domingo, 27 de septiembre de 2020

La Justicia telemática.


Este sábado se publicó en el BOE la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Esta ley regula medidas de carácter organizativo y tecnológico para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria sobre la Administración de Justicia y ampliar su aplicación temporal hasta el 20 de junio de 2021.

Hasta ahora algunos órganos judiciales habían adoptado medidas restrictivas para la actividad profesional de los abogados, ya fuera para acceder a las sedes y oficinas judiciales, consultar expedientes o incluso intervenir en las actuaciones judiciales, llegando al extremo de que en algunos Juzgados las declaraciones se realizan en la puerta de la oficina judicial o en pasillos, lugares inapropiados.

Estas prácticas conculcan gravemente el derecho a la intimidad de las personas que declaran, ya sea como investigados, víctimas o testigos, y afecta negativamente a la dignidad del derecho de defensa. Por lo que, fue denunciado por los Colegios de Abogados ante todos los organismos competentes, incluyendo el Consejo General del Poder Judicial.

Ahora, la ley establece la celebración de actos procesales preferentemente mediante la presencia telemática de los intervinientes para garantizar la protección de la salud de las personas y minimizar el riesgo de contagio, pero ¿se salvaguardan los derechos de todas las partes del proceso? Tengo mis dudas.

Menos mal que en el orden jurisdiccional penal, la celebración telemática se exceptúa en los supuestos de procedimientos por delitos graves, o cuando la acusación pida la prisión provisional o la pena de prisión superior a dos años, cuando la presencia física del acusado resulta necesaria.

La ley dispone que la atención al público se realice por videoconferencia, vía telefónica o a través del correo electrónico, de tal forma que se limita la atención presencial a los supuestos estrictamente necesarios y únicamente mediante cita previa.

Todo esto perjudica directamente el desempeño de la actuación profesional de los Abogados, cuya presencia ante los Tribunales y su acceso a las sedes y expedientes judiciales no puede ser limitada de ninguna manera.

Como abogada ya tengo señalados juicios telemáticos, pero no creo que su generalización sea la solución para nuestra maltrecha y colapsada Justicia. Sigue siendo necesaria la celebración presencial con la intervención de los ciudadanos asistidos de sus abogados ante el Juez, pero con la adopción de todas las medidas higiénico sanitarias precisas.


Publicado el día 22 de septiembre de 2020 en Europa Sur,

Buscando rastreadores

 

Hoy, por fin, termino mi confinamiento, tras 15 días desde un contacto estrecho. Se considera contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso confirmado de COVID, a una distancia menor de 2 metros y durante más de 15 minutos.

El protocolo es sencillo. Vigilancia y cuarentena durante los 14 días posteriores al último contacto con un caso confirmado. Realizar PCR a los contactos estrechos con el objetivo de detectar precozmente nuevos casos positivos. Y permanecer en el domicilio, mejor en una habitación individual, restringiendo al mínimo las salidas de la habitación, que siempre se realizarán con mascarilla quirúrgica.

Pues bien, en mi caso, este contacto se produjo el día 1 de septiembre, pero hasta el día 5 no confirmaron el diagnóstico, informándome del positivo y del confinamiento. El rastreador tenía mi nombre desde el primer momento, pero hasta el 8 de septiembre no recibí su llamada.

Tras el resultado negativo de mi PCR, hecha de forma voluntaria y en laboratorio privado, no he podido ponerme en contacto con el rastreador, ni he recibido ninguna llamada suya. Mi médico de atención primaria dice que los rastreadores están desbordados y es imposible hablar con ellos, que cuando pueda me llamará.

España sólo rastrea tres contactos por cada positivo. Totalmente insuficiente para hacer una detección precoz. Cómo esperan los responsables políticos controlar la pandemia si este servicio está saturado. Siendo vital tanto para los trabajos de rastreo como para la asistencia en Atención Primaria.

Por supuesto, nuestros profesionales no tienen culpa. Para hacer las cosas bien, hay que contratar y formar a personal sanitario para esta función, y no esperar a que haya nuevos brotes para actuar, como ocurre ahora.

En Andalucía, el personal sanitario de Atención Primaria está asumiendo labores de rastreo, la atención de los colegios próximos, más sus funciones habituales en los centros de salud.

Nuestra área sanitaria soporta la mayor tasa de contagios de la provincia de Cádiz, precisamente donde hay menos recursos. El Campo de Gibraltar parte con desventaja, el personal sanitario prefiere irse a otras zonas, con mejores condiciones laborales, mejores contratos y de mayor duración, además tenemos un déficit de camas hospitalarias.  

Así que, los pacientes de esta Comarca, y de Andalucía, estamos indignados, y con razón, porque no se atienden nuestras demandas y necesidades de forma adecuada, lo que denota una cada vez mayor debilidad de nuestro sistema sanitario público andaluz.


Publicado el día 15 de septiembre de 2020 en Europa Sur.

El miedo

 

Decía Lovecraft, maestro literario del terror, que “de todas las emociones humanas, la más antigua y más poderosa es el miedo, y de todos los miedos, el más antiguo y más poderoso es el miedo a lo desconocido”.

El miedo es una emoción desagradable, pero saludable, necesaria y adaptativa. Sin embargo, el miedo intenso y extremo lleva a un bloqueo emocional que, en muchas ocasiones, nos paraliza. La consecuencia es que nos anula la capacidad de reaccionar o de buscar soluciones.

La incertidumbre es la gran amiga del miedo. La incertidumbre me dice que no sé qué puedo hacer, ni qué puedo esperar, que no tengo control sobre la situación que me depara el futuro.

El temor a ser contagiado por el otro tiene su lógica en el contexto de una pandemia que se transmite a través del contacto humano. Lo irracional es pensar que solo lo portan los extraños, sobre todo, cuando en el entorno familiar se producen hasta cinco de cada diez contagios.

El miedo al contagio es una realidad con la que convivimos. Así lo reflejan los resultados de un sondeo, donde el 70% de los participantes ha admitido tener miedo de contagiarse por Covid-19 en su entorno más cercano.

El miedo se acentúa cuando a tu alrededor conocidos y amigos dan positivo, o cuando esta semana nuestros niños y niñas vuelvan al colegio y, sin embargo, desconocemos qué va a pasar en las aulas. Pero, utilicemos el miedo como palanca o punto de apoyo para sobrellevar este periodo de incertidumbre. Nos irá mejor.

En general, los niños reciben mejor que los adultos todas las medidas de prevención, si se les explica el porqué de las cosas. La solución no está en no llevar los niños a la escuela. El colegio no es una burbuja, ni puede serlo. Si el virus circula por la zona en la que está el colegio es tan probable contagiarse en el centro como en el entorno social y familiar.

Es importante que sepamos ver en los niños su capacidad de involucrarse en la autoprotección y protección de los otros, pues también son poderosos agentes de cambio. Y no olvidemos que no poder ir a la escuela es la mayor vulneración de los derechos del niño, porque no sólo se forman, sino que también socializan, y crean una identidad.

Recordemos siempre que si guardamos las medidas de seguridad no nos pasará nada. Y asumamos la idea de que todo en esta vida no se puede controlar. No puedes controlar tu vida al cien por cien y tampoco la vida de tu gente, tus familiares, tus seres queridos.

El virus es un problema global y solo se puede combatir con responsabilidad individual y comunitaria, solidaridad y civismo.


Publicado el día 8 de septiembre de 2020 en Europa Sur.

La vuelta al Cole

 

Este septiembre muchos colegios inician el curso sobrepasando las ratios, sin distancia de seguridad en las aulas y con una ventilación deficiente, algo habitual hasta ahora, pero de nuevo la pandemia nos evidencia otra de las fracturas del estado del bienestar.

El Real Decreto 132/2010, sobre requisitos mínimos de los Centros de Infantil, Primaria y Secundaria, señala que las aulas de infantil dispondrán de 2m2 por puesto escolar y una ratio, como máximo, de 25 alumnos por aula, pudiendo ser incrementado en un 10% para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía.

Asimismo, las aulas de primaria, secundaria obligatoria y bachiller dispondrán de 1,5 mpor puesto escolar siendo la ratio de 25 alumnos en Primaria, 30 alumnos en Secundaria Obligatoria, 35 alumnos en Bachiller, con la posibilidad del incremento del 10%.

La legislación se incumple sin Covid-19, pero la normativa sanitaria aprobada por los ministerios de Sanidad y Educación sobre salvaguardar la seguridad de los 1,5 metros de separación y la ratio de 20 alumnos, con o sin mascarilla, es inviable. Por eso, el acuerdo de medidas aprobado entre el Gobierno y las CCAA, deja la puerta abierta a sobrepasar las ratios. Los colegios podrán “flexibilizar” el número de alumnos.

Muchos centros educativos carecen de espacio para desdoblar clases, por mucho que los obliguen. Ya hace años que usan aulas multiusos, bibliotecas, patios y pasillos para dar cabida al aumento de estudiantes.

Nuestro Colegios e Institutos públicos se han quedado pequeños, están viejos, y masificados, y es imposible desdoblar grupos. Esa es la realidad de “la vuelta al cole”. Así que, una propuesta efectiva es la semipresencialidad, que el alumnado acuda a los centros en días alternos. Pero surge otro problema: la conciliación, que nadie se ha preocupado de solucionar. Estamos pagando años de privatización y expolio de lo público, de recortes y abandono de la educación.

Nuestros niños y adolescentes merecen que les ofrezcamos la posibilidad real de recibir una educación que no deje atrás a nadie y que les permita desarrollarse intelectual y personalmente. No solo nos estamos jugando el presente, sino nuestro futuro.

Nos jugamos demasiado como para seguir escuchando, día tras día, propuestas irrealizables, nacidas no sé si de la ignorancia, la desidia o el cinismo de quienes no entienden que un centro escolar es una comunidad viva, bulliciosa, compleja y llena de singularidades que no se puede gestionar sin el conocimiento práctico y justificado de quienes forman parte de ella.


Publicado el día 1 de septiembre de 2020 en Europa Sur.

Reducir la pobreza

 

La covid-19 ha hecho visibles las fracturas en el Estado del bienestar. En España, una de cada cinco personas vive bajo el umbral de la pobreza y una de cada cuatro está en riesgo de exclusión social.

Hay diversas formas de medir la pobreza. La más extendida es la tasa de pobreza relativa. Las personas están en riesgo de pobreza al vivir con unos ingresos inferiores al 60% de renta media.

En España supone tener una renta inferior a los 739 euros al mes en un hogar formado por una sola persona o 1.552 euros mensuales en un hogar formado por dos adultos y dos niños.

Ya entre 2007 y 2017 los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante subieron menos de un 2%. Al mismo tiempo, el Estado español prefirió recaudar un 5% menos de impuestos lo que supuso tener menos dinero para gastar en protección social.

Después de la recesión, la supuesta recuperación ha dejado a muchos atrás. Las políticas económicas han beneficiado a las empresas y a los ricos, mientras que los grupos menos privilegiados han tenido que recurrir a unos servicios públicos fragmentados que sufrieron grandes recortes después de 2008. Mientras las empresas están pagando la mitad de los impuestos que antes de la crisis a pesar de registrar fuertes beneficios.

Además, según la ONG Oxfam Intermón, durante la actual crisis las personas con menores ingresos perderán, proporcionalmente, ocho veces más renta que las más ricas, arrastrando a más de 700.000 personas a la pobreza.

La pobreza es un síntoma de la enorme desigualdad de renta y riqueza que tiene este país. Los niveles de pobreza son fruto de las decisiones políticas y tienen responsables, millones de perjudicados y unos pocos, muy pocos, beneficiados.

Necesitamos la solidaridad para salir de la pandemia y de la profunda crisis económica que vive la población española. Y debemos exigir a los gobiernos que los compromisos sean realidades, y las promesas sean hechos.

Algunas soluciones pasan por dar más poder de negociación a los trabajadores, hacer más costosa la contratación temporal para reducir su uso, mejorar las prácticas de contratación de las administraciones públicas, reforzar la inspección laboral y reducir el impacto que la subcontratación y los falsos autónomos tienen en la reducción de costes salariales.

Por supuesto, la justicia fiscal es la clave para garantizar que los gobiernos dispongan del dinero necesario para la protección social, una educación de calidad, una sanidad adecuada y los cuidados necesarios para tener una vida digna e independiente. 


Publicado el día 25 de agosto de 2020 en Europa Sur.

Un Plan Integral necesario

 

El Gobierno de España aprobó en 2018 una serie de medidas específicas para la comarca del Campo de Gibraltar. Su objetivo era impulsar la economía de la zona, reducir el desempleo y luchar contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales y la inmigración ilegal.

Este Plan integral hablaba de inversiones por valor de 810 millones para conexiones ferroviarias y viales, como la modernización y electrificación de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla; el proyecto de construcción del Acceso sur al Puerto de Algeciras; la redacción de los proyectos de la Variante exterior en la Bahía de Algeciras, el de desdoblamiento del túnel del Acceso Norte al Puerto de Algeciras, y el proyecto para mejorar la seguridad vial en el acceso a Tarifa.

También prometía la elaboración de un Plan Extraordinario de Empleo para Andalucía, con un apartado específico para el Campo de Gibraltar. Y un programa de subvenciones para la promoción y el estímulo de la actividad industrial, el comercio y el turismo, así como un plan para la modernización del comercio minorista.

Sin embargo, hasta ahora, por falta aprobación de los presupuestos generales del Estado, sólo se ha procedido al incremento y actualización de los medios materiales y tecnológicos para combatir el narcotráfico y el contrabando. Es decir, se ha desarrollado un Plan Especial de Seguridad, pero nada más.

A la luz de todas estas medidas, y al no haber contado con el tejido asociativo, los colectivos sociales integrados en la Plataforma Social del Campo de Gibraltar presentaron su propia versión del Plan Integral, detallando criterios específicos para su elaboración y exponiendo los diferentes problemas sociales y medioambientales de la Comarca.

Su propuesta pasa por crear una Mesa Comarcal donde estén los Ayuntamientos, la Mancomunidad, el Gobierno andaluz, el Gobierno central y los movimientos sociales de la Comarca, y entre todos se construyan soluciones a los graves problemas de esta zona. Por supuesto, la redacción de este Plan Integral correspondería a un equipo interdisciplinar de expertos.  

Ahora, tras la pandemia del virus covid-19, y con la llegada de las ayudas europeas, el modelo de reconstrucción para el Campo de Gibraltar debe aunar ambas propuestas, porque el Plan Integral debe nacer de un trabajo conjunto de todos sin dejar a nadie atrás, pero con las prometidas inversiones en infraestructuras. En esta tarea somos todos necesarios si queremos salir de esa economía subdesarrollada y deprimida que ha sido a lo largo de su historia el Campo de Gibraltar. Es nuestra hora. 


Publicado el día 18 de agosto de 2020 en Europa Sur.

Mi utopía


España es una Monarquía parlamentaria. El rey como Jefe de Estado ejerce el poder regulado por el parlamento y el ejecutivo. Su principal atribución es simbólica. Así lo reconoce el Artículo 56 de la Constitución española.

Sin embargo, estas semanas he sentido vergüenza ajena ante tanto despropósito, cutre y sórdido, de una institución que debe ser intachable, pero que dista mucho de serlo.

Cómo puede tener legitimidad democrática esta institución cuando niega la esencia de la democracia: la abolición de los privilegios de sangre, la igualdad de todos ante la ley y la libre elección de nuestros representantes.

El sistema democrático exige que todos los poderes públicos sean de duración limitada y origen electivo. Acceder a la Jefatura del Estado teniendo como único mérito haber nacido en una determinada familia, en un determinado orden cronológico, supone una grave ruptura del principio democrático.

El Estado de Derecho es seguramente el mayor logro en política de la humanidad, su simple violación por parte de un sistema monárquico debería ser suficiente para preferir un sistema republicano. Aunque una república no es garantía de bienestar o de democracia, son sus valores y la ejemplaridad de los servidores públicos los que dan carácter al modelo.

Esos valores tienen un hilo conductor: el pueblo se autogobierna y protege la libertad; todos son iguales ante la ley; el Estado se fundamenta en el derecho y el imperio de la ley; la igualdad de oportunidades como esencia democrática; la participación ciudadana como marco de referencia; los derechos civiles y la transparencia como oposición a la corrupción política.

En esta estructura no cabe la monarquía, que es antidemocrática por naturaleza, opaca por convicción, y está alejada de las necesidades y los intereses reales de la gente. Ya habrán deducido mis preferencias, aunque no creo que todos los males se terminen por instaurar una república.

Soy republicana, pero sin aspavientos. Ojalá alguna vez pudiera expresarlo en una urna, no tendría ninguna duda. Una institución hereditaria es un sin sentido. Además, “pertenezco a esa clase de locos que anuncian utopías que al día siguiente son realidades” como decía Blasco Ibáñez.

Aspiro a un modelo políticamente abierto, participativo y democrático; un modelo que promueva una sociedad crítica y responsable; un modelo sustentado por principios y valores de libertad, igualdad y justicia social, blindados por la Constitución para evitar que los gobiernos de turno ataquen los fundamentos del propio Estado. Esa es mi utopía.


Publicado el 11 de agosto de 2020 en Europa Sur.