El
artículo 47 de la Constitución Española dice “Todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes
para hacer efectivo este derecho [...]”.
Me figuro que cuando la Constitución dice digna y adecuada,
se refiere a los servicios básicos como el agua, el gas y la luz. Así que hoy
es un buen momento para hablar de uno de esos servicios básicos, la luz. Sobre
todo por sus continuas subidas de precio o por algo más extraño y de lo que
habla permanente el Gobierno, el déficit tarifario. Unos días el ministro de
Industria, señor Soria, nos dice a los ciudadanos que la luz no subirá y otros
nos avisa de lo contrario, que subirá, pero que todo depende del déficit
tarifario.
Pero, ¿qué es el déficit tarifario? Para aclararnos hay que
decir que este es un concepto inventado por Rodrigo Rato para ayudar a las
eléctricas cuando tenía cartera de vicepresidente en el Gobierno de Aznar. Y
hasta hoy. La definición es sencilla: el déficit tarifario es la diferencia
entre lo que cuesta generar electricidad y el precio que pagamos los españoles
en la factura. Nos dicen que este déficit tarifario está “perfectamente”
cuantificado en 26.000 millones de euros acumulados.
Ahora bien, la mayoría de los españoles nos preguntamos cómo
se ha calculado esa cifra. Quién la ha proporcionado. Y basándose en qué
informes. Por supuesto, la cifra ha sido calculada y cuantificada por las
empresas eléctricas y, por increíble que parezca, ha sido asumida por el
Gobierno tal cual. Sin dudarla. Sin comprobarla. Sin auditarla. Sin embargo,
cosa extraña ¿o no?, la Comisión Nacional de la Energía si audita las
productoras eléctricas de energía renovables. ¿Por qué?
Así que una vez más tenemos una deuda generada en un sector
privado que, por arte de birlibirloque, pasa a ser pública. Pero no tan
pública, porque en julio el ministro Soria promulgó la siguiente
fórmula como solución para reducir en 4.500 millones el déficit tarifario
durante el 2013: 2.700 millones los pondrían las compañías productoras y 1.800
los ciudadanos. De esta última cifra, 900 millones los pagaremos como
consumidores (la tarifa subió con este argumento el 1 de agosto más de un 3%);
de hecho, la mayor parte del importe de nuestra factura de luz se va para este
concepto. y los otros 900 millones, como contribuyentes con impuestos
indirectos.
Nos quedamos tranquilos, pero llegó el otoño... y en octubre
la luz subió de nuevo, por cuarta vez, este año. Pero aún hay más. Hace unos
días el ministro de Industria anunció que la cosa empeora y anuncia otra subida
a partir del 1 de enero de 2014. ¿Por qué? Está claro, por el enigmático y
misterioso déficit tarifario. Así que ahora el ministro donde dijo Digo, ahora
dice Diego. Ya hace siete años que los españoles llevamos sufriendo subidas en
el coste de la luz de hasta un 67%. Subidas que cada vez tienen menos que ver
con la crisis y más con la estafa.
Las empresas eléctricas de nuestro país (Iberdrola, Gas
Natural Fenosa y Endesa) no son empresas con pérdidas por ese déficit
tarifario, déficit nunca auditado, sino que por el contrario para el 2013
duplicaran beneficios en relación a sus homólogas europeas según datos de las
propias empresas. Ya en 2012 aparecían en el ranking de las
diez eléctricas europeas con más ganancias. Además tienen entre sus máximos
accionistas a bancos patrios, Gobiernos extranjeros y fondos de inversión de
“alto nivel”. Me figuro que por algo será.
En fin, según el Gobierno hay que resignarse a que la luz
cueste lo que digan las eléctricas para que generen beneficios, ya sea vía
consumo o déficit tarifario. Así que los pequeños consumidores poco pueden hacer en defensa de su bolsillo
mientras que a este Gobierno le preocupen más los beneficios de las empresas
eléctricas y su cotización en bolsa, que los intereses de la gente llana como
sería lo normal. Aunque con nuestro voto podemos cambiar estas actuaciones. ¿Lo
haremos?
Ángel Luis Jiménez Rodríguez
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