Los movimientos de población son un fenómeno natural que no constituye ni una anomalía ni una amenaza, pero no dejarán de estar en la agenda política de todos los países. Nadie debería sorprenderse de que los seres humanos busquen un futuro mejor para sí mismos y sus familias.
Ningún país puede por sí solo gestionar la migración. Su naturaleza es intrínsecamente transnacional, como lo es también el cambio climático, un factor que influye en los desplazamientos de las personas como la inseguridad, la pobreza o la simple falta de oportunidades.
El Pacto de Marrakech por una Migración Segura, Ordenada y Regular fue aprobado por 160 países, incluyendo España, y adoptado formalmente como Resolución de la Asamblea General de la ONU el 19 de diciembre de 2018.
Este Pacto establece un modelo de responsabilidad compartida donde es posible maximizar las ventajas de las migraciones para los países de origen, tránsito y destino. Traza 23 objetivos que abordan el fenómeno en todas sus dimensiones garantizando los derechos humanos, erradicando las vulnerabilidades de los migrantes durante todo el ciclo migratorio y garantizando su acceso a los servicios sociales básicos.
Sin embargo, el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea no ha recogido partes de esos 23 objetivos de Naciones Unidas y, los más importante, ha eliminado el principio de solidaridad europea al no proponer ningún mecanismo que obligue a todos los Estados miembros a hacerse responsables de la acogida. Esta decisión supondrá que países fronterizos como España y Grecia sigan como hasta ahora, gestionando en solitario las demandas de asilo al tratarse de países de entradas.
Resulta inquietante que la Unión Europea haya asimilado los discursos antiinmigración de la extrema derecha frente a sus valores de defensa y protección de los derechos humanos, en un claro guiño a gobiernos como los de Hungría o Polonia, que demandan posturas más duras.
Varios diputados de Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde propusieron, esta pasada semana en Algeciras, una Propuesta alternativa donde todos los Estados europeos deberían implicarse en la gestión de la migración. Esta propuesta pretende contribuir al debate europeo de la migración que aún está lejos de cerrarse.
Preocupa que la Comisión Europea se esté distanciando de los valores fundacionales de la Unión como son preservar y defender la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Qué nos quedará.
Publicado el 20 de octubre de 2020 en el Europa Sur.
