La Tierra de despilfarro y saqueo.

No recuerdo quién lo dijo, pero recuerdo que la frase era sobre unos políticos corruptos: “Es siempre lo mismo, prometen construir un puente, aunque no haya rio”. Y eso o algo parecido es lo que ha ocurrido y está ocurriendo en la Comunidad Valenciana. Una tierra que un día fue prospera y envidiada, hoy es el símbolo del despilfarro, el desvarío político y la mala gestión. Es la Grecia española con un déficit del 20% del PIB regional y al borde de la quiebra. No tiene  tejido financiero regional. Bancaja, Caja Mediterránea y el Banco de Valencia fueron fusionadas o intervenidas y hoy están desaparecidas al estar arruinadas. Bancos y cajas que eran las auténticas terminales de las decisiones políticas y de los grandes eventos de la Generalitat valenciana, cuya Administración está ahogada por compromisos superiores a 62.000 millones de euros -según la Sindicatura de Cuentas-, de los que este año vencen de 4.000 a 5.000 millones de casi imposible pago. Ahora, el presidente de la casi quebrada Generalitat, Alberto Fabra, después de más de 16 años de gobierno del PP, dice que “El PSOE es el culpable de nuestro desfase presupuestario”. El colmo del cinismo. La Comunidad Valenciana durante ese citado periodo se ha convertido en la tierra del escándalo, del saqueo y de la corrupción. Los escándalos se han sucedido ininterrumpidamente desde hace años infectando a todo el territorio valenciano. En Castellón, el caso Fabra, y el despilfarro de 150 millones de euros en la construcción de un aeropuerto peatonal y sin aviones, cuya publicidad cuesta 30 millones más. Por ello, y en agradecimiento, gastan 300.000 euros en una estatua dedicada a Carlos Fabra, presidente de la Diputación y dirigente provincial del PP. En Valencia, el caso Emarsa, investigación del Juzgado nº 15 sobre el saqueo de las cuentas de la depuradora de Pinedo con un agujero de 17 millones de euros, que podría llegar elevarse a 40 millones. Esta depuradora, una de las mayores de Europa, está gestionada -con mayoría- por el Ayuntamiento de Valencia. Hasta ahora, el juez tiene imputadas a 28 personas entre ellas alcaldes y cargos intermedios del PP. Además, los lodos del “caso Emarsa” pueden salpicar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barbera.  En Alicante, el caso Brugal, que ha dejado al descubierto, al levantarse el secreto del sumario, la mayor trama político-empresarial gestada en la provincia y amparada en el negocio de la recogida de basuras y el urbanismo. La investigación judicial sitúa en la cabeza de la trama al presidente provincial del PP, José Joaquín Ripol, a la alcaldesa del PP de la capital, Sonia Castedo, y a su antecesor, Luis Díaz Alperi, también del PP. El sumario incluye tres causas principales y una veintena de ramificaciones. Hay 56 imputados ya interrogados. La investigación cifra en 120 millones el pelotazo del constructor y promotor Enrique Ortiz por el amaño del PGOU de Alicante gracias a los datos secretos facilitados por los políticos del PP. Y todavía hay escándalos en la Comunidad Valenciana que no han salido a la luz. Eso sin hablar del fracasado y ruinosos  parque de atracciones Terra Mítica, que costó 377 millones, o el fiasco del faraónico estudio de cine La Ciudad de la Luz con un costo de 300 millones y una deuda de otros 190, en la época de Zaplana y Camps. Y transversalmente, el caso Gurtel, la supuesta financiación irregular del PP, los trajes de Camps y, para que el deterioro fuera aún mayor, el caso Urdangarin. Durante todo este tiempo, Mariano Rajoy ha puesto a esta comunidad, que está a punto de quebrar, como ejemplo y modelo a seguir para los gobiernos autonómicos y de España, y a sus dirigentes como espejo en el que mirarse. Pero hoy, la triste imagen de esta manirrota comunidad, difundida por un alumno de instituto, es la de estudiantes arropados con mantas y abrigos dentro de las aulas para protegerse del frio porque sus gobernantes son incapaces de conseguir el dinero para comprar el combustible necesario y encender la calefacción. Qué país.   

Ángel Luis Jiménez Rodriguez