La teoría de la culpa aplicada a la educación.

El ministro de educación, José Ignacio Wert, se reunió ayer con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas. En esta conferencia sectorial les informó de la intención del Gobierno de llevar el próximo viernes al Consejo de Ministros un plan de ajustes y reformas del sistema educativo para hacer frente al nuevo recorte de 3.000 millones. El ministro fue muy contundente en su declaración a los consejeros, “las medidas tienen que empezar a aplicarse cuanto antes”. Y recordó que “el objetivo de déficit del 1,5% para las comunidades autónomas había pasado de ser un opción a ser una obligación”. Así que no hay margen de maniobra. Las comunidades que no hagan lo que les va marcar el Gobierno en su plan de ajuste en educación “sentirán el mazo de la ley de Estabilidad Presupuestaria con todas sus consecuencias”. Volvemos de nuevo a la teoría de la culpa que utiliza la derecha, la educación está muy mal y “hay que ponerla a salvo, porque los cimientos se tambalean por culpa de la política anterior”. Las medidas de castigo anunciadas por el ministro serán seis. Una, aumento de la ratio de alumnos por aula hasta un veinte por ciento -sin tener en cuenta las peculiaridades de cada autonomía, no es lo mismo donde crece poco la población infantil que donde crece mucho como Andalucía-; dos, imposición de un mínimo de de 25 horas lectivas en Primaria y 20 en Secundaria; tres, no cubrir las bajas del profesorado inferiores a las dos semana; cuatro, aplazar el cambio de los ciclos formativos previstos en FP; cinco, congelar o reducir los complementos salariales y seis, dar la posibilidad a los centros de ofrecer sólo ciencia o letras. Pero, si como dice el ministro estas medidas son más eficientes que las existentes -lo cual no es verdad-, porque el PP no se plantea hacerlas definitivas. Todas esas medidas de castigo son una completa regresión educativa, que afectará -sin duda- a la calidad educativa, generará conflictos y confrontaciones institucionales y aumentará mucho más el paro. Sólo en Andalucía se estima que 15.000 interinos irán a la calle, aunque el ministro dice que son “no renovaciones de contratos”. Y mañana nos toca más, pero en la sanidad. Cuánto más de nuestro Estado de Bienestar va a entregar este Gobierno a los mercados.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez