El movimiento de los escraches.

Escrache es el nombre dado en la Argentina, Uruguay y España a un tipo de manifestación pacífica en la que un grupo de activistas de Derechos Humanos se dirigen al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar. Este término nació en Argentina en 1995, y a partir del mes de marzo pasado está siendo empleado -repentina y masivamente- en España por los medios de comunicación para definir las protestas de acción directa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, aunque también lo realizan grupos de perjudicados por las acciones preferentes y algunos colectivos de trabajadores despedidos sin causa, ni razón.

Ahora, las autoridades y los periódicos a su servicio, nos repiten continuamente que ese es un fenómeno antidemocrático propio de los antisistemas, cuando la realidad es que los afectados por las hipotecas, los desahucios o los estafados por las preferentes pretenden señalar, para que no pasen desapercibidos, a aquellos políticos que no escuchan la voz de la calle o se comportan como una casta cerrada e impermeable, que solo está al servicio de los intereses partidarios o financieros, y no de lo público  o del pueblo que los voto.

Los gritos, panfletos o señalamientos están dirigidos fundamentalmente a los parlamentarios y otros cargos públicos que están gobernando y, por lo tanto, tienen la posibilidad de cambiar las leyes injustas que tanto están afectando a la vida de todos, especialmente a la de los colectivos señalados. Colectivos que solo tienen o se les ha dejado la calle para hacerse oír y ejercer su derecho democrático a una acción directa y pacífica. Hasta ahora, que yo sepa, lo único que han hecho ha sido mostrar su indignación y rebeldía ante tanta reforma, recorte y austeridad, totalmente ajenas a los programas electorales que se les presentaron en su día. Y si actúan así es porque se sienten indignados, estafados y engañados.

Sin embargo, se acusa a estos colectivos de acosadores y violentos cuando en realidad son ellos los acosados y violentados por los engaños de las preferentes o por la angustia y la indefensión de los desahucios, en los que además de perder su casa quedan atrapados con una deuda de por vida, difícil de saldar. Ahora los cargos públicos o políticos, que se sienten acosados, piden una justicia que antes han negado, invocan un respeto que no han tenido para los demás y llaman terroristas con un abuso de poder, mentira e irresponsabilidad a los que antes han sido aterrorizados. Ya era hora de que la sociedad civil tomara conciencia del poder de su voz y de la importancia de su presencia para presionar a nuestros representantes en las instituciones, planteando desafíos legales antes impensables, en la convicción de que “sí se puede” cuando lo reclamado y reivindicado es una cuestión de justicia y solidaridad.