Una parte importante de nuestra sociedad ha pedido con insistencia, en estos años de democracia, que los símbolos de la dictadura franquista fuesen retirados de los espacios públicos puesto que son ejemplos claros de dos cosas: la violencia como proyecto y la humillación como instrumento. Tenemos desde hace tres años el resultado de esa demanda: La Ley de Reparación 52/2007 de 26 de diciembre, que reconoce y amplía derechos y establece medidas a favor de quiénes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Dice su artículo 15.1: “Las Administraciones públicas en el ejercicio de su competencia tomaran las medidas oportunas para la retirada de objetos y menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura”. Ahora, el Gobierno de la Comunidad Valenciana se resiste a retirar los símbolos de la dictadura con el argumento o la excusa de que tan solo representan un cambio de Gobierno, legitimando así la forma violenta en la que se produjo ese cambio, cuyos símbolos enfrentan y dividen a los españoles. No me extraña ese estúpido argumento en gente que no cree en la democracia como sistema. El PP valenciano, lo estamos viendo en sus actuaciones, juega -como dice Wyoming- a la democracia desde la hipocresía. Por eso, ante estas mentiras y esa amnesia generalizada hay que inducir a los ciudadanos a indignarse, a decir no. Hay que resistir y llamar a una insurrección cívica que obligue a entidades locales y gobiernos autónomos al cumplimiento de las leyes aprobadas por todos.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez
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