La libertad religiosa y el derecho a una muerte digna.

La Constitución Española garantiza la libertad religiosa en su artículo 16. En una sociedad democrática la religión no sólo es lícita, sino indispensable para muchos ciudadanos que siguen encontrando en ella una esperanza más alla de la muerte. Pero esa garantía constitucional no  autoriza a ninguna confesión religiosa a sustituir al poder político, ni a negar las leyes que el pueblo soberano se otorga para la convivencia, y mucho menos a decidir sobre la muerte de las personas. Esto está en relación con lo ocurrido esta semana en un hospital de Huelva, donde a una enferma terminal se le ha retirado la sonda de alimentación artificial, a petición de su hijo y por orden de la Junta, en cumplimiento de la ley de muerte digna de Andalucía. Pues bien, el autodenominado grupo pro-vida de Huelva, siguiendo las directrices de su obispo que consideraba lo ocurrido como un acto de eutanasia, ha presentado dos demandas ante los juzgados, números 4 y 5 de Huelva, para que se restablezca la alimentación por sonda a la paciente. Denuncias que han sido archivadas, tras recabar el juez del nº 5 información médica y hablar con los parientes de la enferma terminal. No sé si el obispo y el grupo confesional sabían que las denuncias interpuestas para intentar una intervención judicial eran contrarias a derecho, o sólo pretendían combatir perversamente la ley de muerte digna de Andalucía y, sobre todo, castigar publica y ejemplarmente al hijo de la enferma terminal por tener la valentía de defender el derecho de su madre a no querer ser alimentada artificialmente. “Mi madre no quería vivir amarrada a unos tubos”, aseguró al juez su hijo. Pero esto no importaba, había que añadir más sufrimiento al dolor e intentar sembrar remordimientos donde sólo cabía  la paz por haber actuado benéfica y respetuosamente con los deseos de la madre.  Ante este hecho, decía la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (AFDMD), “Lo que de verdad pretendía la jerarquía católica y sus organizaciones instrumentales con estos actos es seguir metiendo miedo a los ciudadanos para convertirlos nuevamente en súbditos dóciles de su pretendido magisterio moral”. Continuaban, “este es un hito de la lucha ciudadana por el derecho de autodeterminación que, pese a estar formalmente reconocido en las leyes sanitarias, sigue conculcándose diariamente en asilos y hospitales”.

María José Jiménez Izquierdo y Ángel Luis Jiménez Rodriguez