Los pies de barro de la economía del Peñón.

La economía de Gibraltar tiene los pies de barro porque su riqueza depende en gran medida de la legislación del Reino Unido o de las directivas de la Unión Europea (UE).

La economía del Peñón tiene tres puntales fundamentales la baja fiscalidad, el juego “online” y las finanzas. Sin embargo, las tres resultan muy sensibles porque dependen en gran medida de la legislación del Reino Unido y de las directivas de la U.E. A pesar de ello, se ha pasado en este último ejercicio del noveno al cuarto puesto de los territorios con mayor renta per cápita del mundo (47.847 euros), impulsado por una economía que crece al 7,8% anual.

Pero cuánto tiempo durará esta situación dorada. Las amenazas ya aparecen en el horizonte de Gibraltar por los cambios legislativos en el Reino Unido y en la U.E. Así que nadie piense que las amenazas a las que tendrá que enfrentarse próximamente el Gobierno de Gibraltar vienen del Gobierno de España (las bravatas diplomáticas de Rajoy o las tasas por pasar por la frontera), sino que vienen directamente del Gobierno del Reino Unido que está tramitando un proyecto de ley para modificar la legislación sobre la tributación del juego online, no solo en la isla sino en todos los territorios bajo bandera británica, incluido Gibraltar. Un cambio que supondrá un duro golpe para las finanzas del Peñón.

Desde hace más de una década su principal industria está conformada precisamente por las multinacionales del juego por Internet radicadas en Gibraltar al amparo de su baja tributación. Pero esto ya se acaba porque la modificación de la fiscalidad de esa actividad establecerá un impuesto del 15% sobre el ingreso neto de las empresas en lugar del 1% que pagan ahora en el Peñón. Esta ley entraría  en vigor el año próximo. En Gibraltar temen que si pierden las ventajas fiscales actuales habrá una fuga masiva de empresas de apuestas. La medida traería consecuencias graves para el empleo (12% de la fuerza de trabajo de la colonia) y para los ingresos del Gobierno (un 15%).

Otro golpe para su economía sería dejar de ser un “paraíso fiscal cooperante”. La OCDE   excluyó a Gibraltar de su lista de paraísos fiscales tras haber firmado 26 acuerdos de intercambio de información con la Unión Europea a raíz de la reunión del G-20 que tuvo lugar en Londres el año 2009. Este convenio de colaboración con la U.E. está firmado con 18 países, pero no con España, que solo rubricó un protocolo de colaboración con el Reino Unido sin efectos prácticos hasta ahora. Ayer publicaba el País que el Ministerio de Hacienda ha pedido por primera vez a Gibraltar datos fiscales de una treintena de contribuyentes amparándose en una directiva de la Unión Europea relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. Si Gibraltar negará esa información se la podría calificar como un paraíso fiscal no cooperante y tendría que ser incluido en la “lista negra” de la OCDE con consecuencias muy negativas para su sector financiero (el 20% de su riqueza, con 16 filiales de bancos internacionales y 55 aseguradoras).

Las consecuencias negativas derivadas de la no cooperación de Gibraltar con las autoridades españolas sobre información de contribuyentes serían varias. Una sería interna y ya está previstas en la Ley del Impuesto de Sociedades, donde se precisa que si se hacen negocios con este tipo de territorios no cooperantes se puede modificar la lista española de paraísos fiscales mediante una simple resolución de la Agencia Tributaria, ya que así lo contempla la Ley antifraude aprobada por el Gobierno de Rajoy en el último trimestre de 2012. Otra, más grave, sería  la evaluación que pueda hacer el Comité de Fiscalidad de la OCDE sobre el cumplimiento de los acuerdos firmados con los paraísos fiscales, pues si observan que no los cumplen podría tener consecuencias financieras muy negativas para el Peñón, sobre todo en cuanto a la radicación y el movimiento de capitales, porque una de las aspiraciones de Gibraltar es que parte de los grandes fondos de pensiones sigan eligiendo su enclave para radicarse por su  favorable fiscalidad. Y esa aspiración se podría estar acabando.

Para otro día dejo el controvertido tema, e incierto futuro, del bunkering (repostaje de gasóleos en buques) que supone el trasiego de cinco millones de toneladas de combustible al año en el Peñón. Sobre este tema ha hablado en el Congreso el ministro Arias Cañete, vinculado a esta actividad con empresas familiares dedicadas a la venta y almacenaje de combustible para buques en el Estrecho. Actividad que ponen en alto riesgo de vertidos y derrames la Bahía de Algeciras al hacerse estos suministros o repostaje desde barcos cisternas fondeados todo el tiempo en el mar por falta de terrenos en Gibraltar. Así que esperaremos conocer las explicaciones del ministro para seguir hablando. Creo que por hoy ya está bien.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez