El endurecimiento del Código Penal, que prepara el Gobierno de Rajoy, no tiene sentido porque nuestro Código es uno de los más duros de Europa con penas de hasta 40 años para determinados delitos. Además, tenemos una de las menores tasas de delincuencia de la Unión Europea. La prisión permanente revisable -una especie de cadena perpetua-, que se va a incluir en esta reforma, tiene un dudoso encaje constitucional, ya que el artículo 25 de la Constitución Española dice que el fin último de la pena es la reinserción social. El PP se ha dejado llevar para esta reforma por un populismo punitivo, que es lo peor para revisar un Código Penal. Pero, lo que más me preocupa son las medidas relacionadas con la alteración del orden público, porque afectarán a los derechos constitucionales de mucha gente. El Gobierno contempla endurecer las penas para evitar las manifestaciones y la respuesta social a sus políticas. El Derecho Penal vigente ofrece respuesta a la alteración del orden público, pero las nuevas medidas represivas y populistas -dicen proteger la seguridad personal y la propiedad- pretenden restringir derechos como los de manifestación, asociación y expresión en las protestas ciudadanas. Y no importa si se han seguido cauces pacíficos y democráticos. Para este Gobierno toda protesta o movilización ciudadana es criminalizada y condenada, y eso si antes no ha conseguido abortarla con el miedo o la represión. Se ha visto en la manifestación del pasado 15 de septiembre y se está viendo hoy, 25 de septiembre. Y al pueblo entonces… solo le queda la calle para pronunciarse democráticamente.
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