La semana pasada se reunió en Córdoba
la Intermunicipal andaluza del Partido Popular, que aglutina a los alcaldes y
concejales de las ocho provincias. Pretendían hacer piña y unificar
el discurso del partido frente a las críticas surgidas a la ley aprobada en
Concejo de Ministros del pasado 15 de febrero que reformará la administración
local.
En defensa de su reforma municipal,
el PP presentará mociones en todos los Ayuntamientos para explicar el informe
que ha manejado el partido como embrión de la futura ley. Y como siempre, esta
ley no se va a consensuar ni pactar, sino que se impondrá con su mayoría en el
Congreso de los Diputados.
Esta ley pretende reducir el número
de concejales y sus salarios, la privatización de mucho de los servicios
municipales –subordinándolos a la eficiencia- y la desaparición de las entidades
locales pequeñas reduciendo sus competencias a la mínima expresión y dejándolas
abierta a una intervención automática, si fueran inviables
económicamente.
Esta reforma pretende hacer una
recentralización de carácter preconstitucional y dar un mazazo a la autonomía
municipal al regresar al municipalismo de la época franquista. Sin embargo, lo
más grave es que quieren eliminar la participación de los ciudadanos atacando la
viabilidad de cientos de municipios. En nombre de la austeridad se quieren
eliminar solo en Andalucía más de 500 municipios.
Esta reforma parece estar hecha por
nostálgicos de etapas anteriores, porque quitaría a muchos alcaldes de izquierda
para poner a los caciques, a los de siempre, a los que tienen poder o dinero
para decidir lo que hay que hacer en los pueblos. El Ministerio de Hacienda estima que
con esta reforma se va a conseguir un ahorro de 7.000 millones de euros en todo
el país, pero eso está por ver, como todas las medidas de ahorro del Gobierno. Y
recordando cifras, esta es equivalente a la deuda que mantiene el Ayuntamiento
de Madrid. Como si quisieran hacer pagar a los pueblos pequeños la mala gestión
de las grandes ciudades.
Este Gobierno manipulador y mentiroso
nos quiere hacer creer que la reforma local es una operación de ahorro que
necesita España para salir de la crisis. En nombre de la austeridad recortaran
el número de concejales, alcaldes y retribuciones, aunque se puede comprobar que
el 80% de concejales no percibe nada por su trabajo en los Ayuntamientos. Y
reducirán los sueldos de los alcaldes, aunque esto suponga solo el 2% del ahorro
total de los famosos 7.000 millones que Montoro dice que
conseguirá.
Detrás de esta reforma, lo que se
está cociendo no es ahorrar aquí o allá, sino vaciar de contenido político a los
Ayuntamientos, colapsar las diputaciones con encomiendas de servicios que no
puedan hacer y, finalmente, llegar irremisiblemente a la necesidad de privatizar
la mayoría de los servicios que prestan los Ayuntamientos a sus vecinos y
vecinas.
Si el PP quiere hacer de verdad la
reforma y modernización de las Administraciones públicas que necesitamos,
debería abrir primero un amplio debate sobre las duplicidades de estructuras y
funciones existentes, y que hay que eliminar para adaptarlas al tamaño del
Estado. También deberían adaptar el gasto a los nuevos perfiles de la sociedad
del bienestar y a las características de la organización territorial de España y
de la Unión Europea. Pero todo ello mediante debates, negociaciones y
pactos de verdad y sin mentiras.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez
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