Es difícil abstraerse del fortísimo simbolismo y la carga
política y sentimental que conlleva Gibraltar a la hora de plantear con
claridad los elementos esenciales de la cuestión gibraltareña. Sin embargo, creo
que ha llegado la hora de poner un poco de racionalidad en este contencioso.
Continúan los controles sobre la Verja de Gibraltar, aunque
Rajoy diga que son aleatorios. No creo que las medidas que se están tomando
convenzan a nadie y menos que a nadie a los que la sufren a la entrada o salida
de Gibraltar. Por tanto, ha llegado la hora de poner un poco de racionalidad en
este contencioso, las partes en discordia, España y el Reino Unido, deben plantearse
seriamente encontrar fórmulas para solucionar definitivamente este
controvertido tema y sus incesantes problemas.
Desde hace tiempo, España y el Reino Unido están obligados -tanto
por Naciones Unidas como bilateralmente- a negociar y llegar a una solución
definitiva del problema de Gibraltar. España es la más interesada en realizar
propuestas concretas de solución, respecto a las cuales debe mantener consenso
nacional y continuidad en su estrategia, ya que el tiempo transcurre en contra
de sus intereses, a favor del statu quo británico y del ascenso del protagonismo internacional
de Gibraltar.
Un error de este Gobierno fue eliminar sin más el Foro de
Diálogo, porque por su tipología servía a largo plazo a los intereses de España
siempre y cuando nuestro país se planteara una convivencia normalizada con la
población de Gibraltar en su estrategia de este contencioso, aunque parece por
lo visto ahora que ese no es el planteamiento de Rajoy ni de su ministro
Margallo.
En su día, España para recuperar la soberanía se planteó renunciar
incluso a la plena españolidad del no cedido istmo y reconvertirlo en
territorio co-soberano hispano-británico, por lo menos eso pretendía José María
Aznar durante las negociaciones de 2001 y 2002. Este precedente demuestra que
España, en su negociación con el Reino Unido, podría considerar
imaginativamente otras fórmulas de recuperación final de la soberanía con
modulaciones de formas, procedimientos y contenidos que de algún modo tengan en
cuenta los tres intereses esenciales del Reino Unido, Gibraltar y España.
En este contencioso hay
cosas incontrovertidas y sobre las que España tiene toda la razón de su parte.
Por ejemplo, la plena españolidad del istmo, donde los derechos españoles son muy
claros, aunque se renunciara en su día a su plena españolidad para recuperar soberanía
sobre el resto de la Roca. Pero no se puede decir lo mismos según el derecho
internacional sobre el territorio cedido por el tratado de Utrecht o las aguas
territoriales.
Así que España debe medir
muy bien su estrategia y los efectos de sus acciones. Ahora parece querer aprovechar la presencia de turno de
Argentina en el Consejo de Seguridad para lanzar una ofensiva diplomática
conjunta sobre las Malvinas y Gibraltar. Mezclar estos dos contenciosos puede
resultar muy peligroso, además de un error porque son temas parecidos pero no iguales
y ni siquiera tienen los mismos concesos.
En estos momentos todas
las partes -España, el Reino Unido y Gibraltar- están planteando llevar el
eterno tema de la soberanía a los organismos internacionales. Pero el Gobierno
de España no puede olvidar que cada vez que se ha hecho así, se ha invocado el
riesgo que pueda haber sobre el estatus de Ceuta y Melilla, pese a ser
situaciones muy diferentes en su origen y desarrollo histórico.
El peligro está en
contraponer en los foros internacionales el criterio territorial (el marco
físico del que forma parte) al poblacional (la opinión de sus habitantes) porque
seguro que Marruecos replantaría la cuestión de Ceuta y Melilla con apoyos
internacionales de los que hoy día carece totalmente. Que este Gobierno mida
bien los efectos posibles de sus acciones de ahora, no vaya a llevarse una
sorpresa después.
María José y Ángel Luis Jiménez
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