Asalto al Registro Civil.

El próximo viernes día 30 se aprobará en el Consejo de Ministros el borrador del proyecto para la Reforma Integral de los Registros. Este proyecto me parece un posible caso de corrupción política de este Gobierno, porque pretenden entregar el Registro Civil a los Registradores y hacer de él un negocio de cifras multimillonarias. A partir de su aprobación, el registrador cobraría y se enriquecería por cada ciudadano que naciera, creciera, tuviera hijos, otorgara poderes, hiciera testamento, se casara o divorciara y, al fin, se muriera. Con este proyecto se refuerza el estatus millonario de los integrantes del Cuerpo de Registradores que convierten en rehenes de su posible codicia a todos los ciudadanos. No creo que tenga nada que ver con este proyecto, que nuestro presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, tenga plaza de registrador en Santa Pola, provincia de Alicante, desde 1981. Ahora está en excedencia y su plaza en régimen de interinidad permanente, por lo que no puede salir a concurso. Privilegios de la política. Rajoy ha sido uno de los principales cabecillas del lobby de los registradores de la propiedad en España, una casta minoritaria (un millar de personas) y poderosa que vive aún de los privilegios feudales en los que el Derecho no ha podido penetrar. En los registros de la propiedad, sus titulares se forran con la expedición de certificaciones, las ejecuciones de hipotecas, las novaciones de préstamos, y los embargos de todo tipo (judiciales de particulares o de la agencia tributaria). ¿Cómo un funcionario público puede expedir facturas con IVA por un servicio público? No lo entiendo. Y cómo Rajoy puede estar en política, nada menos que como presidente del Gobierno, sin renunciar a percibir el beneficio económico de su Registro de Santa Pola, -compartido con un amigo y compañero de promoción Francisco Riquelme- que le ha procurado unos 20 millones de euros, según denuncia de la Asociación de Usuarios de Registro. No cabe la menor duda, Rajoy y sus compañeros Registradores son previsores y miran al futuro. Han pensando que con la caída de ingresos por la caída del ladrillo había que buscar nuevas fuentes de recursos y lo han encontrado en las certificaciones del Registro Civil. Así que, en unos meses, pasaremos limpiamente de las nuevas tasas judiciales a los nuevos aranceles registrales para tareas que hasta ahora realizaban otros funcionarios sin privilegios y que solo percibían por ello su sueldo de funcionario. Y ahora, qué hacemos con los funcionarios del Registro Civil. ¿Los reubicamos o los despedimos? ¿Esta es la política de ahorro que practica el Gobierno de Rajoy? Dios mío qué será lo siguiente que nos van a proponer…

Ángel Luis Jiménez Rodriguez