sábado, 9 de agosto de 2014

El Algarrobico y el Informe pelícano.

Esta semana después de 17 pronunciamientos judiciales contra el hotel “El Algarrobico” en la playa del mismo nombre, nos enteramos que según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la licencia municipal de obras es firme y no puede pedirse su nulidad por el cuestionamiento del plan que lo rige. El mismo tribunal ha fallado en dos sentidos contrarios sobre el mismo suelo en 2012 y 2014, por lo que será el Tribunal Supremo el que unifique esta disparidad.

Hoy después de leer esta información me he acordado de la adaptación que el director Alan J. Pakula realizó de la novela “El Informe pelícano” de John Grisham. La película gira en torno a una estudiante de Derecho que elabora una teoría para explicar el asesinato de dos magistrados del Tribunal Supremo. El motivo sería la sustitución de estos por otros magistrados que dictarían una sentencia más favorable o benévola a un proyecto muy agresivo contra un espacio natural de flora y fauna (pelícanos) en el sur de Estados Unidos.

La película es visualmente impecable, con un guión sólido y muy bien construido. Aunque yo no quiero hablar de cine, sino recordar que en los conflictos entre espacios naturales e intereses económicos siempre priman los intereses económicos, lo que afecta a todo el proceso, incluidos los procedimientos judiciales. Y eso está ocurriendo con el Algarrobico y creo que también ocurrirá con Valdevaqueros.

El embrollo judicial del Algarrobico se inicia en 2003 cuando el Ayuntamiento de Carboneras concede la licencia para construir el Hotel. Los ecologistas solicitan al fiscal que investigue esta licencia. Posteriormente un juez paraliza de forma cautelar la obra del complejo hotelero porque podría vulnerar la ley de Costas. En 2012, después de nueve años, el Tribunal Supremo dictamina que el hotel vulnera la ley de Costas, pero la sentencia no se cumple ni se ejecuta. Y hasta hoy, pues el día 30 de julio se hace pública una nueva sentencia del Tribunal Andaluz que considera urbanizable el terreno sobre el que se asienta el hotel, cuando hace dos años decía lo contrario.

Este es un litigio judicial en el que se pierde cualquiera, aunque sea un profesional del derecho. El hotel “El Algarrobico” es un ejemplo curioso: la mayoría de las administraciones que exigen su demolición son las mismas que otorgaron las licencias para levantarlo. Y el conflicto es tan extraño que los jueces de una sala están en desacuerdo con los jueces de la sala contigua, a pesar de acumular más de una decena de fallos judiciales -tres en el Supremo y cuatro en la Audiencia Nacional- que abogan por su demolición.

El cambio de criterio ocurrido cuando han cambiado los jueces es lo que me ha recordado “El informe pelícano”. En una querella presentada por prevaricación, los ecologistas denuncian  que el cambio de los jueces se produjo solo unos días antes del fallo. Y las partes personadas no supieron hasta un mes antes de la sentencia que quien deliberaría sobre el caso no sería la sala Primera sino la Tercera de lo Contencioso-administrativo del TSJA. La Junta, que recurrirá de nuevo ante el Supremo, critica la “desprotección” generada a partir de esta sentencia contradictoria e IU habla de una decisión “aberrante” y de “extrañas maniobras judiciales”.

Susana Díaz, la presidenta de la Junta, dice que en este caso irá hasta al límite legal para que una barbaridad de este tipo no siga adelante. El Gobierno central le tiende la mano y estudiará si cabe presentar un recurso fundado. ¿Nos lo creemos? A estas alturas de la película lo único que me creo es el anuncio de una querella criminal de Salvemos Mojacar contra los magistrados de la sala Tercera del TSJA. No será la primera, ya presentaron otras con anterioridad que han terminado archivadas, pero dicen que sin riesgo de fracaso no se puede  hablar de triunfo.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

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