En el Consejo de Ministros de hoy no se tramitará finalmente
el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana ya que según Fernández Díaz,
Ministro del Interior, aún faltan algunos detalles para ultimar el borrador de
esta iniciativa del Gobierno. Ayer jueves el presidente Rajoy había avanzado que lo más probable es
que este texto fuera aprobado por el Consejo de Ministros la semana que viene,
aunque dejaba la puerta abierta a que se adelantara a este viernes.
La futura ley Fernández consta de 55 artículos frente a los
39 de la anterior de Corcuera, y en muchos de esos artículos subyace la
pretensión de ejercer un mayor control sobre las protestas callejeras. Por
ejemplo, se faculta a la policía para establecer “zonas de seguridad”, es
decir, vetar un determinado perímetro urbano para impedir en ese espacio
reuniones de personas. Con esta medida se evitarían los escraches en torno a la
vivienda de políticos, si bien la ley no hace referencia a ninguna persona o
profesión concreta.
La ley regulará también las diligencias de cacheo e
identificación abriendo la posibilidad de que los agentes puedan llevarse el
DNI de la persona a la que quieran identificar para comprobar si el documento
es falso. Hasta ahora con mostrarlo era suficiente. Esta es una ley hecha por
el PP a la altura de sus miedos, y que según toda la oposición parlamentaria
será recurrida una vez aprobada ante el Tribunal Constitucional, igual que la
ley Wert.
Pero lo que más llama la atención de esta ley es que según
la información del propio Ministerio del Interior el anteproyecto o borrador de
la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido encargado a profesionales de la policía
que han desarrollado su labor en las Unidades de Intervención Policial
-antidisturbios-, convirtiendo así a los policías en legisladores. Algo de lo
que no podemos culpar a los policías sino a los políticos del PP.
Así no me extraña que en el borrador presentado se haga
especial hincapié en la protección de los antidisturbios. De forma directa
cuando sanciona como infracción muy grave “insultar, coaccionar y vejar” a los
agentes o distribuir imágenes en las que aparezcan los policías. Y de un modo
general al tipificar todas las conductas que pasan a estar prohibidas en una
manifestación y que inciden en la labor que desarrollan los miembros de los
antidisturbios de la UIP.
El Ministro del Interior, Fernández Díaz, ya ha anunciado
públicamente que el nuevo Código Penal incluiría como delito la resistencia
pasiva a los agentes o convocar manifestaciones que luego desemboquen en
altercados. Lo que después ha sido desmentido por el titular de Justicia
Alberto Ruiz Gallardón. La resistencia pasiva nunca estuvo dentro del proyecto
de reforma del Código Penal Procesal, pero Fernández Díaz se ha salido con la
suya en la convocatoria de manifestaciones. Porque no serán delito, pero su Ley
de Seguridad Ciudadana prevé recogerla como infracción muy grave castigada con
hasta 600.000 euros de multa.
Mariano Rajoy al nombrar a su buen amigo Fernández Díaz como
Ministro del Interior, le encomendó mantener el orden público en una
legislatura que sabia conflictiva por la crisis y sus recortes. Y el Secretario
de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, lo primero que hizo fue asumir la
reforma pendiente de la Seguridad Ciudadana, el instrumento con el que el
Gobierno pretende hacer frente al malestar ciudadano, debido a los duros autos
de los jueces contra la actuación policial en los casos de los escraches a la
vicepresidenta del Gobierno y al intento
de Interior de llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso.
Este anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana se
convertirá en un grave problema para nuestro país y los derechos y libertades
de la gente, pues nuestros derechos civiles van a ser pisoteados debido a que
su redacción represiva nos retrotrae a tiempos preconstitucionales y hace
ilegales a la mayoría de los ciudadanos. Así que tendrá que ser el Tribunal Constitucional
el que ponga las cosas en su sitio, porque aún siendo triste la única oposición
efectiva, que le queda a la ciudadanía en defensa de sus libertades y derechos
constitucionales, está en la calle y por eso quieren amordazarla. Y es que las
urnas dependen de la conciencia social de la clase trabajadora, pero en las
últimas elecciones se equivocó dándole la mayoría a Rajoy, sin creerlo y sin
ponderar las cosas que podía hacer. Y claro, así nos va.
Ángel Luis Jiménez Rodríguez
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