republicana, pero sin aspavientos. Ojalá alguna vez pudiera expresarlo en una urna, no tendría ninguna duda. Una institución hereditaria es un sin sentido. Además, “pertenezco a esa clase de locos que anuncian utopías que al día siguiente son realidades” como decía Blasco Ibáñez.

Aspiro a un modelo políticamente abierto, participativo y democrático; un modelo que promueva una sociedad crítica y responsable; un modelo sustentado por principios y valores de libertad, igualdad y justicia social, blindados por la Constitución para evitar que los gobiernos de turno ataquen los fundamentos del propio Estado. Esa es mi utopía.

Publicado el 11 de agosto de 2020 en Europa Sur.

Las monjas de Pescadores.

Esta semana pasada dejaron Algeciras las hermanas Auxiliadoras, y me van a permitir que les dedique esta columna porque no puedo dejar de dar las gracias por su labor callada y silenciosa en nuestra ciudad desde hace más de 50 años.

La Sociedad de las Auxiliadoras de las Almas del Purgatorio es una congregación religiosa católica fundada en París en 1856. Las hermanas auxiliadoras se dedican a las obras de misericordia, especialmente al servicio de los marginados. Con calidez, sencillez y espíritu de alegría buscan llevar la esperanza a este mundo.

Recalaron en Algeciras a petición del Padre Sebastián González Araujo, vicario general del Campo de Gibraltar, para realizar el trabajo de campo del “Estudio socio religioso del Campo de Gibraltar” a finales de los años 60, y ya no se fueron. Iniciaron su labor pastoral en la barriada de Los Pastores y posteriormente se trasladaron a Pescadores, donde llevan toda una vida.

Así, las conocidas como las monjas de Pescadores, se establecieron en nuestra ciudad con un estilo de vida simple pero implicadas en la vida social, política, y cultural, en definitiva, en todo lo que constituye la vida de nuestra sociedad.

Su congregación fue y es parte integrante de la Asociación Algeciras Acoge, desde sus orígenes allá por 1.991, y las hermanas han sido socias de Agaden, Asociación para la defensa y Estudio de la Naturaleza.

Estas mujeres han sido y son aún un ejemplo de compromiso, solidaridad, caridad, servicio, y cristiandad. Han trabajado en la prisión de Botafuego y en el Centro de Internamiento de Extranjeros gracias a la ONG Prolibertas, y se han implicado en temas de migración porque no hay fronteras cuando hablamos de amar al prójimo.

Muestra de su fraternidad y empatía son estas palabras de una de las hermanas durante su labor en el CIE dando clases de español a las internas: “El encuentro con estas mujeres, conocer la dureza de sus vidas y los sufrimientos y humillaciones que han soportado hasta llegar al CIE, me conmueven profundamente. Me ha hecho experimentar la injusticia de las leyes con las que les cargamos y mi impotencia. Me siento agradecida por su amistad y confianza y me llenan de alegría cuando gracias a nuestro encuentro vuelven a brillar en ellas el ánimo y la esperanza".

Solo tengo palabras de gratitud para ellas, por todo lo que me han enseñado por su calidez, amor y entrega. ¡Que grande pero que poco reconocida la labor de estas mujeres! Gracias por todo queridas Mari Carmen, Resu, Asun, Carmen, Pilar, Isabel, ..., Os quiero y os llevaré siempre en mi corazón.

Publicado en Europa Sur el 4 de agosto de 2020

¡Regularización YA!

Desde que comenzó la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 son muchas las voces que han pedido al Gobierno una regularización masiva de todos los extranjeros que se encuentran de forma irregular en España.

Una de las últimas ha sido la del subsecretario de Migrantes y Refugiados de la Santa Sede, que por orden del Papa Francisco está reclamando una regularización masiva, porque puede ser una solución beneficiosa para todos.

Los informes de la Santa Sede durante la pandemia apuntan a que se ha producido una reducción de los flujos migratorios por efecto de la crisis, pero también un incremento en el tráfico de migrantes por parte de las mafias.

En el contexto actual de emergencia sanitaria mundial es fundamental que se garanticen los derechos de todas las personas que se encuentran en el territorio español con especial atención a aquellas más vulnerables como son las migrantes en situación administrativa irregular y las personas solicitantes de asilo en espera prolongada de resolución de su solicitud.

En España a finales de 2019 había entre 390.000 y 470.000 personas en situación irregular. Esto supone entre un 11% y un 13% del total de inmigrantes extracomunitarios. Contrariamente a lo que señalan los discursos políticos de la extrema derecha, el 80% vienen de América y menos de un 10% de África. La última gran regularización se produjo en 2005, con Zapatero en La Moncloa.

La Oficina de Asilo acumula actualmente más de 100.000 expedientes de asilo pendientes. Y ahora más que nunca, es necesario que los derechos de las personas migrantes en situación administrativa irregular se vean garantizados.

Frente a esta situación, la Secretaría de Estado de Migraciones ha publicado una Instrucción donde flexibiliza el Arraigo Social ante la crisis del Covid-19, intentando adaptar la figura del Arraigo Social a la realidad española.

Pero no es suficiente, los sin papeles, los sin techo, los jornaleros, las trabajadoras del hogar y los cuidadores siguen siendo los más vulnerables y la crisis sanitaria ha visibilizado y agravado la precariedad de las vidas de estas personas.

Como dice la carta a los Efesios 2,19-22: “Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios”.

Para ello, es urgente que se ponga en marcha un proceso de regularización que les permita acceder a sus derechos en igualdad de condiciones al tiempo que se reconozca el valor las aptitudes, dedicación y compromiso que pueden aportar a sociedad española. 

Publicado en Europa Sur el día 28 de julio de 2020

El drama de los desahucios.

La semana pasada volví a presenciar el tremendo desgarro que supone un lanzamiento (la ejecución forzosa de una resolución judicial que priva a una persona de la posesión de un inmueble). El desahucio de una madre con sus tres hijas de la casa que ocupaban cuyo propietario es un gestor de activos inmobiliarios.

Vivimos una situación de crisis sanitaria, social y económica con miles de familias en la calle y 3,4 millones de casas desocupadas. Pero las administraciones públicas, en vez de dar respuesta a la situación de emergencia habitacional y detener la sangría de desalojos, amparan y protegen los intereses de las entidades financieras.

En el primer trimestre de 2020, los juzgados españoles ejecutaron 9.659 desahucios. 2.390 por impago de hipoteca, 6.892 por impago de alquiler y 377 por otras causas. Sin hablar de las causas penales por usurpación. La inmensa mayoría de las familias fueron a la calle en vísperas del estado de alarma y el confinamiento.

La situación empeorará porque desde el pasado 4 de junio se han reactivado los procedimientos judiciales suspendidos en marzo. Las medidas aprobadas por el Gobierno sólo prohíben desahucios de alquiler de familias que han caído en vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia, pero nada dice de las que ya eran vulnerables antes.

Los precios del alquiler han aumentado un 50% en los últimos 5 años, tras la entrada de sociedades de inversión privadas, los llamados fondos buitres. El índice de asequibilidad de la vivienda de alquiler privada en España es uno de los más bajos de la OCDE, y el pago del alquiler representa una carga excesiva para más del 38% de los inquilinos. Además, la oferta de viviendas sociales de bajo costo es casi inexistente, a pesar del consenso existente sobre su necesidad.

La mayoría de desahucios se realizan por los bancos para los fondos buitres con carteras hipotecarias morosas derivadas de operaciones como la compra del ladrillo del Banco Popular al Santander por Blakstone, o la del BBVA por Cerberus. Ya en 2017 los Bancos ganaron más de 50.000 millones de euros con la venta de carteras hipotecarias morosas.

La situación hipotecaria que viven miles de familias y la sobreprotección jurídica de las entidades financieras en nuestro país es única en el mundo. No visibilizamos la magnitud ni a las dimensiones de la tragedia que estamos viviendo.

Es inadmisible e intolerable que en un Estado Social y Democrático de derecho se produzcan centenares de miles de desalojos a la vez que existen millones de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social. 

Publicado en Europa Sur el 21 de julio de 2020

El agua un bien escaso.

El agua es un bien esencial pero escaso. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, porcentaje que sigue aumentando por el cambio climático. Además, más del 80% de las aguas residuales resultantes de la actividad humana se vierte en los ríos o en el mar sin ningún tratamiento.

En España, el 45% de los ríos, humedales y estuarios, y el 44% de los acuíferos están en mal estado. La contaminación de estos recursos, los cambios morfológicos (presas, grandes embalses) o la extracción excesiva de caudales siguen siendo las principales amenazas para la salud de estos ecosistemas.

En Andalucía la Agencia Andaluza del Agua utiliza desde hace una década un discurso ambientalista, pero incumple la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea cuyo objetivo es prevenir y reducir la contaminación, promover un uso sostenible del agua, proteger y mejorar el medio acuático y paliar los efectos de las inundaciones y sequías.

Las organizaciones ecologistas han denunciado que la política andaluza del agua es obsoleta, no sigue los preceptos de la Directiva de la UE, y va contra la conservación de los ecosistemas acuáticos.

Los principales problemas son los vertidos de aguas residuales sin depurar por falta de depuradoras o porque las existentes funcionan mal, y el escaso control sobre los recursos subterráneos que ponen en peligro el abastecimiento urbano y las áreas protegidas como el Parque Nacional de Doñana.

Los acuíferos son las mejores reservas de agua, porque no son tan sensibles a las sequías como los embalses, sin embargo, en las cuencas del Guadalquivir y Mediterránea Andaluza, la mayoría de sus acuíferos están contaminados. Y los acuíferos costeros están sobreexplotados debido a la fuerte presión que ejercen los regadíos, el ladrillo y los campos de golf.

Gracias a la aplicación de la legislación europea, la calidad del agua dulce ha ido mejorando gradualmente. Esta legislación ambiciosa obliga a los países a alcanzar el buen estado ecológico antes de 2027.

En España no se aplica, y como consecuencia en julio de 2018 nos multaron por la nula o mala depuración de nuestras aguas residuales. Ante los incumplimientos, las penalizaciones han superado los 32,7 millones de euros, la mayor sanción que hemos tenido que pagar nunca a Bruselas. Además, el Gobierno estima que hasta 2023 no se solventaran todos estos problemas.

Así que, es esencial recuperar la buena salud de ríos, acuíferos y humedales porque es nuestro mejor seguro ante el cambio climático.

Publicado en Europa Sur el 14 de julio de 2020

¿Educación pública o concertada?

Se ha terminado el año lectivo sin que nuestros niños hayan podido integrarse en sus aulas. Ahora nos queda preparar y adaptar los colegios a la nueva normalidad para que el inicio de curso en septiembre sea posible. Toda inversión en educación es poca teniendo en cuenta su efecto directo sobre la vida de las personas y sobre la sociedad en su conjunto.

En la comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica de España, se ha alcanzado un acuerdo para que la totalidad de los fondos extra para enseñanza, también los que provengan de la UE, se destinen únicamente a los centros de titularidad pública.

La educación pública sigue siendo la que acoge a la mayor parte de los alumnos escolarizados en nuestro país, un 67,5% del total, mientras que la educación privada concertada escolariza al 25,7% y la enseñanza privada no concertada al 6,8% restante.

La financiación pública de la enseñanza privada que, en sus orígenes, obedeció a la insuficiencia de plazas en el sector público, en la actualidad responde a las presiones por una oferta diferenciada que dé respuesta a unas preferencias diversas.

El argumento fundamental de los padres para optar por las escuelas concertadas no es una mayor calidad educativa, si no las características socioeconómicas de los alumnos, significativamente distintas y más favorables para el proceso educativo que las de los centros públicos.

Como consecuencia de la LOMCE, de los efectos de la crisis y los recortes en educación, desde 2007 hasta 2017, la escuela concertada ha ganado un 25% de financiación mientras que la escuela pública sólo ha crecido un 1,4% (técnicamente ha retrocedido).

Aunque la escuela concertada recibe fondos en función de su volumen, este incremento no llega por haber ganado alumnos (o aulas concertadas) en la última década, sino de los complementos a la financiación de las Comunidades Autónomas.

No me posiciono en contra de las escuelas concertadas, pero entiendo que el derecho a la educación gratuita no comprende el derecho a la gratuidad educativa en centros privados, porque los recursos públicos no responden a las preferencias individuales, sino a las necesidades sociales.

Fomentar la educación pública, no ataca a la concertada. Pero, privilegiar a la concertada, si puede acabar con la pública. Aún tenemos una oportunidad de reducir las partidas de ayuda a las concertadas y consolidar las públicas. Si se mantienen las actuales Proyecciones de Población del INE, España tendrá 800.000 niños menos en 2030 y habrá que cerrar más de 30.000 aulas. 

Publicado en Europa Sur el día 7 de julio de 2020

Colapso en la Justicia.

En nuestro país la Justicia, al igual que la Sanidad y la Educación, no funcionará bien hasta que esté dotada de las inversiones y los medios humanos y materiales necesarios para poder ser eficiente. La crisis de la COVID-19 ha hecho saltar las alarmas.

En 2019, según el Consejo General del Poder Judicial, había 2,8 millones de juicios pendientes, cifra que este año podría elevarse por la pandemia a cuatro millones. Aunque, más del 70% son procedimientos que podrían ventilarse online, sobre todo, aquellos donde la única prueba es documental, como ocurre en el 80% de los juicios por cláusula suelo.

Esta crisis ha evidenciado la lentitud de la Justicia. Porque todos tenemos derecho a una tramitación ágil de los asuntos que nos afectan. Pero, cómo se pueden agilizar cuatro millones de asuntos judiciales pendientes para este año.

Los tribunales de Justicia tardaran años en superar este retraso mientras no se tomen las medidas adecuadas. El panorama es desolador, y pocos confían en el plan diseñado por el Ministerio hasta que no haya inversiones, reformas y la organización necesaria.

No les corresponde a los abogados arbitrar soluciones para este complejo problema, pero son imprescindibles para reactivar la actividad judicial. Sin embargo, en la nueva normalidad, nos encontramos restricciones. En los juzgados solo se permite el acceso a usuarios y profesionales con cita previa, estableciéndose como sistema de consulta la vía telefónica y los correos habilitados expresamente en cada órgano.

Sin embargo, ni se han habilitado direcciones de correo electrónico en todos los órganos judiciales ni se responde a las llamadas telefónicas con la presteza que el sistema requiere, tampoco se facilita la información por estos medios por las obligaciones existentes en materia de protección de datos. Esto impide el normal ejercicio de la función de los abogados y también limita el Derecho de Defensa.

Los Abogados no son en sentido estricto “público”, ni “usuarios” del servicio de la Administración de Justicia. Los Abogados, junto con el Ministerio Fiscal y otros profesionales, son personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia.

De la misma manera que ninguno de los sujetos partícipes indiscutibles de la Administración de Justicia -Jueces, Fiscales, Letrados, funcionarios, médicos, forenses, policías-, tienen limitado el acceso a las sedes judiciales, tampoco deberían tenerla los abogados, por razones obvias. Empecemos por corregir este problema, es bien sencillo.

Publicado en Europa Sur el 30 de junio de 2020

Deshaciendo bulos.

Ha finalizado el estado de alarma, pero el coronavirus sigue entre nosotros. Estamos en “la nueva normalidad”, una etapa de rastreo y vigilancia donde el estudio y seguimiento de los contactos de cualquier persona contagiada persigue realizar un diagnóstico temprano para evitar la transmisión.

Desde hace unos días, Algeciras permanece en alerta tras el brote detectado en una pensión, que provocó la muerte de uno de sus huéspedes de 78 años con patologías previas. De los otros 16 residentes, tres dieron positivo en la prueba de Covid-19. Una mujer española de 70 años, ingresada en el hospital Punta de Europa. Y dos inmigrantes subsaharianos de 19 y 24 años.

El virus se ha extendido al trasladar a estas personas desde esta pensión a un centro de una ONG, cuando ya había un fallecido, pero sin comunicar su contagio. Los afectados son de origen africano. Y se han detectado 64 contactos, con 17 PCR positivos.

A todas estas personas migrantes se les realizó pruebas en Almería, cuando llegaron a España en marzo, y sus resultados fueron negativos. Y, sin embargo, el alcalde de Algeciras ha falseado los datos a su antojo para usarlos de arma arrojadiza contra el gobierno central. De paso ha criminalizado a los inmigrantes. Nada nuevo.

Los bulos sobre el coronavirus son otra epidemia. Se han verificado 600. Buscan crear más miedo o aprovecharse de la situación de alarma. Pero antes de la pandemia ya circulaban dos grandes bulos sobre los inmigrantes.

Uno, sobre el colapso de la sanidad pública por los inmigrantes, que no solo carece de base estadística, si no que contradice todos los datos disponibles. Un informe de la Sociedad Española de Medicina de Familia concluyó que el 57,75% de la población española había acudido al menos una vez a los servicios de atención primaria frente a sólo el 12,7% de la población inmigrante.

Asociado a este, hay otro sobre el gran gasto que suponen los inmigrantes. Sin embargo, según la Fundación La Caixa, la población inmigrante en España sólo supone el 5.1% del gasto sanitario público total. Y según datos del Instituto de Estudios Fiscales, el coste farmacéutico por paciente español es de 374 euros frente a los 73,70 euros por extranjero.

Tampoco la llegada de inmigrantes supone una amenaza para la salud pública, ni pone en riesgo los sistemas sanitarios. En 2018 se publicó un estudio sobre migraciones y salud, elaborado por más de 20 científicos internacionales, donde se especifica que “no existe una asociación sistemática entre migración e importación de enfermedades infecciosas”.

Publicado en Europa Sur el día 23 de junio de 2020

Competencias y responsabilidad.

 

En España los servicios sociales han sido históricamente el pariente pobre del Estado de Bienestar. La Ley de Dependencia sentó las bases para su desarrollo, que se frenó por la gestión de la crisis económica.

Las residencias para personas mayores han estado especialmente desatendidas por el sector público. La escasez de plazas públicas abrió las puertas a la oferta privada, que vio en esta necesidad un importante nicho de negocio. Así fondos de inversión, aseguradoras y constructoras entraron en el mercado de las residencias de ancianos.

Estas residencias, con un alto trasiego de personas, visitantes y personal, una proporción insignificante de profesionales sanitarios cualificados, con un modelo de trabajo asistencialista alejado de la “atención centrada en la persona”, con contratos precarios, bajos salarios, e instalaciones y recursos claramente insuficientes, no pudieron evitar la propagación del coronavirus entre residentes y personal.

Y qué hacían nuestros políticos desde el inicio de la crisis sanitaria. Pues utilizar las muertes en estas residencias como arma arrojadiza, sin rubor ni respeto por la tragedia. Por supuesto, obviando quién eran los responsables del control de todos los centros sociales en nuestro país.

Al amparo del artículo 148 de la Constitución, las competencias en materia de servicios sociales están transferidas a las comunidades autónomas. También durante la pandemia las competencias para adecuar las residencias de ancianos, contratar personal o dotarlas de equipamiento ha seguido estando en manos de las comunidades autónomas.

Así lo reflejan varias órdenes publicadas en el BOE desde marzo. De hecho, el Real Decreto 463/2020 establece que cada Administración conserva las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios.

Así que, la responsabilidad del Gobierno central se limitó a coordinar y controlar la acción de las autonomías. Las órdenes dadas desde el Gobierno de España establecían pautas de refuerzo y reorganización de las residencias cuyo cumplimiento se exigía a las comunidades, a las que además se facultó a mediados de marzo a intervenir o medicalizar los centros en caso necesario. Además, estableció un fondo extraordinario de 300 millones de euros para reforzar “prestaciones básicas de servicios sociales” (Real Decreto-ley 8/2020).

Teniendo claro las competencias del gobierno central y los autonómicos, que cada cual asuma su responsabilidad, incluidos los gestores de estas residencias.

Publicado en Europa Sur el 16 de junio de 2020

Abrir los ojos.

El Premio Princesa de Asturias de la Concordia ha recaído este año en los profesionales sanitarios españoles que han combatido en primera línea la pandemia del Covid-19. Su esfuerzo ha permitido atender un número de casos de pacientes infectados y víctimas mortales muy elevado, y su humanidad ha acompañado a enfermos ingresados cuyos familiares no podían estar presentes en sus últimas horas de vida.

Proporcionalmente ha sido uno de los colectivos más perjudicados por la enfermedad, sobre todo por el desconocimiento que había de la enfermedad en las primeras fases de la pandemia y la escasez de equipos de protección individual por el colapso del mercado internacional.

La sanidad pública española lleva más de una década siendo sostenida gracias al sacrificio de estos profesionales, porque los recortes y privatizaciones han esquilmado y debilitado nuestro Sistema Público de Salud. El número de médicos y camas hospitalarias se redujo con los recortes, una decisión que ha resultado letal.

La falta de personal es una de las causas del gran atasco sanitario de los hospitales. Cerca de 700.000 pacientes se encontraban a la espera de ser operados antes de la crisis, según el Sistema Nacional de Salud. Apenas hay datos de lo que ha pasado desde entonces. Cuántos enfermos de patologías que nada tenían que ver con la COVID-19 han fallecido o visto empeorada su situación al no poder ser atendidos.

La pandemia también nos ha mostrado la situación de muchas residencias de mayores, la mayoría en manos privadas, que no cumplen criterios mínimos de seguridad, cualificación o recursos humanos. Los resultados han sido terribles. Es necesaria una red de residencias de titularidad y gestión pública, además de un estricto control de todas, ya sean públicas o privadas.

Así que, debemos extraer enseñanzas de esta situación, nuestro sistema sanitario tiene que salir fortalecido, dotándolo de medios suficientes, tanto humanos como materiales y técnicos, que le permita afrontar cualquier situación de crisis futura.

Si no hubiéramos pasado por esta crisis sanitaria, política y social, no seríamos conscientes de nuestra vulnerabilidad. A veces cuando avanzamos sin obstáculos no vemos lo evidente, las amenazas futuras, por eso hay que abrir los ojos.

Los miles de millones de euros que destinará Europa para salir de esta grave crisis deben seguir desarrollando nuestra sanidad pública y de calidad, y está en manos de los políticos conseguirlo, si no, es que no han entendido nada de la pandemia.

 

Publicado en Europa Sur el día 9 de junio de 2020

La Economía verde.

El pasado 18 de mayo, el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia emitida por la Audiencia Nacional en octubre de 2017, que consideraba que la Confederación Hidrográfica del Ebro no evaluó debidamente las consecuencias ecológicas de construir un embalse sobre el ecosistema del río Gállego (afluente del Ebro).

Esta sentencia evidencia un punto de inflexión en la política de aguas española porque exige de forma clara un plus para que se puedan construir embalses que deterioran los ecosistemas acuáticos. Es más, señala que no se puede “invocar en abstracto el interés público superior”, sino que es necesario “un análisis científico detallado y especifico del proyecto” para concluir que es posible ejecutar una obra.

Sólo hemos necesitado 30 años para entender que salvaguardar nuestros ecosistemas es más importante que ese supuesto “interés general” que llena nuestra geografía de estas infraestructuras. Nuestro modelo de desarrollo debe estar basado en el uso sostenible de recursos y valores naturales.

En este punto de inflexión lo lógico es apostar por la Economía verde, aquella que mejora el bienestar humano y la equidad social, reduce los riesgos ambientales y la presión sobre los sistemas naturales, y armoniza el desarrollo económico y el consumo eficiente de los recursos.

Sin embargo, y pese a ser una energía limpia, se acaba de iniciar una carrera por la energía fotovoltaica con una avalancha de proyectos que pueden estar incubando una burbuja especulativa y que transformarán el paisaje en el territorio andaluz. Innegable es la contribución de la energía solar fotovoltaica a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la consolidación de un tejido productivo descarbonizado. Pero no puede ser ignorada la repercusión de las plantas fotovoltaicas en un desarrollo sostenible.

La Unión Española Fotovoltaica defiende que “la expansión de la energía fotovoltaica en los próximos años, tanto a nivel nacional como internacional, ofrece una oportunidad para la reindustrialización de Europa y de España. Pero, es imprescindible que la transición energética vaya acompañada de un desarrollo industrial planificado y realizado de manera ordenada que permita alcanzar un crecimiento continuo y estable”.

Una pérdida de diversidad en los usos del suelo y una disminución de la calidad paisajística pueden ser los efectos colaterales de una inadecuada o inexistente planificación. Necesitamos ya una ordenación que evite tentaciones especulativas y proteja el suelo y el paisaje.

Publicado en Europa Sur el 2 de junio de 2020

Tiempos de pandemia.

Ahora que se vislumbra el final de este periodo de crisis sanitaria por la COVID-19, el confinamiento ha demostrado ser una medida eficaz para contener la epidemia. Desde su entrada en vigor en España se ha reducido el crecimiento de los contagios del 30 al 1%. Esta afirmación no la discute nadie ni dentro ni fuera de España, especialmente los epidemiólogos y la Organización Mundial de la Salud.

Desde el inicio de la crisis, la comunidad científica depositó sus esperanzas en esta estrategia epidemiológica conocida como supresión, es decir, el distanciamiento intensivo y forzoso para aplanar la consabida curva de incidencia y evitar la saturación hospitalaria, frente a la mitigación, que prioriza la creación de una inmunidad de grupo permitiendo la propagación ralentizada y controlada del virus.

Tras más de 70 días de confinamiento, nuestro sistema sanitario está exhausto y diezmado, la ciudadanía está cansada y harta, pero las prisas pueden echar por tierra lo conseguido. Existe el riesgo alto de que, si se relajan demasiado pronto las medidas de supresión y nada las sustituye, puede haber un rebrote de contagios.

Pues bien, parece que todos los sacrificios realizado por el conjunto de la población se han olvidado en estas últimas dos semanas, al menos es lo que se percibe en los medios de comunicación. Algunos ciudadanos han salido a las calles saltándose esas normas de confinamiento. Dónde está su responsabilidad, solidaridad y respeto hacia los demás. ¿Pesa más su egoísmo y sus intereses políticos que los más de 28.600 muertos y 235.000 contagiados?

Algunos pueden pensar que mis palabras son fruto de la polarización política de este País, pero no, ni siquiera he votado a ninguno de los partidos que están en el gobierno de coalición, aunque sé quién lo hace bien y quién lo hace mal, y no entiendo ni comparto la incitando al enfrentamiento, el odio y la división frente a una pandemia para la que no estábamos preparados.

Ojalá la dinámica de este país y de sus partidos fuera otra. Ojalá sus intereses se centraran en las transformaciones sociales y económicas que este país necesita. Y su preocupación fueran los comedores sociales, las residencias de mayores, el trabajo digno y la exclusión social.

No quiero dejar de dar las gracias a esa inmensa mayoría que se está comportado de manera ejemplar. Sin embargo, ahora, en la segunda fase de la escalada, empieza lo difícil porque la responsabilidad recae sobre cada uno de los ciudadanos. ¿Estaremos a la altura?

Publicado en Europa Sur el 26 mayo de 2020

OTRO PROBLEMA SOCIAL EN ALGECIRAS

Tras muchas falsas promesas y años esperando una rehabilitación, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación anunció la semana pasada el cierre del Centro de Protección de Menores Nuestra Señora del Cobre. Un centro público abierto hace más de 40 años que atiende a menores migrantes no acompañados en Algeciras. De hecho, los menores ya han sido trasladados y su personal lo hará en próximas fechas.

Un informe elaborado por la Administración de la Junta ha constatado importantes deficiencias estructurales, un deficiente estado de conservación y problemas con la instalación eléctrica y de saneamiento. Nada nuevo, si tenemos en cuenta que el personal del Centro de Menores Nuestra Señora del Cobre lleva años denunciando el pésimo estado en que se encontraban las instalaciones.

El anterior delegado anunció el cierre para realizar mejoras, comprometiéndose a que tanto los menores como el personal del centro serían trasladados en bloque a otras dependencias de la localidad, en régimen de alquiler, mientras se realizaban obras en el Hogar del Cobre, porque estamos en una zona caliente en la recepción de inmigrantes y de menores extranjeros no acompañados (Mena).

Pero todo lo anterior ha resultado falso, pues tras siete años de espera no ha habido rehabilitación o mejora, ni se la espera. Es más, un ala del edificio fue derribada para su reforma, pero esta nunca llegó a ejecutarse, por lo que quedó derruida y separada del resto de las instalaciones por una valla metálica. Pese a ello los profesionales del Centro han seguido realizando su buena labor de siempre, y han sido referentes en toda Andalucía.

No podemos olvidar que el 26 de octubre el Gobierno anunció la dotación de 40 millones de euros en concepto de fondos vinculados a la atención y acogida solidarias de menores no acompañados (Mena) para el “reparto” de los menores entre las distintas CCAA. Así que habrá dinero para privatizar este servicio, pero será más caro y peor. Por eso, este cierre es intencionado, aunque nos aseguren que es provisional, pues lo que pretenden es dejar en manos privadas la atención a los menores que llegan en patera a nuestras costas.

No creo que sea necesario recordar que en 2018 precisaron algún tipo de atención del sistema de protección hasta 9.153 menores (Mena), más del doble que en 2017 (4.172). Y hasta mediados de marzo de 2019, se han producido 961 nuevos ingresos. Además, las previsiones sugieren un repunte en las llegadas de este año. No olvidemos que estamos ante una obligación del Estado español que tiene suscrito diversos tratados internacionales en materia de protección de la infancia.

Así que la Junta de Andalucía debería reforzar los recursos públicos que existen, en vez de hacer desaparecer los escasos centros públicos, sin ofrecer alternativas tangibles en una de las principales zonas de entrada de infancia migrante y en una época del año en la que se intensifican las llegadas.

Queremos un compromiso de la Junta sobre la rehabilitación y mejora de las deficiencias del Centro de Menores Nuestra Señora del Cobre, como tenían programado desde hace años, para volverlo a abrir. Mientras tanto, lo lógico hubiera sido albergar a los menores atendidos y al personal en otro lugar adecuado de nuestra ciudad. Porque esta situación supone una clara desprotección de la infancia que afecta a los derechos de los niños y niñas que llegan a nuestro país y a la comunidad autónoma andaluza.

La Justicia, otra asignatura pendiente en el Campo de Gibraltar.

Esta semana nos visitó la secretaria general de Justicia de la Junta de Andalucía, María José Torres Cuellar, para tratar de “ubicar” o “alojar” los cinco nuevos órganos judiciales aprobados en Consejo de Ministros para el Campo de Gibraltar e informar del aumento de la seguridad en Algeciras y La Línea mediante contrato con empresas privadas.

La representante de la Junta explicó que el Juzgado de Instrucción nº 5 y el Penal nº 5 de Algeciras se ubicaran en los mismos edificios en los que están en la actualidad el resto de órganos de su jurisdicción, es decir, en las sedes de la plaza de la Constitución y del palacio de Marzales, respectivamente, pero desalojando y adecuando zonas de archivos.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de La Línea se ubicará en un local de alquiler adyacente a la sede que alberga los otros cuatro órganos, que no están en el mejor sitio. También será necesario, por supuesto, llevar a cabo obras de adecuación.

En San Roque el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 también ira en un local alquilado, junto a la sede actual, pero debido a que el inmueble presenta problemas de filtraciones, humedades y goteras, al igual que los juzgados, se ha requerido a la propiedad que subsane dichas incidencias. Sin hablar de la falta de aparcamientos en las zonas próximas.

Después de esta chapuza general, ahora solo queda esperar que el Ministerio publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la fecha en la que deben comenzar a funcionar dichos juzgados y la quinta plaza de magistrado en la Audiencia más el refuerzo de la Fiscalía, que se traduce en un fiscal más. Así que aún nada. Pero, lo más importante, seguimos sin saber cómo se van a dotar del personal adecuado estos órganos judiciales, porque las ratios en la comarca de los funcionarios por juzgado o Fiscalía están en mínimos.

El panorama de la Justicia en el Campo de Gibraltar ya conocido por el Consejo General del Poder Judicial, Gobierno y Junta, pasa por los escasos medios materiales y personales, sedes inadecuadas y una sobrecarga de trabajo demostrada, estadística tras estadística, que ha empeorado paradójicamente como consecuencia del éxito del plan especial de seguridad en el Campo de Gibraltar.

Las oficinas judiciales no pueden con la carga de trabajo, que se resume en un dato: desde agosto de 2018, cada día se detiene a una media de nueve personas por delitos relacionados con el narcotráfico. Jueces y fiscales coinciden en que el sistema está al borde del colapso.

Hace falta una segunda sección de la Audiencia Provincial. La primera se creó hace 20 años y sigue con los mismos medios. O un Juzgado de lo Mercantil, cuya carencia no tiene justificación en la mayor zona empresarial de la provincia. Y un Juzgado que asuma las cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios, que se llevan a Cádiz, obligando al desplazamiento continuo de los ciudadanos, y que tarda en señalar juicio más de dos años.

Otro problema de la zona es el de la alta litigiosidad en múltiples campos (narcotráfico, inmigración ilegal, abusos y agresiones sexuales o construcciones ilegales) que reclama la unificación de los partidos judiciales a medio plazo y una organización conjunta de todos los juzgados existentes que permitiese agrupar el trabajo comarcal en algunas materias en un mismo órgano. Esta unificación ya se estudió hace años, pero ahora ni está ni se le espera.

En Algeciras, una vez resuelto el segundo Juzgado de lo Social sería necesario un plan de choque para corregir la situación existente con más de 3.000 casos pendientes que desborda el vaso de la paciencia de todos los operadores jurídicos y actores.

La Justicia Social aborda cuestiones de gran importancia para los ciudadanos. Hablamos de temas muy sensibles como despidos, pensiones de viudedad, reclamaciones de cantidades o situaciones de invalidez que no pueden demorarse eternamente en los juzgados. Dos años de espera para un señalamiento judicial es una situación que nos tiene que llevar a una reflexión sobre la poca eficiencia del sistema y su impacto en la sociedad. Una justicia lenta no es justicia.

Aunque la Justicia del Campo de Gibraltar ande con carencias, deficiencias y olvidos, siempre espero que sea justa y alcance a los criminales y malvados. Así lo pienso y así lo espero.