Un decreto incoherente, inmoral e injusto.

Los principios rectores que garantizaban la salud de todos en este país se perderán mañana. A primero de septiembre, con la entrada en vigor del decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, se destruirá una de las señas de identidad de nuestra democracia. Al menos 150.000 extranjeros no comunitarios, que se hallan en situación irregular, verán sustancialmente limitado su acceso al sistema sanitario público, poniendo en riesgo el derecho constitucional a la protección de su salud. El citado decreto ley será legal, pero no moral. La medida no sólo acaba con la universalidad del sistema sanitario público, sino también con su gratuidad, porque está plagada de medidas incoherentes como cobrar a personas sin papeles y sin trabajo unas cantidades que están fuera de su alcance. Menos mal que, de estas vergonzosas medidas que afectan a la equidad y a la cohesión social, se salvan cuatro comunidades autónomas: Andalucía, Asturias, País Vasco y Canarias. Qué casualidad son comunidades que no están gobernadas por el PP, sino por la oposición. La Defensora del Pueblo ha anunciado que no recurrirá estas incoherentes, inmorales e injustas medidas, aunque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional haya determinado que la protección a la salud es un derecho constitucional de los llamados de “configuración legal”, que pueden ser limitados pero no anulados en sus rasgos esenciales. La Defensora del Pueblo debería analizar y comprobar si ha habido una limitación excesiva y desproporcionada del derecho en el citado decreto del Gobierno, lo que implicaría su anulación de hecho. Aunque desgraciadamente no ocurrirá, porque la Defensora del Pueblo, como obediente militante del Partido Popular, hará lo que le mande su partido y no actuará como es su obligación defendiendo los derechos ciudadanos. Ahora, para mayor escarnio, en los medios de comunicación encontramos al diputado del PP, Rafael Hernando, invitando a los inmigrantes sin tarjeta sanitaria a volver a su país. Qué xenófobo. Qué irreal. Qué afrenta de los populares al sentido común, hacen desaparecer la tarjeta sanitaria creyendo que también desaparecerá el paciente o el enfermo inmigrante. ¡¡¡Qué barbaridad!!!

Ángel Luis Jiménez Rodriguez