No son iguales.

La Junta ha aprobado un decreto con medidas de excepción para resolver el grave problema social de los desahucios. Este decreto entrará en vigor a partir del jueves cuando se publica en el BOJA, sin embargo el Gobierno de Rajoy todavía continua pensando como adecuar la normativa española sobre desahucios a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, ya que están preocupados por garantizar en todo momento la seguridad jurídica y los intereses bancarios e inmobiliarios.

Desde el inicio de la crisis, solo en Andalucía se han producido casi 86.000 desahucios, una media de 46 familias andaluzas han vivido diariamente esta tragedia. El ejecutivo andaluz mediante su decreto ha creado un régimen sancionador que establece multas de hasta 9.000 euros a las entidades financieras o inmobiliarias que mantengan pisos vacios sin arrendar. También establece la expropiación durante tres años del uso de las viviendas inmersas en procedimientos de desalojo hipotecario, cuando se trate de familias en casos graves de emergencia social. Además hay medidas para reforzar las ayudas al alquiler.

El gobierno bipartito andaluz con estas medidas marca distancia con el ejecutivo central, que ayer presentó sus propuestas para aprobar también el jueves en el Congreso su nueva ley hipotecaria. Un texto muy descafeinado que no incorporará ninguna de las iniciativas de la Plataforma de los Afectados por las Hipotecas (PAH). El documento del PP descarta la dación en pago y prevé quitas en la deuda y un mayor plazo para afrontar los pagos, pero es muy garantista con los bancos, inmobiliarias y promotoras y poco protectora con los ciudadanos.

Este cambio del Gobierno de la Junta en el estatus quo actual de las hipotecas, ha levantado grandes controversias entre PSOE y PP. Los populares dicen que estas son medidas excepcionales y cuestionan su anclaje jurídico, incluso aseguran que vulneran la Constitución, extremo que rechaza totalmente la Junta argumentando que las medidas son excepcionales porque la situación es excepcional. Y si se habla de expropiación durante tres años es porque son medidas legales y perfectamente reguladas en la Constitución Española, sobre todo, para resolver problemas de utilidad pública. Por supuesto, el decreto andaluz deja fuera de las sanciones a las personas físicas propietarias de pisos vacíos, segundas residencias o las afectadas por la legislación turística, en definitiva solo afectarán a las personas jurídicas (bancos y empresas inmobiliarias) que poseen solo en Andalucía más de medio millón de viviendas deshabitadas.

Lo que resulta incontestable es la ruptura de las medidas de la Junta con el pasado al intentar atajar tanto el problema de las viviendas vacías en Andalucía -entre 700.000 y un millón de pisos sin habitar- como el aumento de los desahucios o la actuación del gobierno Central, que legisla a favor de unos (bancos, inmobiliarias y promotoras), menoscabando los derechos de otros (hipotecados, desahuciados y ciudadanos). Y a los preocupados por la impugnación o la posible inseguridad jurídica de las medidas tomadas por la Junta, que estén tranquilos porque éstas tienen el soporte de la Constitución, el Estatuto y la legislación europea para su amarre jurídico o como dijo, Elena Cortés, consejera de Vivienda: el decreto tiene “garantía jurídica plena como la luna llena”.