Ante los
“retrocesos” sociales que están instando en España la Iglesia católica y su
situación de privilegio, Juan Moscoso del Prado, diputado por Navarra, ha
presentado una serie de preguntas al Gobierno para que sean contestadas por
escrito para conocimiento general de la ciudadanía. El objetivo es conocer la
situación de “paraíso fiscal” en la que vive la Iglesia española y actuar
después con las correspondientes iniciativas parlamentarias. Se trata de una
ofensiva parlamentaria socialista para saber exactamente cuánto cuesta la
Iglesia al erario público en estos momentos de crisis, ajustes y austeridad.
Según los grupos laicistas, solo en 2011 la Iglesia recibió alrededor de 10.000
millones de euros, entre IRPF, dispensas fiscales (IBI e IVA), financiación a
centros educativos católicos, subvenciones a centros sanitarios, mantenimiento
del patrimonio artístico o asunción de gastos diversos. La Iglesia española,
gracias al concordato de 1979, disfruta de una “exención total y permanente”
de la
contribución territorial urbana (IBI). Y sus miembros están
exentos por completo del pago de los impuestos sobre sucesiones. Ante estos
privilegios, el diputado del PSOE pregunta al final de su escrito al Ejecutivo
que preside Mariano Rajoy, “¿Ha calculado el Gobierno el coste fiscal anual de
las actividades descritas”.
También el
principal partido de la oposición quiere saber, cuántos profesores y con qué
presupuesto total anual imparten la llamada "enseñanza religiosa". O cuántos
capellanes castrenses, vicarios episcopales y resto de personal religioso
ejercen sus servicios espirituales en el Ministerio de Defensa y cuánto cobran
todos ellos. Y también por qué la Iglesia no paga impuestos (IVA) por sus
publicaciones, ni por sus compras. Pero lo que me parece más increíble es la
potestad que tienen los Obispos, cual si fueran notarios, para registrar bienes
a nombre de la Iglesia, aunque sean bienes de dominio público. En este caso, la
Iglesia se aprovecha de la existencia de una ley hipotecaria heredada del
franquismo que fue ampliada en 1998 por el Gobierno de Aznar. Pues bien, con
este “buen uso” que hacen los Obispos de la ley hipotecaria, solo en Navarra,
desde 1998 hasta 2007 la Iglesia obtuvo 1087 propiedades que nadie había
registrado. El gran problema que tiene esta iniciativa socialista es que llega
tarde y los ciudadanos se preguntan qué hizo el PSOE mientras estuvo en el
Gobierno para acabar con estos privilegios. Este ha sido un reto de la izquierda
desde la Transición, sobre todo, siendo como somos un estado aconfesional según
nuestra Constitución. Esta iniciativa hubiera resultado más creíble si se
hubiera puesto en práctica en su momento. En fin, esto es algo que tiene que
hacerse ya inexorablemente. Dice el refrán que nunca es tarde si la dicha es
buena. Por lo que no se puede demorar ni un día más acabar con tantos
privilegios de unos sobre otros, cuando la igualdad es una exigencia
constitucional. Algo que si me gustaría ver algún día es cuantos católicos están
dispuestos de verdad en este país -no de boquilla- a costear las necesidades y
gastos de su Iglesia.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez
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