¿Qué democracia queremos?

Vivimos tiempos en los que se habla mucho pero no se entiende nada. Los ciudadanos no comprendemos por qué Cristóbal Montero del PP decía ayer que el déficit es un axioma de la izquierda. Y por qué Rubalcaba, candidato del PSOE, le respondía que no hay nada peor para la izquierda que tener una deuda excesiva, que hipoteca el futuro de los españoles, para justificar al acuerdo en la reforma constitucional. Desconocemos por qué el Gobierno hasta ahora había sostenido que bastaba la ley para garantizar el control del gasto público y la estabilidad presupuestaria, y de pronto, no basta y la Constitución Española debe ser garante del déficit. ¿Se nos oculta algo que no sabemos? ¿Es una nueva exigencia europea ante la situación extraordinaria que hemos vivido en el mes de Agosto? ¿Por qué no lo explican? No entendemos por qué se tiene que reformar la Constitución deprisa y corriendo, sin debate y al margen de los ciudadanos, cuando dicen que lo que se va a aprobar no supone un enorme cambio con respecto a las restricciones legales nacionales y comunitarias que ya tenemos. Entonces, por qué ese miedo a cumplir lo que dice el artículo 92 de la Constitución: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. Y por qué se dice que tendría un coste excesivo, cuando se podría celebrar el 20 de noviembre, fecha de las elecciones generales, sin coste adicional. Finalmente, por qué el PP, a través de su portavoz, insiste en rechazar el referéndum por “la complejidad técnica de la reforma, el propio contenido técnico del acuerdo, amén de que no es una exigencia constitucional”. Y esa no sería una razón más para que los ciudadanos participen. Además, está la insistente demanda en internet pidiendo el referéndum para ratificar la reforma constitucional, sólo en la página www.actuable.es se han recogido cerca de 90.000 firmas. Excluir a la ciudadanía de una decisión que afecta al gasto público y a derechos como la educación y la sanidad, que vertebran el Estado social de derecho del título preliminar de nuestra Constitución, supone un nuevo golpe a nuestra democracia y pone de manifiesto como el recorte en derechos sociales suele ir acompañado de una merma de derechos políticos. Por eso, en situaciones como estas, el mensaje que recibimos los ciudadanos de nuestros parlamentarios y partidos políticos es que la democracia española está limitada a votar cada cuatro años sin que se ofrezcan oportunidades de participar en referendos vinculantes o en otras formas de democracia directa. Esa no debe ni puede ser la respuesta del Parlamento español a los ciudadanos que demandan en las calles más y mejor democracia. Esta no es la democracia que queremos los españoles.

María José Jiménez Izquierdo y Ángel Luis Jiménez Rodriguez