Entre los presuntos
casos de corrupción del Ayuntamiento de Algeciras en manos de la Fiscalía
Anticorrupción de Cádiz de los últimos veinte años, uno me resulta
paradigmático y es el caso Escalinata que afecta a todos los gobiernos
municipales, empezando por el PA, pasando por el PSOE y terminando por el PP.
Estos son los hechos. En
julio del 2001, siendo alcalde de Algeciras Patricio González del PA, se
aprueba en el pleno municipal con apoyo del PP el proyecto de parking de la
Escalinata. En aquella sesión la oposición de IU y PSOE advirtió de las
irregularidades del proyecto, porque carecía de licencia y atentaba contra el
Plan General de Ordenación Municipal al no ser un aparcamiento subterráneo. El
Gobierno municipal de PA y PP obviando lo dicho por la oposición lo autoriza en
fraude de ley y los vecinos denuncian el proyecto. En diciembre de 2004 el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo declara ilegal por los
mismos motivos que se plantearon en el pleno municipal.
En 2005, gobernando ya el
PSOE el Ayuntamiento autorizó con apoyo del PA cuatro plantas de oficinas junto
al parking de la Escalinata, sin que se hubiera resuelto el problema del
aparcamiento aunque ya había una sentencia firme, pues el Tribunal Supremo
había confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El Consistorio para evitar la ejecución de la sentencia y así evitar la
demolición de los aparcamientos aprueba un Plan de Movilidad Urbana, un
subterfugio o excusa artificiosa que no valió para nada porque también fue
tumbada por la Justicia.
Y para colmo de este
caso, en febrero de este año, la Corporación municipal del PP, encabezada por
el diputado Landaluce, inicia un expediente de expropiación a los legítimos
propietarios del edificio Escalinata. Resulta increíble el calvario que llevan
estos vecinos desde que en el año 2002 se abrieron las grietas que terminaron
con la declaración de ruina del edificio. Todo ello derivado de fallos técnicos
en la excavación y la modificación del proyecto inicial para construir más
plazas, pues se modificó la concesión para construir 205 plazas de aparcamiento
a 326 sin autorización municipal, lo que provocó daños en el edificio
Escalinata, un expediente de ruina y el desalojo de los vecinos.
Ahora, después de la
gran perplejidad que producen hechos tan sorprendentes y que hacen de este caso
el paradigma de la corrupción en Algeciras, surgen las preguntas que espero
resuelva y aclare la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz para conocer si hubo
prevaricación, cohecho, trato de favor, tráfico de influencias y malversación
de fondos públicos, como denuncian los vecinos en el desarrollo de esta anómala
concesión municipal y también por los fallos técnicos y constructivos
posteriores.
Las preguntas a resolver
serían muchas pero ahí van algunas. Qué intereses existen entre el Ayuntamiento
y Nautagest, empresa concesionaria de la Escalinata. Cómo se adjudicó el
concurso millonario de la Escalinata a Nautagest, empresa constituida unos días
antes, con un capital social de solo 3.000 euros y de la que nadie sabía, ni
sabe nada. Quiénes son los verdaderos propietarios de Nautagest. Cómo se
le permitió a Nautagest realizar las obras sin licencia, depositar menos
fianza y no contratar una póliza de responsabilidad civil ilimitada como
recogía el pliego de condiciones. Por qué el Ayuntamiento pagó el realojo
de los vecinos y abonó los informes de los daños ocasionados en la construcción
de los aparcamientos en vez de Nautagest como se especificaba en el pliego de
condiciones de la concesión. Por qué sucesivas corporaciones municipales han
protegido al concesionario en vez de a los vecinos sin importarle la falta de
transparencia, el daño causado y el gasto ocasionado a las arcas municipales.
Por qué, por qué, por qué…
Ángel Luis Jiménez Rodriguez
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