Yo sí me vacunaré.

La vacunación es una forma sencilla, segura y eficaz de prevenir enfermedades y salvar vidas. Cuando nos vacunamos, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. La historia de las vacunas es la historia de la lucha contra las enfermedades que durante siglos se han cobrado un terrible tributo en vidas.

Sin embargo, según una encuesta realizada por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, una de cada tres personas de todo el mundo no se vacunaría o no sabría si vacunarse contra la COVID-19. Y según los datos del último Barómetro del CIS, el 43,8% de la población española no estaría dispuesta a ponerse la vacuna de inmediato cuando salga.

La confianza en la vacuna contra la COVID-19 desciende, pues hasta hace un mes el 44% de los españoles se vacunaría en cuanto fuera accesible el antídoto y el 40% no lo haría, ahora es al contrario y tan solo el 40,2% se inyectaría el fármaco.

Con la reticencia en su punto más álgido, junto a la mala situación económica, el escepticismo sobre las medidas del gobierno y la irritación por el confinamiento, aparecen oportunidades para que los negacionistas, antivacunas y demás conspiranoicos influyan sobre los más influenciables y vulnerables.

Bertrand Russell decía que gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas, pero eso no debería suceder con la vacuna contra el coronavirus.

La maquinaria de la propaganda contra la futura vacuna lleva meses en marcha difundiendo falsas informaciones a través de las redes.  Los medios y páginas que atacan las vacunas contra el coronavirus están llenos de errores, falacias, medias verdades, mentiras completas, argumentaciones vehementes y coloristas, datos y más datos (mal interpretados o falseados) y paranoicas denuncias sobre supuestas conjuras de la industria farmacéutica, Bill Gates o George Soro.

Con tanta falacia y desinformación, estos grupos han sumado adeptos a su causa, la de no vacunar, cuyo único resultado es la indefensión de la población ante enfermedades contra las que no existe protección, ni tratamiento efectivo.

Por eso, una vez esté lista la vacuna, será primordial iniciar una campaña de información y concienciación para aumentar ese porcentaje de confianza. Yo sí me vacunaré contra la COVID-19, al igual que he hecho contra la gripe, porque la realidad es que con estas vacunas comenzaremos a dar pequeños pasos para volver a cierta normalidad. Debemos tener paciencia, ser comprensivos y vivir el día a día.

Publicado en Europa Sur el 17 de noviembre de 2020

Vence la moderación.

Llevamos toda la semana pendiente del recuento de votos en las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Estos comicios siempre suscitan la máxima atención mundial por el peso económico y político de EEUU.

Por fin, tras un agónico conteo, el candidato demócrata, Joe Biden, ha ganado las elecciones con el 50,6% de los votos, y 290 compromisarios. En Estados Unidos el presidente no es quién consigue más votos sino más delegados.

Donald Trump no ha reconocido la victoria de su rival y mantiene su ofensiva legal para disputar los resultados del voto por correo, sin aportar pruebas. Normal en este personaje que ha erosionado profundamente las instituciones y degradado la vida pública hasta límites increíbles, regando de odio su país.

Biden no es inspirador, ni carismático, pero representa la moderación, el sosiego, la empatía y el respeto a los principios y las instituciones democráticas. Está demostrado que sabe dialogar, algo muy valioso en esta crisis, y su deseo es unir a un pueblo dividido.

Siempre he visto a Trump como un millonario consentido, de ahí su pataleta tras las elecciones cuestionando la democracia. Con Trump la realidad supera la caricatura. Durante este tiempo ha representado la división y el caos, la ignorancia y la prepotencia, y el populismo demagógico.

Sin embargo, Kamala Harris, la primera mujer que será vicepresidenta de Estados Unidos, habla de “Esperanza y unidad, decencia y ciencia, y verdad" para los próximos 4 años en la Casa Blanca.

Con 56 años esta mujer negra, nacida en una familia de inmigrantes: madre originaria de India y padre nacido en Jamaica, apuesta por políticas progresistas como la educación superior gratuita, un plan contra el cambio climático y un sistema sanitario universal, aunque su historial sea moderado como senadora y fiscal general.

De Kamala Harris impresiona la de veces que ha roto el techo de cristal. A sus 40 años se convirtió en fiscal de San Francisco, la primera mujer y persona de raza no blanca que desempeñaba el cargo. En 2011, ya era fiscal general de California, otra primera vez: mujer y negra. En 2016 fue la segunda mujer de raza negra y la primera de origen indio en ganar un escaño en el Senado.

Siempre me emocionan y dan esperanzas las mujeres que van abriendo camino, y son un referente para otras muchas. Pero de las elecciones norteamericanas destaco la moderación que ha echado a Trump de la Casa Blanca, porque como decía un presentador de la CNN “el carácter importa, decir la verdad importa, y ser una buena persona importa”.

Publicado en Europa Sur el 10 de noviembre de 2020

Residencia de Mayores.

 Residencia de Mayores.

Esta semana me han informado sobre la crítica situación de la residencia de mayores Miramar de Algeciras, donde cinco personas han perdido la vida tras resultar contagiadas de coronavirus en un brote que ha afectado ya a 66 personas, 43 residentes y 23 trabajadores.

Miramar se encuentra medicalizada por la Consejería de Salud y Familias. Eso supone la adaptación clínica del espacio y la coordinación asistencial, pero se traduce en la aportación de profesionales de enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de la bolsa de trabajo adicional creada por el SAS para el Covid-19.

Sin embargo, esta medicalización no está funcionando dada la situación previa de la residencia. Poco personal, medios escasos, falta de agua caliente, escasa ropa, y ahora se suman la nula sectorización y los insuficientes recursos para la desinfección. Al menos eso cuentan los familiares de los residentes y algunos trabajadores.

Tenemos una situación dramática en nuestras Residencia de Mayores. Solo en Andalucía hay más de 1500 casos de Covid-19. Y Salud informa que vigila sin descanso las residencias de ancianos o mayores por ser de su exclusiva competencia.

Según los datos difundidos este viernes por la Junta de Andalucía, se ha detectado un importante número de nuevos casos en las residencias de mayores en Andalucía. Hay 36 focos activos en la provincia de Cádiz, 18 nuevos esta semana, con un centenar de casos. Sin embargo, esta semana se han sumado unos 1.300 contagios, pero no se conoce su origen o no se ha rastreado.

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) critica la situación en las residencias y solicita a la Junta la evacuación de los contagiados para evitar que el virus se propague más en los centros, criticando su medicalización.

La única solución para la FOAM “es evacuar lo antes posible los positivos y preferentemente desviarlos a hospitales, que es donde disponen de más medios para su tratamiento y recuperación”.

La Junta “está trabajando constantemente en la monitorización de las residencias para poder anticipar y dar una respuesta ágil y rápida a las residencias de mayores a medida que la situación epidemiológica cambia y lo hace necesario”.

Entiendo que la medicalización se hace para prestar el servicio en situ no molestando con traslados y cambios a los ancianos residentes y sobre todo para no saturar nuestras escasas plazas hospitalarias. Sin embargo, cada vez me parece más obvio que hay que derivar a los enfermos a un centro hospitalario si queremos cortar los contagios y salvar vidas. 

Publicado en Europa Sur el 3 de noviembre de 2020.

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Una política de migración y asilo.

 

Los movimientos de población son un fenómeno natural que no constituye ni una anomalía ni una amenaza, pero no dejarán de estar en la agenda política de todos los países. Nadie debería sorprenderse de que los seres humanos busquen un futuro mejor para sí mismos y sus familias.

Ningún país puede por sí solo gestionar la migración. Su naturaleza es intrínsecamente transnacional, como lo es también el cambio climático, un factor que influye en los desplazamientos de las personas como la inseguridad, la pobreza o la simple falta de oportunidades.

El Pacto de Marrakech por una Migración Segura, Ordenada y Regular fue aprobado por 160 países, incluyendo España, y adoptado formalmente como Resolución de la Asamblea General de la ONU el 19 de diciembre de 2018.  

Este Pacto establece un modelo de responsabilidad compartida donde es posible maximizar las ventajas de las migraciones para los países de origen, tránsito y destino. Traza 23 objetivos que abordan el fenómeno en todas sus dimensiones garantizando los derechos humanos, erradicando las vulnerabilidades de los migrantes durante todo el ciclo migratorio y garantizando su acceso a los servicios sociales básicos.

Sin embargo, el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea no ha recogido partes de esos 23 objetivos de Naciones Unidas y, los más importante, ha eliminado el principio de solidaridad europea al no proponer ningún mecanismo que obligue a todos los Estados miembros a hacerse responsables de la acogida. Esta decisión supondrá que países fronterizos como España y Grecia sigan como hasta ahora, gestionando en solitario las demandas de asilo al tratarse de países de entradas.

Resulta inquietante que la Unión Europea haya asimilado los discursos antiinmigración de la extrema derecha frente a sus valores de defensa y protección de los derechos humanos, en un claro guiño a gobiernos como los de Hungría o Polonia, que demandan posturas más duras.

Varios diputados de Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde propusieron, esta pasada semana en Algeciras, una Propuesta alternativa donde todos los Estados europeos deberían implicarse en la gestión de la migración. Esta propuesta pretende contribuir al debate europeo de la migración que aún está lejos de cerrarse.

Preocupa que la Comisión Europea se esté distanciando de los valores fundacionales de la Unión como son preservar y defender la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Qué nos quedará.

Publicado el 20 de octubre de 2020 en el Europa Sur.

El estrés del personal sanitario.

 

Este verano muchos trabajadores, tras haber permanecido de baja y, antes de estar en condiciones para reincorporarse a sus puestos de trabajo, han sido dados de alta médica, entre ellos muchos profesionales sanitarios con cuadros de ansiedad depresión tras estar en primera línea de lucha contra el Covid-19.

El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla lidera un estudio nacional que confirma el estrés de los sanitarios en la pandemia de coronavirus, valorando el estado mental y psicológico del personal sanitario español. Este estudio también recoge datos sobre factores sociales y organizacionales que pueden influir en la sintomatología.

Los datos registrados sobre crisis sanitarias causadas por enfermedades infecciosas indican que el personal sanitario está en especial riesgo para desarrollar síntomas relacionados con el estrés. Los más habituales son ánimo depresivo, ansiedad, irritabilidad e insomnio, entre otros, que afectan a su satisfacción laboral y rendimiento.

Sobre esta hipótesis, los especialistas en Salud Mental del hospital sevillano recogieron un total de 1.407 encuestas respondidas por personal sanitario de todas las categorías profesionales que hubieran desempeñado su labor en hospitales españoles durante el mes de abril.

Los resultados, publicados en la revista científica Journal of Affective Disorders, muestran que el 24,7% sufren estrés agudo. Esto se asociaba a factores como ser mujer, ejercer como médico, no tener acceso a material de protección y riesgos subjetivos percibidos por los profesionales. Por otro lado, el 53,6% padecieron síntomas relacionados con una pobre salud general.

Una pobre salud general se relacionaba una vez más con ser mujer, trabajar en un área geográfica con alta incidencia de contagio, no poder ser escuchada/apoyada por sus compañeros, percibir gran estrés en el puesto de trabajo y miedo a convertirse en fuente de contagio para los demás.

La alta prevalencia de síntomas emocionales y de deterioro de la salud general entre los profesionales sanitarios indican la necesidad de implementar medidas de reducción de estrés al colectivo sanitario Los aspectos organizacionales y los riesgos percibidos en el entorno laboral son aspectos clave que aumentan los síntomas de estrés agudo y ansiedad.

Por eso, todas las estrategias de prevención que protejan la salud de este colectivo sanitario son prioritarias para poder afrontar la próxima crisis epidemiológica. Si queremos humanizar la medicina, empecemos por atender los sentimientos, las emociones y el deterioro de la salud general de los profesionales de la sanidad.

Publicado el 13 de octubre de 2020 en el Europa Sur

El Tren.

 

En el mes de diciembre de 2020 tendría que estar terminado el Proyecto de ejecución de las obras del ramal central ferroviario Algeciras-Bobadilla-Madrid, integrante de dos de los nueve Corredores Ferroviarios Europeos.

No será así, ni a corto ni a medio plazo, aunque este proyecto sea relevante para la Unión Europea. Aún más para España como instrumento de vertebración del territorio. Además de facilitar el acercamiento entre Europa y África.

Los acuerdos de Bruselas han sido ninguneados por los dos partidos gobernantes: PSOE y PP. Algo inexplicable y perjudicial porque coloca al Puerto de Algeciras en peores condiciones no solo frente a los puertos españoles de Valencia y Barcelona, sino también frente al puerto portugués de Sines.

Ante esta situación de abandono, la Plataforma Civil de Conocimiento Andaluciabay20.30 se dirigió en el mes de agosto a los diputados andaluces que ocupan escaños en el Congreso de Madrid, exponiéndoles la singular y lamentable realidad que está sufriendo el proyecto de ejecución del ramal europeo de Algeciras-Madrid.

El día 30 de septiembre se firmó en la Cámara de Comercio de Algeciras un manifiesto suscrito por la citada Plataforma campogibraltareña y los Diputados andaluces, solicitando al Gobierno de España que de manera urgente, comprometida y justa acometa y finalice las infraestructuras ferroviarias que acaben con el aislamiento terrestre del Puerto de Algeciras y las industrias de la Bahía.

El inigualable posicionamiento mundial del Campo de Gibraltar y del Puerto de Algeciras representa una oportunidad única para desarrollar la potencialidad no solo de Andalucía, sino del enclave estratégico del Estrecho y el Norte de África.

La conectividad por tierra mediante la consolidación de esta Red transeuropea, unida a la condición de cruce mundial de comunicaciones entre Europa, África, América y Asia, reforzaría la posición del Campo de Gibraltar, única Comarca europea ribereña tanto del Atlántico como del Mediterráneo, y la más cercana al continente africano.

A pesar de las anteriores evidencias, la ejecución de las obras en los diferentes tramos de la línea Algeciras-Bobadilla, que compete al Gobierno del Estado, sufre importantes retrasos y, lo más grave, falta de disponibilidad presupuestaria, en contraste con otras regiones portuarias de nuestro país. Esta anormalidad debe ser corregida de manera inmediata, porque los campogibraltareños no podemos entender esta desigualdad ni tampoco el abandono histórico que venimos sufriendo desde tiempo inmemorial. ¿Por qué?

Publicado el 6 de octubre de 2020 en el Europa Sur

Una Administración colapsada.

La pandemia del covid-19 ha puesto de manifiesto el colapso institucional de la Administraciones, ya sea a nivel local, autonómico o estatal. Conseguir una cita previa para hacer trámites en la Administración resulta imposible desde hace meses.

La Seguridad Social sufre ese colapso por el déficit de personal. El aumento de las tramitaciones de prestaciones sociales y los ERTE, se ha visto agravada por las tramitaciones del ingreso mínimo vital.

Al suspenderse la presencialidad, la Sede Electrónica podría haber resuelto parte del problema, pero son muchos los que no tienen certificado digital, ni clave para acceder a los servicios. Y la atención telefónica se ha hecho imposible.

Este colapso de la Administración ha paralizado totalmente la gestión de forma presencial en las oficinas de la Seguridad Social, ya sea para jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad o a favor de familiares… La mitad de las provincias de este país ya no disponen de citas previas ni dan la posibilidad de pedirla para los próximos meses.

El mensaje que aparece al gestionar la petición es el siguiente: “Lo sentimos, no existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado. Si lo desea, puede intentar de nuevo su búsqueda volviendo a la pantalla anterior y eligiendo otra ubicación”.

La precariedad de medios disponibles y la pérdida de efectivos sin capacidad de reposición, tanto en el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), como en la TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social) y en el CAISS (Centro de Atención de Información de la Seguridad Social) ha provocado un bloqueo de atención presencial.

La plantilla está envejecida (55 años de media) y mal gestionada. Según los datos, en 2010 había un total de 31.897 empleados públicos en la Seguridad Social, diez años después este número se ha reducido un 20 %.

Tampoco el teletrabajo ha resuelto este problema crónico de la Administración, no sé si por la escasa preparación de los funcionarios para este sistema o por las complejidades burocráticas, muchas veces absurdas e inútiles de la propia Administración.

Los sindicatos dicen que solo en la Seguridad Social hacen falta más de 10.000 funcionarios, porque el sistema ha perdido la capacidad de asumir el volumen de gestión que le demanda la ciudadanía. Y el Gobierno no puede pretender atender con el mismo personal un volumen de trabajo que no cesa de aumentar en prestaciones. ¿Se ha calculado el coste de este enorme colapso? No, pero el costo económico y social será muy alto.

Publicado el 29 de septiembre de 2020 en el Europa Sur 

La Justicia telemática.

Este sábado se publicó en el BOE la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Esta ley regula medidas de carácter organizativo y tecnológico para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria sobre la Administración de Justicia y ampliar su aplicación temporal hasta el 20 de junio de 2021.

Hasta ahora algunos órganos judiciales habían adoptado medidas restrictivas para la actividad profesional de los abogados, ya fuera para acceder a las sedes y oficinas judiciales, consultar expedientes o incluso intervenir en las actuaciones judiciales, llegando al extremo de que en algunos Juzgados las declaraciones se realizan en la puerta de la oficina judicial o en pasillos, lugares inapropiados.

Estas prácticas conculcan gravemente el derecho a la intimidad de las personas que declaran, ya sea como investigados, víctimas o testigos, y afecta negativamente a la dignidad del derecho de defensa. Por lo que, fue denunciado por los Colegios de Abogados ante todos los organismos competentes, incluyendo el Consejo General del Poder Judicial.

Ahora, la ley establece la celebración de actos procesales preferentemente mediante la presencia telemática de los intervinientes para garantizar la protección de la salud de las personas y minimizar el riesgo de contagio, pero ¿se salvaguardan los derechos de todas las partes del proceso? Tengo mis dudas.

Menos mal que en el orden jurisdiccional penal, la celebración telemática se exceptúa en los supuestos de procedimientos por delitos graves, o cuando la acusación pida la prisión provisional o la pena de prisión superior a dos años, cuando la presencia física del acusado resulta necesaria.

La ley dispone que la atención al público se realice por videoconferencia, vía telefónica o a través del correo electrónico, de tal forma que se limita la atención presencial a los supuestos estrictamente necesarios y únicamente mediante cita previa.

Todo esto perjudica directamente el desempeño de la actuación profesional de los Abogados, cuya presencia ante los Tribunales y su acceso a las sedes y expedientes judiciales no puede ser limitada de ninguna manera.

Como abogada ya tengo señalados juicios telemáticos, pero no creo que su generalización sea la solución para nuestra maltrecha y colapsada Justicia. Sigue siendo necesaria la celebración presencial con la intervención de los ciudadanos asistidos de sus abogados ante el Juez, pero con la adopción de todas las medidas higiénico sanitarias precisas.

Publicado el día 22 de septiembre de 2020 en Europa Sur,

Buscando rastreadores

 

Hoy, por fin, termino mi confinamiento, tras 15 días desde un contacto estrecho. Se considera contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso confirmado de COVID, a una distancia menor de 2 metros y durante más de 15 minutos.

El protocolo es sencillo. Vigilancia y cuarentena durante los 14 días posteriores al último contacto con un caso confirmado. Realizar PCR a los contactos estrechos con el objetivo de detectar precozmente nuevos casos positivos. Y permanecer en el domicilio, mejor en una habitación individual, restringiendo al mínimo las salidas de la habitación, que siempre se realizarán con mascarilla quirúrgica.

Pues bien, en mi caso, este contacto se produjo el día 1 de septiembre, pero hasta el día 5 no confirmaron el diagnóstico, informándome del positivo y del confinamiento. El rastreador tenía mi nombre desde el primer momento, pero hasta el 8 de septiembre no recibí su llamada.

Tras el resultado negativo de mi PCR, hecha de forma voluntaria y en laboratorio privado, no he podido ponerme en contacto con el rastreador, ni he recibido ninguna llamada suya. Mi médico de atención primaria dice que los rastreadores están desbordados y es imposible hablar con ellos, que cuando pueda me llamará.

España sólo rastrea tres contactos por cada positivo. Totalmente insuficiente para hacer una detección precoz. Cómo esperan los responsables políticos controlar la pandemia si este servicio está saturado. Siendo vital tanto para los trabajos de rastreo como para la asistencia en Atención Primaria.

Por supuesto, nuestros profesionales no tienen culpa. Para hacer las cosas bien, hay que contratar y formar a personal sanitario para esta función, y no esperar a que haya nuevos brotes para actuar, como ocurre ahora.

En Andalucía, el personal sanitario de Atención Primaria está asumiendo labores de rastreo, la atención de los colegios próximos, más sus funciones habituales en los centros de salud.

Nuestra área sanitaria soporta la mayor tasa de contagios de la provincia de Cádiz, precisamente donde hay menos recursos. El Campo de Gibraltar parte con desventaja, el personal sanitario prefiere irse a otras zonas, con mejores condiciones laborales, mejores contratos y de mayor duración, además tenemos un déficit de camas hospitalarias.  

Así que, los pacientes de esta Comarca, y de Andalucía, estamos indignados, y con razón, porque no se atienden nuestras demandas y necesidades de forma adecuada, lo que denota una cada vez mayor debilidad de nuestro sistema sanitario público andaluz.

Publicado el día 15 de septiembre de 2020 en Europa Sur.

El miedo

 

Decía Lovecraft, maestro literario del terror, que “de todas las emociones humanas, la más antigua y más poderosa es el miedo, y de todos los miedos, el más antiguo y más poderoso es el miedo a lo desconocido”.

El miedo es una emoción desagradable, pero saludable, necesaria y adaptativa. Sin embargo, el miedo intenso y extremo lleva a un bloqueo emocional que, en muchas ocasiones, nos paraliza. La consecuencia es que nos anula la capacidad de reaccionar o de buscar soluciones.

La incertidumbre es la gran amiga del miedo. La incertidumbre me dice que no sé qué puedo hacer, ni qué puedo esperar, que no tengo control sobre la situación que me depara el futuro.

El temor a ser contagiado por el otro tiene su lógica en el contexto de una pandemia que se transmite a través del contacto humano. Lo irracional es pensar que solo lo portan los extraños, sobre todo, cuando en el entorno familiar se producen hasta cinco de cada diez contagios.

El miedo al contagio es una realidad con la que convivimos. Así lo reflejan los resultados de un sondeo, donde el 70% de los participantes ha admitido tener miedo de contagiarse por Covid-19 en su entorno más cercano.

El miedo se acentúa cuando a tu alrededor conocidos y amigos dan positivo, o cuando esta semana nuestros niños y niñas vuelvan al colegio y, sin embargo, desconocemos qué va a pasar en las aulas. Pero, utilicemos el miedo como palanca o punto de apoyo para sobrellevar este periodo de incertidumbre. Nos irá mejor.

En general, los niños reciben mejor que los adultos todas las medidas de prevención, si se les explica el porqué de las cosas. La solución no está en no llevar los niños a la escuela. El colegio no es una burbuja, ni puede serlo. Si el virus circula por la zona en la que está el colegio es tan probable contagiarse en el centro como en el entorno social y familiar.

Es importante que sepamos ver en los niños su capacidad de involucrarse en la autoprotección y protección de los otros, pues también son poderosos agentes de cambio. Y no olvidemos que no poder ir a la escuela es la mayor vulneración de los derechos del niño, porque no sólo se forman, sino que también socializan, y crean una identidad.

Recordemos siempre que si guardamos las medidas de seguridad no nos pasará nada. Y asumamos la idea de que todo en esta vida no se puede controlar. No puedes controlar tu vida al cien por cien y tampoco la vida de tu gente, tus familiares, tus seres queridos.

El virus es un problema global y solo se puede combatir con responsabilidad individual y comunitaria, solidaridad y civismo.

Publicado el día 8 de septiembre de 2020 en Europa Sur.

La vuelta al Cole

 

Este septiembre muchos colegios inician el curso sobrepasando las ratios, sin distancia de seguridad en las aulas y con una ventilación deficiente, algo habitual hasta ahora, pero de nuevo la pandemia nos evidencia otra de las fracturas del estado del bienestar.

El Real Decreto 132/2010, sobre requisitos mínimos de los Centros de Infantil, Primaria y Secundaria, señala que las aulas de infantil dispondrán de 2m² por puesto escolar y una ratio, como máximo, de 25 alumnos por aula, pudiendo ser incrementado en un 10% para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía.

Asimismo, las aulas de primaria, secundaria obligatoria y bachiller dispondrán de 1,5 m² por puesto escolar siendo la ratio de 25 alumnos en Primaria, 30 alumnos en Secundaria Obligatoria, 35 alumnos en Bachiller, con la posibilidad del incremento del 10%.

La legislación se incumple sin Covid-19, pero la normativa sanitaria aprobada por los ministerios de Sanidad y Educación sobre salvaguardar la seguridad de los 1,5 metros de separación y la ratio de 20 alumnos, con o sin mascarilla, es inviable. Por eso, el acuerdo de medidas aprobado entre el Gobierno y las CCAA, deja la puerta abierta a sobrepasar las ratios. Los colegios podrán “flexibilizar” el número de alumnos.

Muchos centros educativos carecen de espacio para desdoblar clases, por mucho que los obliguen. Ya hace años que usan aulas multiusos, bibliotecas, patios y pasillos para dar cabida al aumento de estudiantes.

Nuestro Colegios e Institutos públicos se han quedado pequeños, están viejos, y masificados, y es imposible desdoblar grupos. Esa es la realidad de “la vuelta al cole”. Así que, una propuesta efectiva es la semipresencialidad, que el alumnado acuda a los centros en días alternos. Pero surge otro problema: la conciliación, que nadie se ha preocupado de solucionar. Estamos pagando años de privatización y expolio de lo público, de recortes y abandono de la educación.

Nuestros niños y adolescentes merecen que les ofrezcamos la posibilidad real de recibir una educación que no deje atrás a nadie y que les permita desarrollarse intelectual y personalmente. No solo nos estamos jugando el presente, sino nuestro futuro.

Nos jugamos demasiado como para seguir escuchando, día tras día, propuestas irrealizables, nacidas no sé si de la ignorancia, la desidia o el cinismo de quienes no entienden que un centro escolar es una comunidad viva, bulliciosa, compleja y llena de singularidades que no se puede gestionar sin el conocimiento práctico y justificado de quienes forman parte de ella.

Publicado el día 1 de septiembre de 2020 en Europa Sur.

Reducir la pobreza

 

La covid-19 ha hecho visibles las fracturas en el Estado del bienestar. En España, una de cada cinco personas vive bajo el umbral de la pobreza y una de cada cuatro está en riesgo de exclusión social.

Hay diversas formas de medir la pobreza. La más extendida es la tasa de pobreza relativa. Las personas están en riesgo de pobreza al vivir con unos ingresos inferiores al 60% de renta media.

En España supone tener una renta inferior a los 739 euros al mes en un hogar formado por una sola persona o 1.552 euros mensuales en un hogar formado por dos adultos y dos niños.

Ya entre 2007 y 2017 los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante subieron menos de un 2%. Al mismo tiempo, el Estado español prefirió recaudar un 5% menos de impuestos lo que supuso tener menos dinero para gastar en protección social.

Después de la recesión, la supuesta recuperación ha dejado a muchos atrás. Las políticas económicas han beneficiado a las empresas y a los ricos, mientras que los grupos menos privilegiados han tenido que recurrir a unos servicios públicos fragmentados que sufrieron grandes recortes después de 2008. Mientras las empresas están pagando la mitad de los impuestos que antes de la crisis a pesar de registrar fuertes beneficios.

Además, según la ONG Oxfam Intermón, durante la actual crisis las personas con menores ingresos perderán, proporcionalmente, ocho veces más renta que las más ricas, arrastrando a más de 700.000 personas a la pobreza.

La pobreza es un síntoma de la enorme desigualdad de renta y riqueza que tiene este país. Los niveles de pobreza son fruto de las decisiones políticas y tienen responsables, millones de perjudicados y unos pocos, muy pocos, beneficiados.

Necesitamos la solidaridad para salir de la pandemia y de la profunda crisis económica que vive la población española. Y debemos exigir a los gobiernos que los compromisos sean realidades, y las promesas sean hechos.

Algunas soluciones pasan por dar más poder de negociación a los trabajadores, hacer más costosa la contratación temporal para reducir su uso, mejorar las prácticas de contratación de las administraciones públicas, reforzar la inspección laboral y reducir el impacto que la subcontratación y los falsos autónomos tienen en la reducción de costes salariales.

Por supuesto, la justicia fiscal es la clave para garantizar que los gobiernos dispongan del dinero necesario para la protección social, una educación de calidad, una sanidad adecuada y los cuidados necesarios para tener una vida digna e independiente. 

Publicado el día 25 de agosto de 2020 en Europa Sur.

Un Plan Integral necesario

 

El Gobierno de España aprobó en 2018 una serie de medidas específicas para la comarca del Campo de Gibraltar. Su objetivo era impulsar la economía de la zona, reducir el desempleo y luchar contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales y la inmigración ilegal.

Este Plan integral hablaba de inversiones por valor de 810 millones para conexiones ferroviarias y viales, como la modernización y electrificación de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla; el proyecto de construcción del Acceso sur al Puerto de Algeciras; la redacción de los proyectos de la Variante exterior en la Bahía de Algeciras, el de desdoblamiento del túnel del Acceso Norte al Puerto de Algeciras, y el proyecto para mejorar la seguridad vial en el acceso a Tarifa.

También prometía la elaboración de un Plan Extraordinario de Empleo para Andalucía, con un apartado específico para el Campo de Gibraltar. Y un programa de subvenciones para la promoción y el estímulo de la actividad industrial, el comercio y el turismo, así como un plan para la modernización del comercio minorista.

Sin embargo, hasta ahora, por falta aprobación de los presupuestos generales del Estado, sólo se ha procedido al incremento y actualización de los medios materiales y tecnológicos para combatir el narcotráfico y el contrabando. Es decir, se ha desarrollado un Plan Especial de Seguridad, pero nada más.

A la luz de todas estas medidas, y al no haber contado con el tejido asociativo, los colectivos sociales integrados en la Plataforma Social del Campo de Gibraltar presentaron su propia versión del Plan Integral, detallando criterios específicos para su elaboración y exponiendo los diferentes problemas sociales y medioambientales de la Comarca.

Su propuesta pasa por crear una Mesa Comarcal donde estén los Ayuntamientos, la Mancomunidad, el Gobierno andaluz, el Gobierno central y los movimientos sociales de la Comarca, y entre todos se construyan soluciones a los graves problemas de esta zona. Por supuesto, la redacción de este Plan Integral correspondería a un equipo interdisciplinar de expertos.  

Ahora, tras la pandemia del virus covid-19, y con la llegada de las ayudas europeas, el modelo de reconstrucción para el Campo de Gibraltar debe aunar ambas propuestas, porque el Plan Integral debe nacer de un trabajo conjunto de todos sin dejar a nadie atrás, pero con las prometidas inversiones en infraestructuras. En esta tarea somos todos necesarios si queremos salir de esa economía subdesarrollada y deprimida que ha sido a lo largo de su historia el Campo de Gibraltar. Es nuestra hora. 

Publicado el día 18 de agosto de 2020 en Europa Sur.

Mi utopía

España es una Monarquía parlamentaria. El rey como Jefe de Estado ejerce el poder regulado por el parlamento y el ejecutivo. Su principal atribución es simbólica. Así lo reconoce el Artículo 56 de la Constitución española.

Sin embargo, estas semanas he sentido vergüenza ajena ante tanto despropósito, cutre y sórdido, de una institución que debe ser intachable, pero que dista mucho de serlo.

Cómo puede tener legitimidad democrática esta institución cuando niega la esencia de la democracia: la abolición de los privilegios de sangre, la igualdad de todos ante la ley y la libre elección de nuestros representantes.

El sistema democrático exige que todos los poderes públicos sean de duración limitada y origen electivo. Acceder a la Jefatura del Estado teniendo como único mérito haber nacido en una determinada familia, en un determinado orden cronológico, supone una grave ruptura del principio democrático.

El Estado de Derecho es seguramente el mayor logro en política de la humanidad, su simple violación por parte de un sistema monárquico debería ser suficiente para preferir un sistema republicano. Aunque una república no es garantía de bienestar o de democracia, son sus valores y la ejemplaridad de los servidores públicos los que dan carácter al modelo.

Esos valores tienen un hilo conductor: el pueblo se autogobierna y protege la libertad; todos son iguales ante la ley; el Estado se fundamenta en el derecho y el imperio de la ley; la igualdad de oportunidades como esencia democrática; la participación ciudadana como marco de referencia; los derechos civiles y la transparencia como oposición a la corrupción política.

En esta estructura no cabe la monarquía, que es antidemocrática por naturaleza, opaca por convicción, y está alejada de las necesidades y los intereses reales de la gente. Ya habrán deducido mis preferencias, aunque no creo que todos los males se terminen por instaurar una república.

Soy republicana, pero sin aspavientos. Ojalá alguna vez pudiera expresarlo en una urna, no tendría ninguna duda. Una institución hereditaria es un sin sentido. Además, “pertenezco a esa clase de locos que anuncian utopías que al día siguiente son realidades” como decía Blasco Ibáñez.

Aspiro a un modelo políticamente abierto, participativo y democrático; un modelo que promueva una sociedad crítica y responsable; un modelo sustentado por principios y valores de libertad, igualdad y justicia social, blindados por la Constitución para evitar que los gobiernos de turno ataquen los fundamentos del propio Estado. Esa es mi utopía.

Publicado el 11 de agosto de 2020 en Europa Sur.

Las monjas de Pescadores.

Esta semana pasada dejaron Algeciras las hermanas Auxiliadoras, y me van a permitir que les dedique esta columna porque no puedo dejar de dar las gracias por su labor callada y silenciosa en nuestra ciudad desde hace más de 50 años.

La Sociedad de las Auxiliadoras de las Almas del Purgatorio es una congregación religiosa católica fundada en París en 1856. Las hermanas auxiliadoras se dedican a las obras de misericordia, especialmente al servicio de los marginados. Con calidez, sencillez y espíritu de alegría buscan llevar la esperanza a este mundo.

Recalaron en Algeciras a petición del Padre Sebastián González Araujo, vicario general del Campo de Gibraltar, para realizar el trabajo de campo del “Estudio socio religioso del Campo de Gibraltar” a finales de los años 60, y ya no se fueron. Iniciaron su labor pastoral en la barriada de Los Pastores y posteriormente se trasladaron a Pescadores, donde llevan toda una vida.

Así, las conocidas como las monjas de Pescadores, se establecieron en nuestra ciudad con un estilo de vida simple pero implicadas en la vida social, política, y cultural, en definitiva, en todo lo que constituye la vida de nuestra sociedad.

Su congregación fue y es parte integrante de la Asociación Algeciras Acoge, desde sus orígenes allá por 1.991, y las hermanas han sido socias de Agaden, Asociación para la defensa y Estudio de la Naturaleza.

Estas mujeres han sido y son aún un ejemplo de compromiso, solidaridad, caridad, servicio, y cristiandad. Han trabajado en la prisión de Botafuego y en el Centro de Internamiento de Extranjeros gracias a la ONG Prolibertas, y se han implicado en temas de migración porque no hay fronteras cuando hablamos de amar al prójimo.

Muestra de su fraternidad y empatía son estas palabras de una de las hermanas durante su labor en el CIE dando clases de español a las internas: “El encuentro con estas mujeres, conocer la dureza de sus vidas y los sufrimientos y humillaciones que han soportado hasta llegar al CIE, me conmueven profundamente. Me ha hecho experimentar la injusticia de las leyes con las que les cargamos y mi impotencia. Me siento agradecida por su amistad y confianza y me llenan de alegría cuando gracias a nuestro encuentro vuelven a brillar en ellas el ánimo y la esperanza".

Solo tengo palabras de gratitud para ellas, por todo lo que me han enseñado por su calidez, amor y entrega. ¡Que grande pero que poco reconocida la labor de estas mujeres! Gracias por todo queridas Mari Carmen, Resu, Asun, Carmen, Pilar, Isabel, ..., Os quiero y os llevaré siempre en mi corazón.

Publicado en Europa Sur el 4 de agosto de 2020

¡Regularización YA!

Desde que comenzó la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 son muchas las voces que han pedido al Gobierno una regularización masiva de todos los extranjeros que se encuentran de forma irregular en España.

Una de las últimas ha sido la del subsecretario de Migrantes y Refugiados de la Santa Sede, que por orden del Papa Francisco está reclamando una regularización masiva, porque puede ser una solución beneficiosa para todos.

Los informes de la Santa Sede durante la pandemia apuntan a que se ha producido una reducción de los flujos migratorios por efecto de la crisis, pero también un incremento en el tráfico de migrantes por parte de las mafias.

En el contexto actual de emergencia sanitaria mundial es fundamental que se garanticen los derechos de todas las personas que se encuentran en el territorio español con especial atención a aquellas más vulnerables como son las migrantes en situación administrativa irregular y las personas solicitantes de asilo en espera prolongada de resolución de su solicitud.

En España a finales de 2019 había entre 390.000 y 470.000 personas en situación irregular. Esto supone entre un 11% y un 13% del total de inmigrantes extracomunitarios. Contrariamente a lo que señalan los discursos políticos de la extrema derecha, el 80% vienen de América y menos de un 10% de África. La última gran regularización se produjo en 2005, con Zapatero en La Moncloa.

La Oficina de Asilo acumula actualmente más de 100.000 expedientes de asilo pendientes. Y ahora más que nunca, es necesario que los derechos de las personas migrantes en situación administrativa irregular se vean garantizados.

Frente a esta situación, la Secretaría de Estado de Migraciones ha publicado una Instrucción donde flexibiliza el Arraigo Social ante la crisis del Covid-19, intentando adaptar la figura del Arraigo Social a la realidad española.

Pero no es suficiente, los sin papeles, los sin techo, los jornaleros, las trabajadoras del hogar y los cuidadores siguen siendo los más vulnerables y la crisis sanitaria ha visibilizado y agravado la precariedad de las vidas de estas personas.

Como dice la carta a los Efesios 2,19-22: “Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios”.

Para ello, es urgente que se ponga en marcha un proceso de regularización que les permita acceder a sus derechos en igualdad de condiciones al tiempo que se reconozca el valor las aptitudes, dedicación y compromiso que pueden aportar a sociedad española. 

Publicado en Europa Sur el día 28 de julio de 2020

El drama de los desahucios.

La semana pasada volví a presenciar el tremendo desgarro que supone un lanzamiento (la ejecución forzosa de una resolución judicial que priva a una persona de la posesión de un inmueble). El desahucio de una madre con sus tres hijas de la casa que ocupaban cuyo propietario es un gestor de activos inmobiliarios.

Vivimos una situación de crisis sanitaria, social y económica con miles de familias en la calle y 3,4 millones de casas desocupadas. Pero las administraciones públicas, en vez de dar respuesta a la situación de emergencia habitacional y detener la sangría de desalojos, amparan y protegen los intereses de las entidades financieras.

En el primer trimestre de 2020, los juzgados españoles ejecutaron 9.659 desahucios. 2.390 por impago de hipoteca, 6.892 por impago de alquiler y 377 por otras causas. Sin hablar de las causas penales por usurpación. La inmensa mayoría de las familias fueron a la calle en vísperas del estado de alarma y el confinamiento.

La situación empeorará porque desde el pasado 4 de junio se han reactivado los procedimientos judiciales suspendidos en marzo. Las medidas aprobadas por el Gobierno sólo prohíben desahucios de alquiler de familias que han caído en vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia, pero nada dice de las que ya eran vulnerables antes.

Los precios del alquiler han aumentado un 50% en los últimos 5 años, tras la entrada de sociedades de inversión privadas, los llamados fondos buitres. El índice de asequibilidad de la vivienda de alquiler privada en España es uno de los más bajos de la OCDE, y el pago del alquiler representa una carga excesiva para más del 38% de los inquilinos. Además, la oferta de viviendas sociales de bajo costo es casi inexistente, a pesar del consenso existente sobre su necesidad.

La mayoría de desahucios se realizan por los bancos para los fondos buitres con carteras hipotecarias morosas derivadas de operaciones como la compra del ladrillo del Banco Popular al Santander por Blakstone, o la del BBVA por Cerberus. Ya en 2017 los Bancos ganaron más de 50.000 millones de euros con la venta de carteras hipotecarias morosas.

La situación hipotecaria que viven miles de familias y la sobreprotección jurídica de las entidades financieras en nuestro país es única en el mundo. No visibilizamos la magnitud ni a las dimensiones de la tragedia que estamos viviendo.

Es inadmisible e intolerable que en un Estado Social y Democrático de derecho se produzcan centenares de miles de desalojos a la vez que existen millones de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social. 

Publicado en Europa Sur el 21 de julio de 2020