Dicen los expertos que sólo hay
algo peor que reformar las pensiones, e incluso no reformarlas, y es
reformarlas sin consenso. Pero me figuro que algo habrá que hacer porque a
medio plazo las cuentas no cuadran, ni siquiera en la hipótesis de una
recuperación aceptable del empleo, y menos con la amenaza de una quiebra real,
nada fantasmagórica.
El informe para la reforma del
sistema de pensiones elaborado por un consejo de expertos -el mejor modo que se
ha encontrado en política para equivocarse entre varios- consagra legalmente
algo que ya ha sucedido en los últimos dos años, la pérdida del poder
adquisitivo de las pensiones en tiempos de crisis o su congelación por un largo
periodo como sucede ahora, si la economía va mal. Es decir, la perogrullada o
simpleza del siglo, en épocas malas las pensiones bajan.
Este informe de los expertos ya
ha sido entregado al Ejecutivo. Y ha sido asumido por 10 de los 12 miembros del
grupo (un voto en contra y una abstención), con tres votos particulares. Los
votos particulares corresponden a Miguel Ángel García, jefe del gabinete
de estudios de CCOO, quien no obstante ha votado a favor del texto. El rechazo
viene de Santos Ruesga, Catedrático de Economía Aplicada, que entró en el
consejo a propuesta del PSOE y la abstención de José Luis
Tortuero, Catedrático de Seguridad Social, también propuesto por el PSOE.
Ahora, el Gobierno remitirá el
informe a la comisión parlamentaria donde se negocian las reformas de las
pensiones (Pacto de Toledo), y abrirá las conversaciones con los sindicatos y
la patronal, a ello se comprometió Rajoy. La reforma final -“el comité se
pronuncia a favor de una aplicación lo más temprana que sea posible y prudente,
dentro del periodo 2014-2019”- tiene que estar lista en septiembre, a ello se
ha comprometido el Ejecutivo con la Comisión Europea.
Las conclusiones del informe de
los expertos pasan por poner en marcha un doble mecanismo de ahorro para la Seguridad
Social. Por un lado, desvincular las pensiones de la marcha de los precios
ligándolas a la salud de las cuentas del instituto público y, por otro,
vincular la pensión inicial de los recién jubilados a la esperanza de vida en
el momento de retirarse, tal y como figuraba en el primer borrador presentado y
aprobado ya definitivamente el pasado viernes.
La principal novedad de la
reforma que se avecina es que afectará tanto a los pensionistas futuros como, y
sobre todo, a los actuales. Si la propuesta sale adelante en los términos
redactados, por primera vez una reforma de este tipo se aplicará sobre quienes
ya son pensionistas en el momento de su entrada en vigor. Hay que tener en
cuenta que la actualización anual es el elemento que más contribuye al incremento
anual de la factura de las pensiones (teniendo en cuenta la inflación, una
media de 2.000 millones anuales desde los años ochenta).
La propuesta no aconseja seguir
retrasando la edad legal de jubilación más allá de los 67 años ni anticipar su llegada
antes de 2027, ni tampoco modificar o acelerar los cambios en el periodo del
cómputo de la pensión ya previstos. En cambio propone una nueva fórmula para
actualizarlas cada año. En ella tendrían un protagonismo fundamental los
ingresos y los gastos del sistema, tanto en el ejercicio vigente como en varios
anteriores y posteriores según las previsiones de hasta cinco años.
En situaciones como la que
vivimos, el resultado de esta fórmula puede dar lugar a recortes sobre la
pensión y no solo la congelación. Y para que eso no ocurra, el informe aconseja
“la fijación de una cláusula suelo que impida la caída de las pensiones de
quienes ya estén jubilados en el momento de aplicar el factor”. Aunque deja
abierta la puerta a que eso suceda con quienes se retiren en el futuro. Sin
embargo, al estudiar con atención la fórmula y leyendo el informe
detenidamente, se deja un mecanismo en manos del Gobierno de turno para que no
haya recortes sobre las pensiones, que es aportar más ingresos al sistema a
través de los impuestos y no solo por las cotizaciones. Pero me temo que eso
será difícil de aplicar porque esos dineros habría que retirarlos de otras
partidas presupuestarias y tendríamos que contar con el beneplácito del
directorio europeo.
De quedar así la propuesta en la
reforma definitiva, y teniendo en cuenta el poco y pobre debate parlamentario
que habrá con la mayoría absoluta del PP, se complica enormemente el escenario
anual de actualización de las pensiones. El propio informe lo contempla cuando
aconseja que “por razones de justicia y prudencia, el factor de revalorización
anual debe aplicarse a los pensionistas actuales y futuros en grados y bajo
modalidades distintas”. Y todo eso teniendo en cuenta que se hace en el marco
de un periodo transitorio de retraso paulatino de la edad de jubilación hasta
los 67 años en 2027 y aumento del periodo de cálculo de las pensiones hasta 25
años en 2022.
El factor de sostenibilidad
propuesto por el comité contempla un segundo mecanismo de ajuste, la
vinculación de la primera pensión del jubilado a la esperanza de vida al
retirarse. Esto se traduce en una merma de las pensiones futuras como admite el
informe, “implica un ajuste a la baja en el cálculo de la pensión inicial,
aunque en magnitudes del 5% cada 10 años”. Espero que este mecanismo de ajuste
sufra modificaciones en las negociaciones políticas y sociales, porque si no
España pasaría a ser el primer país europeo con un doble mecanismo automático
de ajuste y contención de gasto en el sistema de pensiones. Uno sobre la
pensión inicial, basada en un elemento demográfico, y otro sobre la
actualización anual, asentado en la coyuntura económica.
Conscientes de la impopularidad
de la propuesta, y aunque el objetivo sea la “sostenibilidad del sistema
público de pensiones”, el informe está redactado en tono defensivo. “El factor
de sostenibilidad no es sinónimo de recorte” defiende el texto. Y argumenta: “A
medio y largo plazo, la pensión media representará un porcentaje menor del
salario medio, sin embargo, la pensión media real aumentará”. Es cierto que la
pensión media puede crecer por otras causas, pero en todo caso será menor que
si no se aplicasen nuevas fórmulas como “considerar las cotizaciones de toda la
vida laboral”.
También la propuesta responde a
las posibles críticas de modelo tecnocrático al redactarla personas ajenas a
los votos de la ciudadanía. “Aunque el factor de sostenibilidad impone una
serie de restricciones que han de cumplirse anualmente para asegurar el
equilibrio presupuestario, no impide la actuación del pacto político y social”,
apunta el texto. “No sustituye a la soberanía popular, y ni siquiera la erosiona
o matiza”, prosigue. Y, a continuación, pasa a justificar por qué dejan
margen de maniobra en las fórmulas (años a tener en cuenta, parámetros
correctores, cláusulas amortiguadoras o momento de entrada en vigor). La pelota
está ahora en el tejado del Gobierno de Rajoy.
Pero que tenga en cuenta y no se
olvide este Gobierno que el sistema de jubilación es la última ratio del
maltrecho Estado del bienestar y genera una susceptibilidad de primer grado,
porque representa para la mayoría de nosotros el futuro en el que va a
transcurrir el resto de nuestras vidas. Y que una reforma unilateral, por más
que venga impuesta por Europa, podría romper el último lazo del Gobierno con
una sociedad que ya se siente bastante maltratada por sus ajustes y recortes.
Esto les conduciría a una catástrofe electoral, y la reforma no serviría de
gran cosa porque la revocaría la izquierda en cuanto accediese al poder. No
tienen un trabajo fácil, tampoco obligatorio, pero lo que resulta imperativo
por el bien de todos es que acierten en la reforma.
Ángel
Luis Jiménez Rodríguez
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