Los
algecireños hemos conocido por los medios de comunicación que el “Caso SOMIXUR”
ha quedado sobreseído por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Algeciras a
petición de la Fiscalía por no detectar indicios de delito. Se ha archiva la
denuncia contra el ex alcalde Patricio González y los gestores de Aldía, aunque
este sobreseimiento puede ser recurrido ante la Audiencia provisional. Sin
embargo, el Ayuntamiento ya ha anunciado que no recurrirá.
Los
perjuicios económicos ocasionados en las arcas municipales y constatados por la
Cámara de Cuentas de Andalucía seguirán como hasta ahora en los juzgados de lo
Contencioso-Administrativo y de lo Mercantil de Cádiz. ¿Pero por cuánto tiempo?
Los algecireños seguimos esperando resultados de esta pérdida millonaria de la
empresa de Economía Mixta llamada SOMIXUR, y que según el informe de fiscalización
de la Cámara de Cuentas y los datos de la auditoría fue mal gestionada entre 1996
y 2004.
Este informe, por si se les hubiera
olvidado a los ciudadanos algecireños, decía que en las actuaciones urbanísticas
más importantes realizadas en los últimos años en Algeciras (“El Mirador” y “Los
Cuarteles”), no se habían cumplido los principios de publicidad, concurrencia y
no discriminación, que deben presidir todas las adjudicaciones de la
Administración, así como tampoco en la ejecución del gasto público, con los consiguientes
perjuicios para el Ayuntamiento.
El amplio informe
de la Cámara separaba las cuestiones más relevantes para un mejor conocimiento
de las diferentes actuaciones de SOMIXUR, porque en ellas existían grandes
diferencias entre los ingresos y gasto. Además, hacían responsable por acción u
omisión a todos aquellos que hubieran originado el menoscabo de los caudales o
efectos públicos, quedando obligados a
indemnizar por los daños causados según el artículo 38 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Cuentas.
Las tres
actuaciones de SOMIXUR más relevantes o con diferencias importantes de
valoración y tasación según la Cámara de Cuentas son las siguientes:
1.- En
la prolongación de la avenida Blas Infante decía que el Ayuntamiento había obtenido ingresos, bienes inmuebles e
infraestructuras por 2.539.864,46€ y había asumido gastos y entregado bienes
municipales por 3.767.216,21€. Además, las viviendas que se habían construido
en el edificio denominado “Centro Blas Infante” no tenían la consideración de
protección pública, aunque se habían gestionado en régimen de cooperativa. (La pérdida
para el Ayuntamiento fue de 1,2 millones de euros).
2.- En
la actuación de “El Mirador-LaMenacha”, la Corporación local había recibido ingresos e infraestructuras, al
menos, por 7.232.526,24€ y había entregado bienes municipales valorados, de
forma provisional, en 5.273.881,22€. No obstante, solamente una parte de los
terrenos municipales, una vez recogido el aprovechamiento urbanístico otorgado por
el PGOU, se valoraron en 12.553.316,98€. (La pérdida para el Ayuntamiento fue de
5,3 millones de euros). Además, el Ayuntamiento no obtuvo la cesión obligatoria
del 10% del aprovechamiento urbanístico (art. 14 LS98), cuya compensación
económica debía asumir SOMIXUR, S.A., y que se pudo cifrar en 1.394.800 €. Este hecho, desde el momento que
conlleva un menoscabo del patrimonio municipal, puede ser considerado como
responsabilidad contable al amparo de los artículos 15 y 38 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Cuentas.
3.- En
la permuta del Ayuntamiento con la empresa de economía
mixta de la manzana nº 1, la valoración fue de 2.103.542,37 € (IVA
excluido) y recibió obras por 1.813.398,59 € (IVA excluido). Las viviendas
promovidas por SOMIXUR S.A. en los edificios “Mª Cristina” y “Plaza Mayor” (I y
II fase) no se consideraron de promoción pública. Por otra parte, la empresa SOMIXUR,
S.A. transmitió a empresas del grupo inmobiliario Aldía (ALDIA, S.L y GESTIMES,
S.L.) y a BUPASA terrenos, locales comerciales, oficinas y garajes por valor de
9.300.737,59 €. La tasación de mercado de estos inmuebles en el momento de la
transmisión se situaron en 16.151.580,61 €, existiendo una diferencia de
6.850.843,02 €.
Estos son los datos por los que la Cámara
de Cuentas de Andalucía recomendaba la iniciación de reclamaciones civiles, de SOMIXUR
a su socio minoritario Aldia, por los perjuicios ocasionados en la tasación de
bienes municipales y los consiguientes perjuicios para las arcas municipales valorados
en 13,8 millones de euros. En 2007 se añadieron a la investigación 10,5
millones más por la supuesta venta de pisos por debajo de su valor real. La
Corporación municipal algecireña en 2008, y creo que con buen criterio, trasladó
a la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación sobre las gestiones realizadas
por SOMIXUR entre 1996 y 2004 por si eran constitutivas de delito.
Ahora, no sé por qué la Fiscalía ha
instado al archivo de la causa de SOMIXUR cuando en enero 2007 puso en marcha
la vía penal en base a su investigación y a la documentación recibida de la
Cámara de Cuentas. Qué ha pasado en estos siete años. ¿Se podrá conocer el
desarrollo del sumario durante todo ese periodo? También en diciembre de 2013
el Tribunal de Cuentas del Estado abrió juicio contable para dirimir si existió
perjuicio para las arcas municipales algecireñas derivados de la gestión de la
sociedad mixta SOMIXUR. Cuál es la situación en la que se encuentra procesalmente
este juicio. Demasiadas preguntas sin respuesta.
Ayer, en una rueda de prensa posterior al
sobreseimiento los abogados del ex alcalde Patricio González y los gestores de
Aldía decían que la denuncia no tenía fundamento y obedecía tan solo a una “guerra
política”. Es más, se atrevieron a decir que “los políticos engañaron a la
fiscal anticorrupción de entonces (Virginia Alonso) y a la Udyco. Todo lo que
se denunció no es cierto, es una barbaridad”. También metían en el saco a la Cámara
de Cuentas de Andalucía y al Tribunal de Cuentas del Estado. Me parece muy fuerte
y, sobre todo, un atrevimiento dudar de la eficacia y el buen hacer de la Fiscalía,
la Udyco y la Cámara de Cuentas,
organismos e instituciones esenciales en el buen devenir del funcionamiento democrático
del país y dedicados al control de los dineros y la función pública. Desde
luego, algo huele a podrido, pero no en Dinamarca como decía Shakespeare, sino
en Algeciras.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez
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