El lunes 21 de abril el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) celebrará juicio contra el Juez Elpidio José Silva Pacheco por
haber querido empapelar al banquero Miguel Blesa de Caja Madrid.
El que fuera Juez del caso Blesa, está ahora suspendido por el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta que haya una sentencia firme.
En caso de que el TSJM absuelva a Silva, el CGPJ lo readmitirá. Si fuera
condenado, su expulsión de la carrera judicial se haría efectiva tras resolver
el Tribunal Supremo un eventual recurso a la sentencia del Tribunal Superior de
Madrid.
Silva se enfrenta a la expulsión porque la Fiscalía de
Madrid presentó una querella contra él. Considera la Fiscalía que el instructor
del caso Blesa ha prevaricado durante su investigación, es decir, ha adoptado
decisiones injustas a sabiendas, entre ellas, enviar a la cárcel en dos
ocasiones al exbanquero y expresidente de Caja Madrid. Paradójicamente, el
banquero responsable de la estafa de las preferentes está en la calle, mientras
que Silva podría ser condenado a más de 20 años de prisión.
Sin embargo, la causa contra el Juez Silva tiene más que ver
con la publicación de un libro que con la querella de la Fiscalía. Este libro
es: “La justicia desahuciada. España no es país para jueces”, en el que Silva
realiza un análisis demoledor de la situación de la Administración de Justicia
española, cuestiona su independencia e imparcialidad, y hace especial referencia
a los casos “Blesa” y “Banco de Miami”; cuya instrucción guarda estrecha
relación con los motivos por los que fue suspendido por el CGPJ.
Silva lidera ahora el Movimiento de Renovación Democrática
Ciudadana (RED), partido surgido del 15M, que luchará contra lo que está
sucediendo en España: los corruptos están en la calle y a los que luchan contra
la corrupción se les quiere empapelar. “Pero, la gente está despertando, porque
está ya harta de ver lo que pasa con la corrupción y el trato que se les da en
los juzgados”, dice Silva.
El Movimiento RED seguirá después de las elecciones europeas
como partido político y participará en las posteriores elecciones locales y
generales. Aunque Silva también ha creado “La Red contra la corrupción”, una
asociación sin ánimo de lucro que va a pelear con dureza y querellas contra toda
corrupción. Esta Asociación pretende que las grandes causas ciudadanas como las
preferentes, el banco de Miami o el caso Blesa…, abandonadas hasta ahora, se
vuelvan a tratar en los tribunales.
No sé si el Juez Silva conseguirá algo de lo que plantea,
pero me gustaría que fuera así. Y además tiene precedentes, ya ocurrió en 1995
en el Reino Unido con otro Juez llamado Nolan. Este juez presidió una comisión
que elaboró un informe sobre cuáles deberían ser las pautas de conducta ética
exigibles a toda las personas nombradas para un cargo público. Gracias a su
informe se creó la figura de un comisionado independiente para cumplir el Código
de Conducta de los miembros del Parlamento británico.
El primer comisionado inglés contra la corrupción se nombró
en 1995, y desde entonces el cargo se ocupa por cinco años, improrrogables, sin
poder ser cesado, salvo circunstancias muy especiales. Las tareas del comisionado
son vigilar el Registro de Intereses Financieros de la Cámara, en el que los
parlamentarios dan cuenta de su situación económica y financiera; asesorar,
confidencialmente, a aquellos diputados que tengan dudas sobre el Código de
Conducta; preparar charlas sobre el tema para los nuevos parlamentarios;
proponer las modificaciones del código que considere necesarias, y recibir, e
investigar, las quejas que presenten los diputados, sometiendo el resultado de
su investigación al comité.
En enero de 2007, a la muerte del juez Nolan, la prensa
inglesa escribió “el Juez Nolan marcó profundamente la vida de este país,
limpiando la vida pública de políticos corruptos”. Nolan dejó escrito que el
Congreso o la Cámara de los Comunes son el corazón de una democracia, “por lo
que la conducta que mantengan los diputados es crucial para el bienestar
político de la nación”. Su informe, y sus consecuencias, fueron cruciales para
atajar el desprestigio que empezaba a sufrir la vida pública británica, como
está ocurriendo ahora con la española.
Desde entonces, y en aplicación de los principios Nolan, decenas de cargos
públicos han sido reprendidos, sancionados y cesados. Y los sondeos indican que
los británicos han recuperado, al menos en parte, su confianza en las
instituciones. Como sugirió el propio Nolan, para combatir la corrupción bastan
unas pocas normas o principios (siete formulo él), aunque es imprescindible la
voluntad política. En Inglaterra fue posible, ¿será posible en España?
Ángel Luis Jiménez Rodríguez
No hay comentarios:
Publicar un comentario