El pasado mes de agosto la empresa Unilab España contrataba como consejero
a Juan Jose Güemes, anterior consejero madrileño de Sanidad hasta 2010. Y qué
casualidad, tres meses después, el pasado 21 de noviembre, Unilab anunciaba la
compra del 55% de la UTE BR Salud. Una UTE que desde 2009 era adjudicataria del
servicio público de análisis clínico de seis hospitales madrileños. Concesión
que fue aprobada por el propio Güemes por un periodo de ocho años, cuando
ocupaba el cargo de responsable de la Sanidad madrileña. Esta
concesión administrativa contempla no sólo la gestión de los análisis clínicos
correspondientes a esos seis hospitales, sino también de los centros de atención
primaria de su área de influencia, 49 centros de salud, 107 consultorios
periféricos y 100 residencias. Un área de 1.200.000 habitantes a un precio de 16
euros por habitante a pagar por la Consejería de Sanidad. Un negocio millonario
y beneficioso que la empresa a la que pertenece Güemes podrá ahora
explotar gracias a la privatización que él mismo aprobó en 2009 y que
justificó "por criterios de ahorro".
Unilabs España pertenece a la multinacional
suiza Unilabs, que a su vez está integrada desde 2008 en el grupo sueco Capio,
relacionado con Rodrigo Rato. La división española de este grupo sueco, Capio
Sanidad, ya gestiona íntegramente los hospitales Infanta Elena de Valdemoro, la
Fundación Jiménez Díaz y el Rey Juan Carlos de Móstoles. Y aspira a hacer lo
mismo con los otros seis hospitales, cuya gestión quiere privatizar próximamente
la Comunidad de Madrid. En estos días, un
portavoz de Unilabs ha declarado que pese a que Juan
José Güemes forma parte del consejo de administración de la empresa “su puesto
no es ejecutivo y no ha intervenido en ninguna de las operaciones de la
compañía”. ¿Quién se lo cree? ¿A quién pretenden engañar?
Estos empresarios, que rozan la corrupción, y los políticos, que se dejan
corromper, nos quieren hacer tragar ruedas de molinos. Como si no
estuviera muy claro que su agenda y relaciones son las que han hecho que lo
contraten. Por no hablar del posible delito de tráfico de influencias. Pero
claro nos dirán que hacía dos años que había salido del cargo, y aunque haya
rozado la incompatibilidad no se ha incurrido en delito. Digo yo que será legal,
pero no moral, ni ético, ni cumple con el espíritu de la ley. Este continuo
trasvase de políticos de lo público a lo privado no sería posible si el sistema
y la ley estuvieran bien regulados. Pero quién le pone el cascabel al
gato.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez
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