El agua es un bien esencial pero escaso. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, porcentaje que sigue aumentando por el cambio climático. Además, más del 80% de las aguas residuales resultantes de la actividad humana se vierte en los ríos o en el mar sin ningún tratamiento.
En España, el 45% de los ríos, humedales y estuarios, y el 44% de los acuíferos están en mal estado. La contaminación de estos recursos, los cambios morfológicos (presas, grandes embalses) o la extracción excesiva de caudales siguen siendo las principales amenazas para la salud de estos ecosistemas.
En Andalucía la Agencia Andaluza del Agua utiliza desde hace una década un discurso ambientalista, pero incumple la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea cuyo objetivo es prevenir y reducir la contaminación, promover un uso sostenible del agua, proteger y mejorar el medio acuático y paliar los efectos de las inundaciones y sequías.
Las organizaciones ecologistas han denunciado que la política andaluza del agua es obsoleta, no sigue los preceptos de la Directiva de la UE, y va contra la conservación de los ecosistemas acuáticos.
Los principales problemas son los vertidos de aguas residuales sin depurar por falta de depuradoras o porque las existentes funcionan mal, y el escaso control sobre los recursos subterráneos que ponen en peligro el abastecimiento urbano y las áreas protegidas como el Parque Nacional de Doñana.
Los acuíferos son las mejores reservas de agua, porque no son tan sensibles a las sequías como los embalses, sin embargo, en las cuencas del Guadalquivir y Mediterránea Andaluza, la mayoría de sus acuíferos están contaminados. Y los acuíferos costeros están sobreexplotados debido a la fuerte presión que ejercen los regadíos, el ladrillo y los campos de golf.
Gracias a la aplicación de la legislación europea, la calidad del agua dulce ha ido mejorando gradualmente. Esta legislación ambiciosa obliga a los países a alcanzar el buen estado ecológico antes de 2027.
En España no se aplica, y como consecuencia en julio de 2018 nos multaron por la nula o mala depuración de nuestras aguas residuales. Ante los incumplimientos, las penalizaciones han superado los 32,7 millones de euros, la mayor sanción que hemos tenido que pagar nunca a Bruselas. Además, el Gobierno estima que hasta 2023 no se solventaran todos estos problemas.
Así que, es esencial recuperar la buena salud de ríos, acuíferos y humedales porque es nuestro mejor seguro ante el cambio climático.
Publicado en Europa Sur el 14 de julio de 2020
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