Esta semana
después de 17 pronunciamientos judiciales contra el hotel “El Algarrobico” en
la playa del mismo nombre, nos enteramos que según el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA) la licencia municipal de obras es firme y no puede pedirse
su nulidad por el cuestionamiento del plan que lo rige. El mismo tribunal ha
fallado en dos sentidos contrarios sobre el mismo suelo en 2012 y 2014, por lo
que será el Tribunal Supremo el que unifique esta disparidad.
Hoy después de
leer esta información me he acordado de la adaptación que el director Alan J.
Pakula realizó de la novela “El Informe
pelícano” de John Grisham. La película gira en torno a una estudiante de
Derecho que elabora una teoría para explicar el asesinato de dos magistrados
del Tribunal Supremo. El motivo sería la sustitución de estos por otros magistrados
que dictarían una sentencia más favorable o benévola a un proyecto muy agresivo
contra un espacio natural de flora y fauna (pelícanos) en el sur de Estados
Unidos.
La película es
visualmente impecable, con un guión sólido y muy bien construido. Aunque yo no quiero hablar de cine, sino
recordar que en los conflictos entre espacios naturales
e intereses económicos siempre priman los intereses económicos, lo que afecta a
todo el proceso, incluidos los procedimientos judiciales. Y eso está ocurriendo
con el Algarrobico y creo que también ocurrirá con Valdevaqueros.
El embrollo judicial del Algarrobico se inicia en 2003 cuando
el Ayuntamiento de Carboneras concede la licencia para construir el Hotel. Los
ecologistas solicitan al fiscal que investigue esta licencia. Posteriormente un
juez paraliza de forma cautelar la obra del complejo hotelero porque podría
vulnerar la ley de Costas. En 2012, después de nueve años, el Tribunal Supremo
dictamina que el hotel vulnera la ley de Costas, pero la sentencia no se cumple
ni se ejecuta. Y hasta hoy, pues el día 30 de julio se hace pública una nueva sentencia
del Tribunal Andaluz que considera urbanizable el terreno sobre el que se
asienta el hotel, cuando hace dos años decía lo contrario.
Este es un
litigio judicial en el que se pierde cualquiera, aunque sea un profesional del
derecho. El hotel “El Algarrobico” es un ejemplo curioso: la mayoría de las
administraciones que exigen su demolición son las mismas que otorgaron las
licencias para levantarlo. Y el conflicto es tan extraño que los jueces de una
sala están en desacuerdo con los jueces de la sala contigua, a pesar de
acumular más de una decena de fallos judiciales -tres en el Supremo y cuatro en
la Audiencia Nacional- que abogan por su demolición.
El cambio de
criterio ocurrido cuando han cambiado los jueces es lo que me ha recordado “El informe pelícano”. En una querella
presentada por prevaricación, los ecologistas denuncian que el cambio de los jueces se produjo solo
unos días antes del fallo. Y las partes personadas no supieron hasta un mes
antes de la sentencia que quien deliberaría sobre el caso no sería la sala
Primera sino la Tercera de lo Contencioso-administrativo del TSJA. La Junta,
que recurrirá de nuevo ante el Supremo, critica la “desprotección”
generada a partir de esta sentencia contradictoria e IU habla de una decisión
“aberrante” y de “extrañas maniobras judiciales”.
Susana Díaz, la presidenta de la Junta, dice que en este
caso irá hasta al límite legal para que una barbaridad de este tipo no siga
adelante. El Gobierno central le tiende la mano y estudiará si cabe presentar
un recurso fundado. ¿Nos lo creemos? A estas alturas de la película lo único
que me creo es el anuncio de una querella criminal de Salvemos Mojacar contra
los magistrados de la sala Tercera del TSJA. No será la primera, ya presentaron
otras con anterioridad que han terminado archivadas, pero dicen que sin riesgo
de fracaso no se puede hablar de
triunfo.
Ángel Luis Jiménez Rodríguez
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