El
secretario general del Partido Popular de Andalucía, el gaditano José Luis
Sanz, restaba ayer valor al decreto de la Junta para evitar los desahucios de
familias en riesgo de exclusión social. Decía que el PSOE e Izquierda Unida son
“especialistas en buscar titulares” porque “no les interesa solucionar” los
problemas reales de la ciudadanía. Sanz insistió en que ese decreto no tiene
sentido cuando hay un Ejecutivo liderado por Rajoy que “por fin había atajado
el problema”.
No
sé cómo se pueden hacer estas declaraciones mentirosas, trucadas y engañosas. No
hay temas que se les resista a estos dirigentes trileros del PP para
distorsionar la realidad. Si se habla de dación en pago, argumentan que nos
llevaría al caos financiero; si se trata de racionalizar la industria
farmacéutica, objetan que frenaría la investigación; si se habla de despidos,
defenderán que hay que flexibilizar y si es de pensiones nos amenazan con un
futuro insostenible.
Estos
personajes políticos de derecha desde la Cospedal al Sanz son unos expertos del
eufemismo. Jamás llaman a las cosas por su nombre. Hablan de reformas en vez de
recortes; de flexibilidad en vez de despidos; de productividad en vez de bajada
de salarios. Sin embargo, una medida plenamente legal y constitucional que se
debería aplicar para que todos los ciudadanos andaluces o no cuenten con esa
protección adicional sobre su derecho a la vivienda es tildada de
irresponsable, amenazadora y potencialmente peligrosa. Su poder político,
recibido del voto popular, no lo ponen al servicio del bien común, sino de los poderes
financieros y religiosos. Parece como si el presidente del Gobierno fuera Emilio
Botín y el vicepresidente Rouco Varela.
Así
que debemos felicitarnos, porque en este desolador panorama actual haya surgido
el destello, la gratificante noticia de un decreto valiente, arriesgado, y ambicioso
que trata de dar respuesta real a un problema lacerante que padecen muchos
ciudadanos y que conmueve a la mayoría. El Gobierno andaluz se ha atrevido a
enfrentarse al poderoso poder financiero y a desenterrar el arma de la
expropiación como fórmula para defender a los desamparados. Sin duda el decreto
puede ofrecer interpretaciones jurídicas diferentes, pero el equipo jurídico de
la Junta se ha inspirado en la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló
otra gran ley autonómica de alcance social, la reforma agraria, que contemplaba
la expropiación de uso de las fincas infraexplotadas.
No
sé qué recorrido tendrá al final el decreto y sus medidas para asegurar el
cumplimiento de la función social de la vivienda, pero a mí este decreto me ha
parecido un acto político valiente, oportuno y esperanzador en unos tiempos
donde la política y los políticos se habían convertido en resignadas marionetas
de unos poderes financieros insensibles. Y lo que no me cabe la menor duda es
que la Junta de Andalucía y los partidos que la sustentan, le han ganado una
batalla popular al Gobierno de Rajoy y a su partido. Y siempre podrán decir: ¡Nosotros lo hicimos!.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez
No hay comentarios:
Publicar un comentario