El decretazo de ordenación del sector público.

El Decreto-Ley 5/2010, de 27 de Julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público de Andalucía, establece en la disposición adicional cuarta, en su apartado b), que el personal laboral procedente de las entidades instrumentales suprimidas -empresas, agencias, consorcios, fundaciones, etcétera- se integraran en la nueve entidad resultante de acuerdo con las normas reguladoras de la sucesión de empresas, en las condiciones que  establezca el protocolo de integración, y se considerarán personal laboral de la agencia pública empresarial o de régimen especial.

Y aquí llega la crispación y el cabreo de funcionarios y ciudadanos, porque la mayoría del personal laboral de las entidades suprimidas se integraran en las nuevas entidades públicas resultantes -con personalidad jurídica pública, dependientes de la Administración de la Junta, en régimen de descentralización funcional, según el artículo 54 de la LAJA- sin cumplir en su mayoría los principios de igualdad, merito y capacidad, es decir, sin haber pasado por un concurso o concurso oposición, ni haber participado en prueba selectiva alguna. Vamos lo que vulgarmente llamamos conseguir un trabajo por “enchufe”, a “dedo” o por “la puerta de atrás”.

Según la prensa, la Consejera se pregunta a quién perjudica este Decreto, y para su conocimiento se lo voy a decir: a los opositores que están a la espera de una convocatoria; a los funcionarios o laborales que tuvieron que hacer un gran esfuerzo para sacar su plaza en la Junta; y, lo más grave, a la imagen de la administración pública andaluza porque los ciudadanos lo perciben como algo corrupto, cuando el decreto pretendía lo contrario.

Lo que confirma el error es al decir la Consejera de Administraciones Públicas el domingo en El País: “Asumo que en algo nos hemos equivocado cuando se ha generado este nivel de crispación, pero es que concretamente no soy capaz de explicarlo”.

Menos mal que ahora la Junta, con buen criterio, da marcha atrás y tramitara la reorganización del sector público en el foro del Parlamento, donde participaran los partidos políticos y comparecerán los agentes sociales al tratarse de un proyecto de Ley en vez de un Decreto. Y se pondrá negro sobre blanco,  luz y taquígrafos, a través de las enmiendas y del debate público, eliminando así miedos, polémicas, tensiones y crispaciones para reforzar y mejorar el funcionamiento de lo público, que es lo que todos queremos.  

María José Jiménez Izquierdo