La desconexión de este Gobierno con la
realidad es increíble. La realidad no existe. La realidad es la que nos dicen
ellos y no la que vive la gente o dice Caritas.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha
dicho este fin de semana que los informes elaborados por Cáritas sobre la pobreza en
España “no se corresponden con la realidad” porque sólo se basan en “mediciones
estadísticas”. Así que le ha pedido a esta organización que no “provoque”
debates ni polémicas en este sentido.
Estas palabras de Montoro son la respuesta, en
la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a una pregunta sobre el
informe presentado el jueves por Cáritas Europa, según el cual España es el
segundo país de la Unión Europea (UE) con el mayor índice de pobreza infantil, superada
solo por Rumanía.
Asimismo, según el estudio “Análisis y Perspectiva
2014” presentado por la entidad humanitaria católica también en Madrid el
jueves, al menos un millón y medio de hogares españoles padecen una situación
de exclusión social severa, un 69,8 % más que en año 2007.
Para el titular de Hacienda los informes “sistemáticos”
que elabora Cáritas “son de contenido puramente estadístico” y, ha explicado
que “cuando se habla en términos estadísticos, se está hablando de otro umbral de
renta que lleva a la pobreza”. “Ello sitúa a España en peor lugar
comparativamente que otros países de la UE pese a que estos tienen rentas per
cápita muy inferiores”. Palabras, palabras, palabras… que no dicen nada.
Montoro ha añadido que en las presentaciones
públicas de los citados informes “se mezclan conceptos erróneos”, refiriéndose
a lo que costaría erradicar la pobreza comparado con los 2.600 millones de
euros que el Gobierno se plantea gastar para rescatar las autopistas quebradas
de Madrid. Algo que todavía no ha sido suficientemente explicado.
Los conceptos erróneos de Cáritas, pese a lo que
diga el ministro, son ciertos y proceden de su propio Ministerio, que como
operación para salvar las autopistas quebradas ha propuesto crear una sociedad
pública que integre las nueve concesionarias en dificultades, imponiendo a los
prestamistas una quita del 50% de la deuda. Y el Gobierno o los contribuyentes cargaran
con el otro 50% de la deuda: 2.500 millones de euros.
Y todo ello para que el Estado no tenga que hacer
frente a la responsabilidad patrimonial -que la tiene-, evaluada en unos 5.000
millones de euros. Otro callejón sin salida como el de los bancos y cajas en el
que nos metió el Gobierno anteriormente. Así que hay abierta una polémica absurda,
con la mentira del ministro y la verdad de Cáritas, para hacernos olvidar las
responsabilidades de quienes proyectaron, autorizaron y construyeron un negocio
ruinoso que ahora tenemos que pagar, como siempre, entre todos los españoles.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez
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