miércoles, 27 de febrero de 2013

Un 28 de Febrero muy especial.


La política es un valor y un elemento de transformación social que destroza todo aquello que trate de contenerla, incluso a los hombres que se oponen a ella. Y su intención principal es hallar la fórmula definitiva para encauzar el futuro, estudiando el pasado y adecuándolo al presente. Por tanto, toda política tiene una finalidad ideal permanente. En estos tiempos que vivimos todo es política y será ajeno a ella todo lo que no se desarrolle por los caminos  que le son propios y no se ajuste a la realidad de la vida diaria. Los andaluces no podemos permitir que se pongan en riesgo los derechos que nos corresponden como pueblo y como ciudadanos/as. Y que el Gobierno de Mariano Rajoy atente todos los días contra esos derechos reconocidos en nuestro Estatuto de Autonomía.

Por eso, los andaluces y las andaluzas tenemos que hacer este 28 de febrero una defensa activa de nuestros derechos laborales -un autentico desastre para Andalucía con la mayor tasa de paro del Estado español-, de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales, que el PP está mercantilizando e intentando privatizar. Porque no podemos permitir estos atentados contra el pueblo, la ciudadanía y el sistema democrático que nos dimos todos los españoles en la Transición y la ciudadanía andaluza con el Estatuto. Y la gota que colma el vaso es la reforma presentada para la administración local. Administración que cumple en cada pueblo de Andalucía funciones imprescindibles para el conjunto de actividades y necesidades cotidianas de la población. El Gobierno del PP pretende quitar la gestión de los ayuntamientos a los alcaldes democráticos para entregársela a los caciques de cada pueblo.

Todos esos son motivos suficientes para que este año le demos un sello muy especial al Día de Andalucía, sobre todo los que tenemos la suerte de habitar en esta bendita tierra y todos esos compatriotas nuestros que por distintas circunstancias viven en otros lugares. ¿Cómo? Recuperando los andaluces y andaluzas el espíritu reivindicativo de ese 28 de Febrero de 1980, cuando desde la libertad y la rebeldía  se consiguió para Andalucía lo que nadie estaba dispuesto a darnos, la capacidad para el autogobierno de máximo nivel igual que ya habían reconocido al resto de las Comunidades históricas.

La coordinadora de la Plataforma Compromiso Social por el Progreso ha convocado a los andaluces y a las andaluzas para defender Andalucía, su Estatuto y el modelo autonómico y social que representa, porque está siendo atacado por las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy. Este 28 de Febrero, todos a una, debemos decir basta ya a los recortes de derechos y defender los derechos sociales conquistados en los últimos treinta años, que hoy están en peligro. La plataforma Compromiso Social por el Progreso está integrada por los sindicatos CCOO y UGT y por casi una treintena de asociaciones de vecinos, de consumidores y de diversos colectivos sociales y profesionales. Así que todos en pie y a la calle el jueves para defender la dignidad de Andalucía.

domingo, 24 de febrero de 2013

Un Estado Federal.


En El País del pasado domingo 10 de febrero, en su página de Opinión,  se preguntaban: ¿Cómo reconstruir el futuro en España?  Y como respuesta proponían un decálogo de tareas para defender la democracia y el progreso económico ya que las instituciones no son capaces de afrontar con eficacia la grave crisis política. Un decálogo de tareas que pueden y deben ayudar a rescatar el sistema emanado de la Transición política de las amenazas que se ciernen sobre él. Naturalmente esas propuestas eran discutibles y eso me propongo hacer, abrir con esta reflexión un debate con respeto y sin insultos sobre cada una de ellas. Hoy tocaría hablar de la reforma federal.
Dice El País “El Estado de las autonomías debe reconvertirse en un modelo típicamente federal, que establezca una lista cerrada y concreta de las competencias y atribuciones del Gobierno central y permita a los Estados federados desarrollar sus propias capacidades de autogobierno sin interferencia alguna, sobre la base de los principios de corresponsabilidad y eficacia. La reforma pasa por revisar el sistema de financiación autonómico, el reparto de transferencias y el déficit de responsabilidad fiscal de los Gobiernos autónomos. Muchos técnicos constitucionalistas consideran que esta transformación, que permitiría un nuevo encaje de los nacionalismos, no es difícil si existe verdadera voluntad política para emprenderla”.
Los constitucionalistas de 1978 tuvieron muy claro que la Constitución tenía que dar solución a las históricas tensiones sociales territoriales existentes desde siempre en nuestro país. Para ello no diseñaron un modelo cerrado, sino abierto. Ahora, 35 años después, creo que los españoles tenemos el bagaje democrático necesario para poder diseñar mejor la España que queremos llegar a ser. Y el procedimiento, también lo dejaron establecido en el titulo X, que trata de la reforma constitucional. Es bueno saber y conocer que en nuestra Carta Magna no hay cláusulas de intangibilidad, ni nada que sea inamovible. Pero eso sí, para reformarla hace falta un amplio consenso político.
Está claro que se necesita mucha pedagogía, mucha información, mucho debate público, mucha terapia colectiva y por supuesto, como he dicho antes, un amplio consenso político. Los socialistas piensan que es el momento de iniciar una reflexión y de hablar de la posibilidad de transformar la España actual en un Estado Federal. Y que hay que abrir este melón y discutir ampliamente de esta cuestión en conferencias políticas abiertas a militantes y simpatizantes. Me parece bien, porque debemos aprovechar esta crisis para refundar nuestra democracia y las reglas con las que queremos los españoles convivir en igualdad y libertad. Algunos me dirán que el empleo es hoy la gran preocupación de los españoles y no la cuestión territorial, pero sin dejar de luchar por el primero, no hay que olvidarse del segundo. Porque en este país es también muy necesario hacer un gran debate general, sobre quiénes somos y a dónde queremos llegar.  

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

viernes, 22 de febrero de 2013

Un Rajoy satisfecho.


El debate de ayer sobre el Estado de la Nación, no fue el de la corrupción, ni el de la regeneración democrática, ni siquiera el del paro. Rajoy solo compareció para sacar la cabeza del agua y recuperar el crédito político que había perdido en su primer año de Gobierno. Tenía que recomponer su figura diciendo aquí estoy, voy a seguir y no me muevo, ni dimito. Para ello utilizó en su discurso un tono alto -dirigido fundamentalmente a los suyos- para mostrar seguridad y, lo que ya se esperaba, una total ausencia de autocritica tanto en sus gestos, como en sus palabras. Lo contrario que Rubalcaba, que en un momento de su intervención fue autocritico y dijo lo que el Gobierno anterior hizo mal o no hizo. Eso pareció un equivalente a una petición de perdón por los errores cometidos, aunque la gente necesita algo más de Rubalcaba y de los socialistas. Sin embargo, Rajoy que llegó al debate en estado crítico, hizo un discurso lleno de trampas y con muchos agujeros para salir -según dijo- con las fuerzas renovadas.
El debate como es normal en nuestro Parlamento fue bastante aburrido y previsible. Todo lo que se dice en él queda muy alejado de la ciudadanía, sobre todo, cuando en el discurso de Rajoy no se vieron señales de cambio, que es lo que la gente esperaba y sigue esperando. En su hora y media de discurso, no hubo ni una sola mención a la justicia social. No apareció ningún cambio de actitud, ni planteamiento diferente para afrontar la corrupción, paso previo a cualquier modificación del Código Penal para endurecer las penas por estos delitos. El problema de la mayoría de estos debates es que lo que pasa en la calle no pasa a los plenos y lo que se debate en los plenos no pasa a la calle. Parece como si a los partidos mayoritarios solo les preocupara buscar los puntos fuertes o necesarios para que el bipartidismo no decaiga.
Pero lo que me preocupa de la información aparecida en la prensa canalla esta mañana, es que no se sabía si el balance se hacía sobre el Gobierno anterior o el actual. Pues los titulares de esa prensa podían confundir a la opinión pública al hablar solo de la herencia recibida y no de los errores del Gobierno actual. En un debate sobre el Estado de la Nación, el presidente del Gobierno presenta las cuentas actuales del país y explica cómo está la Nación después de un año de  gobierno. Por lo que no parece lógico ni razonable, que en esa prensa se quiera hacer un balance del Gobierno anterior y de la herencia recibida. Este Gobierno tiene que dejar ya de vivir pegado al retrovisor o mirando siempre hacia atrás, debe vivir el presente, donde están los problemas, y mirando hacia el futuro, donde están las soluciones. La forma de debatir de este Gobierno y de ejecutar sus políticas está afectando gravemente a todas las Instituciones del Estado, incluida la Corona, y nos conducirán, si siguen así, hacia un fallo sistémico de nuestra democracia.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

miércoles, 20 de febrero de 2013

Una declaración de principios.


Hay lectores de Algeciras al minuto o de este blog a los que no les gustan mis reflexiones, lo que me parece de lo más normal. Nuestro país está que arde y más dividido que nunca en su historia reciente. Por eso entiendo perfectamente que todos los que me leen no tienen porque estar de acuerdo o compartir mis pensamientos o reflexiones sobre la actualidad de la que informo de la forma más veraz y critica.
Pues bien, en sus comentarios algunos de estos discrepantes me tachan de “plumilla” en un intento de denigrarme con ese calificativo. Están perdiendo el tiempo. Ese calificativo o  cualquier otro degradante que quieran hacerme no tienen para mí ninguna importancia. Lo importante sería que todos participáramos en un amplio debate manifestando nuestras opiniones de forma educada y sin ofender a nadie. Por eso, en las actuales circunstancias, me encuentro en la obligación moral de poner mi modesta pluma, y espero que otros un compromiso diferente, para ver si entre todos llegamos a fabricar la esperanza y el cambio que este país necesita.
Comprendo que escribir sobre temas de actualidad siempre es arriesgado, porque no se sabe  cómo van a concluir estos dramáticos acontecimientos que estamos viviendo. Aunque en el fondo al pensar o reflexionar sobre ellos lo que quiero es explicarme lo qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Esto me ayuda a conservar la claridad de ideas y a entender el origen y la causa de esta crisis del sistema, que nos dimos todos los españoles en la Transición.
Posiblemente mis pensamientos y reflexiones estén influidos por la calle o por lo menos, contagiados por ella. Pienso que este sistema está gripado -como dice el escritor Josep Ramoneda- y no tiene otro mecanismo de reproducción y cambio que los movimientos sociales, que han tomado conciencia del poder de su voz y de la importancia de su presencia, siendo los mecanismos de regeneración democrática y esperanza de cambio que tenemos. Así que como decía Gabriel Celaya a los españoles en su poema España en marcha, “¡A la calle!, que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo”. Eso es lo que pido y deseo para mí y para todos los españoles de bien.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

martes, 19 de febrero de 2013

El debate sobre el Estado de la Nación.



Esta semana se desarrollará en el Congreso de los Diputados el aplazado debate -el pasado año no se celebró-  sobre el Estado de la Nación. Esta puede ser la ocasión para que nuestros políticos dejen de sentirse paralizados por la indignación que seguramente les provoca la corrupción y por la preocupación que les debe causar el paro, especialmente el de los jóvenes. Ya es hora de que el Congreso debata sobre el triste estado de la nación… y se haga algo al respecto.
El día fijado para este debate es el próximo miércoles y los diputados deberán votar entonces las resoluciones que se presenten sobre esos dos asuntos. También deberán mostrar, delante de todos los ciudadanos, cual es su grado de compromiso con los parados y su grado de repugnancia con la corrupción. No valdrá anunciar comisiones de análisis o de cualquier otro tipo. El Gobierno no es una empresa de estudios, sino el órgano ejecutivo del sistema parlamentario español. Si para reformar un importante artículo de la Constitución Española solo le hicieron falta 48 horas a PSOE y PP, si quisieran podrían aprobar unas normas anticorrupción y una verdadera ley de transparencia en el mismo o en menos tiempo.
Espero que en esta ocasión, el presidente del Gobierno no utilice sus tácticas de dilación para no dar las explicaciones necesarias sobre el daño que la corrupción está produciendo en la convivencia interior y en la imagen exterior de este país. Se estaría equivocando radicalmente. Y saldría quemado del Congreso, pese a disponer de una apabullante mayoría. Además, sería el responsable de darle el último empujón a una sociedad que está muy cerca de sentirse no solo enojada, deprimida e indignada, sino también muy resentida con este Gobierno.
La Oposición, aunque no tiene los instrumentos parlamentarios necesarios para forzar al Gobierno, si tiene poder para reaccionar con la suficiente unidad y ánimo, y al menos presentar un paquete de medidas anticorrupción que los ciudadanos comprendan y alrededor de las cuales podamos unirnos todos los españoles. Y si esto no sucede en este debate, no hay que rendirse. Habrá que seguir intentándolo sin dejarse enredar en esos debates estériles del  “y tú más” que solo embarullan y nunca resuelven. El tiempo de los reproches mutuos ya ha pasado. Es hora de buscar consensos y no devaluarse mutuamente Gobierno y Oposición. Así que, o bien nos ponemos serios de una vez en este país o este país no tendrá futuro.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

domingo, 17 de febrero de 2013

Dimisión para los incompetentes.


En las encuestas, sondeos o barómetros sociológicos leídos últimamente, siempre aparece la preocupación de los españoles por la corrupción, pero también la creciente sensación de que muchos de los que ocupan cargos públicos no tienen capacidad para resolver los problemas públicos. O sea, los problemas que nos importan a todos. Porque la corrupción es una cosa y la falta de competencia y capacidad es otra. La valoración negativa que hacemos los ciudadanos de la gestión política se hace mucho más patente cuanto más cercana es la administración que valoramos. Porque para la mayoría de la gente es mucho más fácil conocer lo que hacen quienes ejercen su función desde ámbitos próximos, las administraciones municipales, provinciales o autonómicas.
En esas administraciones lo que la gente percibe es que muchos de los que tienen responsabilidades directas de gestión, es decir, los que toman las decisiones y manejan los presupuestos son unos incompetentes, no tienen la capacidad o la formación adecuada para la gestión de lo público, y ni siquiera para la privada. Porque son gente con nula o escasa preparación técnica o profesional y con currículos ridículos, falsos o inexistentes. Y lo malo es que hay demasiados de estos incompetentes en los partidos, dedicados a la política o lo que es peor gestionando lo público. 
Esto hace que exista una total falta de sintonía y empatía entre representantes y  representados, ya sea de Instituciones próximas o lejanas. La mayoría de los ciudadanos consideran que estos personajes deben dimitir porque creen con razón, que ganar las elecciones no es garantía de nada y menos de capacidad para administrar lo público. Estamos viendo todos los días como demasiados cargos públicos se ponen en ridículo por  sus desaciertos, incompetencias o ignorancia sobre lo que hacen. Esas situaciones, normalmente, causan como mínimo pesar a quién les designó, pero gran disgusto a los electores que le votaron y a la Instituciones a las que representan.
La única salida que hay para los incompetentes -no hablo de corruptos, ni de delincuentes- es también la dimisión. Y el primero que debe dimitir es Cristóbal Montoro, que ha demostrado su peligrosa incompetencia al dejar agujeros en su defectuosa amnistía fiscal por la que se han colado de forma barata y sin investigación, dinero de procedencia ilícita. La opinión pública ya no admite la corrupción, pero tampoco la incompetencia, que tanto perjudica a lo público y también a nuestra democracia.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

viernes, 15 de febrero de 2013

¿El verbo dimitir se conjuga en español?


En Europa ningún país escapa de la corrupción, pero está claro que a mayor transparencia, menor corrupción. Y como consecuencia de los casos de corrupción, hay países que saben conjugar el verbo dimitir con más acierto que otros. Aunque solo sea para lavar la imagen del jefe del Gobierno de turno o para dar ejemplo y evitar males mayores. En España, esto no ocurre ni por asomo. Nada más que hay que ver el caso de Ana Mato, ministra de Sanidad, a la que el presidente del Gobierno le ha renovado públicamente su confianza esta semana, precisando que lo hace porque le parece “justo”.

Sin embargo, esto parece normal en Mariano Rajoy. En él lo habitual es no tomar iniciativa, quedarse quieto y esperar a que escampe. Dejar que el tiempo lo arregle todo, enfrentándose, si hace falta, a la oposición, a la opinión pública e incluso a sectores de su propio partido. No le importa que la ministra Mato se haya convertido en un lastre para el PP y para su Gobierno, sobrado de problemas. Lo normal sería que esta señora dimitiera y saliera del primer plano que ocupa todos los días en los medios. Pero no hay forma, ahí sigue, diciendo ayer desde su escaño en el Congreso, “que está siendo víctima de una cacería política y personal”, “que todo es una infamia, pero no la van a doblegar” y, por supuesto, “que no dimite y seguirá trabajando para los españoles”, y orgullosa, además, de continuar en el Gobierno.

Pero qué cara la de la señora ministra. En la sesión de control del Congreso no ha querido entrar, debatir o responder a las preguntas sobre el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), que la acusa de haber recibido regalos y haber disfrutado de viajes privados pagados por la “red Gürtel”, que dirigía Francisco Correa, ella, su ex marido, sus hijos y hasta su empleada del hogar. Y se enfrentó hasta a cuatro portavoces que le pidieron uno a uno que dimitiera por estar en una situación “insostenible” y porque "iba a pasar a la historia como la ministra del escándalo". Hasta le dijo la diputada Carmen Montón, “Usted no va a dimitir, la van dimitir”.
Este domingo, las encuestas de la prensa decían que más del 80% de los españoles creían que la ministra debía dimitir, incluido el 68% de los que votaron al PP en las últimas elecciones generales. Así que, el presidente del Gobierno no puede seguir dedicando más tiempo ni más esfuerzo en defender a la ministra, lo que procede es hacerla dimitir sobre todo con la información que ya ha aflorado de gastos personales pagados por presuntos corruptores. Y si ella sigue insistiendo en que no lo sabía (eso ya la descalifica), ahora ya sabe que los fondos con los que se pagaban viajes y fiestas tenían un origen sospechoso y corrupto.


Ángel Luis Jiménez Rodriguez

jueves, 14 de febrero de 2013

Un polémico premio.


Antonio Muñoz Molina abre su novela Sefarad con una cita de El Proceso de Franz Kafka: “Si”, dijo el ujier, “son acusados, todos los que ves aquí”. “¿De veras?”, dijo K. “Entonces todos son compañeros míos”. Esta cita es un ejemplo de la actitud vital y el compromiso de toda la vida del novelista jiennense. Y tiene contradicciones como todo el mundo. Pero nunca ha entendido la vida de forma maniquea de buenos y malos. Ahora, está siendo criticado por haber aceptado el Premio Jerusalén, un galardón literario que se otorga de modo bianual a personas que defienden la libertad del individuo en su obra.
La concesión del Premio Jerusalén -que han recibido escritores como Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Susan Sontag, Arthur Miller o Jorge Semprún- ha estado en ocasiones rodeada de polémica ya que algunas voces suelen pedir a los autores premiados que lo rechacen por la política de Israel en los territorios ocupados palestinos. Dos organizaciones propalestinas y un grupo de intelectuales -entre ellos el poeta español Luis García Montero y el escritor británico John Berger- pidieron al novelista en una carta pública que renunciase a la distinción este año.
Muñoz Molina ha dicho que no se considera cómplice de las ocupaciones de los gobiernos israelíes, es más, rechaza las incursiones en Cisjordania y sabe del terrible drama de Gaza. Pero son dos hechos distintos: uno, mostrarse en contra de la política de un determinado Gobierno y otra, bien distinta, rechazar la existencia de un Estado que se fundó para solucionar las persecución milenarias del pueblo hebreo. El autor de Sefarad no es un sionista, pero conoce y comprende el destierro que sufrieron judíos que también eran tan españoles como él hace cinco siglos. Y que, una cosa es criticar al Gobierno israelí y otra considerar a Israel como la tierra del “apartheid”.
El premio Jerusalén, que se entrega bienalmente en el marco de la Feria Literaria de Jerusalén, tiene una dotación económica modesta comparada con otros galardones,  10.000 dólares (unos 7.400 euros), que Muñoz Molina según ha anunciado donará íntegramente a algún proyecto de cooperación entre israelíes y palestinos.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

miércoles, 13 de febrero de 2013

Europa y el paro juvenil.


La pasada semana en los debates del Consejo Europeo para la aprobación de los presupuestos comunitarios para 2014-2020, pendientes desde noviembre, se coló un problema tan alarmante y real para la economía europea como la tasa de paro, que lleva varios meses batiendo récords en el conjunto de Europa y mucho más en países como la Vieja España. En un gesto de reconocimiento de ese problema, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, pidió reservar una parte del presupuesto para combatir el paro y especialmente el alarmante desempleo juvenil.
Al final, y después de debatir el tema hasta altas horas de la madrugada, se consiguió una partida mínima de 6.000 millones de euros o el 0,05% del marco presupuestario para al menos poder visualizar un problema tan grave como el paro juvenil. A finales de 2012, este problema afectaba en Europa al 25% de los menores de 25 años en busca de trabajo. Y en España casi al 60%. Algunos miembros del Consejo decían que la reserva de ese fondo contra el paro juvenil  ayudaría a "humanizar" el presupuesto comunitario, que se percibe a menudo como un mero reparto entre el gasto agrícola (que se lleva el 36%) y las infraestructuras comunitarias.
Pero no nos engañemos, la partida contra el desempleo juvenil no supone un incremento presupuestario, porque el marco para los próximos siete años será inferior al del último periodo (2006-2013). La novedad estaría en dedicar los 6.000 millones solo en proyectos destinados a fomentar el empleo entre jóvenes de 16 a 24 años en los países con mayor tasa de paro juvenil. En realidad, solo son 3.000 millones de euros el dinero fresco que se va a poner en dicho fondo porque los otros 3.000 ya estaban previamente comprometidos y ahora han sido reasignados.
Pues bien, para resolver el problema del paro juvenil en España, de ese fondo de 3.000 millones se le han asignado 918 millones de euros, 131 por año. Este fondo debe durar siete años, la vida del presupuesto comunitario. Y para hacerse una idea del dinero que recibiremos de Europa para resolver ese grave problema, esos 131 millones serían el equivalente a la cuarta parte de lo que ha gastado el Real Madrid en el 2012. Así que la Unión Europea que tanto se lamenta por el paro juvenil en España va a facilitarnos la cuarta parte del presupuesto del Real Madrid de un año para solucionar el problema de los jóvenes españoles que quieren trabajar.
Lo más lamentable es que Rajoy nos tomaba por tontos cuando decía en la rueda de prensa posterior al cierre de la cumbre de Bruselas que debíamos estar muy satisfechos de los resultados conseguidos. Me figuro que no lo diría por el plan y los fondos aprobados para solucionar el empleo juvenil, ni por el restrictivo presupuesto aprobado, que es lo contrario a los estímulos, crecimiento y empleo que se necesitan. Pero algo que tampoco me explico de estas cumbres es como todos  al final presumen de haber salido ganando cuando la realidad es que todos en conjunto habían fracasado y perdido. 
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

lunes, 11 de febrero de 2013

La derecha, la izquierda y la corrupción.


En el país, dice Manuel Vicent que en teoría la derecha es el poder y al poder le pertenece por naturaleza la hacienda, el caballo y la pistola. La ideología de la derecha es el dinero. El ideal de la derecha es el orden en la calle y la caja llevada hacia el negocio redondo. Eso sí, siempre apalancada por la Iglesia, los banqueros, los empresarios y la barra de la justicia. Y, por supuesto, su coartada es la patria. Muchos me dirán que estos no son más que un cúmulo de lugares comunes, pero no importa porque todo lo dicho explica por qué la corrupción de la derecha, por muy obscena que sea, en lugar de afectar a la esencia del poder se detiene en unas personas corruptas concretas, no va más allá, como por ejemplo el tesorero Bárcenas del PP.
Por el contrario, la izquierda en teoría no es un poder sino un sueño de igualdad, de fraternidad y de justicia. Trata de despertar lo más noble del individuo para ponerlo al servicio del bien común. Es crítica con el poder y en su afán de redención de los desheredados a veces  asalta el Palacio de Invierno. Aunque ahora esas son cosas del pasado, porque parece gozar más poniendo la otra mejilla. Puede que también esto no sea más que un cúmulo de frases gastadas, pero explica por qué no se precisa que la corrupción de la izquierda sea muy grave, como a veces lo es.  Basta con que cualquier concejal socialista meta la mano en la caja para que todo el idealismo y la moral se pudran de raíz hasta dejar a toda la izquierda en medio de la ciénaga. La izquierda no necesita morder la manzana, con solo olerla es expulsada del paraíso.
Por eso, no tengo la menor duda, si mañana en España se convocaran elecciones generales,  seguirían votando a la derecha 10 millones de ciudadanos, pese a los escándalos de corrupción. Y  me temo que, como siempre, la gente culpabilizada de izquierdas se quedaría en su casa y no iría a votar. Solo espero que eso únicamente siga ocurriendo hasta que la corrupción se haya hecho tan asfixiante que ese injusto equilibrio se rompa algún día, y de repente todo se revolucione, estalle y cambie de verdad este país.
Ángel Luis Jiménez Rodríguez

domingo, 10 de febrero de 2013

El derecho a decidir.


Artur Mas, el presidente de la Generalitat, ha respondido este fin de semana al anuncio del Gobierno de recurrir la declaración soberanista del Parlamento catalán. Ha repetido la idea anclada en su discurso desde que lanzó el órdago secesionista, la voluntad del pueblo catalán de decidir sobre su futuro político está por encima de la legalidad.  Y para evitar equívocos, ha remachado ese planteamiento con la siguiente puntualización “Los pueblos  tienen derecho a decidir su máximo autogobierno y su futuro, y contra esto no hay normas, ni leyes, ni constituciones ni interpretaciones posibles”.

De esta manera, el presidente catalán contesta el informe de la Abogacía del Estado que avala un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la declaración soberanista que aprobó el Parlamento catalán el pasado 23 de enero con los votos de CiU, ERC e Iniciativa- Esquerra Unida. El presidente Mas considera que por encima de la legalidad se sitúa “un tema de voluntad de la gente y de derechos que, por otro lado, todo el mundo debería proteger”.

El consejero de de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha ido más allá que el presidente. Ha dicho que “no es democracia” plantearse desde el Estado recurrir la declaración soberanista. Esta decisión se adoptó con la legislación vigente y con el reglamento de la cámara catalana, ha recordado Homs, para quien la declaración es una “expresión política y democrática”.

Pero señor, que barbaridades dicen los nacionalistas catalanes, un día sí y el otro también. Pretenden confundirnos con conceptos como independencia y el derecho a decidir -propios en democracia para decidir en las elecciones municipales, autonómicas y generales- que se quieren apropiar. El constitucionalista Pérez Royo lo ha dicho con mucha claridad “quienes se apropian del derecho a decidir, se apropian de la democracia y expulsan fuera de la misma a quienes entran en debate con ellos”.

Más claro todavía, aunque la democracia consiste en el derecho a decidir, no consiste en el derecho a decidir sobre lo que nos dé la gana, sino a decidir dentro de lo que la ley autoriza. Dirán, que las leyes se pueden cambiar, pero tenemos que hacerlo siempre por los cauces marcados por la propia ley. Porque en democracia, la ley es la única garantía de libertad y justicia, la única posible defensa de los débiles frente a los poderosos. En democracia, lo que no es ley es violencia. Y la primera obligación de cualquiera que cree en la democracia es la de impedir que nadie trate de usurparla como están haciendo ahora los nacionalistas catalanes.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

sábado, 9 de febrero de 2013

Jordi Évole un reportero imprescindible.


El pasado domingo, Jordi Évole ha regresado a La Sexta, en la undécima temporada de "Salvados", con el programa “Cuestión de Educación”. El presentador catalán viajó a Finlandia para conocer la realidad de sus escuelas y compararlas con el modelo educativo que mantiene España.  Este fue su comentario: “Me ha impactado la organización de la sociedad finlandesa, más de lo que se imparte en sus aulas. No es cuestión de que tengan la fórmula secreta de la educación, es una cuestión de cómo priorizan eso a todos los niveles". Y todo ello es fruto de una frase de la ex-presidenta finlandesa en la que aseguró que "un pueblo educado no permite corruptos ni incompetentes".
También este domingo pasado, en una entrevista en El País, el reportero televisivo de  Salvados dice cosas muy interesantes sobre nuestro país. “España necesita un año sabático. Debería pedir a la Unión Europea una excedencia, no puede seguir viviendo así. Le va dar algo. Está estresada hasta las cejas. Hay que resetear España”. Y comenta que mantiene un deseo en mente, que no es otro que entrevistar al príncipe Felipe. “Le preguntaría que cuándo le va a decir a su padre que abdique”. Dice que al príncipe Felipe habría que darle una oportunidad, pues la Casa Real no sabe leer lo que pide la sociedad española: transparencia, comunicación cambio… “Pero no se la van a dar. Él es un ejemplo de su generación: muy bien preparada, pero que no la dejan ejercer”.
No sé, es más no me explico cómo demonios le conceden a Jordi Évola las entrevistas los personajes de su programa cuando la mayoría de ellos salen muy mal parados. Resulta casi inconcebible en estos tiempos donde se hacen ruedas de prensa sin preguntas. Y, sobre todo, cuando la entrevista que le hizo al ex-presidente balear, Jaume Matas, ha sido incorporada por  el juez Castro al caso Nóos del ex-duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Jordi Évola se ha convertido en esa imprescindible mosca cojonera que siempre pregunta lo que tanta gente afligida, rabiosa y escandalizada tiene en la punta de la lengua. Menos mal que en estos tiempos nauseabundos tenemos reporteros como Évole y programas como Salvados para hacer las preguntas necesarias a tantos políticos mentirosos y desvergonzados que hasta afirman con absoluta seriedad que ellos también están sufriendo la crisis. ¡Dios, que ruines y perversos!

Ángel Luis  Jiménez Rodríguez

jueves, 7 de febrero de 2013

La encuesta del CIS.


La alarmante encuesta que conocimos ayer del barómetro-sondeo del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) del año 2013 es pre-Bárcenas, pues se realizó antes de publicarse en El País los papeles secretos del Tesorero del PP. Antes de que el Gobierno de España estuviera en el peor momento de descrédito de la historia de la democracia española. El desplome del PP es evidente y la malísima puntuación que el sondeo otorga ahora al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, puede significar su dimisión en el próximo, si el PP no encuentra la forma de salir del pozo del escándalo. Rajoy está tocado, yo diría casi hundido. Y este barómetro también confirma el peligro de italianización que nos acecha y la crisis del bipartidismo.  
El imparable adelgazamiento de los dos grandes partidos sobre los que se asienta el sistema (pilar derecho y pilar izquierdo) es un síntoma, y está provocado por la creciente falta de confianza en la clase política. Lo único que realmente no para de subir en la intención de los votantes es el del desaliento, medido en el creciente número de españoles convencidos de que en las urnas no se les ha perdido nada. El pesimismo sigue al alza, encuesta tras encuesta, y la confianza en los gobernantes es cada día más baja.  El barómetro del CIS constata la inmensa brecha abierta entre el poder político y los ciudadanos.
Si vemos datos concretos, el partido en el poder (PP) baja diez puntos en un año, pero la alternativa (PSOE) apenas si sube dos respecto a su hundimiento en las últimas elecciones generales. Mientras sus respectivos líderes, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, siguen cayendo en el ranking de la valoración ciudadana. Y, en paralelo, siguen creciendo los partidos pequeños de escala nacional (IU y UPyD), anticipando la fragmentación de un espectro político hasta ahora bipartidista.
En esas condiciones no hay razón para que el PSOE se frote las manos por haber recortado la distancia con el PP en más de 11 puntos en un año y su líder esté mejor valorado que el presidente del Gobierno. En un apagón da lo mismo ser ciego que ser tuerto. Sin embargo, los socialistas deberían aprender la lección que se desprende del epígrafe dedicado a los valores identificables con la derecha o con la izquierda por este último barómetro del CIS. Los españoles identifican mucho más con la derecha conceptos como tradición, orden o eficacia. Y con la izquierda conceptos como solidaridad, tolerancia y honradez. Para finalizar, lo que resulta evidente en este y otros sondeos publicados esta semana es que los políticos tienen que dar pasos para hacer las cosas de forma diferente. Además resulta ya apremiante ir hacia un nuevo pacto de convivencia similar al de nuestra transición democrática, antes de que la triple crisis actual (económica, política e institucional) haga irreversible el colapso del sistema.
Ángel Luis Jiménez Rodríguez

miércoles, 6 de febrero de 2013

El cansancio del hombre.


"Sucede que me canso de ser hombre" escribía Pablo Neruda y yo lo suscribo, pero añado ante tanta desvergüenza. Sobre todo porque no reaccionamos con indignación ante este camino posiblemente sin retorno de paro, corrupción generalizada y apatía moral. Habría que analizar las razones de este cansancio y de tanta apatía, si queremos recuperar el espíritu y las movilizaciones de la transición democrática. Nuestra democracia se está resquebrajando cada día y nos están conduciendo hacia una fría dictadura tecnocrática. Aunque también hay que decir que este cansancio o apatía no es total,  existen movimientos e iniciativas ciudadanas que no se rinden y siguen saliendo a la calle para exigir una respuesta a los voceros neoliberales y a tanta sinrazón en sanidad, educación y servicios sociales imprescindibles.
La reacción de nuestro Gobierno ante esas movilizaciones sociales ha sido la de imponer el miedo por temor a  perder su autoridad ante la crecida natural de ese río contestatario. Y no entiendo cómo la oposición no aprovecha esa fuerza de la calle o escucha sus razonadas propuestas. El Gobierno de Rajoy no quiere oír, ni saber de ese clamor popular, sin embargo acepta sin problemas que el Estado español viva en la actualidad secuestrado por instancias supranacionales. Tampoco le importa que desde las esferas del poder económico haya ataques continuos a nuestro sistema democrático recortando libertades para dejar sin respuesta e iniciativa a la ciudadanía movilizada.
En esta caótica situación estamos obligados a reflexionar personal y colectivamente sobre dónde estamos y hacía dónde queremos ir para no seguir un camino equivocado. Y debemos preguntarnos qué nos empuja al cambio y qué nos impide luchar por él como hicimos en la transición democrática. Pero esta reflexión no puede hacernos olvidar la acción, porque si no avanzamos hacia una sociedad más madura, participativa de verdad y con una sociedad civil fuerte, critica y honesta estaremos retrocediendo a épocas anteriores de triste recuerdo. No creo que esto pueda ocurrir porque soy optimista y sigo creyendo en el hombre.    
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

Malos tiempos para el empleo.


Termina el primer mes del año y los malos datos del desempleo continúan. El paro registrado subió en 132.055 persona hasta la cifra de 4.980.778 parados al final de enero. El dato llega apenas una semana más tarde que la Encuesta de Población Activa (EPA), que señaló que al final de 2012 la población en paro era de 5.965.400 personas. La diferencia entre un dato y otro -de casi un millón de personas- se explica por la distinta forma de medir el desempleo, más amplia en el caso de la EPA, y también por el periodo medido. La encuesta se refería al último trimestre del año, mientras que el paro mide las personas apuntadas en los servicios públicos de empleo durante enero.
La cifra de ocupados de nuestro país es la más baja de las cifras históricas registradas. Además, el 90% de los nuevos contratos que se firmaron en el mes de enero fueron temporales. Y la mitad de los indefinidos, a tiempo parcial, peores remunerados y con menores protecciones sociales. Sin embargo, el Partido Popular dice que “la reforma laboral frena mes a mes el ritmo de destrucción de empleo”. Y el alcalde de Algeciras y diputado de la nación por el PP, José Ignacio Landaluce, valora muy positivamente los datos, porque este es el segundo mes que Algeciras no pierde empleo, “mientras la tendencia a nivel provincial continúa siendo desfavorable”. Pero que visión más corta, pobre y cínica tienen sobre el paro los “señores” del PP. Landaluce comenta también estos datos diciendo que “no son cifras para alzar las campanas al vuelo, pero no deja de ser un claro signo de que el paro no es un enemigo invencible al que no se le pueda plantar cara”. Pero, ¿cómo le va a plantar cara al paro el señor diputado del PP viendo los resultados que nos han traído los recortes y reformas de su partido? Y ¿cómo puede vanagloriarse o presumir de que en Algeciras no se pierde empleo? Se pregunta, el señor Landaluce qué ocurre en el resto del Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz o en Andalucía. O piensa que al no ser los parados de Algeciras, no importan.
Estas cosas ocurren porque los españoles permitimos continuar en su escaño a una diputada, compañera de partido de Landaluce, después de decir de los parados “¡qué se jodan!”. Pero Landaluce, que es más correcto que su compañera diputada, Andrea Fabra, qué ha hecho para mejorar el empleo en los dos años que lleva como alcalde de Algeciras o en las varias legislaturas que lleva como diputado nacional. Que yo sepa votar sumisamente una reforma laboral que se suponía resolvería el problema del desempleo y que ha originado la pérdida en 2012 de dos mil empleos diarios, 84 parados a la hora. No sería conveniente, comprobado los pobres resultados de la reforma planteada hace un año por el Gobierno de Rajoy, escuchar otras voces, plantear otros modelos, en definitiva, realizar un cambio radical para acabar con esta grave frustración que supone conseguir un empleo para jóvenes y mayores. El empleo y la dignidad humana debería ser para nuestros políticos lo prioritario y no la sacrosanta economía.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

lunes, 4 de febrero de 2013

¿Puede ser la corrupción la norma?

Cada vez que alguien del PP me habla de los ERES de Andalucía para justificar lo que pasa en su partido con el caso Bárcenas, estimo que viene a decir que en España la corrupción es la norma, no la excepción, y que lo extraordinario se ha convertido en ordinario. Parece que tenemos que apoquinar con lo que hay. No podemos tener sanidad, educación, becas, servicios sociales etc… porque aquí robar dinero es lo normal. Y lo espeluznante se ha convertido en habitual. Los ciudadanos ya no tenemos duda de que los sobres existieron, que los recibos también, pero que ni el que pagó los sueldos, ni el que los cobró, ni el que los recaudó pasaran un solo día en la cárcel. Que eso es lo normal. Y si no tenemos el derecho al indulto, que aplica el Gobierno con la discreción de todos conocidas. Ante tanta impunidad la gente dice qué le vamos a hacer, los políticos son así. Y no piensa que lo que ocurre ahora es consecuencia del envilecimiento ocasionado por la burbuja inmobiliaria en nuestra sociedad, que ha ocasionado un daño tremendo a nuestras instituciones. Todos los días vemos a personas que nos parecían por encima de cualquier tentación criminal comportarse como vulgares mafiosos. Las consecuencias de tanta impunidad son brutales para el crecimiento económico y la salida de la crisis. El volver al crecimiento, la demanda y el empleo requieren que las instituciones funcionen y sobre todo que los ciudadanos se sientan seguros a la hora de tomar decisiones. Necesitamos Instituciones bien diseñadas, robustas, que garanticen la ley y el orden, el derecho de propiedad… y, sobre todo, controles sobre la arbitrariedad de los políticos. Porque los ciudadanos a la hora de tomar decisiones necesitan poder predecir sus consecuencias sin miedo a que el poderoso de turno intervenga. Algunos me dirán que corrupción hay en todas partes, no solo en España. Pero solo en países subdesarrollados tienen lugar estas conductas sin temor a pisar la cárcel. ¿Es España un país subdesarrollado? El país no puede y no debe tolerar más estas conductas escandalosas y la justicia debe funcionar, porque si no funciona este país no tiene arreglo. Así que los ciudadanos en esta difícil encrucijada deben hacerse esta pregunta, ¿Vamos a permitir que la corrupción sea la norma y no la excepción?
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

sábado, 2 de febrero de 2013

Islandia gana, la banca pierde.


Una gran noticia de esta semana, que ha pasado desapercibida en los medios españoles, ha sido que el Tribunal de la Asociación de Libre Comercio ha dado la razón a Islandia en su negativa de cubrir las pérdidas de depósitos de clientes británicos y holandeses en la entidad bancaria “Icesave”, filial del segundo banco del país. Los tres bancos principales de Islandia fueron  nacionalizados por el Gobierno de centroizquierda tras la quiebra del sector bancario en Octubre del 2008, aunque crearon depósitos bancarios para los residentes con el montante que tuvieran antes de la quiebra. Solo los acreedores o los inversores sufrieron las pérdidas bancarias. El Gobierno no aceptó trasladar ni trasladó estas pérdidas al resto de la población como ha ocurrido en España. Ahora, el Tribunal con sede en Luxemburgo ha rechazado la solicitud presentada por la autoridad supervisora de la Asociación de Libre Comercio, que consideró que Islandia había violado sus obligaciones de la directiva europea sobre esquemas de garantía de depósitos porque no garantizó el pago del monto mínimo de indemnización (20.000 euros en ese momento) a los clientes holandeses y británicos de la banca Islandesa.   
La Comisión Europea (CE) apoyó el argumento de las Autoridad supervisora, que ha sido ahora rechazado por el Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio. Esto supone una importante victoria para Islandia en su disputa con Holanda y Reino Unido por las indemnizaciones a ahorradores de estos países con depósitos en bancos quebrados de Islandia. El Gobierno británico incluso llegó a utilizar su legislación antiterrorista para congelar activos islandeses y así presionar al Gobierno a pagar. También a través de la Unión Europea (UE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), bloquearon en su momento el pago de plazos de la ayuda internacional a Islandia a la espera de que se resolviera el "caso Icesave". Y además, obstaculizaron el progreso de negociación para el ingreso de Islandia en la UE. Pero el  Gobierno islandés no cedió, aunque si consultó en dos ocasiones al pueblo islandés sobre el pago de las deudas bancarias de “Icesave” que los ciudadanos rechazaron también dos veces en referéndum.
                                                                       
Este rechazo de los ciudadanos a asumir deudas bancarias ha librado a Islandia del destino de Grecia, Irlanda o España. El Gobierno de Islandia determinó tras su quiebra bancaria qué deuda era moralmente asumible y debía la sociedad ayudar a pagar y cuál no. ¿Por qué no lo hizo España? Me pregunto, cómo un pequeño país como Islandia se ha enfrentado al poder financiero europeo y a dos grandes países como el Reino Unido y Holanda, y sin embargo, España se ha sometido al mismo poder financiero asumiendo una deuda que no le corresponde al Estado y que al final pagará la sociedad española. Deuda que hipoteca nuestro futuro y el de nuestros hijos. Pero está claro que la diferencia entre Islandia y España está en que allí hay un gobierno eficaz, ajustado a la realidad económica, con sentido común y que no traslada a los ciudadanos las deudas de los bancos.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

viernes, 1 de febrero de 2013

Un “Watergate” en el corazón del PP.


En 1976, presentando en París la película “Todos los hombres del presidente”, Robert Redford afirmó “creo que Nixon era el tipo de persona ideal para llegar a ser presidente. Es un hombre  tan vacío  tan sin propia personalidad que resulta perfecto para tomar como suyo toda la serie de elementos que componen la sociedad. Como hombre no era nada, ni inteligente, ni popular, ni simpático, ni moral, ni nada. Era, por tanto, un hombre hecho solo por el éxito. Era perfecto”.  Rajoy parece que también era perfecto para sustituir a Aznar por razones similares. Y si no lo era, acaba de desperdiciar una ocasión única para mostrar su sentido de la oportunidad, decisión y altura de estadista para resolver el caso Bárcenas sin temblarle la mano. Pero Rajoy sigue dejando pasar el tiempo y con el clásico decir sin decir nada. Si Nixon y el Watergate fueron los símbolos de la inmoralidad de un país, Rajoy y el caso Bárcenas podrían serlo también del nuestro. Y aunque está fuera de toda duda la legitimidad que le ofrecen a Rajoy los votos de las pasadas elecciones generales y su mayoría parlamentaria, un gobernante que trabaja subido a andamios tan peligrosos precisa de algo más que de votos. Necesita la legitimidad moral de tener las espaldas cubiertas por un partido unido, que no lo está, y de conducta intachable, que no lo es. Sin embargo, Rajoy ni afirma ni niega; se limita a esperar la evolución judicial y la auditoria interna que ha encargado sobre las cuentas de Bárcenas. A la justicia le corresponde establecer las responsabilidades penales, pero las responsabilidades políticas necesitan un ritmo más rápido y no seguir dándole vueltas y vueltas. Y eso es lo que ocurrió cuando Rajoy se presentó en el Congreso para responder preguntas de la oposición sobre este asunto. Estos señores del PP siguen sin enterarse de nada y sin darse cuenta que con su actitud llevan la credibilidad pública del sistema representativo y nuestra democracia a un estado comatoso, sino está ya en estado terminal.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez

La sanidad pública como bandera.


Una noticia me llamó la atención la semana pasada, la detención en la noche del jueves de cinco personas por increpar y tratar de agredir a un facultativo del servicio de Urgencias del Hospital Punta Europa de Algeciras cuando trataba a un paciente que resultó ser familiar de estas personas. Las detenciones fueron realizadas por la Policía Nacional que acudió alertada por el 091 debido a la presencia de un grupo de 25 a 30 personas que alteraban gravemente el orden público y perjudicaban con su actitud el normal funcionamiento del centro médico. Las dotaciones de Policía Nacional y Local que se personaron en el Hospital comprobaron que se había producido "un gran tumulto con agresiones y amenazas". Y después de controlar la situación, los agentes procedieron a identificar y detener a los presuntos agresores por desórdenes públicos y atentado a funcionario en el ejercicio de sus funciones. Por estos hechos los detenidos, con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.
No hay justificación alguna para la actitud de estas personas y la Justicia deberá sancionar, si hubo delito, estos comportamientos. Hay personas que olvidan que para tener derecho hay que cumplir obligaciones. Y no se puede permitir que se hagan responsables de las carencias de la sanidad pública a sus profesionales, que cada día tienen menos medios, más horas de trabajo y menos sueldos por las medidas de austeridad del Gobierno Central que no garantiza una sanidad pública para todos y penaliza con motivo de la situación económica a los sectores más desfavorecidos. Ni se puede ocultar que este fin de semana había 26 personas esperando en Urgencias debido al “cierre de 47 camas”, según informaba el sindicato de enfermería (Satse), 31 de la planta de Ginecología y 16 del área de Paliativos de la Cruz Roja. Esta situación de colapso en el servicio de Urgencia, según el Satse se va a mantener en el tiempo, salvo excepciones. El remedio para esta situación es tener más medios, y para eso los responsables del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar se tendrán que poner las pilas haciendo todo lo posible para recuperar las camas cerradas.
Pero la gente parece que no se da cuenta o no se quiere enterar de que algunas de las medidas más duras del Gobierno de Rajoy para afrontar la crisis están relacionadas con la sanidad. De hecho, aprobó en el mes de abril del pasado año un decreto ley de medidas urgentes sobre el Sistema de Salud que ha tenido que recurrir la Junta de Andalucía al Tribunal Constitucional por no garantizar el derecho a la protección de la salud de todos reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. Hay que recordar que el Gobierno andaluz -con todos sus defectos que los tiene- ha hecho de la defensa de la sanidad pública una bandera con la que distinguirse de las comunidades gobernadas por el PP. Y que mucha de las cosas que están ocurriendo en la sanidad andaluza son producto de una campaña de los populares centrada en desacreditar nuestra sanidad y a sus profesionales difundiendo datos y cifras, en muchos casos inciertas, que pretenden ilustrar que en Andalucía se están privatizando hospitales como en Madrid o cerrando urgencias en zonas rurales como en Castilla La Mancha. Cuando lo que define a la sanidad andaluza, es un modelo público y solidario al que cada ciudadano contribuye en función de su renta y sin cuestionarse si otro que aporte menos al sistema debe recibir las mismas prestaciones. 

Ángel Luis Jiménez Rodriguez