Las participaciones preferentes

La Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, la troika manda en los países europeos que se dejan mandar, porque han renunciando a su soberanía. Además, ha hecho una advertencia sobre el préstamo solicitado por Rajoy para el rescate bancario que debe recapitalizar las instituciones financieras. Dicen que este préstamo, que recibiremos en noviembre, no podrá usarse para resarcir a los miles de afectados por la estafa de las participaciones preferentes y que éstos tendrán que aceptar sus pérdidas. Pero, por supuesto, las entidades financieras no. Todo ello, debido a que en septiembre el juez Javier Gómez Bermúdez de la Audiencia Nacional abrió la puerta a la decena de miles de afectados por dicha estafa para que puedan querellarse contra las entidades que les vendieron las participaciones preferentes con supuestos engaños. El juez sitúa a esas cajas como responsables civiles subsidiarios de los perjuicios que esas personas hubieran podido sufrir. Esta decisión del juez Bermúdez ha sido muy mal acogida por el Ejecutivo de Rajoy, que no sabe cómo afrontar este problema porque está más con las cajas o bancos estafadores, que con los estafados. El caso, si llegara a juicio, podría dar lugar a indemnizaciones millonarias que tendrían que afrontar las cajas o el Gobierno como avalista del rescate bancario, lo cual aumentaría el déficit presupuestario. De ahí el aviso a Rajoy o la advertencia necesaria de la troika. Sin embargo, lo grave de la situación es que todo esto que debería haberse debatido y votado en el Parlamento español, con el pliego de condiciones que acompañaban al rescate, se ha sustraído del debate político y se ha ocultado a la opinión pública. La regeneración que tanto necesita nuestra democracia no será posible si se mantienen fuera del debate público y del conocimiento ciudadano, problemas como el de las participaciones preferentes, que nos afectan a todos directa o indirectamente. Y que se ve agravado por el escándalo de las indemnizaciones millonarias fijadas para los directivos de las cajas con el consentimiento de los políticos que participaban en ellas.

Ángel Luis y María José Jiménez