A
nuestro alcalde Ignacio Landaluce y a su Concejal de Hacienda, Luis Ángel
Fernández, se les llena la boca en cualquier declaración o pleno municipal hablando
del dinero que dedicamos en los presupuestos municipales a la emergencia social
o a tratar de garantizar un techo a los desalojados de sus viviendas, por no
hablar de de la pobreza energética y del consumo mínimo vital de agua, luz y
gas.
A esta
falta de transparencia y confusión hay que darle un poco de luz, unas veces hablan
de 15 millones de euros y otras de la mitad 7,5 millones de euros, pero el
total presupuestado son 5,7 millones de euros. Dinero presupuestado, aunque no
gastado. Para bienestar social 3,5 millones de euros, vivienda 1 millón de
euros, y fomento de empleo 1,2 millones de euros. De ese total el 71%, más de 3,7
millones de euros, son gastos de personal municipal. Es decir, que de cada diez
euros que gastamos en temas sociales casi siete se los lleva el personal
municipal que gestiona estos dineros para tan buen fin.
Y si
entramos en detalle medio millón de euros van directamente a pagar deudas de la
desaparecida empresa municipal de la vivienda, EMUVIASA, así que no son ni 15,
ni 7, ni 5, sino sólo 1,5 millones de
euros los que dedica el Ayuntamiento a políticas sociales. Y si deducimos de
ese millón los 820.000 euros presupuestados para gastos de ayuda a domicilio,
solo quedan 680.000 euros para gastos sociales, realojos o ayudas de viviendas e iniciativas
por el empleo. Así que un poco de transferencia y verdad, ¡por favor!, que ya no
engañan a nadie y los números menos.
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