La Ley Orgánica 02/2011, de 28 de enero, del Régimen Electoral General, aprobada este año en el Parlamento por los grandes partidos PSOE, PP, CIU y PNV, se hizo para optimizar y agilizar el proceso electoral, situar las candidaturas presentadas en un volumen razonable y asumible -según datos oficiales, el número de partidos políticos inscritos en el registro del Ministerio del Interior asciende a 3.245, aunque la mayoría no tiene actividad y en las elecciones generales de 2008 sólo se presentaron 97-, y como medida de regeneración democrática que contribuyera a eliminar el “transfuguismo”. Estas medidas que en principio parecen querer evitar los errores del pasado -el “Gilismo”-, me crean dudas al no estar seguro de su bondad democrática. Por ejemplo, imponer a los partidos sin representación parlamentaria la necesidad de recoger más de 35.000 firmas en 20 días -el tiempo que media entre la convocatoria oficial y la finalización del plazo de presentación de las listas-, crea una situación poco democrática porque la mayoría de los partidos carecen de medios para afrontar esta medida en tan corto plazo. Además, al aumentar las limitaciones para que los ciudadanos entren y participen en nuestro sistema democrático se favorece la permanencia en la política sólo de los políticos profesionales, sólo 11 formaciones políticas tienen asegurada su presencia en las próximas elecciones generales. Esta reforma de la ley electoral genera un nuevo obstáculo a la representación real de los ciudadanos, una nueva traba al pluralismo y la democracia. Y todo esto se hace cuando millones de personas indignadas salen a la calle a partir del 15-M reclamando precisamente que se abra más nuestra democracia. Esta no es la ley democrática que esperábamos. Así que habrá que seguir luchando por una ley que satisfaga a todos, o cuando menos a casi todos. Porque esta no lo hace.
María José Jiménez Izquierdo y Ángel Luis Jiménez Rodriguez
No hay comentarios:
Publicar un comentario