El ex presidente, José
María Aznar, decía cuando aprobó su famosa ley del suelo que “todo lo que no
está prohibido está permitido”. Creo que Aznar estaba tan confundido entonces
como ahora lo están sus compinches del PP, ya que no distinguía ni distinguen lo
legal de lo ético. Lo legal y lo ético se mueven siempre en distintos planos:
lo legal nos dice “lo que está permitido o regulado por las leyes” y lo ético “lo
que se debe hacer o es correcto hacer”.
Creo que el presidente del
Gobierno, el del Tribunal Constitucional o los responsables de otras
instituciones del Estado pueden estar en un continuo conflicto ético por sus
actuaciones, aunque sus compinches se apresuren a decirnos que esas actuaciones
no son nada ilegales. Así es como se ha llegado al descrédito de la política.
La prensa ha puesto sobre
la mesa este tipo de comportamientos poco éticos y nada ejemplares de los partidos
y los miembros más destacados de nuestras instituciones. Y posiblemente si los
ciudadanos hubiéramos rechazado de una manera mucho más activa esas actitudes, habríamos
conseguido que nuestros juzgados y tribunales estuvieran menos atascados por
asuntos que básicamente tienen que ver con la decencia, la honradez y la salud
democrática, pero no con la ley. Y para los que la única salida es la dimisión.
Hablar de prescripción en
el caso de delitos de financiación ilegal o de la incompatibilidad como una
cuestión no penal, son comportamientos inadmisibles que inhabilitan para
presidir el Consejo de Ministros o el Tribunal Constitucional. Estos son
problemas políticos y éticos de envergadura, que si no se reconocen cuando
corresponde se agravan, sobre todo cuando la ciudadanía está pasando por una
situación tan grave de crisis, depresión y paro.
Ángel Luis Jiménez Rodríguez
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