El recibo de la luz.

En la factura que hemos recibido este mes, los consumidores de las compañías eléctricas, aparecía una información sobre el destino de lo pagado de más en el recibo mensual. Del total de la facturación, un 52% estaba destinado al pago de impuestos y otros recargos establecidos por la normativa en vigor y el 42% restante al coste del suministro eléctrico. Además, la Confederación de Consumidores y Usuarios ha dicho que la próxima factura será más cara que la anterior -por lo visto no ha sido bastante el incremento del IVA del 18% al 21% y la revisión anterior del sistema eléctrico- debido a que el Gobierno, de la mano del ministro de Industria, presentó el pasado 14 de septiembre un plan considerado como la nueva Reforma Energética, consistente en elevar la imposición fiscal en el mercado energético con el propósito evidente de convencer a la opinión pública de que las empresas eléctricas también pagaran una parte del déficit presupuestario. Pero, este propósito de entrada hace aguas y no convence a nadie. Porque casi todos los impuestos y cánones presentados como si fueran exigencias que van a tener que sufrir las compañías eléctricas se trasladaran inevitablemente al precio final del consumo eléctrico, de forma que el cliente mayorista o minorista acabará pagando en todo o en su mayor parte el déficit de la tarifa o la cuota que pueda enjugarse con este parcheo fiscal. En la CEOE, los representantes de las grandes industrias consumidoras de energía han amenazado -para que llegue a oídos del Ejecutivo-  que van a deslocalizar sus empresas de España si no revisan la subida que les va a suponer la nueva reforma energética. Y creo que conseguirán su revisión, porque el Ministerio de Industria sigue indeciso y claudicante ante los grandes consumidores. Además, ha renunciado a reformar la delirante regulación que determina los precios en el mercado eléctrico y cuya consecuencia es un continuo encarecimiento desmedido del precio de la luz, convirtiéndola en la más cara de Europa. Sin embargo, los pequeños consumidores poco pueden hacer en defensa de su bolsillo, mientras el Gobierno no actúe en función de los intereses de la gente llana -como sería lo normal-, sino prisionero de  los beneficios de las empresas eléctricas y muy preocupado por su cotización en bolsa.

María José y Ángel Luis Jiménez