Tras muchas falsas promesas y años esperando una rehabilitación, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación anunció la semana pasada el cierre del Centro de Protección de Menores Nuestra Señora del Cobre. Un centro público abierto hace más de 40 años que atiende a menores migrantes no acompañados en Algeciras. De hecho, los menores ya han sido trasladados y su personal lo hará en próximas fechas.
Un informe elaborado por la Administración de la Junta ha constatado importantes deficiencias estructurales, un deficiente estado de conservación y problemas con la instalación eléctrica y de saneamiento. Nada nuevo, si tenemos en cuenta que el personal del Centro de Menores Nuestra Señora del Cobre lleva años denunciando el pésimo estado en que se encontraban las instalaciones.
El anterior delegado anunció el cierre para realizar mejoras, comprometiéndose a que tanto los menores como el personal del centro serían trasladados en bloque a otras dependencias de la localidad, en régimen de alquiler, mientras se realizaban obras en el Hogar del Cobre, porque estamos en una zona caliente en la recepción de inmigrantes y de menores extranjeros no acompañados (Mena).
Pero todo lo anterior ha resultado falso, pues tras siete años de espera no ha habido rehabilitación o mejora, ni se la espera. Es más, un ala del edificio fue derribada para su reforma, pero esta nunca llegó a ejecutarse, por lo que quedó derruida y separada del resto de las instalaciones por una valla metálica. Pese a ello los profesionales del Centro han seguido realizando su buena labor de siempre, y han sido referentes en toda Andalucía.
No podemos olvidar que el 26 de octubre el Gobierno anunció la dotación de 40 millones de euros en concepto de fondos vinculados a la atención y acogida solidarias de menores no acompañados (Mena) para el “reparto” de los menores entre las distintas CCAA. Así que habrá dinero para privatizar este servicio, pero será más caro y peor. Por eso, este cierre es intencionado, aunque nos aseguren que es provisional, pues lo que pretenden es dejar en manos privadas la atención a los menores que llegan en patera a nuestras costas.
No creo que sea necesario recordar que en 2018 precisaron algún tipo de atención del sistema de protección hasta 9.153 menores (Mena), más del doble que en 2017 (4.172). Y hasta mediados de marzo de 2019, se han producido 961 nuevos ingresos. Además, las previsiones sugieren un repunte en las llegadas de este año. No olvidemos que estamos ante una obligación del Estado español que tiene suscrito diversos tratados internacionales en materia de protección de la infancia.
Así que la Junta de Andalucía debería reforzar los recursos públicos que existen, en vez de hacer desaparecer los escasos centros públicos, sin ofrecer alternativas tangibles en una de las principales zonas de entrada de infancia migrante y en una época del año en la que se intensifican las llegadas.
Queremos un compromiso de la Junta sobre la rehabilitación y mejora de las deficiencias del Centro de Menores Nuestra Señora del Cobre, como tenían programado desde hace años, para volverlo a abrir. Mientras tanto, lo lógico hubiera sido albergar a los menores atendidos y al personal en otro lugar adecuado de nuestra ciudad. Porque esta situación supone una clara desprotección de la infancia que afecta a los derechos de los niños y niñas que llegan a nuestro país y a la comunidad autónoma andaluza.
