Siempre
ha habido ricos y pobres en España. Pero nunca como en estos últimos años la
distancia entre unos y otros fue tan grande. Ni la diferencia de ingresos tan
amplia. La tasa de paro ha hecho mella en los ingresos de las familias. Más de
1,8 millones de hogares españoles, según la última Encuesta de Población Activa,
tiene a todos sus miembros en paro. Y solo el 57% de los registrados en las
oficinas de empleo reciben alguna ayuda o prestación del Estado. Como resultado,
España ocupa una de las posiciones más preocupantes en las estadísticas que
miden la desigualdad social y se ha convertido, por primera vez, en el país de
los Veintisiete con mayor distancia entre las rentas altas y las
bajas.
Todas las estadísticas muestran que
la desigualdad está creciendo en España. Uno de los indicadores
recogidos por Eurostat, el llamado ratio 80/20, establece una relación entre el
20% de la población que más ingresa y el 20% de la que menos ingresa. Los
valores más altos indican mayor desigualdad. Y aquí España bate récord: saca un
7,5. Es la nota más alta de los Veintisiete, que obtuvieron de media un 5,7.
Otro es el llamado coeficiente Gini -ideado por el estadístico italiano
Corrado Gini- que mide la desigualdad de los ingresos, dentro de
un país, pero se utiliza también para medir cualquier forma de distribución
desigual. Si la estadística arrojara un cero, significa que en ese país hay una
igualdad perfecta. El 100 sería la desigualdad más absoluta. España sacó en 2012
un 34. El nivel más alto desde que hay registros, una clara muestra de
cómo
la desigualdad está creciendo en España.
Según el catedrático de Economía de
la Universidad Rey Juan Carlos, Luis Ayala, hay tres características del
crecimiento de la desigualdad en España que la hacen única. Primera, que el mayor
ajuste se está produciendo en las rentas de los hogares con menos recursos.
Segunda, que los incrementos transitorios de la pobreza y la desigualdad tienden
a convertirse en crónicos a largo plazo, si se tiene en cuenta lo que ha
sucedido en anteriores fases recesivas en España. Y tercera, que frente a la
habitual afirmación de que el bienestar social se recuperará si lo hacen la
actividad económica y el empleo, los datos no son así porque las estimaciones de
la relación entre el ciclo económico y la pobreza muestran una desproporción en
la respuesta de esta a las recesiones y a las expansiones, siendo mucho más
sensibles a las primeras que a las segunda. Por tanto, volver a altas tasas de
crecimiento de la economía española no garantiza que los problemas de ingresos
insuficientes de los hogares de menos recursos vayan a reducirse
drásticamente.
La situación real es
que las clases bajas y medias se empobrecen aceleradamente, mientras algunas
élites tienen ganancias inimaginables. Y si las familias pobres que lo están
pasando mal suscitan la empatía y la solidaridad de la mayoría, las de arriba
provocan cada vez más indignación. Por eso hay que frenar la consolidación de
ese triángulo compuesto por crisis económica, corrupción y desigualdad (de
oportunidades, rentas, patrimonios y resultados), sino queremos encontrarnos un
día con una gran explosión social. Está demostrado que si a una situación de
corrupción se le une la crisis económica y la desigualdad, la explosión social
está cantada. Y las responsabilidades políticas y legales para que esto no
ocurra la tienen los que ostentando el poder dicen estar haciendo lo correcto y
perseguir en sus actuaciones el interés general, cuando en realidad lo que están
haciendo es apoyar numantinamente sus propios intereses.
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