En un video colgado en YouTube el año pasado decía Izquierda Unida que
la crisis acabará cuando el miedo cambie de bando.
Esto me recuerda lo que decía Thomas Jefferson, tercer presidente de los
Estados Unidos de América y uno de los Padres Fundadores de la Nación
americana: “Cuando el gobierno teme al pueblo se vive en libertad, pero cuando
el pueblo teme al gobierno se vive en la tiranía”. El miedo es la clave: los
que sufren lo tienen, los culpables no temen nada, y eso tiene que cambiar.
Los insultos y las amenazas de los poderosos para crear miedos son
siempre rechazables, pero entre nuestros diputados del Congreso mucho más. Y cuando
se producen de un ministro a un diputado merecen la descalificación más
contundente. Fue el caso del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,
replicando en el Congreso de los Diputados de manera alterada y con insultos
del estilo “Usted dice tonterías y es ridículo” o “Pero quien se ha creído que
es Usted” a las críticas del diputado socialista Eduardo Madina sobre el
controvertido anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que ha merecido desde
su presentación en el Consejo de Ministros las descalificaciones más
contundentes.
Las formas del ministro recordaban a las de otros tiempos, sintetizadas
en el “Usted no sabe quién soy yo”. Y verdaderamente daban un poco miedo, sobre
todo por el talante poco democrático, irracional y regresivo de quién tiene la
obligación de velar por la seguridad de todos los españoles. Actuaba al
contrario de lo que es su obligación, la cortesía parlamentaria y el respeto
debido por el lugar donde se celebraba el debate, pues todos pudimos contemplar
como intentaba meterle miedo al portavoz del principal partido de la oposición.
No sé si era un aviso para él o para el común de los ciudadanos.
Y es que la Ley de Seguridad Ciudadana, inspirada en la Ley de Vagos y
Maleantes del régimen franquista, da miedo. Esta ley supone la definitiva
vuelta del franquismo más descarado. Y por si no teníamos ya bastantes indicios,
ahí va una muestra. Penalizará y limitará las protestas, el derecho de
manifestación y cuanto moleste a los gobernantes y a la policía mandada por
ellos. Las multas serán demenciales y se castigará cualquier insumisión o
desacuerdo o lo que las propias fuerzas del orden consideren “amenazas,
insultos, coacciones, injurias o vejaciones” contra los agentes. Es decir,
éstos podrán moler a palos a los manifestantes, y ellos no podrán responder de
ningún modo, ni siquiera legal.
Esta ley con multas inicialmente de hasta 600.000 euros, aunque con la
posibilidad de revisarlas posteriormente, echa a los ciudadanos a los pies de
los caballos y blinda a los policías y a los políticos que se sirvan de ella.
Sin duda, lo propio de un Estado policial, porque las denuncias de los policías
tendrán presunción de veracidad y, por tanto, será el denunciado quién deberá
demostrar que lo dicho por los agentes es falso. Esto es la justicia al revés,
la negación de esta. La vuelta a la ley de la selva, es decir, la ley del
más fuerte, esa ley por la que se establece que no hacen falta leyes, ni normas
protectoras, ni regulaciones de ningún tipo.
Así que a los desprotegidos ciudadanos no nos hace falta esta ley
policial sino la revisión de la ley electoral y unas elecciones anticipadas. Y
no tenerle miedo al miedo o confundir el miedo con sus causas, que son a las
que hay que temer y combatir. Pero sobre todo lo que hay que hacer es luchar
para que el miedo cambie de bando.
Ángel Luis Jiménez Rodríguez
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