Este Gobierno ha convertido la
crisis en la excusa para llevar a cabo una serie de reformas que no tienen nada
que ver con sus causas, ni van a ayudar en absoluto a salir de ella. El
ministro Montoro viene anunciando periódicamente la reforma local, pero ha
tenido que posponerla porque se les han rebelado hasta los alcaldes de su
partido, razón por la que Javier Arenas anda desgañitado, repartiendo paz entre
ellos y tratando de encontrar fórmulas de entendimiento con los socialistas.
Sin embargo, Gaspar Zarrías del PSOE ha descartado cualquier tipo de acuerdo
con el PP, porque dice que el Gobierno de Rajoy pretende eliminar con esta
reforma los servicios sociales en los pueblos de menos de 20.000 habitantes y
vaciar de contenido al 90 por ciento de los ayuntamientos españoles.
Mi amigo Antonio Casaus, que sabe
mucho de ayuntamientos, sobre todo de los del Campo de Gibraltar, dice que la
“gran reforma” de la administración municipal sigue siendo una “batalla
soterrada” de la que el ministro periódicamente y con cuidada mesura deja
escapar algún detalle, -como el sábado en la convención municipal del PP
andaluz de Jerez de la Frontera- que normalmente encabrita a los
presumiblemente perjudicados. Hay demasiadas bocas pendientes de este “gran
puchero” que son los ayuntamientos. Y no hay que ser un experto en ciencias
políticas para entender que los ayuntamientos “ganan en cercanía” a
Diputaciones y a cualquier otro órgano del Estado, que siempre quedan muy
alejados de los ciudadanos y todavía más distanciados de sus
intereses.
Tratar a los Ayuntamientos como
una simple unidad de gasto, como pretende el ministro, estableciendo un
coste estándar desde Madrid -cuya deuda pública a finales de 2012 era de
7.429 millones de euros, es decir, el 21% de todos los Ayuntamientos españoles
o más que todos los de Andalucía juntos- significa que aquél municipio que no
los ofrezca por debajo de ese estándar debe privatizar su gestión. Esto abre el
paso a las grandes empresas haciendo un daño muy grave, particularmente en
Andalucía, a las pymes y a las empresas de economía social. La reforma del PP
pretende destruir, y puede conseguirlo si lo dejamos, un espacio básico de
convivencia e identidad colectiva y una instancia esencial para la participación
ciudadana y la democracia. Pero todo eso parece que le interesa muy poco al PP,
si hay negocio a repartir o gestión pública que privatizar.
Ángel
Luis Jiménez Rodríguez
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